Los irregulares pagan impuestos indirectos y ayudan a la conciliación. El estudio de La Caixa, dice que los resultados "chocan" con la percepción.
Los inmigrantes aportan más de lo que cuestan al Estado del Bienestar, aunque cada vez más gente cree lo contrario, según un estudio financiado por Obra Social "la Caixa", del que se desprende que el "gran beneficiario" de esta contribución es la Administración General del Estado.
En cambio, las administraciones locales y autonómicas se ven en dificultades para adaptar los servicios públicos al aumento de población, lo que repercute en la percepción de los ciudadanos.
El estudio, elaborado por los investigadores Francisco Javier Moreno y María Bruquetas y presentado por el director general de Fundación "la Caixa", Jaime Lanaspa, explica que existe un "desajuste" entre los recursos fiscales generados por la inmigración y su distribución territorial, lo que provoca la saturación de los servicios sociales en las comunidades con más inmigrantes.
Según ha explicado Moreno, no se trata, por tanto, de que los inmigrantes estén haciendo un mayor uso que los autóctonos de los servicios sociales, sino que "hay un cambio de demanda y la oferta no se ajusta" por "la lentitud de las administraciones para adaptarse". "Lo lógico es que haya un aumento de los servicios públicos acorde con esta nueva demanda (...) pero es claramente insuficiente", ha añadido.
Incluso los inmigrantes que están en España en situación irregular contribuyen al sistema al pagar impuestos indirectos, dinamizar el consumo y realizar tareas que permiten a las mujeres españolas incorporarse al mercado laboral, subraya el estudio.
Desajustes entre la demanda y el reparto Sobre este asunto, el estudio explica que "comunidades como Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana, en las que la llegada de inmigrantes ha representado rápidos incrementos de población residente, han experimentado dificultades para responder a la demanda adicional de prestaciones y servicios sin que la financiación recibida del gobierno central se haya ajustado al mismo ritmo".
En este sentido, indica que el Fondo creado por el Ejecutivo a tal efecto "resulta claramente insuficiente para frenar el potencial deterioro de los servicios sociales derivado del acelerado incremento de la demanda provocada por el aumento de la población residente".
Moreno ha comentado que cuando tradicionalmente un ciudadano espera 24 horas para recibir cita médica y, tras un incremento notable de población en su municipio la espera se amplía en días, suele culpar a los nuevos vecinos, a quienes comienza a percibir como "competidores en el acceso a las prestaciones sociales", aunque, como explica el estudio, no lo sean.
Así, la actitud de los ciudadanos frente a la inmigración se va "gradualmente deteriorando" y "van aumentando las actitudes negativas".
No precisan un gasto social mayor Con todo, los inmigrantes no generan un mayor gasto social que los autóctonos. El científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha indicado que los inmigrantes consultan un 7% menos al médico de cabecera y hasta un 16,5% menos al especialista, aunque visiten un 3,2% más las urgencias. Aunque suponen el 12% de la población, se les destina un 5% del gasto sanitario.
Además, el 30% de los inmigrantes en España son pobres, porcentaje que entre los autóctonos es del 18% y, pese a ello, "sólo un 6,8% de las intervenciones sociales" se dirigen a esta población, conforme ha apuntado María Bruquetas.
Otro de los datos que ha destacado Moreno es que en total, menos del 1% de los perceptores de pensiones en España son extranjeros, así como suponen el 11,2% de los perceptores de rentas mínimas de inserción, porcentaje "considerablemente inferior al que proporcionalmente le correspondería" teniendo en cuenta su tasa de pobreza, según el estudio.
En cuanto a la educación, el gasto social destinado a los colectivos inmigrantes estaba en el 6% en 2007. El 82% de los estudiantes se encuentra en colegios públicos frente a un 14,1% de matriculados en centros concertados y un 3,8% en colegios privados. Solo el 10% continúa sus estudios más allá de la ESO, con un porcentaje de abandono dos veces mayor que entre los autóctonos.
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