En el 95º aniversario del nacimiento de Billie Holiday: El recuerdo de una fruta extraña

D. Salgado

Lester Bowie, del Art Ensemble of Chicago, prefería hablar de Gran Música Negra. Al fin y al cabo, jazz fue la palabra con la que los blancos estadounidenses despreciaron la música de los negros. Hoy trafican con ella los asimilados por las clases dominantes –Wynton Marsalis- o la utilizan como parapeto para el virtuosismo de los que no sufren la historia contada en otra lengua. No formaba en esas filas Billie Holiday. La señora que canta el blues, nacida un siete de abril de hace 95 años y muerta en 1959, perteneció la estirpe del jazz libre. Por el que todavía hablan los condenados de la tierra y que milita con los sonidos rebeldes. Ese ruido que nace de los esclavos y que llega a su deformación expresionista en la desembocadura del saxofón de Albert Ayler. Pero Holiday, dueña de voz quebrada y firme al tiempo, se levantó antes. En 1939 recogió del profesor comunista Abel Meeropol el poema Strange fruit y lo convirtió en el puño cerrado contra la injusticia en el que sólo unas pocas canciones alcanzan a convertirse: ‘De los árboles del Sur brota una extraña fruta / sangre en las hojas y sangre en las raíces / cuerpos negros balanceándose con la brisa sureña / extraña fruta colgando en los chopos’.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=101085

Las políticas anticrisis de la Unión Europea están profundamente equivocadas

Vicenç Navarro

Las causas de la crisis actual, la más grande desde la Gran Depresión, son fáciles de entender. Las empresas (y muy en especial las empresas medianas y pequeñas, que son las que crean más empleo en cualquier país) no pueden crear empleo pues, además de tener dificultades en conseguir crédito de los bancos, tienen insuficiente demanda de sus productos. Y no hay demanda porque la mayoría de la población (que pertenece a las clases populares) no tiene la capacidad adquisitiva para comprarlos (debido a la bajada de salarios y al desempleo), y ello como consecuencia de que las renta del trabajo como porcentaje de la renta nacional han ido disminuyendo desde los años ochenta, resultado de las políticas liberales llevadas a cabo en la mayoría de países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo).

Por otra parte las rentas del capital en aquellos países (incluyendo España) crecieron hasta alcanzar niveles de exuberancia sin precedentes. La banca, en lugar de invertir en la economía productiva (es decir, produciendo bienes y servicios que la población consume) donde la rentabilidad era baja consecuencia de la escasa demanda, invirtió en actividades altamente especulativas como en los sectores inmobiliarios, creando una enorme burbuja inmobiliaria, que predeciblemente estalló, creando la crisis del crédito. Hay pues un problema de falta de crédito por un lado, y de escasez de demanda por el otro, habiéndose creado así un círculo vicioso. No va a haber mayor creación de empleo en el sector privado a no ser que haya un aumento de la capacidad adquisitiva de la población.

Para solucionar la escasa demanda, las derechas proponen una bajada de impuestos para aumentarla. Pero, esta medida es de escasa eficiencia debido a la regresividad de los sistemas fiscales que explica que, en general, los que se benefician más de estas bajadas de impuestos son las rentas superiores, que ahorran más que consumen, cuando ahora se necesita más aumentar el consumo que el ahorro. Es más, la bajada de impuestos implica el descenso de los ingresos al estado y, por lo tanto, del gasto público. Y ahí está el problema. La única manera de romper aquel círculo vicioso es romper con el dogma liberal y que sea el estado el que cree empleo masivamente, tal como hizo la Administración Roosevelt para salir de la Gran Depresión. Creó, en 1933, el Civilian Conservation Corporation (CCC) que creó sólo en tres años 2,5 millones de puestos de trabajo, el Civil Works Administration (CWA) que sólo en un año creó 4,3 millones de puestos de trabajo, y el Work Progress Administration (WPA) que creó 20 millones de puestos de trabajo en ocho años. Estas inversiones crearon la infraestructura física (se construyeron, por ejemplo, 650.000 millas de carreteras), social (construyeron hospitales, centros de salud y escuelas) y cultural del país (las infraestructuras actuales de museos están basadas en la red construida en el New Deal). Y, además de regular la banca privada, se estableció una banca pública, que ofreció crédito a las medianas y pequeñas empresas. Tomó también medidas que facilitaron la sindicalización de los trabajadores garantizando el incremento de la masa salarial. Ni que decir tiene que los bancos y el mundo de las grandes empresas odiaban al Presidente Roosevelt, el cual se jactaba de que tal odio era la mejor señal de que iba por el buen camino.

Una situación parecida ocurrió con la recuperación de Europa después de la II Guerra Mundial. Tal recuperación no habría existido sin un intervencionismo del estado en cada uno de los países de la Europa destruida, facilitado por el Plan Marshall, que permitió el crecimiento de la demanda y estimuló el crecimiento mundial. La tasa de crecimiento de los países desarrollados fue de un 4,3% por año durante el periodo 1949-1973, habiendo sido el periodo de mayor expansión económica (llamada la época dorada) en la historia económica de aquellos países (con la excepción de España que continuaba dominada por el fascismo).

Fue precisamente a partir del desarrollo de las políticas liberales en los años ochenta, que las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional descendieron, que la tasa de crecimiento del gasto público descendió, que el crecimiento económico descendió, y el desempleo aumentó. Estas políticas beneficiaron principalmente a las rentas del capital financiero (que son los que promovieron el liberalismo. Y continúan promoviéndolo). Pero es impensable que podamos salir de la gran crisis actual sin un intervencionismo público mucho más acentuado que el que se está promoviendo en la Unión Europea (incluyendo España). En España (y en la UE) debiera haber una intervención pública masiva para crear empleo, necesaria para mejorar las claramente mejorables infraestructuras del país tanto las infraestructuras físicas, como las sociales (España tiene la tasa de empleo público en los sectores sociales publicos más bajos de la UE). El Levy Economics Institute of Bard College de EEUU ha mostrado que las inversiones en la creación de empleo en sectores sociales son más eficaces en crear ocupación y en beneficiar a amplios sectores de la población que en cualquier otro sector (“Who gains from President Obama’s Stimulus Package… and How Much”. June 12, 2009). Incluso el homólogo del Ministro de Economía en EEUU, the Secretary of Tresure, Tim Geithner, ha reconocido que los datos son convincentes. “La inversión social crea muchos más puestos de trabajo que cualquier otro sector”.

La pregunta que se hará el lector es, ¿cómo se paga toda esta inversión pública? La respuesta es muy fácil. El dinero se saca de donde está, comenzando por los enormes beneficios bancarios y de las grandes empresas y de las rentas superiores (que han sido las rentas más beneficiadas durante estos últimos cuarenta años), recuperando las tasas de gravación fiscal para las rentas superiores fiscal que existían antes de que se iniciara la revolución liberal que nos llevó a la situación actual. Otra medida es retrasar la reducción del déficit publico pues la reducción del desempleo es más importante para estimular la economía que la reducción del déficit. Incluso el gobierno de la Tercera Via, de Gordon Brown (que tiene un déficit del 13% del PIB, mayor que el español) está aumentando el empleo público (creando nuevos puestos de trabajo en el servicios nacional de salud, 60.000 al año), habiendo subrayado que “cortes en gasto público y empleo público son erróneos y peligrosos en estos momentos cuando necesitamos crear empleo” (“Despite Climbing debt, UK wants its services”. Herald Tribune. March 25, 2010). Es una señal del enorme dominio liberal en los establishments políticos y mediáticos de la Unión Europea (incluida España) que esta postura se define como “irreal”, “utópica”, “irrealizable”, “radical” y “anticuada” (adjetivos todos ellos que se han utilizado en los medios del establishment europeo para desacreditar tales propuestas), mientras que las posturas auténticamente extremas de carácter liberal que se están promoviendo, se presentan como las más realistas y únicas posibles. En realidad, las políticas que está promoviendo la coalición conservadora-liberal que gobierna Alemania (altamente influenciada por el Banco Central Alemán) en la Unión Europea son profundamente erróneas (ver mi artículo “Por qué las propuestas del gobierno alemán para salvar el euro están equivocadas”, El Plural. 29.03.10, y colgado en mi web www.vnavarro.org). Estas mismas políticas de austeridad de gasto público fueron impuestas por el tándem Fondo Monetario Internacional-Unión Europea a Lituania (que ahora quieren aplicar también a Grecia) que han causado una reducción de su PIB del 25%, mayor que la que sufrió EEUU durante la Gran Depresión. El dominio liberal en la UE está llevando a una situación en Europa de enorme sacrificio de las clases populares, sacrificio que además no es ni necesario ni eficiente, pues lo que se requiere es precisamente un giro de 180º en sus políticas (ver “Empleo Público y Crisis”. Público. 01.04.10, y también colgado en mi web www.vnavarro.org). El establishment europeo (liderado por los intereses del capital financiero) están dañando a las clases populares y alargando la crisis económica. El hecho de que ello no se denuncie es un indicador más del poder de la creencia liberal en las culturas políticas y mediáticas del continente.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=103622

Lucros do Best duplicam para 4,6 milhões em 2009

Os lucros do Banco Best quase duplicaram em 2009, passando de 2,4 para 4,6 milhões de euros, resultados que a instituição bancária justifica com o reforço da actividade de trading e da oferta de banking.

O banco destaca ainda o crescimento de 25% dos activos sob gestão, que passaram de 1,166 mil milhões de euros em 2008 para 1,462 mil milhões de euros em 2009.

Na área de fundos de investimento estrangeiros, a quota de mercado do Banco Best subiu para os 28,3%, de acordo com dados relativos a Dezembro de 2009 e divulgados pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), segundo os quais o banco "consolidou a liderança".

Também na área de derivados e futuros, o Best reforçou a sua quota de mercado para os 46%, "um valor expressivo que representa cerca do dobro da quota detida pelo segundo player do mercado", salienta o banco num comunicado.

A estrutura accionista do Banco Best é composta por participações do GBES (66%), do Espírito Santo Financial Group (9%) e pelo Saxo Bank (25%).

http://www.oje.pt/noticias/negocios/lucros-do-best-duplicam-para-46-milhoes-em-2009-com-trading-e-banking

De l’exercice au spectacle : pratiques physiques et sportives

M. Nicolas BANCEL
Mme Elisabeth BELMAS
M. Patrick CLASTRES
M. André RAUCH
M. Jean-Paul THUILLIER
M. Georges VIGARELLO
http://www.canalc2.tv/video.asp?idVideo=8933&voir=oui

Pourquoi les médecins généralistes font grève

Les syndicats de médecins généralistes appellent les praticiens à fermer leur cabinet jeudi pour réclamer la hausse du prix de la consultation à 23 euros. Cette hausse, promise par le gouvernement mais jamais entrée en vigueur, est-elle légitime?

Qui fait grève ?

L'appel à fermer les cabinets de consultation jeudi 8 avril a été lancé par quatre syndicats de médecins généralistes libéraux : MG France, qui a obtenu 33% des voix aux dernières élections, la branche généraliste de la Fédération des médecins de France, le syndicat national des jeunes médecins généralistes et l'Union Collégiale. C'est la deuxième grève des généralistes en moins d'un mois. La précédente, le 11 mars, avait abouti à la fermeture de 18% des cabinets selon le ministère de la Santé. MG France estime pour sa part que le mouvement aurait été suivi à 100% dans plusieurs régions.

Que réclament les généralistes ?

Il y a deux combats différents. Celui du syndicat MG France, qui demande la reconnaissance du statut de spécialiste pour les généralistes. En 2007, l'Ordre des médecins a reconnu la spécialité en médecine générale. Aujourd'hui, 30.000 des 55.000 généralistes libéraux sont des spécialistes. A ce titre, MG France estime qu'ils devraient pouvoir facturer leur consultation à 23 euros qui correspond à la cote CS (cote du spécialiste lambda) de la nomenclature de tarification des actes médicaux. Mais ce n'est pas si simple. Pour cela, il faudrait réformer cette nomenclature qui est établie par une convention négociée entre l'assurance maladie et les syndicats de médecins. La dernière convention, signée en 2005, est arrivée à échéance en février dernier, et la prochaine ne commencera à être négociée qu'après les élections professionnelles que le ministère de la Santé a fixées à fin septembre. Aujourd'hui donc l'assurance maladie ne rembourse pas la consultation d'un médecin généraliste qui facture 23 euros au titre du CS.

L'autre combat, c'est celui de la revalorisation d'un euro de la consultation des généralistes. Le gouvernement l'avait acceptée en 2007 juste après les élections présidentielles, dans le cadre d'un avenant à la convention. Cette hausse aurait dû intervenir en juin 2008. Mais le gouvernement n'a jamais publié cette décision au Bulletin officiel pour la valider. C'est le combat du principal syndicat de médecins libéraux, la CSMF, qui n'appelle pas les généralistes à la grève jeudi mais à facturer de droit 23 euros la consultation à partir du 12 avril. Cet euro ne sera pas remboursé par pris en compte dans la part de remboursement de l'assurance maladie.

Pourquoi le gouvernement ne tient-il pas ses promesses ?

Pour des raisons "fumeuses", selon le président de la CSMF, Michel Chassang: parce que les généralistes n'auraient pas tenu leurs engagements de maîtrise des actes médicaux, ce qui est faux, ou encore parce que les dépassements d'honoraires sont trop nombreux, ce qui ne concerne pas les généralistes. Officieusement, le gouvernement craint probablement d'alourdir le déficit de la Sécurité sociale, qui a atteint 20 milliards d'euros en 2009 dont la moitié pour la branche maladie.

La hausse des tarifs des généralistes est-elle légitime ?

Pour le salarié français lambda, qui gagne moins de 2.000 euros nets par mois en moyenne selon l'Insee, les médecins généralistes ne sont pas à plaindre : ils gagnaient en moyenne 5.567 euros nets par mois en 2007. Leur salaire est cependant presque deux fois moins important que celui des spécialistes (9.000 euros en moyenne pas mois), alors qu'ils travaillent 58 heures par semaine contre 51 heures pour les spécialistes, affirme Vincent Rebeillé-Borgella, secrétaire général de MG France.

Pourquoi la grève a-t-elle lieu le 8 avril ?

La date choisie coïncide avec une décision de justice très attendue par les quatre syndicats de médecins : Depuis plusieurs années, des conflits sur le tarif de la consultation ont opposé des caisses d'assurance maladie à des médecins généralistes devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale. Les médecins ont le plus souvent perdu. Mais dans la Drôme, la Cour d'appel a rendu en mars une décision favorable en faveur de neuf médecins qui, au titre de spécialistes, ont facturé leurs consultations 23 euros. C'est sur cet arrêt que la Cour de cassation doit se prononcer jeudi, à la demande de l'assurance maladie.

http://www.lexpansion.com/economie/actualite-economique/pourquoi-les-medecins-generalistes-font-greve_229987.html

The Case of the Topless Teenager: A Legal Win for Sexting Teens

Julie Hilden

On March 17, a three-judge panel of the U.S. Court of Appeals for the Third Circuit delivered a win -- but a narrow win -- to teens who are determined to protect their First Amendment rights, and parents who support them in doing so.

The decision concerned "sexting" -- which the plaintiffs defined as "the practice of sending or posting sexually suggestive text messages and images, including nude or semi-nude photographs, via cellular telephones or over the Internet." The images at issue in the case, however, appear to have been "sexted" only over cellphones, and the persons depicted were clothed or, in one case, semi-nude.

The case was sparked by a District Attorney's threat to prosecute teens who engage in "sexting" under state child pornography laws. More specifically, it focused on the D.A.'s putting the teens to the choice of either facing the charges, or taking a course on sexting and gender roles.

In the future, other teens may not be put to this choice, but simply may face charges, with no option of taking a course. Those cases, then, may be even more disturbing than this one. As I argued in a prior column, child pornography charges are a poor fit with teen-to-teen sexting. So are contributing-to-the-delinquency-of-a-minor laws -- as I contended in another column. Especially with First Amendment rights at stake, applying longstanding laws that were drafted by legislators who never imagined the impact of new technologies would be a grave mistake.

To be clear, I don't mean to contend that sexting should never have any legal consequences. Romeo-and-Juliet sexting by a teen couple is one thing; high-school seniors victimizing and bullying a middle-schooler by sexting a nude locker-room photo of him or her to numerous classmates is quite another. But important distinctions like this need to be part of new laws and court decisions that take a fresh look at sexting, rather than trying to fit it into old legal molds.

Accordingly, the ACLU and Professor Seth Kreimer of Penn's law school should be lauded for taking the side of the teens in this litigation. By doing so, they are helping to forge a new body of law that seeing sexting as what it is, and considers reasonable ways to address it.

The Facts

In the case before the Third Circuit panel, twenty teens who had either appeared in photos that were "sexted," or received "sexted" photos of others on their cellphones were asked by a D.A. to choose between facing criminal prosecution by the State of Pennsylvania on child pornography charges, and attending a six-to-nine-month "education program."

Even a female teenager who had posed for a photo in a bathing suit, and two teens who were photographed from the waist up wearing opaque white bras, were forced to make this choice. So was a teen who appeared in a photo topless but otherwise covered.

The program was different for male and female students, and had decidedly sexist overtones, purporting to teach the female teenagers "what it means to be a girl in today's society, advantages and disadvantages." The students were also required to write an essay explaining why their actions, in engaging in sexting, were wrong -- whether or not they actually believed that what they had done was wrong.

A Disappointing Decision on Mootness

During the litigation, the D.A. agreed not to prosecute the female teenagers who were not even partially nude -- that is, the ones who wore the bathing suit and the opaque bras. Their cases were therefore dismissed as moot by the Third Circuit.

Instead, I believe that the Third Circuit should have applied the mootness exception for infringements that are "capable of repetition but evading review" here. That's because if future D.A.s use the same modus operandi that was employed here -- offering teens a choice between an "educational" course and criminal charges -- most will likely take the course, and many may be too scared to sue, for fear that the suit itself would cause the D.A. to renege on the bargain and file criminal charges after all.

The students and parents here were laudably -- and, I think, unusually -- brave. It is easy to imagine other parents telling their kids, in all good faith, to be quiet, be good, and finish the course, so that their changes of getting into college will not be harmed.

For this reason, I believe the mootness exception would have applied, and should have been invoked, so that all the teens' cases could go forward.

The Case of the Topless Teenager

The case of the teenager who had been photographed topless did go forward, for with respect to that case, the D.A. was unwilling to promise that charges would not be brought.

Thus, with the help of the ACLU, that lone teenager, known as "Nancy Doe," and her mother, "Jane Doe," who supported her case, sued the D.A's Office on three theories. The Third Circuit panel essentially agreed that all three theories could be viable, and left all three to be further developed in the district court.

First, because the D.A. put "Nancy" to the choice between the course and the future prosecution, the court held that Nancy would, if prosecuted in the future, suffer retaliation by the government for exercising her freedom of expression. Accordingly, the court opened the way for a district court injunction against any future prosecution.

Second, the court allowed Nancy to proceed on the theory that the D.A.'s offer had infringed her right not to be compelled to speak because, to avoid criminal charges, she would have had to write the required course essay in which the students were to state "how [their] actions were wrong," and would have had to affirm beliefs about her proper gender role that she did not actually hold. (The First Amendment -- though it formally establishes only a right to speak without being silenced by the government -- has been interpreted by the Supreme Court to imply a right not to be forced by the government to speak, as well.)

Third, the court held that Nancy's mother, Jane, could continue to assert her right to direct Nancy's upbringing and education with respect to the topics that the D.A.'s course covered -- and thus to keep Nancy out of the course without penalty. Here, the court wrote, "We agree that an individual District Attorney may not coerce parents into permitting him to impose on their children his ideas of morality and gender roles."

Will School Punishments Be Upheld Where D.A.s' Punishments Fail?

All in all, then, the Third Circuit's decision was an important First Amendment victory. Notably, however, the court carefully steered away from any sense of what public schools can do in similar "sexting" situations.

Thus, the court wrote, "The District Attorney is not a public education official, but a public law enforcement official. We do not express a view on the propriety of this program [referring to the course on gender roles, with the required essay on why sexting is wrong] had it been offered as part of the school curriculum."

This language suggests a number of questions that are left for the future. For the moment, let's put bullying and the non-consensual taking of photos aside, and assume instead that groups of teen friends, or teen couples, are "sexting" nude or partly-nude photos of themselves to each other's cellphones. Let's assume, also, that every teen involved knows what is going on and is fine with it -- and that no prosecutions are on the horizon. Finally, to make the First Amendment aspect of the case even stronger, let's also assume that the students are art students, who see no difference between their photo exchanges and, say, sketching nude models and sharing the sketches with each other.

Can a public school ban this limited subset of "sexting"? Can a public school require students to author essays condemning this kind of sexting, even if the students disagree strongly with what they are writing? These are the kinds of questions that the Third Circuit decision invites, and that we may well see being raised in the future.

http://www.counterpunch.org/hilden04072010.html

The Rules are Written to Protect the Wealthy and the Powerful: The Myth of Market Fundamentalism

Dean Baker

Progressives have wailed against “market fundamentalism" for the last quarter-century. They complain that conservatives want to eliminate the government and leave everything to the market. This is nonsense.

The Right has every bit as much interest in government involvement in the economy as progressives. The difference is that conservatives want the government to intervene in ways that redistribute income upward. The other difference is that the Right is smart enough to hide its interventions, implying that the structures that redistribute income upward are just the natural working of the market. Progressives help the Right’s cause when we accuse them of being “market fundamentalists,” effectively implying that the conservatives’ structuring of the economy is its natural state.

This is not just a question of framing; although the framing is important. Economic outcomes that appear to be the result of the natural workings of the market will always sound more appealing than the machinations of government bureaucrats, especially in the political culture of the United States. If we label the Right’s interventions as nothing more than the free market left to itself, then we place progressive policies at an enormous political disadvantage.

But the confusion that this misguided war against market fundamentalism creates in designing policy is even more serious than the political damage. Progressives have no reason to look to government to reverse market outcomes. Rather, like our conservative opponents, we should look for ways in which we can structure market rules so that markets have better outcomes from a progressive perspective.

The most obvious recent government intervention to redistribute income upward has been the bailout of the financial industry. Faced with complete collapse in the fall of 2008, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley and the rest did not yell that they wanted the government to leave them alone. No, these financial behemoths insisted that the government lend them money at below-market interest rates and guarantee their assets. Firms like Goldman Sachs even insisted that the government make good on the debts of bankrupt business partners, such as AIG.

Deregulation also increases profitability and has nothing to do with the free market. In other words, the financial industry wants the government to provide “insurance” through the Federal Reserve Board, the Federal Deposit Insurance Corporation and various ad hoc channels, but it doesn’t want to pay for it. It also doesn’t want the insurance to come with any restrictions. In effect, the financial industry wants to run an explosives factory out of its home and pay only the standard residential insurance premium. That’s not the free market.

The demands of the financial industry on government are not qualitatively different from what other sectors get as a result of government interventions in structuring the market. To take another example, the government grants pharmaceutical companies patent monopolies that allow them to mark up the price of prescription drugs by several hundred percent or even several thousand percent above what the same drugs would sell for in a competitive market. As a result of patent protection, many drugs sell for hundreds or even thousands of dollars per prescription. By contrast, if all drugs were sold as generics in a competitive market, the overwhelming majority could be bought for $4 or $5 per prescription.

Patent monopolies do serve an important economic function—they provide an incentive for researching new drugs—but they clearly are not the only way to finance research. The government spends more than $30 billion a year financing biomedical research through the National Institutes of Health, an amount comparable to what the industry spends on research. In principle, we could replace the industry-funded research through direct, publicly funded research. Or, as Nobel Prize-winning economist Joe Stiglitz has suggested, research could be carried on in its current manner, but new patents could be bought out through a prize system. Under this system, a committee would assess the value of new patents and pay this amount to patent holders. This would allow the drugs based on new patents to be sold as generics in a competitive market.

We can debate whether these alternative mechanisms are better for supporting prescription-drug research than the patent system, but the patent system is clearly not the free market, and it is not essential for financing prescription drug research. The proponents of drug patents cannot claim to support a free market.

There is real money at stake. The country spent $250 billion last year on prescription drugs. In a competitive market, the cost likely would have been closer to $25 billion. The difference of more than $200 billion swamps the size of the payments to such programs as Food Stamps, the State Children’s Health Insurance Program (SCHIP) or Head Start.

Furthermore, the drain from this patent monopoly is projected to grow rapidly through time. Prescription drug spending is the most rapidly rising component of health care costs. In 2019 the country is projected to spend almost $500 billion on prescription drugs. Over the course of the next decade, expenditures are projected to exceed $3.5 trillion, implying excess payments to the drug industry of more than $3 trillion, more than three times as much as will be spent on the health care reform proposed in Congress at this writing in early winter.

A similar story can be told about copyrights. Bill Gates is an incredibly rich man because the U.S. government gives him a monopoly on Windows, threatening to arrest anyone who sells it or even gives it away without Gates’s permission. Without the monopoly created by copyright protection anyone would be able to instantly download Microsoft software anywhere in the world at no cost. As with drug patents, copyrights serve an important economic function. They provide an incentive for creative and innovative work, like developing new and better software or producing good movies and music, but we already have alternative mechanisms for supporting this work and can develop new ones.

Copyright monopolies lead to an enormous transfer of income to software and entertainment companies. Microsoft alone pockets more than $60 billion a year in revenue, almost all of which would not be possible without copyright protection. The industry association claims that, taken together, copyright industries accounted for 6.6 percent of GDP. This is more than one-third of the tax revenue collected by the federal government.

I could list more mechanisms and beneficiaries, but the point should be clear. The idea that a “free market” is allowing some people to get incredibly rich and causing other people to be poor or financially insecure is nonsense. The distribution of income is determined by government policies that favor some groups and work against others. If progressives accept the structures put in place by conservatives as the free market and then look to use tax and transfer policy to redress the inequities, we have given ourselves a hopeless task.

We must instead focus on altering the rules that redistribute income upward. There are many different ways to structure markets. We must be as opportunistic and creative as the Right in finding rules that both produce efficient outcomes and lead to better distributions of income.

The health care bill illustrates the need for a fundamentally different approach. It does a good job of meeting the important goal of extending coverage to most of the uninsured. However, it does very little to address the problem of exploding cost growth. As a result, we will have created a system that we know will be unaffordable over the long run. The idea that we can somehow pay for this system in future decades with progressive taxes is absurd on its face. It will almost certainly not be possible politically to raise taxes high enough to cover public-sector health care costs. We will eventually either have to ratchet back the extent of coverage and/or the quality of care or impose substantial taxes on the middle class.

The alternative route is to directly attack the structure of the health care system that leads to such bloated costs. In this context, it is important to remember that we pay more than twice as much per person for care as people in other wealthy countries. As any number of studies have shown, the reason for higher costs in the United States is not the better quality or greater volume of services but rather the higher cost of the services that we get. This can be addressed by changing the markets for these services.

Let’s return to prescription drugs. The current system leads to enormous inefficiencies from any perspective and leaves us with absurd choices that would disappear with a more rational system of financing prescription drug research.

Consider the situation of an 80-year-old woman, in generally good health, who develops a form of cancer. Suppose that the only treatment likely to be successfully is a new, bioengineered drug that would cost $250,000 a year. Should the government be willing to pay this expense?

As our moral philosophers labor over this problem, consider that the drug would probably cost $200 a year in the absence of patent protection. That would be the marginal cost of manufacturing and distributing the drug. Although the drug company may have spent a huge amount of money developing the drug, this is money out the door. We have already paid the research cost (ideally through one of the mechanisms discussed above.) The relevant question is, what does it cost to produce the next dose. In the world where the year’s dosage costs $200 we won’t have to spend too much time debating the treatment.

This is not the only problem with the patent system. When the government intervenes to artificially inflate prices, it creates unexpected perverse incentives. As a result of the enormous profits on its drugs, the pharmaceutical industry spends a fortune marketing them. This causes them to court and even bribe doctors to get them to prescribe drugs. It leads to expensive direct-to-consumer marketing campaigns. It leads the industry to buy politicians to ensure that Medicare, Medicaid and other government programs pay for the drugs. And, it gives the industry an enormous incentive to conceal research results that call into question the effectiveness and safety of its drugs.

Progressives should have been pushing these “free market” arguments in discussing prescription drugs. The amount of money at stake dwarfs the sums at issue with either the “Cadillac” plan tax or the millionaires’ surtax in the health care plans approved by the Senate and the House.

Similarly, we could use a little free trade in health care. Trade policy has been quite explicitly designed to place our manufacturing workers in direct competition with low-paid workers in the developing world. Progressives often point to the loss of manufacturing jobs in the United States and the depression of wages for non-college educated workers as evidence that free trade doesn’t work. This is completely wrong. These outcomes are exactly what the trade models predicted would be the result of the trade policies that the United States has pursued. I would be surprised if there were any other outcome.

However, we can design “free trade” policies that produce different outcomes. In the case of health care, we can start by allowing Medicare beneficiaries to buy into the health care systems of other wealthy countries. Because health care costs are so much lower in Germany, Canada and everywhere else, if beneficiaries opted to move to another country to receive their care, there would be enormous savings that could be split between the U.S. government and the beneficiaries. We recently did calculations showing that a few decades out the projected savings would be tens of thousands per beneficiary each year. This was even after allowing for a substantial premium above costs to the receiving country of treating elderly patients, to ensure that they also benefited from the deal.

In fact, since these countries would be getting a premium above their cost of care, this could be a major source of growth for these countries. The fact is that everyone has a huge comparative advantage in health care relative to the United States. Our health care industry only survives because of the extraordinary protectionist measures that restrict foreign competition. It is easy to devise mechanisms through which foreign countries could provide care for U.S. citizens and use the profits to provide better care for their own populations. An international Medicare voucher system could allow retirees to enjoy a much higher standard of living than would otherwise be the case, while at the same time saving the U.S. government tens of trillions of dollars in Medicare costs over the long term. By reducing demand for health care in the United States, it would also lead to downward pressure on domestic medical costs more generally.

There are other ways in which the government can promote trade in medical services. For example, it can license facilities in other countries to ensure high standards and also standardize rules on legal liability to ensure that people who go overseas for treatment can be assured of reasonable legal redress in the case of malpractice.

Given the enormous gap in costs for health care services between the United States and Europe, not to mention high-quality facilities in places like India and Thailand, there would likely be a huge flow of patients for treatment outside the country, if we created the proper institutional structure.

Of course, it would be much better to reform the system in the United States so that people did not have to leave the country to get decent affordable care. But, if we lack the political power to reform the domestic system, as is obviously the case now, it is absurd to hold patients here as hostages of a broken system. After the forces of market competition have worked their magic, we will be much better able to discuss reform with the domestic health care industry.

It is far more productive to talk about ways to use market mechanisms to fundamentally restructure the health care system than to try to scrape together nickels and dimes in tax revenue to pay to maintain a broken health care system for a few more years. The same approach can be applied to almost any social problems. We can and should push for progressive taxation, but it is even better to change the institutional structures that lead to gross inequality.

CEOs in the United States get paid tens of millions of dollars a year because we have created a corporate governance structure that allows top managers to plunder the corporation for their own ends. This corporate governance structure was created by the government, it did not develop through the free market. No other country allows for the same sort of plundering. Changing the rules in ways that return control to shareholders is not government interfering with the market; it is simply repairing a dysfunctional system. Europe and Japan both have dynamic capitalist economies, but they do not have the huge executive compensation packages of the United States. This is not due to legal restrictions on pay, it is due to the fact that they have governance structures that don’t allow the top executives to pilfer the corporations that they ostensibly work for.

In the same vein, although minimum wages and other direct income supports for less-educated workers are desirable, it is better to restructure markets in ways that increase the relative demand for their services. For example, we should insist that the Fed allow the unemployment rate to fall to low levels, rather than raise interest rates to choke off any possibility of inflation. Former Federal Reserve chief Alan Greenspan made this choice in the 90s (over the protest of Bill Clinton’s appointees to the Fed), allowing the first sustained period of real wage growth for workers at the middle and bottom of the wage distribution since the 60s. More union-friendly laws, such as serious civil or even criminal penalties for employers who violate workers’ right to organize, would also help equalize the distribution of income.

We can also apply some good free market principles to highly paid professionals, such as doctors, lawyers and economists. Easing professional and immigration restrictions that largely protect the most highly educated workers from international competition will reduce pay for those in the top 1 percent to 2 percent of the wage distribution and help to lower the cost of everything from health care to a college education.

There is an endless list of policies that alter economic rules to lead to more egalitarian outcomes. The current rules were not given to us by a deity or by nature, they were written by the wealthy and powerful interest groups who benefit from them.

These people are absolutely not free market fundamentalists, nor are they opposed to a well-working government. No one can mass market unauthorized versions of Pfizer’s latest drugs or Microsoft’s new software.

Even under Republican administrations the government would quickly arrest a large-scale violator of patent or copyright law. The wealthy want and expect a government that enforces the rules that protect their wealth and power. They don’t care about government social programs, but that is because they don’t depend on these programs. No rich person died in Hurricane Katrina.

A serious long-term progressive agenda must move away from a focus on tax-and-transfer policy and instead concentrate on changing the rules that lead to undesirable market outcomes. We must be as aggressive and creative as the Right in designing new rules that redistribute income downward rather than upward. And, we must bury the concept of “free market fundamentalism.” There are no free market fundamentalists in this debate, just conservatives who want to pretend that their rules are the natural working of the market. Progressives should not help them in this effort.

http://www.counterpunch.org/baker04072010.html

Actionnaires, annonceurs : le club des nouveaux censeurs

A la télévision désormais, on pratique l'autocensure, par précaution. Pas question pour les chaînes de perdre des budgets publicitaires, surtout en période de crise… ni de se mettre à dos une icône médiatique. Politique, entreprises, sport, culture : les portes des rédactions se sont entrebâillées sur d'étonnantes révélations. “Télérama” a mené l'enquête, et retrouvé d'embarrassants documents.

Enquêter sur la censure à la télévision, c’est s’exposer à des réactions à géométrie très variable. Condescendante : « Avec Internet, ce n’est plus un sujet, vous datez. » Agacée : « La censure, c’est l’alibi de la paresse. On n’a plus la volonté d’enquêter dans les arrière-cuisines de l’info. » Enervée : « Vous m’assassinez dans Télérama chaque fois qu’un de mes sujets passe dans Capital. Les vrais censeurs, c’est vous! » Paniquée : « Oubliez ce que je vous ai dit. Si vous racontez cette histoire, je risque ma place. » Lucide : « Personne ne vous parlera ouvertement. » C’est un fait, ils ont été peu nombreux à le faire. Le sujet n’est pas aimable, et ceux qui acceptent de raconter la censure dont ils ont été l’objet ou le témoin prennent toujours un risque. Alors, pour mener cette enquête, il a fallu convaincre plus qu’à l’ordinaire, composer avec beaucoup de « off » (NDLR : témoignages rapportés anonymement) et même parfois s’autocensurer pour éviter que certaines personnes ne soient identifiées.

Une censure politique moins frontale

Mais y a-t-il vraiment autant de censure que cela en France ? A lire les sondages qui, chaque année, stigmatisent le manque d’indépendance des médias et remettent en cause la crédibilité de l’information, on serait tenté de le croire. La réponse est plus nuancée. Il n’y a sans doute jamais eu autant d’espaces où puisse s’exercer une vraie liberté d’informer mais, en même temps, jamais les médias n’ont été aussi économiquement affaiblis (1,5 milliard d’euros de recettes publicitaires en moins en France en 2009), au point de voir leur rapport à l’information se fragiliser dangereusement. Mauvaise nouvelle pour la démocratie. On est mieux armé pour résister aux pressions de toute nature quand on dispose des moyens de dire non.

Ordonner la suppression d’une révélation gênante
est devenu impossible. Elle réapparaîtra ailleurs,
démultipliée par la puissance d’Internet.

En 2010, la censure n’a plus rien à voir avec celle qui se pratiquait dans les décennies d’après guerre. L’intervention brutale du pouvoir politique a quasiment disparu. Elle relevait d’un autre monde. Celui ou le général de Gaulle pouvait au dernier moment interdire la diffusion d'un reportage sur l'Algérie dans Cinq colonnes à la une au prétexte qu'il ne l'avait pas vu avant. Celui d’une télévision réduite à trois chaînes d’Etat aux ordres du pouvoir. Un monde englouti par Internet et la prolifération des médias. Sauf à renoncer à toute crédibilité, quelle grande chaîne pourrait aujourd’hui faire l’impasse sur une information traitée partout ailleurs ? Mais, surtout, notre époque a rendu la censure dangereuse pour ceux qui prétendent l’exercer frontalement. Ordonner la suppression d’une révélation gênante sur une chaîne est devenu impossible. Elle réapparaîtra ailleurs, amplifiée par l’écho de la censure, démultipliée par la puissance d’Internet. Avec le risque de devenir une « affaire », d’émerger du vacarme médiatique. Bref d’aboutir à l’exact contraire de l’effet recherché.

L'exemple le plus emblématique de cette rupture entre pouvoir politique et télévision a sans doute été la diffusion le 26 octobre 2000 par France 3 de la « cassette Méry » dans le premier numéro du magazine Pièces à Conviction. Pour mémoire, cette vidéo contenait la confession posthume de Jean-Claude Méry, le maître d'œuvre du financement occulte du RPR. Une bombe qui mettait directement en cause le Président de la République, Jacques Chirac. « Quand je suis allé informer le président de France Télévisions que nous détenions cette vidéo », raconte Hervé Brusini, le directeur de l'information de France 3 de l'époque, « il est resté muet quelques secondes, s'est dirigé vers les grandes baies vitrées de son bureau qui offrent une vue magnifique sur la Seine, a allumé un cigare et m'a dit sans se retourner : je préfère sauter sur une affaire comme celle-là plutôt que sur la comptabilité de la chaîne. » Beau comme dans Les hommes du président. Moins emphatique, Marc Tessier se souvient d'avoir donné son accord sous réserve d'être certain qu'aucune manipulation n'entachait l'affaire. Finalement, France 3 diffusa la vidéo accompagnée d'une enquête qui prouvait, photo à l'appui, que Jean-Claude Méry et Jacques Chirac se connaissaient alors que le Président de la République niait l'avoir jamais rencontré.

A l’Elysée comme à Matignon, on a d’ailleurs renoncé à utiliser l’arme de la censure. Nicolas Sarkozy malmène publiquement Patrick de Carolis et Patrice Duhamel et fait preuve d’un interventionnisme outrancier dans le domaine des programmes, pour autant, il ne leur a jamais demandé de supprimer une information ou une révélation gênante. C’était déjà le cas de son prédécesseur, Jacques Chirac. Les deux hommes se comportent ainsi par pragmatisme. Lionel Jospin le faisait par conviction. Premier ministre, il avait ordonné qu’aucun membre de son cabinet ou de son gouvernement n’intervienne jamais auprès du président de France Télévisions. Mieux, il avait demandé à ce dernier de le prévenir si l’un de ses ministres enfreignait la consigne. Le pouvoir n'a pourtant pas renoncé à toutes formes de pressions. Tous les dirigeants des chaînes publiques se souviennent de ces petites phrases glissées négligemment par des conseillers ministériels : « J'ai l'impression qu'ils sont furieux contre vous en ce moment à l'Elysée... », « Faites attention, on me dit qu'il trouve France 3 très mal tenue... ».

Désormais, tout se joue en coulisses.
C’est une censure à bas bruit,
invisible des téléspectateurs.
Le sous-texte est clair :
on ne touche pas aux gros annonceurs.

La fin de la censure politique ne signifie pas non plus que toute censure ait disparu du petit écran. Elle a simplement changé de nature, s’est adaptée à son époque. Désormais, tout se joue en coulisses. C’est une censure à bas bruit, invisible des téléspectateurs. Elle se pratique en amont, dans les bureaux des rédacteurs en chef ou des directions des chaînes. Elle est faite de tous les renoncements à s’attaquer à certains sujets gênants, des petites lâchetés qui font céder aux pressions dès qu’elles se font insistantes, d’une forme d’autocensure nourrie chez les journalistes du rappel régulier des contraintes économiques qui pèsent sur leur entreprise. Le sous-texte est clair : on ne touche pas aux gros annonceurs. Même si les chaînes privées refusent de l’admettre, cette censure est de leur fait. Et, après tout, pourquoi s’en étonner ? Les chaînes publiques reçoivent de l’argent pour faire de la télévision. Bouygues (TF1), RTL Group (M6) ou Vivendi (Canal+) font de la télévision pour gagner de l’argent. Les logiques sont différentes. Ces groupes font de l’information car elle est un produit rentable (le JT de 20 heures permet à TF1 d’engranger ses recettes publicitaires les plus importantes), mais il arrive toujours un moment où la liberté d’informer entre en conflit avec les intérêts de l’entreprise.

Touche pas à mon spot

Chaque chaîne privée a sa zone grise. Celle où il est préférable de ne pas s’engager. Prétendre faire de l’investigation dans les milieux du cinéma, du sport et plus encore du football, demeure une vue de l’esprit à Canal+. « Aucun d’entre nous n’était assez kamikaze pour aller sur ces terrains », raconte un ancien de la chaîne. La cause est de toute façon perdue d’avance. Une enquête sur l’infiltration des clubs de supporters de foot par l’extrême droite n’a pas dépassé le stade de la proposition.

Sur TF1 et M6, qui vivent essentiellement de la publicité, « les sujets sont choisis en fonction de leur potentiel d’audience et de leur moindre capacité de nuisance. Il est difficile de dénoncer les puissances politiques ou les multinationales comme L’Oréal, Danone ou Nestlé, mais rien n’interdit de donner le change en s’attaquant à des proies plus modestes ». Celui qui livre cette analyse dirige une des agences de presse qui vend des émissions clés en main aux chaînes. Confirmation d’un de ses homologues, Tony Comiti : « Sur les chaînes privées, il vaut mieux ne pas proposer de sujets qui touchent aux grandes marques. Les frontières entre marketing et information sont trop poreuses. » L’homme sait de quoi il parle. Une enquête de son agence pour le magazine Zone interdite (M6), qui mettait en cause McDonald’s et Kentucky Fried Chicken, en a purement et simplement été « trappée » en octobre dernier (lien). A TF1, le patron de TF1 Production, Edouard Boccon-Gibot affirme « n’avoir aucun souvenir d’une censure quelconque d’origine politique ou commerciale concernant les magazines d’information ».

Un reportage met en doute les bienfaits
d'un yaourt Danone ? « Le sujet était mal fait
et n’apportait rien à l’émission »,
assure un responsable de TF1.

D’autres en ont. Ils se souviennent de cette séquence sur les alicaments – ces aliments censés nous faire du bien – coupée au montage dans le magazine Enquêtes et révélations au printemps 2009. On y voyait le professeur Didier Raoult, chef du laboratoire de bactério-virologie de la Timone à Marseille, se demander si les probiotiques (des bactéries utilisées pour la fermentation des produits laitiers) ne favorisaient pas un risque d’obésité à long terme. Une interrogation pas si anodine car une de ces bactéries, la Bifidobacterium, est présente dans les Activia et autres Actimel commercialisés par le groupe Danone, un des plus importants annonceurs français. « Le sujet était mal fait et n’apportait rien à l’émission », assure un responsable de TF1. « On ne peut pas émettre l’ombre d’un début de critique sur le groupe Danone », estime plutôt un journaliste. Pas faux. Dans son livre, L’Audimat à mort, Hélène Risser raconte qu’en 2003, M6 avait déjà amputé un reportage sur Danone de l’interview d’un spécialiste relativisant les bienfaits diététiques d’Actimel (déjà), argument principal de la pub à l’époque.

Les cas de censure dans les magazines d’information de TF1 restent cependant assez rares pour deux raisons. La puissance de la chaîne a longtemps fait d’elle un passage obligé pour toutes les grandes marques et a interdit aux annonceurs tout chantage à la publicité. Avec la baisse d’audience, c’est moins vrai. Surtout, les magazines d’information s’y sont recentrés sur des sujets de société qui s’attaquent rarement à ses puissants annonceurs. Et ce n'est pas Haute Définition, le nouveau magazine lancé cette semaine qui semble devoir inverser la tendance. Au sommaire du premier numéro : Mes voisins sont des dealers, Maman préfère les jeunes et Internet, la cour de récré qui tue. Pas de quoi fouetter un annonceur. « A TF1, on s’est résigné depuis longtemps à ne plus faire d’investigation dans le champ politique et dans celui de l’entreprise », admet un journaliste. Et pas seulement parce que ces sujets sont réputés ne pas faire d’audience.

Les choix éditoriaux ressemblent de plus en plus à des choix d’évitement comme si, de la base au sommet, la chaîne était paralysée par l’idée de déplaire au pouvoir. A tous les pouvoirs. « J’ai pu observer partout la montée en puissance de l’autocensure, Aujourd’hui, elle est dans toutes les têtes et, pour ne pas avoir d’ennuis, on est tenté d’en dire ou d’en faire le moins possible. » Illustration en septembre 2009. TF1, dont la maison mère est présidé par un proche de Nicolas Sarkozy (Martin Bouygues), a été la seule chaîne à ne pas diffuser dans son JT la vidéo désormais célèbre de la pochade auvergnate de Brice Hortefeux (« Quand il y en a un, ça va... »). Elle s’est contentée de faire réagir le Premier ministre invité ce jour-là en plateau. Dix-huit mois plus tôt, elle avait pourtant repris le « Casse-toi, pauv’ con ! » de Nicolas Sarkozy au Salon de l’agriculture. Quand il y a une impertinence, ça va. C’est quand il y en a beaucoup qu’il y a des problèmes, ont dû penser les dirigeants de la chaîne, reconnaît l’ancien directeur de l’information, Robert Namias.

Contrairement à TF1, M6 s’est lancée dans l’investigation économique avec courage. Avant de s’assagir et de devenir un pur magazine de consommation, Capital s’est attaqué à quelques grands noms de l’économie (Darty, la Fnac, Disneyland, Nestlé, Elf...). Il a fini par le payer cash. Alain Afflelou a privé la chaîne de toute publicité pendant des années après une enquête corsée le concernant. Un cas rare. Il est plus fréquent que les annonceurs mécontents « punissent » la chaîne en se contentant de réduire son budget ou en lui retirant une campagne. De quoi développer de puissants réflexes d’autocensure, surtout en période de crise. Feue Culture Pub en a fait les frais à de nombreuses reprises. Capital aussi.

Les vrais ennuis commencent en 1999 quand les journalistes découvrent qu'une séquence mettant en cause, tests à l'appui, la solidité des meubles Ikéa, s'est évaporée entre le montage et la diffusion antenne. Fureur de la rédaction. Le patron des programmes qui craint que ce méchant coup de ciseau ne vire à l'affaire d'état, décide de consacrer une émission complète aux tests de produits de consommation pour y recycler la séquence Ikéa. Une trêve précaire s'installe. Elle ne durera pas. Décembre 2001, une enquête intitulée « L’euro fait-il flamber les prix ? » montrait que plusieurs grands groupes (L’Oréal en tête) avaient pratiqué des hausses préventives de 10 % sur certains produits. Une coupure réalisée au montage priva les téléspectateurs de cette observation pertinente. « Le marché publicitaire est en baisse. On ne peut pas scier la branche sur laquelle on est assis », décréta le directeur de l’information de M6. L'explication a le mérite de la clarté.

“Renault n’est pas le charcutier du coin de la rue”,
expliqua le directeur de l’information de M6
à une journaliste. C'est vrai, il est leur 18e annonceur.

Re-bellote en septembre 2005. Dans un numéro consacré au « Boom du discount », un reportage sur la Logan - un véhicule à bas prix fabriqué en Roumanie par Dacia, filiale de Renault - est amputé d’un sonore dans lequel les ouvriers roumains se plaignaient d’être mal payés et d’une courte séquence où était interrogé un des plus gros importateurs de Logan en France. Que disait-il ? A la question d’un journaliste lui demandant si, avec le lancement de la Logan, « ce sont des parts de marché de Renault qui se perdent ? », il répondait : « Je crois oui ». Difficile de faire plus sobre. Pas assez pourtant pour la direction de M6. « Renault n’est pas le charcutier du coin de la rue », expliqua le directeur de l’information à une journaliste qui lui reprochait de traiter différemment les entreprises en fonction de leur importance. De fait, Renault occupe alors le dix-huitième rang des annonceur de M6. L’année suivante, sur pression de la Française des Jeux, vingt-cinquième annonceur de la chaîne, c’est un reportage intitulé « Loto, la grande saga des jeux de grattage », qui est lui délesté de huit minutes au montage et flanqué d’un commentaire réécrit. Que contenait donc cette si brûlante enquête? Un scoop. La solide démonstration journalistique que la répartition des lots des jeux de grattage n’était pas aléatoire, comme le prétendait la Française des Jeux. Un sujet sur lequel on ne plaisante pas. Deux jours plus tôt, Canal + avait déprogrammé une séquence entière de son émission Nous ne sommes pas des anges pour les mêmes raisons.

Ces chers actionnaires

La crainte de perdre des budgets publicitaires n’est pas la seule cause d’autocensure. Parler de ses propres actionnaires relève de l’exploit. TF1 n’a jamais poussé loin l’investigation sur les appels d’offres dans le BTP. Quant au journaliste qui, dans un moment d’égarement, a suggéré un sujet sur les dangers de la téléphonie mobile, il s’est entendu répondre : « Tu as vu la Vierge ou quoi ! » Idem sur M6 où le fondateur de Capital, Emmanuel Chain, à qui on proposait une enquête sur la Lyonnaise des eaux, a gentiment botté en touche : « On ne va pas commencer à mesurer les fuites dans les chasses d’eau .» Message reçu, il a fallu attendre que la Lyonnaise des eaux sorte du capital de M6 pour voir le premier sujet sur le marché de l’eau. De même, on est sans doute pas près de voir une enquête fouillée sur LVMH, dont le pdg Bernard Arnault, première fortune d’Europe, a longtemps été membre du conseil de surveillance de M6, avant de céder sa place à sa fille, Delphine. On a le sens de la famille à M6.

A l'occasion, l'omertà sur les actionnaires peut s'étendre à ceux des chaînes concurrentes. Début 2002, un journaliste de Capital se lance dans le portrait d'un autre milliardaire du luxe, François Pinault. Après plusieurs mois d'enquête, il commence à tourner et obtient même l'accord de l'intéressé pour une interview. Pas de chance, le couperet tombe à ce moment là. D'en haut. François Pinault est alors actionnaire de Bouygues, propriétaire de TF1, avec lequel M6 entretient des rapports détestables, même si les deux chaînes se sont alliés dans la télévision par satellite. Nicolas de Tavernost, le patron de M6, juge que si le portrait est à charge, il sera perçu comme un règlement de comptes et que s'il est bienveillant, il sera interprété comme une tentative de rapprochement avec TF1. Exit le portrait. Les voies de la censure sont parfois impénétrables pour le téléspectateur. Finalement, la véritable enquête sur François Pinault sera diffusée deux ans plus tard dans Complément d'enquête sur France 2 avec une belle audience à la clé.

Touche pas à mon pote

Un cas plutôt rare car le portrait sans concession de figures de l’establishment est un des genres les moins visibles à la télévision. Trop compliqué, trop risqué dans un pays où la législation sur la diffamation et le respect de la vie privée reste très strict. A force d’insistance, Hervé Chabalier, le patron de l’agence de presse CAPA, avait pourtant convaincu Canal+ de s’aventurer sur ce terrain avec le magazine Enquête de personnalité. Un mauvais souvenir qu'il refuse d'évoquer tout comme le patron de Canal+. L’aventure ne durera qu’un an et sera émaillée de nombreux incidents. Une enquête peu aimable consacrée à Bernard-Henri Lévy marque le début des hostilités. En dépit des pressions du philosophe et de son entourage, elle sera diffusée sans modifications, car les journalistes de la presse télé avaient déjà vu le film et il devenait impossible de le censurer sans risquer le scandale.

Guy Roux et Gérard Depardieu,
le football et le cinéma :
deux sujets décidément
intouchables sur Canal +.

D’autres personnalités auront plus de chance : un portrait de Guy Roux, alors entraîneur du club de foot d’Auxerre, est taclé très tôt. « Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez », s’est entendu dire le journaliste qui menait l’enquête. Il a vite compris. Le portrait de Gérard Depardieu a lui été interrompu en cours de tournage, sur ordre du directeur de l’antenne de Canal+, Dominique Farrugia. Guy Roux et Gérard Depardieu, le football et le cinéma : deux sujets décidément intouchables sur cette chaîne. La série noire cessera – et l’émission aussi – avec la suppression d’un portrait prêt à diffuser de Luc Ferry, alors ministre de l’Education nationale. On y découvrait que le philosophe avait arrêté l’école en troisième parce qu’il était rétif à l’autorité de ses profs. Pas facile ensuite de vendre comme ministre un discours sur la nécessité de restaurer l’autorité des enseignants...

Canal+ s’illustrera encore deux ans plus tard en censurant un autre portrait très politique, celui consacré à Bernadette Chirac par John Paul Lepers. Baptisé Bernadette aux champs puis Madâme, le film se voulait un portrait « sensible et critique » de celle qui était alors la première dame de France. Plus sensible à la dimension critique, Rodolphe Belmer, le patron de Canal+, renoncera à le diffuser après de nombreuses tentatives d’aménagements. « Il n’aimait pas mon film, se souvient John Paul Lepers sans amertume, il ne le comprenait pas. Quand il m’a demandé d’enlever l’accent circonflexe sur le “a” de Madâme, j’ai su qu’il ne le diffuserait pas. » Madâme aura une deuxième vie. John Paul Lepers en fera un livre vendu à 30 000 exemplaires puis un DVD avec son compère Jean-Sébastien Desbordes. A la sortie du livre, il sera invité sur toutes les grandes radios mais sur aucune chaîne de télévision. A celle du DVD, seule Direct 8 l'invitera... pour démolir le film. Depuis, John-Paul Lepers a créé et anime La Télé Libre sur Internet . Un espace unique de totale liberté en matière d'information qu'il autofinance difficilement avec l'aide de généreux donateurs comme l'ont été Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri.

“Sarko” dort dans des cartons

Mais, si tailler le portrait de la femme d’un président n’est pas sans risque, que dire du président lui-même ? En 2005, France 2 a diffusé une biographie plutôt irrévérencieuse de Jacques Chirac, signé Patrick Rotman, mais c’était peu avant la fin du mandat de l’ancien président de la République. Les dirigeants de France Télévisions se souviennent d'ailleurs s'être fait à cette occasion « copieusement soufflé dans les bronches » par la femme et la fille de Jacques Chirac. Bel esprit de famille. Trois ans plus tard, qui oserait portraiturer Nicolas Sarkozy ? « Il nomme les patrons de l’audiovisuel public et ceux qui dirigent les chaînes privées sont proches du pouvoir. Pas une chaîne ne validerait un portrait de lui digne de ce nom », tranche le patron d’une agence de presse. « Ce serait difficile », admet le dirigeant d’une chaîne privée. « Pas forcément », estime Patrice Duhamel, le numéro deux de France Télévisions qui a donné son accord de principe à un documentaire de Patrick Rotman sur l’histoire des relations entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Prometteur. Une chose est sûre, deux enquêtes consacrées au président dorment dans des cartons, l’une à France 5, l’autre sur M6. La première, Sarko mot à mot, décortiquait sans complaisance les discours de Nicolas Sarkozy, alors qu’il était candidat à la présidentielle. La seconde était un portrait réalisé pour Secrets d’actualité (M6). « Ce n'était pas un récit lisse. Il y avait de bonnes histoires mais aucune révélation embarrassante et, en tous cas, rien d'assassin », se souvient un journaliste de M6. Manifestement, c'était déjà trop. « Ce n'était pas un problème de censure, le sujet n'était pas bon. », conteste Jérôme Bureau, le directeur de l'information de M6. Et sans doute pas améliorable...

L'autocensure n'est pas toujours nourrie par la crainte de représailles économiques des annonceurs ou la peur de déplaire aux puissants de ce monde. Elle peut prendre à l'occasion une tournure plus personnelle. Nicolas de Tavernost a ainsi interdit la diffusion d'un portrait du banquier Edouard Stern assassiné par sa maîtresse en 2005. Le patron de M6 l'a semble-t-il fait par amitié et après une intervention de la productrice, Fabienne Servan-Schreiber, demi-soeur d'Edouard Stern. Une intervention pleinement assumée par l'intéressée. « Quand Edouard a été assassiné, la presse s’est déchaînée contre lui pour des raisons qui n’étaient pas liées au crime. Un torrent de boue insupportable pour sa femme et ses trois enfants. J’ai demandé à Nicolas de Tavernost mais aussi à Rodolphe Belmer et Patrice Duhamel de nous laisser le temps de sortir de l’horreur. Il n’était pas question pour moi de leur interdire de parler, mais de leur demander de veiller à la manière dont le sujet serait traité sur leur chaîne. Nicolas de Tavernost était un ami de mon frère et de sa femme. Je pense qu’il a arrêté ce portrait par amitié pour eux et je l’en remercie encore aujourd’hui. »

« Le territoire de la religion est compliqué »,
admet le directeur de l'information de M6.
« Il y a en France une grande pudeur
à en parler à la télévision.

Le patron de M6 s'est également entremis pour arrêter une enquête sur l'abbé Cottard, ce prêtre intégriste de la Fraternité Saint-Pie X, condamné pour « homicides et blessures involontaires par manquement délibéré aux obligations de sécurité et de prudence », suite à la mort de cinq personnes lors d’une sortie en mer en juillet 1998. « Il a toujours eu un problème personnel avec le traitement journalistique des questions de religion », affirme un producteur. « Le territoire de la religion est compliqué », admet le directeur de l'information de M6. « Il y a en France une grande pudeur à en parler à la télévision. Nicolas de Tavernost a agit par prévention et pour ne pas heurter de sensibilités ». La grande sensibilité des téléspectateurs, c'est vrai qu'on sait la préserver à M6. Pas question sur la chaîne d'imaginer critiquer les stars que le public vénère et encore moins d'enquêter sur elles. « On ne touche pas aux icônes » a un jour déclaré le patron des programmes pour justifier son refus d'une enquête dans Capital sur Johnny Halliday et les Enfoirés.

Cachez ce sexe

Un autre territoire se révèle plus rétif qu'on ne pourrait le croire à l'investigation : celui du sexe. Difficile d'en montrer la réalité crue et son commerce. Un reportage de Zone Interdite consacré aux clubs échangistes en province a été interdit d'antenne il y a une dizaine d'années. « C'était limite hard », s'amuse le directeur de l'information de M6. « Je ne pense pas que ce soit de la censure », estime l'auteur. « La direction n'a pas aimé le film, elle l'a jugé glauque. On y voyait ni blondes platines, ni mecs qui roulent en Ferrari, juste des cadres moyens qui s’envoyaient en l’air dans des endroits pas toujours reluisants. » Une enquête sur Pigalle a connu un sort identique à M6. Sur Canal Plus, c'est un numéro entier de l'émission 24 Heures baptisé Hambourg, capitale du sexe et de la pornographie qui dort dans un carton. Lui aussi avait été jugé trop chaud. « Ils n'ont même pas voulu le mettre derrière le Journal du hard », se souvient le producteur. Moralité : il n'y a guère qu'Arte pour oser consacrer une soirée entière au clitoris.

Des chaînes publiques moins soumises

La censure sous toutes ses formes est-elle moins présente sur les chaînes publiques? Ses principaux dirigeants le revendiquent alors que jamais sans doute depuis vingt-cinq ans, les relations avec l'exécutif n'ont été aussi conflictuelles. « Nous disposons d'une liberté totale dans le choix et le traitement des sujets », jure la patronne de l'information, Arlette Chabot. « Il n'existe pas de sujets interdits en dehors de tout ce qui touche à la vie privée », confirme Patrice Duhamel. A la différence du privé, ces affirmations ne relèvent pas d'une simple pétition de principe et sont corroborées à tous les niveaux de la hiérarchie. Jusqu'à la base. Plusieurs journalistes qui travaillaient auparavant dans le privé reconnaissent bénéficier d'une plus grande indépendance sur les magazines d'information du service public.

Les salaires sur M6 et surtout TF1
sont de 25 à 50% plus élevés.
« Le prix des renoncements professionnels »,
explique un transfuge.

Une liberté qui à un coût. Les salaires sur M6 et surtout TF1 sont de 25 à 50% plus élevés. « Le prix des renoncements professionnels », explique un transfuge. Cette indépendance est d’autant plus importante que, contrairement au privé, les magazines d’informations du public se coltinent à des sujets qui mettent parfois en cause de puissants intérêts. Du coup, les pressions ne manquent pas. Ici, ce sont des dirigeants de banques qui appellent la direction de France Télévisions pour se plaindre « des questions dérangeantes » posées par les journalistes. Là, le groupe Areva qui menace publiquement de saisir le CSA une semaine avant la diffusion d'un numéro de Pièces à Conviction (Uranium, le scandale de la France contaminée) en présupposant que le contenu de l'enquête lui sera défavorable. Ou encore, ce responsable du groupe Lactalis qui sort de la projection en avant-première du documentaire : Ces fromages qu'on assassine en menaçant : « Vous allez mettre 1500 personnes au chômage ». Pressions sans lendemain. « A Pièces à Conviction, nous n'avons jamais été censuré et jamais personne ne nous a demandé de changer une virgule à une enquête », affirme son rédacteur en chef, Lionel de Coninck. « Les filles (ndlr : Guilaine Chenu et Françoise Joly) sont insubmersibles, imperméables à toutes pressions », témoigne une journaliste d'Envoyé Spécial.

Du coup, la censure sur les chaînes publiques reste exceptionnelle. Et ce n’est pas un hasard. Les chaînes publiques fonctionnent sur un modèle peu hiérarchisé, avec des responsables de magazine très autonomes et imperméables à la pression. Sur les chaînes privées, en revanche, le contenu des magazines d’information est systématiquement validé par les rédacteurs en chef des émissions, la direction de l’information et souvent la direction des programmes. Un processus qui permet d’écarter très tôt les sujets gênants et de contrôler en permanence le déroulement des enquêtes. Ces procédures de validation à répétition inhibent les journalistes, qui intègrent d’eux-mêmes limites et interdits posés par cette hiérarchie multiple. Autre différence fondamentale : l’intervention des services juridiques. Dans le public, elle s’opère à la seule demande des responsables d’émissions, alors qu’elle est systématique sur les chaînes privées. Or, le premier réflexe des juristes est toujours de se couvrir, quitte à faire respecter le droit au-delà du nécessaire, surtout en cas de menace de procès. « Le juridisme est pour moi la forme de censure la plus utilisée aujourd’hui », affirme Jean-Paul Billault, un des rédacteurs en chef de l’agence Capa.

La télévision publique use de sa liberté.
On aimerait qu’elle en abuse. Pas encore assez d’enquêtes
sur la finance et les grandes entreprises.

Au final, les placards du public ne regorgent pas de cadavres. Le documentaire Sarko mot à mot ; une enquête de Thalassa : Arcachon, le dossier noir de la plaisance, que Georges Pernoud nous a promis de diffuser un jour ; un extrait de Mots croisés où Marine Le Pen s’en prend violemment aux mœurs sexuelles de Frédéric Mitterrand et qu’Arlette Chabot a fait couper avant que l’émission ne soit rediffusée sur TV5 Monde ; un reportage qui rappelait la jeunesse d’extrême droite du secrétaire d’Etat chargé du Commerce et de l’Artisanat, Hervé Novelli, que France 3 Centre a retiré de son site Internet. Ces quelques cas et ceux dont nous n’avons pas eu l’écho ne contredisent pas la grande liberté dont jouit le service public. Il en use. On aimerait qu’il en abuse. Pas encore assez d’enquêtes sur la finance et les grandes entreprises. De trop rares investigations politiques. Une critique culturelle étique, notamment concernant le cinéma, car France 2 et France 3 coproduisent des films et nagent en plein conflit d’intérêts. Il n’empêche, les chaînes publiques offrent, dans leurs magazines d’information, des enquêtes souvent sans complaisance menées en toute indépendance. Elles donnent ainsi la possibilité d’introduire un peu de sens et de compréhension au milieu du vacarme médiatique. Une chance pour le téléspectateur et un acquis à défendre, surtout depuis que le président de la République s’est à nouveau arrogé le pouvoir de nomination et de destitution des présidents de l’audiovisuel public.

Olivier Milot

http://television.telerama.fr/television/actionnaires-annonceurs-le-club-des-nouveaux-censeurs,54103.php

Quand Big Brother s’invite à l’école

La semaine passée, en lançant l’opération lycees.eu à l’occasion des Etats généraux de la sécurité à l’école, je notais qu’au Royaume-Uni, 85% des établissement scolaires seraient équipés de caméras de vidéosurveillance et, dans 10% des cas, jusque dans les toilettes.

Un exemple suivi, en France, par un établissement scolaire au moins qui, non content de vidéosurveiller les toilettes (ce que la loi interdit), l’infirmerie, le CDI, les couloirs et salles d’étude, prend également les empreintes digitales des élèves à la cantine (ce qui est également interdit), et fait régner une discipline de fer en son sein… tout en affichant d’excellents résultats scolaires.

Suite de mon enquête sur les multiples façons de faire respecter l’ordre à l’école (voir l’intégralité du dossier sur lycees.eu). Un projet inspiré de ProPublica, une fondation américaine qui finance des journalistes d’investigation parce que “d’intérêt public“, afin de contribuer au débat, et en vertu du principe de subsidiarité du projet éditorial d’Owni.fr, initiateur de lycees.eu : “Publish the best and Cover the rest /-)” (republie le meilleur, couvre le reste).

Sur son site web, l’institution privée et catholique Saint-Denis, créée en 1858 à Loches, dans l’Indre et Loire, et qui accueille aujourd’hui 370 collégiens et 250 lycéens, se vante d’un taux de réussite supérieur à 90% au bac, et se présente comme “une ruche bouillonnante d’idées et d’activités“. Les élèves, eux, reconnaissent ses vertus pédagogiques, mais ne l’ont pas moins surnommé Alcatraz, Big Brother, ou la “prison“, ou chantent “I’m on the highway to Hell” lorsqu’ils y vont.

Dans son bureau de vie scolaire, le “préfet de discipline” (sic) peut en effet surveiller sur son écran de contrôle ce que font les élèves dans les couloirs (une dizaine de caméras), les deux salles d’étude (deux caméras chacune), le CDI, les deux infirmeries, et les quatre toilettes.

Des caméras pour protéger les… porte-savons

Gilles Lemeunier, le préfet de discipline, ne sait pas de quand datent les caméras : elles étaient déjà là lorsqu’il est arrivé à Saint-Denis, en 2003. Il tient cela dit à préciser qu’elles ne sont bien évidemment pas installées “dans” les WC, au-dessus des cuvettes, mais au-dessus des portes d’entrée des toilettes collectives : “il y a des sèches-mains électriques, et des porte-savons“, ils étaient dévalisés, et ça coûtait bonbon. Les caméras n’en filment pas moins également qui entre dans les WC, quand, et pendant combien de temps, et permettent ainsi de dissuader les jeunes de venir y fumer, et les couples de s’y retrouver. Des images qui seraient écrasées au bout de 2 ou 7 jours.

Les caméras dans les salles d’étude ? Pour “protéger les casiers” qui s’y trouvent. Celles de l’infirmerie ? “On n’a pas d’infirmière“, et elles filment les portes d’entrée, afin de vérifier que tout se passe bien, mais également que les élèves “malades” n’ont pas menti, ou que d’autres élèves ne viennent pas s’y cacher ou les y retrouver. Antoine* (le prénom a été modifié, comme bon nombre de ceux qui ont accepté de témoigner), qui avait été blessé à la récré, y a ainsi attendu, pendant plusieurs heures, qu’on vienne le soigner. Seul, avec la caméra.

Les micros cachés dans les chambres ? La rumeur court depuis des années. Le préfet nie, avançant que les élèves auraient peut-être mal compris, et confondus avec les haut-parleurs installés pour réveiller les internes en musique, le matin. Mais plusieurs anciens surveillants nous ont confirmé qu’ils existaient bel et bien, au dernier étage de l’internat des collégiens. Avec ce petit bémol : il ne s’agirait pas de micros-espions, mais de capteurs sonores déclenchant une alarme lorsque les internes font encore du bruit, passée l’heure du couvre-feu.

L’accès à la cantine est lui aussi contrôlé, par un système biométrique de prise d’empreintes digitales, installé en 2004 parce qu’il y avait des “grands” qui prenaient la place de “petits“, que certains se retrouvaient donc à ne pas manger, et que ce système permet de s’assurer que tous les élèves puissent manger, tout en luttant contre les vols, le racket et la maltraitance entre adolescents.

Le préfet de discipline nous a certifié que le système biométrique, tout comme la vingtaine de caméras de vidéosurveillance, ont été déclarés à la CNIL. La preuve : le contrôle biométrique va être modifié : il est en effet interdit d’identifier des mineurs par leurs empreintes digitales (seule l’empreinte du contour de la main est autorisée), et l’école a finalement installé, comme le veut la loi, à la rentrée 2008, de petits panneaux “zone sous vidéosurveillance” (mais pas devant les portes des toilettes).

La CNIL, de son côté, nous a déclaré n’en avoir jamais entendu parler, et qu’elle interdit bien évidemment l’installation de caméras dans les toilettes. Comme le soulignait le Canard Enchaîné, ce 7 avril à l’occasion du lancement des Etats généraux de la sécurité à l’école, ces petits écarts avec la loi (y compris les absences de déclaration) pourraient valoir à Saint-Denis d’être condamné à 1500 euros d’amende, par infraction. Fâcheux, pour des systèmes prévus, explicitement, pour lutter contre ceux qui violent les règlements, et puis la loi.

Un règlement intérieur tâtillon

Plusieurs anciens élèves nous ont également déclaré qu’il y a quelques années, il y avait des fils de fer barbelés, et du verre pilé, sur les murs d’enceinte et les grilles à l’entrée. Aujourd’hui, il n’y en a plus, et Gilles Lemeunier nie qu’il y en ait jamais eu, parlant de “grillage” permettant d’éviter aux ballons de foot de tomber dans la rue, et qui ont été retirés depuis que les élèves disposent d’un stadium pour pouvoir jouer au foot.

Les parents, apparemment, ne sont globalement pas au courant : ceux que nous avons contactés, ont bien entendu parler de la présence de caméras de vidéosurveillance, mais pas qu’il y en avait jusque devant les toilettes.

Les élèves, eux, semblent résignés, et la plupart ne leur ont tout simplement pas parlé de ces caméras-là : la vidéosurveillance n’est que l’une des composantes de la discipline et des mesures de sécurité de l’établissement, et les caméras font, in fine, partie des meubles.

Tout a commencé au début des années 2000, avec une caméra surveillant le parc à vélo. Saint-Denis accueillant nombre d’élèves venus d’Asie, ou des Etats-Unis, pays où la vidéosurveillance est elle aussi banalisée, explique Gilles Lemeunier, l’établissement a commencé à en déployer dans les couloirs, afin de protéger les locaux, lutter contre les dégradations, prévenir le vol et les débordements.

De fait, Saint-Denis, “à la pointe du progrès“, a également beaucoup investi dans les nouvelles technologies, ses professeurs ont tous des ordinateurs, et utilisent des tableaux numériques interactifs dans leurs classes.

Mais si Saint-Denis se targue de bons résultats scolaires, c’est aussi au prix d’une discipline des plus strictes. Le règlement intérieur stipule par exemple que :

Chaque élève veille à garder une tenue propre et décente et une coiffure soignée, non excentrique. Le maquillage et les bijoux resteront discrets. Les garçons doivent être correctement rasés et avoir les cheveux courts.

Sont interdits notamment les chaussures à bouts renforcés, les slogans sur les vêtements, les bermudas et les mini-jupes, les débardeurs, les shorts, joggings, baggies, les vêtements déchirés, troués, militaires ou para-militaires, les piercings, les chèches, couvre-chefs…

Dans les faits, les filles doivent également cacher leurs épaules, “pour ne pas exciter les garçons“, précise Clémence*, et le survêtement Adidas d’un adolescent lui fut par exemple confisqué, rapporte Antoine*, parce que le logo faisait vaguement penser à… une feuille de cannabis. Malika* se souvient par ailleurs d’avoir vu trois élèves un peu chevelus et en baggys être un jour appelés au micro, et revenir le cheveux court, et habillés “comme des cathos“…

Une maman se souvient par ailleurs de cette fois où son fils s’était fait couper les cheveux par un autre adolescent, qui lui avait finalement rasé le crâne après y avoir fait un petit trou. Verdict : son fils se vit interdire de retourner en cours et fut consigné, seul, dans une classe vide, pendant deux jours.

Le “copinage abusif” (se tenir par la main, s’embrasser, se faire un calin) est lui aussi bien évidemment interdit : Rebecca*, alors au collège, raconte ainsi qu’elle avait failli être collée, avec sa meilleure amie parce qu’elle pleurait, et que son amie l’avait prise dans ses bras, pour la consoler. Le jeudi, le port du polo bleu estampillé “Saint Denis” est par ailleurs obligatoire, et tout oubli est passible d’une sanction.

Des heures de colle… payantes

Le barème ? Il est relativement simple : 4 ou 8h de colle, voire plusieurs fois 8h de retenues, à recopier le règlement, ou bien une phrase, jusqu’à plus de 200 fois, le vendredi soir et le samedi matin quitte, ainsi, à empêcher un interne de retourner chez lui le vendredi après la classe.

A Saint-Denis, où la scolarité coûte de 778 euros (en externat) à 6261 euros (en internat) les retenues sont également payantes (de l’ordre de 30 euros), et facturées aux parents : les adolescents ne rentrant pas chez eux le vendredi soir, il faut du personnel pour leur faire à manger et s’en occuper.

A cette double peine s’ajoute parfois une “triple peine“, souligne un ancien surveillant : après avoir été convoqués (parce qu’ils ont fait une bêtise, ou qu’ils n’ont pas d’assez bonnes notes), certains élèves se retrouvent également privés de sortie, pendant plusieurs semaines. En moyenne, Saint-Denis retiendrait entre 20 et 30 élèves les vendredis soirs et samedis matin.

Au-delà des problèmes de discipline, nombreux sont ceux qui y seraient soumis parce qu’ils n’ont pas respectés le “contrat” de discipline ou de travail qu’ils ont signé en présence de leurs parents, qui leur assigne des objectifs à tenir et qui précisent par exemple qu’ils peuvent être renvoyés s’ils ne parviennent pas à avoir 10 ou 12 de moyenne générale.

Les punitions collectives sont également d’usage, reconnaissent les anciens surveillants, afin d’inciter l’un des élèves à dénoncer le fautif, ou bien encore en cas de chahut dans le dortoir. Noémie* raconte ainsi comment, un soir, des jeunes filles furent obligées d’effectuer des tours dans la cour de l’école, en T-shirt, un soir d’hiver. Antoine* se souvient pour sa part d’avoir été envoyé direct au lit, sans douche, avec l’ensemble de ceux qui étaient dans la salle d’étude, parce que l’un d’entre-eux ait fait une bêtise, mais qu’il refusait de se dénoncer : “de toute façon, ils n’avaient pas grand chose d’autre à nous enlever“.

Des contrôles d’alcoolémie, urinaires aussi

Les surveillants sont également habilités à fouiller les élèves pour s’assurer qu’ils ne sortent pas de l’établissement avec des cigarettes, ou à les soumettre à des alcootests en cas de suspicion de prise d’alcool, mais également à des contrôles urinaires pour vérifier (avec l’accord de leurs parents, normalement, mais pas systématiquement, comme l’a appris, après coup, l’une des mamans qui a accepté de témoigner) qu’ils n’ont pas fumé de cannabis, pris de l’héroïne ou de la cocaïne. Le règlement intérieur stipule d’ailleurs qu’”en cas de suspicion d’usage de stupéfiants, la Direction se réserve la possibilité de faire pratiquer des analyses“, et qu’en cas de refus, “l’élève est remis à sa famille“.

Ceux qui ont de mauvaises notes, qui n’ont pas été sages, ou qui veulent partir en voyage à l’étranger, font l’objet d’un “rapport journalier“, sorte de petit casier judiciaire où les professeurs notent scrupuleusement tout ce qu’ils ont eu à leur reprocher dans la journée. Les bons élèves, a contrario, figurent sur des panneaux d’honneur à l’entrée des classes.

Les 430 internes - dont 250 venus d’Ile de France (”catholiques très pratiquants, fils à papa, de nobles ou de bourgeois que leurs parents n’ont pas le temps de garder auprès d’eux“, comme le résume ironiquement Malika*) -, sont soumis à un traitement encore plus strict, à commencer par ceux qui (le tiers environ) sont en échec scolaire ou ont été renvoyés de leurs précédents écoles, Saint-Denis étant dès lors souvent perçu par leurs parents comme l’école de la dernière chance.

Tous les élèves sont obligés d’assister à au moins deux messes dans l’année, quand bien même ils sont juifs, musulmans, ou bien athée, et tous doivent aussi assister au catéchisme. Les plus fervents des croyants sont invités à assister à la messe quotidienne de midi et quart. Si Malika* déplore de n’avoir jamais entendu parler de Nietzsche ou de Freud en cours de philosophie, elle se souvient également, choquée, de cette fois où on leur expliquait comment faire l’amour sans avoir d’enfants, mais également sans capote, puisque “le préservatif va à l’encontre de la procréation, et donc de Dieu“…

La fête annuelle est cela dit un grand moment de liberté : les filles, en robe de soirée, ont enfin le droit de montrer un bout de leur épaule, voire un léger décoletté, et même de danser avec les garçons, et donc de les toucher… mais de loin. Le préfet de discipline, et les surveillants, vérifient en effet la distance réglementaire devant obligatoirement séparer les filles et les garçons. Par contre, ce soir-là, c’est champagne à volonté, sourit Malika*.

“En prison, soit vous faites de la musculation, soit vous bossez”

Les élèves que nous avons interrogés, et leurs parents, reconnaissent tous les vertus pédagogiques de Saint Denis, son soutien scolaire, ses bacs blancs (organisés tous les mercredis) qui permettent à nombre de lycéens d’obtenir le bac “sans avoir ouvert de livre dans l’année” (Malika*), le nombre d’équipements technologiques, notamment dans les laboratoires de langue, les classes bilingues, séjours à l’étranger, échanges avec des élèves venus de pays d’Asie ou des Etats-Unis… et, bien évidemment, les résultats scolaires dus en partie à la classe probatoire, qui permet “aux élèves de troisième en difficulté scolaire momentanée de préparer un baccalauréat en quatre ans“, et qui a notablement contribué à la réputation de Saint-Denis.

De nombreux élèves, en grandes difficultés lorsqu’ils sont arrivés, n’auraient ainsi probablement jamais réussi à s’en sortir et à obtenir leur bac s’ils étaient restés dans le système scolaire classique. Mais, et comme le déplore Noémie*, “ils sont stricts, mais on apprend des choses : sans eux j’aurais peut-être redoublé, c’est juste l’autorité et le règlement qu’il faudrait changer“. Antoine* le résume encore plus crûment : “forcément, quand vous êtes en prison, soit vous faites de la musculation, soit vous bossez“. Et à Saint-Denis, on ne peut pas faire de musculation…

Nombre de parents semblent préférer fermer les yeux sur la discipline au nom des résultats scolaires. Apprenant qu’il y avait autant de caméras, et jusque devant les toilettes, une des mamans contactées m’avait demandé de la rappeler, le lendemain, afin de pouvoir en parler à son fils, qui devait rentrer de l’internat. Contactée le samedi matin, alors que son fils dormait encore, elle explique, gênée, qu’elle ne préfère finalement pas lui en parler, pour ne pas lui renvoyer une image encore plus négative de son lycée.

Pour Laurence Latremouille, présidente de l’association des parents d’élèves (APEL), “ça ne me choque pas plus que ça quand on voit la quantité de jeunes qui volent; je n’ai pas eu de plainte, et ça ne pose pas plus de problème que ça“ :

Ce n’est pas une boîte à bac : l’école à une véritable ouverture pour aider les enfants qui ont du mal à s’intégrer dans le système français, et d’un point de vue pédagogique, ils les remettent sur des rails. Je leur tire mon chapeau, je ne connais pas d’établissement avec une telle pédagogie, et nombre d’elèves seraient en échec scolaire.

Il y a une vraie discipline, je vous l’accorde, mais ça dépend aussi comment on élève ses enfants. La réputation est réelle, s’il y avait de tels abus, les parents n’enverraient pas leurs enfants, faut pas être maso

Une “discipline d’enfer” pas pire qu’ailleurs ?

Agathe Chavialle, qui fut la présidente de l’APEL en 2007-2008, n’a elle non plus jamais entendu parler de dérives particulières, et assume pleinement le fait que Saint Denis “est une école privée qui donne très clairement les règles du jeu” :

Effectivement, il y a une discipline d’enfer, tout est super encadré du début à la fin de la journée et ils ne peuvent pas tricher, mais à la base ce sont des gamins dont personne ne veut plus, qui sont en rupture ou en échec scolaire, le but du jeu est de les recadrer.

Saint Denis est une boite à bac, il y a une règle du jeu : votre enfant ne fait plus rien ou est déscolarisé, avec des problèmes que n’arrivent pas a régler les autres lycées, nous, on le prend en charge et vous êtes sûrs qu’on fera le maximum pour qu’il ait son Bac.

Moi j’ai été au cour Charlemagne, quand j’étais jeune, et je peux vous assurer que les brimades ça existait réellement. Evidemment les élèves sont pas contents, mais ça s’adresse à des élèves dont personne ne veut plus, qui ne sont pas adaptés au système scolaire : alors c’est vrai qu’ils sont super tenus, mais il y a aussi des punitions abusives dans toutes les écoles !

Les caméras dans les toilettes, ça ne me choque pas : il y a une vraie violence entre enfants, on avait des problèmes d’enfants qui se faisaient piquer le dessert, ou rackettés à la cantine, il y a de vrais problèmes de violence aussi. Les enfants sont le reflet de la société.

Raoul, son fils, qui a passé un an à Saint-Denis, n’avait pas remarqué les caméras devant les toilettes, mais se souvient par contre d’y avoir fait 48 heures de colle, et 15 semaines consécutives de privation de sortie, pour des bagarres et bêtises qu’il assume :

J’ai un peu fait le record, j’ai eu 48h de colles, 15 semaines consécutives de privations de sortie, j’ai déconné, entre les bagarres et le fait d’avoir fumé. Les colles, ils ne se gênent pas pour les distribuer : ils ne cherchent pas à savoir ce qui s’est passé, ils mettent des avertissements oraux, et puis la colle tombe. Dans les autres lycées, ils donnent une heure de colle, c’est vrai que ça change.

Pas mal d’élèves se sont fait virer, au moins 50% des élèves avec qui je suis entré au lycée en sont partis, c’est assez excessif, mais c’est vraiment une boîte à bac, avec pas mal d’élèves à problèmes. Il n’y a pas plus de violences que dans les autres lycées, mais comme on est en internat ça explose parfois plus vite.

Tout le monde se lamente un peu sur son sort, mais quand j’y repense j’ai passé de bons moments, et niveau pédagogique c’est quand même un bon lycée, on en ressort quasiment bilingue, faut faire la part des choses. Ca aurait largement pu être plus soft, mais la discipline contribue aussi aux résultats.

L’inspection d’académie, qui n’a enregistré aucune plainte, réclamation et “même pas de courrier” au sujet de Saint Denis, se dit très étonnée : “il faudrait nous contacter plutôt que de passer par la presse !“.

Jean-Luc Guillemin, directeur diocésain départemental de l’enseignement catholique en Indre et Loire, rappelle que l’établissement est effectivement très bien placé en terme de réussite scolaire, notamment grâce à son système de seconde probatoire, que c’est le plus gros internat de la région et que l’encadrement et les moyens nécessaires en personne sont là, “contrairement à certains autres internats“.

La discipline ? C’est un “délicat problème d’équilibre à trouver : j’ai moi-même été interne quand j’étais gamin, et j’avais tout le temps l’impression d’être en prison“.

Sur un groupe Facebook d’anciens élèves qui note, ironiquement, que Saint-Denis a “oublié de mettre une sanction propre à la liberté d’expression” (encore que le règlement intérieur stipule également qu’”une attention particulière sera données à toutes publications désobligeantes pouvant circuler sur Internet“), l’un d’entre-eux souligne, par ailleurs, que “c’est justement ce sentiment de surveillance militaire et totale qui nourrit les plus folles intentions et oblige à être plus inventif que jamais, plus rêveur qu’un marchand de sable, et plus con que le dernier des abrutis !” Evoquant des “moments hard voire glauque“, il n’en garde pas moins “de très très bon souvenirs tout de même, n’en déplaise à certains je suis fier du temps passer dans ces murs !“

—-
Capture d’écran du n°57 de Saint-Denis News, photos en Creative Commons extraites de l’excellent StormTroopers 365, qui proposait chaque jour une nouvelle photo de ces soldats de l’Empire galactique dans la saga la Guerre des étoiles depuis un an, et qui vient de boucler son tour de cadran.

* la quasi-totalité de ceux qui ont témoigné ont tenu à garder l’anonymat, leurs prénoms ont donc été modifiés.

http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2010/04/07/quand-big-brother-sinvite-a-lecole/