Peter Costantini
Como directora del Programa de Trabajadores Inmigrantes y abogada de la central sindical Federación Americana del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), Ana Avendaño trabajó sin descanso durante años para que la frágil bote sindical recogiera a los inmigrantes.
La AFL-CIO es la mayor federación de trabajadores de Estados Unidos, con unos 11 millones de miembros organizados en 56 sindicatos nacionales e internacionales.
Esta abogada laboralista prestó declaración ante el Congreso legislativo de Estados Unidos y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
También representó a los sindicatos estadounidenses ante la Comisión sobre Migraciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Panel de Expertos en Migraciones de esa agencia.
Avendaño conversó con IPS por teléfono desde su oficina en Washington.
En 2007, los sindicatos de la AFL-CIO contaba con seis centros de derechos laborales que prestan diversos servicios a los trabajadores no sindicalizados, los ayudan a organizarse y los defienden legalmente. ¿Ahora hay más?
El Consejo Ejecutivo resolvió en agosto de 2006 permitir que los centros de derechos laborales, principalmente de inmigrantes, se afiliaran a organizaciones estatales y locales de la central. Eso fue un gran acontecimiento. Antes, funcionaban como dos movimientos paralelos. El presidente de la AFL-CIO, John Sweeney, vio una gran oportunidad de colaboración para mejorar la situación de todos.
Sweeney cerró un acuerdo con la National Day Labour Organising Network, mediante el cual nos comprometimos a trabajar en forma coordinada e iniciar un diálogo en ámbitos locales a fin de impulsar una reforma migratoria, entre otros asuntos.
Desde entonces se afiliaron ocho centros de derechos laborales y hay más que están a punto de hacerlo. Todos estos acuerdos --algunos de afiliación y otros que no--, sólo son un aspecto de un proyecto más amplio que apunta a afianzar los derechos laborales.
¿Usted cree que estos acuerdos de asociación evolucionan hacia una forma local de los centros de derechos laborales que reagrupan a los jornaleros?
Hay mucha energía y creatividad puesta en encontrar mecanismos para que los trabajadores tengan derecho a negociar de forma colectiva.
Pero en sus orígenes, los primeros sindicatos no apuntaban a negociaciones colectivas, sino que se basaban sobre la noción de solidaridad. En los estatutos de algunos de ellos se lee, entre otras cosas, que "los miembros se comprometen a trabajar juntos por un salario", exactamente lo que los jornaleros están haciendo.
De allí procede el concepto de que la solidaridad entre trabajadores de un mismo lugar que son pasibles de ser explotados es, intrínsecamente, algo bueno.
¿Qué aporta la AFL-CIO en ese sentido?
Tenemos dos acuerdos más, uno con Interfaith Worker Justice y otro con Enlace, que es una red binacional.
Nos presentamos a las negociaciones todos en igualdad de condiciones con la idea de que cada uno aportara su especialidad. No se trata de lo que la AFL-CIO pueda hacer por ellos o de lo que ellos puedan hacer por nosotros, sino qué podemos hacer juntos.
Uno de los modelos desarrollados a partir de ahí es luchar por el cumplimiento de los estándares laborales.
Por ejemplo, en Los Ángeles, uno de los sindicatos tiene problemas con una empresa que no respeta los estándares mínimos en ciertos puestos. Los empleados trabajan con un centro de derechos laborales de jornaleros que actúa como los ojos y los oídos del sindicato, denunciando violaciones para que éste emprenda litigios específicos.
¿Usted cree que de esa forma la AFL-CIO podrá aumentar la cantidad de miembros?
Por supuesto. Todo lo que permita hacer crecer al movimiento de trabajadores es algo positivo. Pero no es eso lo que nos motiva. Atendemos a un sector de la población que es el más vulnerable en muchos aspectos. Todo lo que podamos hacer para mejorar su situación será bueno para todos.
¿Cómo manejan que la mayoría de los jornaleros sean personas indocumentadas?
La legislación laboral estadounidense es muy clara respecto de que el estatus del trabajador no tiene ninguna relación con que el cumplimiento o no de leyes.
Pero como nuestro sistema legal permite que los patrones supervisen por su cuenta, éstos se aprovechan de ese poder y cumplen con la función de agentes migratorios cuando les conviene. Cuando los trabajadores tratan de organizarse o denuncian un accidente laboral, entonces, y sólo entonces, los empleadores exigen documentos.
Los sindicatos y los centros de derechos laborales ya subrayaron que la cuestión de la documentación de los trabajadores es un asunto entre el gobierno y ellos. No es nuestro trabajo averiguar el estatus de los inmigrantes, pues es una herramienta para eliminar trabajadores y no cumplir con los estándares laborales.
Nosotros nos aseguramos de que cuando los trabajadores se lanzan a defender sus derechos y luchan en beneficio de sus compañeros, los empleadores no puedan recurrir a esa herramienta de indagar sobre su situación legal.
De los integrantes de la federación, ¿qué sectores han sido los más activos a este respecto en el ámbito local o regional?
El trabajo se hizo mediante los consejos centrales laborales y algunos de los sindicatos locales de la construcción. Éstos están muy descentralizados, por lo que hay diversidad de gente en distintas partes del país.
A fin de impulsar una reforma migratoria, ¿cómo trabajan con los jornaleros y otros sectores?
En las últimas legislaturas, el asunto ha sido cómo lograr los cambios.
El sistema se concentró en el asunto de los trabajadores y el flujo laboral futuros. Y la respuesta hasta ahora ha sido abrir las puertas a más y más y más trabajadores invitados o zafrales. Una idea horrible desde el punto de vista de la política económica y laboral.
El movimiento de trabajadores se opone a eso. Lo interesante es que las bases también se opusieron.
Rebelion - 20.06.09
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