Italia conjura el espectro del apartheid

La aprobación de la Ley de Seguridad ha abierto camino en Italia a que se propongan y promulguen medidas hace poco impensables. Su objetivo común es criminalizar al migrante.

Las marchas de Roma y Milán contra la reunión de los ministros de Interior de los países del G-8 llamaron la atención sobre la Ley de Seguridad del Gobierno de Silvio Berlusconi. Se trata de un conjunto de normas aprobadas a lo largo de los últimos meses y que redujo de forma sensible derechos básicos como los de asilo o de reagrupación familiar. El abogado Paolo Cognini, activista de la Ambasciata dei Diritti delle Marche explica que “la principal medida de esta operación es la aprobación del delito de entrada y permanencia irregular, el llamado ‘delito de inmigración clandestina’. Más que por la multa de 5.000 hasta 10.000 euros, preocupan los efectos determinados por la introducción de este delito, en primer lugar la obligación de parte de los funcionarios públicos o de los encargados de servicios públicos de denunciar a la persona que perpetre este delito”. El tema alarmó sobre todo a las asociaciones de médicos y de directores escolares. Alfonso De Vito, de la Red Antirracista de Nápoles, reflexiona sobre “los daños que el delito de inmigración clandestina causará a los inmigrantes que se quieran organizar, teniendo en cuenta la larga tradición solidaria con los sin papeles que hay en Campania” y confía en “la sólida red entre los hospitales públicos y las escuelas por no rendirse frente al chantaje de denunciar al enfermo o la familia de un alumno”. En los últimos tiempos, ha venido subiendo en Italia la autoorganización migrante tanto en los sindicatos como en las asociaciones y esto explica por qué la Ley de Seguridad golpea de forma especial a los activistas.

Irene Di Noto, del movimiento Blocchi Precari Metropolitani de Roma, nos cuenta que “en estas normas hay medidas contra quien ocupa edificios, severas sanciones contra los bloqueos de carreteras, se reintrodujo el delito de ultraje a funcionario público, hasta medidas contra los blogueros”. La derecha, continúa Di Noto, “quiere reprimir las experiencias mestizas producidas en distintas ciudades. En Roma, por ejemplo, italianos y migrantes luchan juntos por su derecho a una vivienda”. Racismo de Estado Mientras tanto, en la misma Roma, el suicidio de Nabruka Mimuni, una tunecina de 44 años, antes de que se cumpliera su expulsión desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Puente Galeria, ha recordado a la opinión pública que la Ley de Seguridad prolonga hasta seis meses el tiempo de detención en estas cárceles. Abou Soumahoro, responsable nacional de inmigración del sindicato Rdb-Cub, relaciona la medida “con el excedente laboral, hoy los CIE son, más que antes, una válvula de escape de la precariedad laboral, porque quien pierde su trabajo se queda también sin permiso de permanencia”. “En realidad”, escribe Fulvio Vassallo, paleólogo, militante y académico de la Universidad de Palermo, “el Gobierno italiano quiere transformar el papel de la detención administrativa, un instrumento para que las expulsiones sean eficaces, en una verdadera sanción contra las irregularidades de permanencia”. Las consecuencias de esta política se vieron ya con las deportaciones a Libia de los náufragos recogidos en el mar de Sicilia. El representante en Italia de ACNUR –la agencia de la ONU que atiende a los refugiados– repitió que “la nueva política del Gobierno italiano está en conflicto con el principio de no rechazo ratificado por la Convención de Ginebra de 1951, que también se aplica en las aguas internacionales”. ACNUR pidió al Ministerio de Interior la readmisión a Italia de las personas rechazadas en las pasadas semanas, explicando que “desde el punto de vista del derecho internacional, Italia es responsable de las consecuencias de las deportaciones”. Frente a estas acusaciones, el ministro Maroni contestó que son “problemas que deben encontrar una solución en ámbito europeo”. Maroni intenta unir a la derecha europea alrededor de la defensa de la “Europa fortaleza” y la cancelación del derecho de asilo. “Lo que nos preocupa hoy es el racismo”, dice Nicola Grigion, del proyecto Melting Pot Europa, activo sobre todo en Véneto, “racismo de Estado, de las leyes, de la forma de gobernar”. Un racismo de Estado que nutre otro racismo, difuso y de masa. El 22 de mayo hubo un ataque fascista en Roma, uno más de una larga serie, contra la fiesta de año nuevo de la comunidad bengalí. 20 encapuchados armados de palos de béisbol pegaron a un hombre asiático que se puso a salvo de milagro. Siddique Nure Alam, conocido presidente de la comunidad bengalí, declaró el día siguiente a la prensa: “Si nadie nos protege, estamos listos para defendernos solos”.
Diagonal - 03.07.09