La crisis del capitalismo y sus impactos en Colombia - A manera de balance del modelo neoliberal.

Una de las variantes más importantes de la democracia ha sido la consideración de que todos y todas las ciudadanas deben acceder al goce y disfrute de los derechos fundamentales, y son los estados los garantes de dicho esfuerzo para brindar las condiciones sociales, ecómicas que permitan la apropiacion de valores fundamentales como la libertad, la dignidad, la solidaridad, la justicia. Estas concepciones son imprescindibles en el proyecto histórico de la sociedad moderna.

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el surgimiento de Naciones Unidas, los estados y las sociedades modernas deben regirsen bajo los referentes de los Derechos fundamentales para acceder a la justicia y la solidaridad entre los pueblos, y garantizar con ello la paz que debe contener el accionar de la guerra.

Con el advenimiento del modelo neoliberal, producto de la crisis estructural del capitalismo mundial que se inicia con la caída de la tasa de ganancia a finales de los años sesenta, y que esta acompañada, entre otras dimensiones, por la crisis económica y financiera, la energética, y ambiental, así como la social-política, dicho sistema, en efecto, ha venido imponiendo una lógica y dinámica de un capitalismo que no tiene cortapisas en su regulación, que destrozó el pacto capital-trabajo garantizado bajo el módelo del estado y la sociedad de bienestar, ha logrado, también, desmantelar los derechos fundamentales de la sociedad por medio de planes de ajuste estructural, que menoscaba las soberanías, mercantiliza la naturaleza, y que busca apropiarse de los recursos estratégicos así como las empresas rentables de los países de la periferia.

Esta dinámica de saqueo, explotación y expoliación, surge con la crisis de la deuda en la decada de los ochenta. En efecto, los países condenados al subdesarrollo por la división internacional del trabajo han sido especializados en el suministro de materias primas y de venta de fuerza de trabajo barata, a sí como la puesta en subasta de territorios ricos en dichos recursos naturales que hoy el capitalismo global demanda.
Por la imposibilidad de pagar los intereses de la deuda externa los países pobres se ven sometidos a los llamados planes de ajuste estructural, que como diría el investigador colombiano Renán Vega, dichos planes no son más que bombas de destrucciuón masiva contra los pobres que son diseñadas desde los centros del poder y de comando capitalista, que cuentan instituciones supranacionales como el BM, FMI, la OMC para hacer posible la sujeción, la coacción contra la gran mayoría de los habitantes del planeta.

La imposión de dicha dictadura del mercado, controlado y regulado por las ya mencionadas instituciones supranacionales financieras, así como por un cartel de empresas transnacionales, el grupo de los ocho, que son los países industriales que controlan la industria militar, al sector financiero, la producción y regulación del comercio, la ciencia y la tecnología y que tiene como misión defender sus empresas y el orden ecconómico y político en el concierto mundial, han logrado neutralizar el papel de Naciones Unidas desde la instancia del Consejo de seguridad.
Las evidencias históricas demuestran como este módelo neoliberal se ha venido imponiendo con base en dictaduras o gobiernos con proyecciones total-autoritarios , como fue el Chile de Pinochet en los años setenta, en los ochenta Indonesia, Malasia, Inglaterra, Estados Unidos en la administraciones de Tatcher y Reagan, respectivamente. El Perú de Fujimori en los noventa, etc. Por ello la dictadura que se ejerce desde el mercado transnacionalizado debe contar con la proyección de una sociedad que viene siendo regulada y controlada por el fenómeno de la mercancía y del mercado, postergándose indefinidamente la construcción de una verdadera democracía que vivencie los derechos fundamenteales en toda su complitud.

Ciertamente, hoy se ha venido denunciando de como tres decadas de globalización neoliberal han tenido un impacto de devastación contra los derechos fundamentales de vastos sectores de la población mundial, que en algunos informes e investigaciones, se denuncia como la perpetración de un genocidio social y económico contra los pueblos. Pestes como las hambrunas, el desarriago, la diáspora, el racismo, la xenofobia, la erradicación de algunas emfermedades curables, han vuelto a surguir, cuando se había considerado que ya se habían superado históricamente.
Este impacto social y económico de proporciones globales, entre otros ejemplos, se expresa en los más de 250 millones de seres humanos condenados a la esclavitud laboral, nuevos esclavos conformados en su gran mayoría por niños, niñas y mujeres que trabajan en las maquiladoras y que también cobija el trabajo doméstico y la prostitución. Según la misma OIT hoy el desempleo ha venido afeactando a más de 230 millones de seres humanos. Así mismo, según aquella institución hoy en el mundo del trabajo existe el 64% de los trabajadores concentrados en le sector informal, es decir, trabajadores y trabajadoras que no tienen acceso a ningún derecho social y economico, entre otros el acceso a un contrato laboral directo, a las pensiones, a un trabajo estable, etc.

El pensador e investigador portugues Boaventura de Sousa Santos ha venido acuñando la categoría de FASCISMO SOCIAL para denunciar la producción y reproducción de una sociedad que condena al destierro y a la marginalidad a la gran mayoría de la sociedad a vivir una vida sin derechos y sin posibilidades de gestar un proyecto colectivo incluyente y respetuoso de la dignidad humana. Por ello, se afirma, que una tarea hoy impostergable es luchar por la toma de consciencia de que se tiene derechos: El Derecho a tener y vivir una vida con Derechos. Ya que una de las manifestaciones mas aberrantes de la sociedad de masas, es la reproducción del individualismo autoritario y competitivo, mercantil y frenético, que legitima la ideológica del neoliberalismo sustentado, entre otros por la imposición de las nociones del orden y la seguridad por encima de la libertad, la dignidad y la solidaridad entre los seres humanos.

Este panorama general se ha venido manifestando en Colombia desde la decada de los ochenta, donde se puede corroborar como el modeolo neoliberal ha contado con el ejercicio de la guerra, el control y terror paramilitar y la economía subeterranea del narcotráfico.
Ciertamente, el Estado colombiano ha sido permisivo con el flujo de recursos provenientes del narcotráfico, es ampliamente conocido el fenémeno de la ventanilla siniestra del Banco de la República que permitió el blanqueo y la legalización de grandes cantidades de dólares provenientes de la bonanza marimbera en la adminstración del presidente Alfonso lópez Michelsen 1974-1978, primer prseidente de la trayectoria del modelo neoliberal en Colombia.
En los años noventa con el fenómeno de la apertura económica y la imposición vía plan de ajuste estructural, el neoliberalismo se ve ligado al fortalecimiento del proyecto paramilitar-mafioso-terrateniente que empiezan a confluir y hacerse alianzas con algunas instituciones del estado, para contener y destruir expresiones organizativas y políticas de los movimientossociales y políticos que disentian ante el modelo político, económico y social del neoliberalismo.
Es en esta decada, en efecto, se recrudece la persecusión contra la dirigencia política de oposición, entre otros la Unión patriotica, A luchar, movimientos cívicos populares, campesisnos, estudiantes, etc.
Así mismo, el blanco del exterminio se apuntaló contra sectores organizados como los sindicatos, como se sabe, Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para ejercer los derechos y libertades sindicales, y es en esta época en pleno auge de los planes de ajuste estructural cuando el exterminio, la persecusión legal y extralegal, estatal y para estatal, mediática y jurídica los sindicatos se convierten en un blanco que se necesita eliminar para generar confianzas a los intereses privados y a la inversión extranjera.

Bajo la administración de ese entonces del departamento de Antioquia, del gobernador Alvaro Uribe Vélez, en la región de Urabá se perpetuaron delitos de lesa humanidad contra la clase trabajadora, campesinos y negritudes a manos de paramilitares, que con base en la información testimonial, así como por algunas investigaciones, se ha demostrado como algunas empresas trasnacionales como Chiquita Brands, inversionistas privados que están detrás de megaproyectos como la interconexión modal en esa zona del país, empresas madereras, biodiversidad, etc., se han venido beneficiando por esta dinámica de terror y control , imponiendo el destierro, el depojo y el repoblamiento como dinámica propia para hacer posible un control territorial de recursos, infraestructuras e inversiones y donde han confluido capitales nacionales y trasnacionales, militarización estatal y para estatal, control por parte de las mafias del tráfico de estupefacientes y mercancías que alimentan la dinámica y las características del modelo neoliberal en “nuestro” país. Este ejemplo del Urabá es el referente a seguir por parte de grandes sectores empresariales del país y de algunas empresas trasnacionales.

Después del acto fallido y frustante de buscar una salida política, social y económica a la guerra de baja intensidad que hoy soporta el pueblo colombiano, las élites imponen un proyecto de corte total-autoritario conocido como Destino manifiesto: Todos a marchar, que no es más la concreción de un proyecto corporativista que rompe los presupuestos modernos democraticos del pacto social expresado en el estado de derecho o en el estado social y democrático del derecho que supuestamente, bueno así se expresa en términos de la formalidad jurídica, el estado debe estar al servicio de los derechos fundamentales de la sociedad y del individuo, mientras que en la lógica corporativista es el individuo y la sociedad quienes deben estar al servicio del estado que a la vez esta al servicio de los intereses económicos de capitalistas nacionales y trasnacionales.

En efecto, hoy podemos evidenciar como el genocidio social o la manifestación del fascismo social se da en un país con algo más de 45 millones de colombianos y colombianas, donde mal viven más de 29 millones de colombianos y colombianas en la pobreza y en la miseria, así como algo más de cinco millones de personas han soportado el destierro o desplazamiento y 5 millones de personas han tenido que inmigrar para buscar oportunidades de trabajo.
En el mundo del trabajo la ofensiva criminal contra los trabajadores se ha dejado ver con toda desfachatez: un desempleo crónico que alcanza la cifra de 12.8% ( dos millones 700 mil desempleados) 11 millones de personas en edad de trabajar que se rebuscan en la informalidad, por ello sin la posibilidad de acceder a ningún derecho.
Mientras que el sector financiero nacional y trasnancional alcanzó utilidades por la suma de ocho billones de pesos. Así mismo, la Procuradoría general de la nación, institución de control que surgió con la Constotución política de 1991, ha demostrrado en sus informes como el 0.6% de los propietarios de la tierra en Colombia se han apropiado de algo más del 65% de las tierras productivas y de ellas el 45% están en el poder de mafias terratenientes que están vinculadas a un modelo de producción agro-industrial. Por ello en le campo colombiano la figura del campesino productor de alimentos se convirtión en una especie en vía de extinción, que en la lógica corporativa trasnacional ha venido utilizando la guerra y el destierro como elementos fundamentales para hacer posible el modelo agro-exportador.
Por ello, según con las mismas investigaciones del estado se puede evidenciar un tragedía de proporciones humanitarias contra el sector campesino, que se ha visto bajo el flagelo de la expoliación, el saqueo y el pillaje como ha sido el robo de sus tierras y de sus formas ancestrales de producción y comercialización de los alimentos. Según la misma organización de Naciones Unidas, Colombia, es después de Sudán, el país con mayor número de desplazamiento del mundo. Y esto ha sido posible por la manera como la guerra estatal y para estatal, las mafias y el modelo agro-industrial trasnancional, necesitan acomodar territorios y población para la extracción de los recursos naturales y la sobre-explotación de la fuerza de trabajo en el campo colombiano.
Hay que afirmar, asimismo, como la tenencia de la tierra ha sido un problema estructural que ha desencadenado la ya legendaria guerra en Colombia y que hoy alcanza cifras desproporcionales que nos permite afirmar como la contra-reforma agraria ha sido la constante de los últimos tiempos. También para evidenciar prácticas de cinismo, de despotismo y desprecio ante la calamidad social del desplazamiento y el destierro, se debe denunciar como con dineros públicos de la Nación fueron a dar por medio del Agro-ingreso seguro a terratenientes, sectores de la mafía y de la farándula colombiana.
Los nodos territoriales que han globalizados territorios a la dinámica del mercado mundial intentan garantizar el flujo de mercancías y la apropiación de recursos estrategicos como la energía, el agua, el carbón, el petróleo, la biodiversidad, etc., que demanda un capitalismo voraz que sigue destruyendo los limites propios de la naturaleza. Para algunos autores críticos de la situación actual en Colombia, este tipo de imposición capitalista en nuestros territorios ha venido menoscabando la soberanía y la autodeterminación del pueblo colombiano. Por ello, la balcanización del territorio ha traído como consecuencia la fragmentación, atomización de los territorios y sus ordenamientos ancestrales para hacer posible la mercantilización y el despojo del territorio para su inserción en el mercado mundial. Una evidencia de lo dicho tiene que ver con el modelo agro-exportador y de extracción de recursos estratégicos que se pueden rastrear en el siguiente mapa: ????

El modelo económico capitalista colombiano tiene, en efecto, las características ser una economía dependiente, trasnacionalizada, financiera-especulativa, terrateniente- mafiosa y paramilitar, que necesita de ingentes recursoso en el gasto militar. Ciertamente, el presupuesto más alto en gastos de guerra en todo el continente lo representa Colombia, (6.8% PIB producto interno bruto, es decir 22.21 billones de pesos), que para hacer posible este modelo forzado de expropiación, expoliación y destrucción de los derechos fundamentales de la sociedad, depara el ejercicio de la guerra y la intimidación. Algo que merece especial atención es el terror estatal que para contener y destruir a las organizaciones guerrilleras ha operativizado desde prácticas que ha violentado los minímos códigos de la guerra regulados desde los referentes del Derecho internacional humanitario. En efecto, después de firmado la anexión de Colombia a la Corte penal internacional hoy sería el estado colombiano el enjuiciado por la ejecución de crimenes de guerra. Un ejemplo de ello, fueron la perpetración de delitos de lesa humanidad como lo fueron la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial de 1800 jóvenes pobres que fueron asesinados por los miembros del ejército nacional y que fueron expuestos como guerrilleros dados de baja. Estos delitos de lesa humanidad fueron ocultados por los medios masivos de comunicación que ante la presión de las evidencias y denuncias de los familiares intentaron enmascarar estos crimenes bajo el eufemismo de los “falsos positivos”.
Asimismo, habrá que observar con atención como en el último informe de Cruz Roja Internacional se afirma que, lejos de las declaraciones oficiales que afirman que ya tiene practicamente liquidado las guerrillas, se dice en dicha investigación que las guerrillas cambiaron sus tácticas militares operativas y que han venido creciendo y adaptándose ante la ofensiva militar. Ello corrobora que la guerra siempre ha sido una salida en falso ante los graves problemas estructurales del país y ante el fenómeno de las insurgencias. Pero lo que si es evidente es que este modelo de capitalismo impuesto en Colombia necesita de la guerra para garantizar el despojo, la expoliación, la desposesión de la soberanía y los recursos del país. Otra manifestación de este dispositivo de guerra y negocios lo expresa las bases militares estadounidenses, un ejército hoy conformado por mercenarios de la guerra que defienden los intereses de los grupos de capital trasnancional, un estado como el estadounidense que no ha firmado ningún compromiso ante entidades jurídicas para regular la guerra y que historicámente ha formado y apoyado logísticamente a escuadrones de paramilitares en Nuestra América para asesinar a los miemvros de los movimientos sociales que viene luchando por otro mundo posible. Dicha presencia militar busca, en fecto, garantizar la pax perpetua de una dinámica imperial en crisis, con el objeto de desestabilizar a la región, y a la vez garantizar el despojo de los de recursos del país.

Otra manifestatción de la descomposición política-estatal del país ha sido la llamada “parapolítica” en la que hoy vienen procesando a más de 90 políticos que han logrado acceder acargos importantes en la administración del esatado. Ello demuestra las alianzas entre sectores empresariales, terratenientes,comercientes, miembros del estado y las estructuras mafiosas paramiliatres que se han acomodado en la dinámica económica del neoliberalismo.
Asimismo, se acaba de evidenciar como el estado en manos del actual gobierno, en sus delirios para mantener el orden y la seguridad ha logrado por medio de una institución que es manejada directamente por el ejecutivo como lo es el DAS ( y que a la vez tiene un pasado subterráneo como lo fue su alianza en los años 80's con el narcotraficante Pablo Escobar y que dieron nacimiento a la estructura paramilitar urbana MAS), hoy ante testimonios directos de sus antiguos colaboradores se ha demostrado como este organismo ha vendio interceptando llamadas, haciendo seguimientos, prácticas de espionaje que violenta minímos derechos fundamentales y que han tenido la osadía de expiar a algunos miembros del Comisión intermericana de Derechos Humanos de la OEA, así como a los miembros de la opisisción político como al POLO DEMOCRÁTIVO ALTERNATIVO, a algunosmienbros del PARTIDO LIBERAL, miembros y activistas de derechos humanos, dirigentes sociales, etc. Este espionaje busca generar confusión ante la opinión pública para justificar asesinatos, persecusión judicial como ha sucedidio con todos los “falsos positivos jurídicos” que han costado a la nación grandes cantidades de dinero para reparar a dichas víctimas perseguidas y extigmatizadas por el gobierno.
Ante este panorama habrá que recuperar una tradición raizal del pueblo colombiano que hoy debe recuperar la inciativa política, la reivención de la democracia, la solidaridad, la justicia, la dignidad, la soberanía y la autodeterminación.
Por ello muy acertamente, se afirma en la revista CEPA:
“Por estas razones, en Colombia, es necesario insistir en la construcción de un ideario y una práctica revolucionaria de manera consciente y comprometida que genere alternativas y nuevos espacios de poder que supere las realidades de impunidad, autoritarismo, represión y silenciamiento de quienes proponen desde sus luchas cotidianas la construcción de un nuevo orden social”.

http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/new/2010/05/06/p5638