La mayoría de los medios creadores de opinión de continuo nos advierten a los ciudadanos de las penosas consecuencias para la democracia que tienen medidas adoptadas por gobiernos tales como los de Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Argentina, por supuesto Cuba, e incluso alguna crítica alcanza al Brasil de Lula. Casi siempre el factor común de los denunciados peligros para democracia tienen que ver con las intervenciones que afectan al poder económico de algunas empresas, sobretodo a las empresas de formación de opinión. Pero es llamativo que tan altruista preocupación por los valores democráticos raras veces les lleve, no ya a denunciar, sino meramente a preguntase por la suerte de los trabajadores, de las personas comunes y corrientes para quienes en una gran mayoría de los países de Latinoamérica tan dura se les presenta la vida. No es de extrañar que el sindicalismo no entre en las preocupaciones de esos medios.
Sin embargo, de forma retórica, se da por sentado que sin libertad sindical no hay democracia. Siempre y cuando, parecen decirnos, no se mal utilice esta libertad como están haciendo los trabajadores de la empresa Krafft de Argentina, por ejemplo, o los mineros de México, por poner otro ejemplo. La verdad es que, a pesar de su reconocimiento en los textos constitucionales, a pesar de los convenio 98 y 87 de la OIT, la libertad sindical es muy precaria en América Latina. En la mayoría de los países las represalias en el empleo a los trabajadores sindicalizados son moneda corriente (tampoco aquí son desconocidas). Pero, además, la legislaciones impiden constituir sindicatos de rama, con lo que el panorama es la desolación de un enjambre de pequeños sindicatos de empresa, que pueden unirse en una confederación, pero su capacidad de acción, por tanto, está mas que limitada por la propia debilidad. En cada empresa el patrón les domina con facilidad. El convenio colectivo de sector, en coherencia con lo anterior, está prohibido. Chile es un buen ejemplo de cómo gobiernos sedicentes socialistas no han podido o querido cambiar sustancialmente la legislación sindical pinochetista. El resultado es un escaso intervencionismo estatal en la relación individual de trabajo y un fuerte intervencionismo en lo colectivo, con unos niveles muy bajos de cobertura de los convenios colectivos. Argentina, Brasil y México se salen de este panorama aunque presentan otras serias perturbaciones en su sistema sindical, que ahora no vienen a cuento.
Esta saña intervencionista que limita y restringe la libertad sindical a extremos inaceptables para nuestra cultura europea se contradice con el dogma liberal de que el sindicato es una institución obsoleta. Idea que han compartido algunos social-liberales que, al máximo, conceden al sindicato un glorioso papel en el pasado, pero que ya ha perdido sentido en la sociedad postmoderna global. Si fuera así ¿Qué necesidad habría de dictar leyes tan restrictivas, cuando no negadoras de la libertad sindical? ¿Por qué los ataques ideológicos tan fuertes al sindicato? ¿No será que todavía hoy, en Europa y en todo el mundo, el sindicato tiene un papel que cumplir en defensa de la dignidad de quienes trabajan o quieren trabajar y de los que de ellos dependen? ¿No será que en unas sociedades con grandes diferencias de rentas como las latinoamericanas el sindicato puede ser una agente de primer orden el la lucha contra los privilegios y en pos de mayores cotas de igualdad, y por eso debe permanecer con el bozal puesto?
Pero es en Colombia donde las cosas adquieren carácter escandaloso por lo dramático. Allí las leyes sindicales, como en otros países, restringen al sindicato en su acción básicamente a la empresa y hacen difícil la articulación práctica entre confederaciones y sindicatos. Ya eso bastaría para poner en cuestión la calidad de la democracia en ese país, pero el asunto es mucho más grave, tanto que cuesta escribirlo sin sentir conmoción: en lo que va de año 28 sindicalistas han sido asesinados. No hay forma más radical de negar la libertad sindical que segando la vida de tantos sindicalistas. Los últimos han sido en el mes de septiembre Gustavo Gómez trabajador de NESTLÉ y Mauricio Antonio Monsalve, maestro. El 1 de octubre fueron tiroteados Mario Montes de Oca, maestro y abogado sindical, y su compañero de sindicato Alberto Luís Pastrana, este último falleció en el acto mientras que los sicarios dejaron en muy grave estado a Mario. En lo que va de año 12 sindicalistas de la empresa NESTLÉ, afiliados a Sinaltrainal, han sido asesinados, según nos viene dramáticamente informando la Confederación Sindical Internacional. Se da la circunstancia de que Gustavo Gómez antes de ser asesinado había presentado un pliego de peticiones a la empresa con vistas a negociar el convenio colectivo. El excelente cacao colombiano produce un chocolate muy amargo en manos de NESTLÉ.
En estas condiciones no es de extrañar que la tasa de afiliación sindical en Colombia sea de 4 por ciento, y mucho parece a la vista de los hechos. Lo heroico es que todavía haya trabajadores que se sumen a un sindicato para cumplir lo que es su misión: lucha por el bienestar y la dignidad de los trabajadores.
¿Hay democracia en Colombia? La respuesta es evidente. NO, porque no hay justificación posible para esta masacre. La diplomacia colombiana y parte de la opinión pública es cómplice con esta situación al justificar de las maneras más inverosímiles estos asesinatos. Entre las más usuales están que se trata de gente relacionada con las FARC o que son casos delincuencia común, aunque no faltan justificaciones tan peregrinas como que hay mucho crimen pasional, como si entrar en un sindicato fuera entrar en un laberinto de pasiones amorosas. En la OIT, ante las denuncias de que era objeto el Gobierno de Colombia, se llegó hace unos años a un acuerdo para crear una comisión de vigilancia a la que el gobierno de Uribe daría su apoyo, pero la voluntad del Gobierno de perseguir a los asesinos y poner coto a esta violencia se ha visto por los resultados que ha sido nula.
Sin permiso - 11.10.09
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