Cuando se prepara una nueva estrategia de la Unión Europea para asuntos económicos, que será la que guíe las políticas de los países socios, los organismos financieros internacionales presionan para rebajar las condiciones sociales y los derechos adquiridos de la población europea.
Hoy, cuando vayan al súper, fíjense ustedes en lo que pagan por el papel higiénico y anótenlo en un post-it para ponerlo en la nevera. Dentro de tres meses repitan la operación. El precio se habrá incrementado, como consecuencia de la subida del IVA, que en el caso del papel higiénico, como de muchos otros artículos, pasará del 16% al 18%. El IVA reducido, el que pagan por la cuota del agua corriente por poner un ejemplo, pasará del 7% al 8%. Es un ejemplo palpable del avance de la ofensiva neoliberal sobre las economías europeas, del que el Estado español tampoco escapa.
La subida de impuestos es la respuesta del Gobierno de Zapatero al incremento del déficit público, que cerró 2009 en el 11,2% y que, para cumplir el plan de estabilidad europeo, tendrá que volver al nivel del 3% en 2013. El Ejecutivo repite constantemente que la presión fiscal en España es baja respecto a Europa, lo cual es cierto: casi tres puntos por debajo de la media y casi diez respecto a los países con más impuestos. Pero el planteamiento del Gobierno pasa únicamente por subir el IVA, un impuesto indirecto, que grava el consumo y que no discrimina en función de la renta: ricos y pobres pagarán lo mismo por el papel higiénico y el agua del grifo.
Los cambios planteados por el Gobierno para el impuesto sobre la renta no se plantean un incremento de los tipos máximos para rentas altas, sino un mero equilibrio entre las deducciones por el alquiler de vivienda –que sube– y las de la compra –que baja–. El argumento de la ministra de Economía, Elena Salgado, es que la redistribución de la riqueza no se logra sólo con los ingresos, sino también eligiendo en qué se gasta el dinero, algo que depende del conjunto de las administraciones. Porque el Estado no está solo: las comunidades autónomas suponen gran parte del déficit público. En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, Salgado logró el compromiso de éstas para afrontar la reducción de su déficit y cada vez hay más signos de que, después del recorte en personal –se pretende suplir sólo una de cada diez jubilaciones– el gasto farmacéutico será el siguiente que se vea afectado.
Europa como objetivo
Pero la ofensiva tiene más frentes que el impositivo y más objetivos que el Estado español. Es en realidad toda Europa la que se ve permanentemente atacada. El caso de Grecia, en el que la misma agencia de calificación de riesgos que avaló las cifras falseadas del déficit heleno es la que ahora alerta sobre el alto nivel de riesgo de la deuda, es el mejor ejemplo: bajada de salarios de los funcionarios y congelación de las pensiones. Cualquier cosa con tal de frenar el ataque de los mercados financieros, un sector al que, cada vez desde ámbitos más institucionales, se califica sin pudor de especulativo. Europa entera está en el mismo paquete y la palabra que sirve de mantra para imponer planes de ajustes es la competitividad. En 2010 acaba la estrategia de la UE para el crecimiento económico, la llamada Estrategia de Lisboa, que no ha alcanzado sus objetivos. Ya se prepara el siguiente paquete, de duración hasta 2020, y los organismos internacionales como el FMI o la OCDE reclaman cambios que mejoren la competitividad, lo que se traduce en contención e incluso rebaja de costes laborales para poder luchar en las exportaciones con los productos estadounidenses y, sobre todo, chinos.
Los países del Este de Europa, los últimos en incorporarse a la UE, ya han probado estas recetas. Con una banca muy afectada por las turbulencias financieras que causaron la crisis y un alto nivel de deuda difícil de afrontar por la devaluación de sus monedas –sólo en algunos casos vinculadas al euro–, hace más de un año que se iniciaron las reformas. La propuesta del FMI es que, quien no lo haya hecho aún, adopte el euro como moneda, aunque no se integre formalmente. Y es que cuando los Estados se encuentran en una situación de bancarrota, es cuando el FMI impone sus condiciones para poner dinero encima de la mesa, como pasó con Rumanía hace un año, y ha planeado en la negociación del rescate griego.
Cambios estructurales
Sobre España, las presiones tienen en la diana el mercado laboral. “El restablecimiento de la competitividad puede que requiera sacrificios tan dolorosos como una bajada salarial”, señalaba Olivier Blanchard (FMI) sobre Portugal, Italia, Grecia y España, que junto con Irlanda conforman ese acrónimo que tan famoso se ha hecho en la prensa anglosajona: los PIGS (“cerdos” en inglés). El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, siempre pendiente de las demandas de los organismos internacionales, también ha repetido constantemente que el mercado laboral español necesita flexibilizarse. Y la OCDE ha aplaudido con entusiasmo la propuesta de retrasar la edad de jubilación a los 67 años. Las dos reformas, la laboral y la de las pensiones, están ahora mismo abiertas.
La primera, con una negociación entre los agentes sociales y el Gobierno de la que por el momento apenas ha trascendido nada. Sólo la patronal se ha mojado lanzando propuestas suicidas que luego ha retirado, como la del despido libre para los jóvenes, o utilizando el mencionado argumento de la competitividad para propugnar un recorte de derechos laborales: “Cuanto más caigan los salarios por persona ocupada y hora trabajada, mayores serán las posibilidades de aumentar el empleo e impulsar la actividad productiva”, afirmaba recientemente José Luis Feito, presidente de la Comisión de Economía de la CEOE.
De la segunda, el Gobierno sí ha dado más datos. Por un lado propone el retraso, como norma general, de la edad de jubilación desde los 65 años actuales a los 67. Y por otro se plantea extender los años que se utilizan para calcular la cuantía de las pensiones. Ahora se fija con la media de los últimos 15, y en un documento enviado a Bruselas se planteó la posibilidad de incrementarlo a 25, aunque después la propuesta fue corregida porque, según Economía, se trataba de un “ejemplo”.
Exigencias de la UE
La reforma laboral, la de las pensiones y la del IVA vienen para quedarse. No son cambios circunstanciales y ni de duración limitada como consecuencia de la crisis, sino reformas estructurales que afectarán a largo plazo al tejido social. Y en este caso, no son imposiciones de terceros, aunque las presiones existan, porque ni el FMI puede incidir por ahora sobre España (ya que su deuda sigue estando bien valorada en los mercados y su credibilidad sólo está parcialmente dañada, por lo que no necesita recurrir al Fondo), ni la OCDE pasar de meras recomendaciones. Son la UE, con sus exigencias de déficit bajo y con el diferente ritmo de crecimiento de los países del euro, y las agencias de calificación, que, como se ha visto en el caso de Grecia, pueden sembrar una desconfianza letal para las finanzas del país, los que suponen una mayor amenaza para España.
COMPETICIÓN ENTRE EUROPEOS. Instituciones como el FMI y el Banco Mundial promueven la lucha entre países de la UE y las candidatas por ver quién aumenta sus exportaciones o desciende más los salarios.
LA EDAD DE JUBILACIÓN. Otro aspecto, promocionado por organismos como la OCDE, considera inaplazable que el Estado español retrase la edad y amplíe el ciclo de años con el que se calcula la cuantía de la pensión.
MACHACAR EL EURO. El sistema financiero internacional está presionando, a través de la deuda externa, a los países más debilitados por la crisis. De fondo está un ataque al euro con fines especulativos.
"FLEXISEGURIDAD" LABORAL. El Banco Central Europeo recomienda avances en la flexibilidad, lo que se traduce en la supresión de convenios regionales y sectoriales, y en dar manga ancha a los empresarios en materia de despidos.
ARTÍCULO RELACIONADOS: Medidas antisociales para salvar el sector privado griego
http://www.diagonalperiodico.net/La-UE-dirige-el-Gobierno-espanol.html
Sem comentários:
Enviar um comentário