CC OO critica que el despido improcedente se pague con dinero público

El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, ha afirmado hoy en una charla con los lectores de EL PAÍS que "no está en absoluto justificado que el despido improcedente se vea bonificado con recursos públicos". Con estas palabras, el líder de Comisiones respondía a la propuesta que puso el Ministerio de Trabajo sobre la mesa del fracasado diálogo social y que abogaba por que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) aporte los recursos para abonar parte de la indemnización por despido de 33 días que figura en los contratos de fomento del empleo que el Gobierno quiere potenciar.

Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Economía, José Manual Campa, ha asegurado que la disminución en el "coste de la contratación" no repercutirá en un "coste adicional sustancial para el erario público". Aunque no ha querido confirmar que el proyecto final incluya la aportación del Fogasa -que según la última propuesta de Trabajo se haría cargo de 8 días de los 33 de las indemnización-, ha justificado su postura en que uno de sus "parámetros fundamentales" es que las medidas sean consecuentes con el objetivo de reducir el déficit público por debajo del límite del 3% en 2013.

Sobre el fracaso de las negociaciones entre patronal y sindicatos para pactar una reforma laboral, Toxo ha reconocido las discrepancias frente a las propuestas del Ejecutivo para flexibilizar la negociación colectiva. "A salvo de conocer el texto definitivo", el hecho de que las empresas con dificultades puedan acogerse a la cláusula de descuelgue (es decir, desvincularse de lo pactado en el convenio, tanto en cuestiones salariales como en la organización del trabajo) sin necesidad de que haya acuerdo con los trabajadores, "incidirá en las garantías que establece la ley", ha denunciado.

En cuanto al punto de la flexibilidad interna de las empresas "negociada" como alternativa al despido, ha insistido en que "puede resultar útil para evitar la destrucción de muchos puestos de trabajo". "Lo que no estaría de acuerdo es con que se instalase una forma de entender la flexibilidad como la que, en mi opinión, propone CEOE, que llevaría a incrementar el poder discrecional del empresario frente al trabajador", ha destacado.

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