Movimientos sociales de América Latina y Europa rechazan las negociaciones del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica

Los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil de América Latina y Europa, parte de la Alianza Social Continental y la Red Birregional Europa, América Latina y el Caribe Enlazando Alternativas reiteramos nuestra firme oposición al libre comercio y al reinicio de las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica (AdA). Lamentamos el retorno de Nicaragua a la mesa de negociación y pedimos a todos los gobiernos centroamericanos que se retiren del proceso.

La actual crisis global ha demostrado que el modelo neoliberal ha fracasado. Mientras la crisis financiera y sus consecuencias se profundizan, la UE sigue defendiendo el ‘libre mercado’ como solución, poniendo en riesgo a la poblaciones excluidas de la región centroamericana, especialmente los pueblos indígenas y las mujeres, colocándolas en una situación de alta vulnerabilidad y por lo tanto mayor pobreza. El Acuerdo de Asociación que la UE negocia con Centroamérica sigue con la extrema desregulación financiera, lo que impide a los países asumir la soberanía económica y reformar su sector financiero. Las negociaciones incluyen la liberalización absoluta de las transacciones financieras, como el comercio con los ¨”derivados” (como las hipotecas sub-prime) a través de mecanismos 'over the counter' (contratos privados no sujetos a normativas). Se pretende asimismo permitir la especulación con los precios de los alimentos, justo lo contrario de lo que estamos reclamando con urgencia.

Denunciamos que estas negociaciones se llevan a cabo bajo el mandato de la Comisión Europea llamado “Una Europa Global: competir en el mundo”, que revela una estrategia agresiva de política comercial y de inversión, en la que prevalecen claramente los intereses de las grandes empresas en detrimento de la población, desmantelando regulaciones sociales y ambientales. Las grandes beneficiadas de un acuerdo entre la UE y Centroamérica serían las corporaciones europeas que conseguirán vía libre legal para introducir sus productos en el mercado centroamericano, amenazando el tejido social y económico de estos países por carecer de la competitividad necesaria para hacer frente a las empresas europeas.

Estos acuerdos supeditan las cuestiones de diálogo político y de cooperación a los intereses comerciales. El análisis de los componentes de “desarrollo” incluidos en los Acuerdos de Asociación de la UE con los países y los bloques regionales de ALC, llámese integración regional, cooperación al desarrollo o dialogo político y cohesión social muestra que estos elementos son usados como instrumentos para avanzar y asegurar una mayor liberalización de los mercados, y para reforzar los intereses comerciales y de inversiones de las corporaciones transnacionales europeas. En consecuencia, los Acuerdos de Asociación lesionarían los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones de los países firmantes, al privatizar, por ejemplo, los servicios públicos, y destruir los sistemas de seguridad social.

Por otra parte, hemos visto con gran preocupación como en la región centroamericana están presentes por lo menos 80 empresas europeas, que han generado impactos negativos, violando a los derechos humanos, como en los casos de UNION FENOSA, ENEL o LAFARGE. Los intereses de la UE están orientados hacia una mayor protección de las inversiones europeas, priorizando los intereses de las transnacionales por encima de los de las personas y su bienestar.

En el ámbito de la agricultura pretenden imponer un modelo depredador, agro-exportador y altamente dependiente de la tecnología y del capital financiero europeo. Este acuerdo, al tiempo que fomenta un patrón de especialización en la exportación de productos primarios y de monocultivos en la producción agrícola, mediante las patentes propuestas en los capítulos sobre propiedad intelectual, pondría en peligro la producción y conservación de las semillas autóctonas, el conocimiento ancestral, la soberanía alimentaria y la producción de alimentos sanos.

Aunque la participación de los ciudadanos, por lo general, se considera la piedra angular de la democracia, los amplios movimientos sociales en la UE y Centroamérica -y particularmente el movimiento de mujeres- que cuestionan estas negociaciones no tienen un espacio significativo para hacer oír su voz en el proceso de negociaciones. En estas condiciones, las probabilidades de que el AdA responda a sus necesidades son nulas. Denunciamos nuevamente el carácter excluyente de las negociaciones y demandamos la inmediata suspensión del proceso negociador. Exigimos el inicio de procesos de consulta y análisis en cada país, con la participación real y vinculante de la sociedad civil. Emplazamos a los gobiernos del Sistema de Integración Centroamericana a tener en cuenta las demandas realizadas por las organizaciones sociales de la región y a mantener canales de diálogo, analizar los diversos documentos que les han sido presentados y examinar en sus reuniones seriamente la posibilidad de retirarse del proceso.

Llamamos a los movimientos sociales latinoamericanos y europeos a redoblar la presión política y la movilización social para garantizar relaciones comerciales justas que no estén basadas en la lógica del libre comercio y que promuevan un sistema económico basado en la solidaridad, sostenibilidad, justicia social y de respeto mutuo.

junio de 2009

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