Su ministro de Justicia, Angelino Alfano, justificó ayer la reforma desde Bruselas, y la calificó como "una prioridad para el país", negando que sea "una vendetta contra la decisión de Tribunal Constitucional de vetar la Ley Alfano", la ley de inmunidad preparada por el ministerio para evitar los procesos en curso contra el magnate de los medios de comunicación.
Una parte del corpus jurídico que cocinan Alfano y los letrados de Berlusconi debería ser aprobado en el Parlamento como ley de rango constitucional, ya que incide en el ordenamiento institucional. La idea principal es separar las carreras de jueces y fiscales, que hoy compaginan ambas funciones y se las intercambian. A Berlusconi nunca le ha gustado esa promiscuidad. A diferencia de otros países, en Italia la fiscalía es realmente autónoma del poder ejecutivo. Su plan prevé que haya oposiciones separadas, que el ministerio público se integre en la abogacía del Estado, y que no haya trasvases entre jueces y fiscales. Los cambios supondrían dividir el actual Consejo Superior de la Magistratura, y requerirían al menos un año de tiempo y el acuerdo de la oposición.
Muchos juristas están de acuerdo con esa propuesta. Bajo el actual sistema, Italia está lejos de ser un paraíso de la legalidad. Italia tiene la justicia menos eficaz de Europa, tras España, y figura en puesto 156 del mundo, tras Angola, Gabón y Guinea, según el informe Doing Business 2009. Solo el 30% de los procesos acaba con una sentencia, y solo el 15% con una condena.
"El sistema actual es un desastre", afirma el letrado romano Maurizio Calò, uno de los más de 20.000 abogados inscritos en la capital italiana (la mitad que en toda Francia). "Y la separación de las carreras sería buena si los fiscales siguieran siendo independientes del poder ejecutivo. Aunque no creo que Berlusconi permita eso".
Esa gran reforma irá acompañada de otras leyes menores, de aprobación ordinaria y más rápida, cuyo objetivo es entorpecer los procesos penales. La medida más urgente es quitar poderes a los jueces otorgando un perfil obligatorio a las peticiones de los abogados defensores. Los jueces no podrán negarse a admitir testigos, ni pruebas periciales, ni cambios de fechas. El consiguiente retraso de los procesos restringiría de hecho el tiempo de prescripción de los delitos.
Además, Berlusconi recuperará en breve el polémico proyecto de ley sobre escuchas telefónicas, que limitaría ese recurso a los delitos mafiosos, y que prevé penas de cárcel y multas millonarias para los periodistas y editores que publiquen las escuchas.
Una parte de la oposición piensa que, bajo la excusa reformista, Berlusconi elabora una nueva batería de leyes "a su medida" destinada a salvarle de sentarse en el banquillo. El líder de Italia de los Valores, Antonio di Pietro, afirmó ayer que "Berlusconi intenta poner en pie un nuevo sistema presidencialista y retocar la justicia para su uso y consumo". El ex juez añadió: "Mientras esté al frente no nos sentaremos a negociar ninguna reforma. Hacerlo sería como poner a Drácula al frente de las urgencias".
Según Di Pietro, que desde ayer está siendo investigado por la fiscalía por vilipendiar al jefe del Estado, Giorgio Napolitano, "Berlusconi quiere implantar otra vez el fascismo en Italia. Es prioritario mandarle a casa. Evasor fiscal, corruptor y dueño de una miríada de empresas en paraísos fiscales, utiliza las instituciones para arreglar sus pendencias judiciales".
Puntos clave
- Separación de carreras entre jueces y fiscales. Actualmente los fiscales son autónomos del poder ejecutivo. La reforma plantea diferentes vías de acceso y que los fiscales se integren en la abogacía del Estado. Pretende evitar el trasvase entre jueces y fiscales.
- Más poder para la defensa. Los jueces deberán admitir forzosamente las peticiones de testigos y pruebas periciales que solicite la defensa.
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