CCOO y UGT avisaron ayer al Gobierno: si no cambia su propuesta de real decreto para la reforma laboral, habrá huelga general. En rueda de prensa tras recibir el documento del Ministerio de Trabajo, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, aseguró que el texto "lesiona los derechos de los trabajadores". En la misma línea, su homólogo en CCOO, Ramón Górriz, afirmó que el texto "sirve para despedir más y más barato y para convertir el tema de la intermediación en un negocio, y abre la negociación colectiva en canal". En su opinión, el documento del Ejecutivo es "desequilibrado" ya que se inclina a favor de la patronal CEOE. "Ahora vemos por qué la patronal no quería negociar, por qué estaba desincentivada; no era por desgana, sino porque tenían certidumbre de que iba a salir a su favor", dijo Ferrer.
Para Górriz, la propuesta modifica las causas del despido ya que plantea que con que el empresario anuncie pérdidas "ya pueda despedir a gente" y además empeora el Estatuto del Trabajador "cuando se plantea que esos despidos no están ligados a la viabilidad de la empresa". Sin embargo, las mayores críticas se centraron en la idea de que la inaplicación de los convenios la decida un órgano de arbitraje, lo que aumentaría "el poder discrecional de los empresarios" ya que no será necesario que acudan a la negociación colectiva, que son "los sistemas que realmente pueden permitir el cogobierno de la empresa".
Ferrer acusó al Gobierno de "debilitar" la negociación colectiva y de conceder "campo libre al poder empresarial para fijar las condiciones de trabajo". "Da más capacidad de modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo", dijo.
El dirigente ugetista también denunció la "práctica universalización" del contrato de fomento de la contratación indefinida, con un despido de 33 días por año trabajado, que convertirá el contrato ordinario (de 45 días) en una modalidad "residual".
Ferrer avanzó que estudiarán el texto y que, tras la reunión de las ejecutivas del próximo martes, los secretarios generales de ambas organizaciones comparecerán para hacer "una evaluación definitiva" y anunciar la decisión sobre si finalmente convocan o no la huelga general.
Por su parte, Górriz afirmó que, "si el Gobierno el día 16 [fecha prevista para aprobar el decreto] sigue manteniendo este texto y no subsana ninguna de las cuestiones, no cabe duda de que se encontrará ante la respuesta generalizada de la sociedad".
La huelga llegaría tras el paro de funcionarios del pasado martes, cuya incidencia fue escasa. La fecha que se baraja para la convocatoria es el próximo 29 de junio. Legalmente, esa fecha es factible (los sindicatos sólo tienen que comunicar el paro con una antelación de días naturales), pero el calendario juega en contra, por lo que, de convocarse, es posible que se hiciera para después del verano.
Críticas de Ibarra
El posible paro contaría con el rechazo de la patronal, cuyo presidente, Gerardo Díaz Ferrán, ya ha dicho que "el país no está para huelgas". Ayer, el ex presidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra afirmó que en estos momentos el sindicalismo "debería ser lo suficientemente inteligente y patriótico como para saber que con un día de huelga general no vamos a arreglar los problemas que tiene este país".
Según Ibarra, todo el mundo "está casi deseando" que se convoque la huelga "para que se estrellen definitivamente los sindicatos", a los que pidió "patriotismo" para no "meter palos en la rueda para la recuperación". En su opinión, hacerlo sería una muestra de "autoridad moral".
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