Treinta y seis millones de euros pagó en 2001 el Gobierno de Aznar a la multinacional Ericsson para que desarrollara un sistema de intercepción de llamadas telefónicas, lo que podría ser una adaptación para el Estado español del Interception Management System. Entonces el Partido Popular lo adquirió, desarrolló e implantó, aunque hasta la llegada de Zapatero a la Moncloa no se “procedió a activar dicho software, y además se generalizó su uso sin debate alguno y casi clandestinamente, no consta acto demostrativo alguno de su puesta en servicio”, explica en un escrito dirigido el 23 de septiembre al Defensor del Pueblo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, para que se inicie una investigación en relación con el funcionamiento del Sistema Legal de Interceptación de las Comunicaciones (SITEL).
No es la primera vez que una denuncia sobre SITEL llega a alguna de las más altas instituciones del Estado. En 2006, el entonces teniente fiscal de Madrid informaba al fiscal general del Estado que era imposible un control judicial de este sistema como exige la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, para que las interceptaciones obtenidas mediante estas tecnologías puedan ser utilizadas como medio de investigación y prueba válido jurídicamente. “El disco que contiene la información que se entrega al juez no está acompañado de certificado digital alguno, ni está firmado electrónicamente, ni cifrado, por la sencilla razón de que no existe autoridad expedidora de tales certificados”, explica Internautas al Defensor del Pueblo. Por ejemplo, Miguel Ángel Gallardo, perito criminalista, denuncia a este periódico: “La Agencia de Protección de Datos (APD) debería garantizar que esta conversación no está intervenida”, pero desde la Agencia no tienen ningún conocimiento sobre el funcionamiento de SITEL, como aseguran a este periódico. Por su parte, el fiscal Martínez hace un llamamiento a que esta agencia sea la responsable de emitir esos certificados digitales, “es una tecnología muy poderosa que debe ser regulada bajo controles democráticos y judiciales muy fuertes, lo debería supervisar el presidente de la Agencia de Protección de Datos”, recalca.
Este sistema de espionaje, responsabilidad del Ministerio de Interior, fue regulado por el Gobierno con un Reglamento “evitando que la opinión pública pudiera tener conocimiento de la puesta en marcha de una herramienta terriblemente invasiva para la intimidad”, denuncia Domingo al Defensor del Pueblo. Por este modus operandi gubernamental, la Asociación de Internautas decidió recurrirlo, sin saber que ya estaba funcionando, ante el Tribunal Supremo en 2005. Tras varios años de espera, entendidos por esta asociación como tiempo para que el Gobierno pudiera normalizar la situación, se conoció la sentencia que desestimaba la demanda porque durante el desarrollo del proceso había sido promulgada la Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación que elevó a rango de ley gran parte del contenido del reglamento. Pero la sentencia no aclara si la Ley ordinaria es suficiente para regular Sitel o no, tal y como defiende Internautas, criterio que también comparte el magistrado discrepante del parecer de la Sala Óscar González que formuló un voto particular. Según este juez el Tribunal debería de haber elevado la cuestión al Constitucional, para que revisase la ley ya que, según el TC o el TEDH, “el secreto de las comunicaciones no sólo cubre la conversación, sino también la identidad de los interlocutores”, lo cual colisiona con la regulación española.
Ni dónde, ni cómo
“Ni siquiera se sabe quiénes son los directores de los centros, ni dónde están ubicados”, afirma Martínez, que corresponden al Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Civil y Policía Nacional, este último operado por Fujitsu España Services, y que según el BOE se encontraría en las instalaciones del Complejo Policial de Canillas. Esta concesión le ha supuesto a la compañía informática unos ingresos de 854.400 euros.
A las denuncias de la facilidad con que se pueden modificar las grabaciones obtenidas por SITEL, se añade su desconocimiento por parte del mundo judicial. “No sabía de la existencia de SITEL, ni de que se haya puesto en marcha plan de formación alguno”, ha denunciado José Luis Requero, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Digitalización del espionaje Los ‘pinchazos’ de teléfonos es algo prácticamente del pasado, como sucedió con las llamadas grabadas ilegalmente a empresarios, políticos, periodistas e, incluso, al rey, entre 1983 y 1991 por parte del antiguo CESID, que se conocieron al descubrirse el escándalo de los GAL. Al igual que con la operación Columna, los primeros guardias civiles que intentaron sindicarse también fueron pinchados.
Hoy escuchar un teléfono ajeno es mucho más sencillo, con un simple barrido de la señal, y es imposible detectarlo. También se puede utilizar software en las tarjetas SIM, comercializados bajo la excusa del control infantil por parte de sus padres. Otra forma de espionaje es activar de forma remota el micrófono del móvil que se puede detectar por el mayor consumo de batería, por su calentamiento o por interferencias en otros aparatos como radios o televisiones. Además para poder evitar esta intercepción de las comunicaciones existen páginas webs (cryptosms.org) para cifrar los mensajes de texto.
Mientras tanto, la UE está financiando el Proyecto Indect con 10 millones de libras junto a la policía de Irlanda del Norte y la Universidad de York, entre otras instituciones europeas. Este proyecto, que se desarrollara hasta 2014, tiene previsto crear un software para controlar la información que circula a través de la red.
Diagonal - 08.10.09
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