Mario Dujisin
Cuatro catedráticos denuncian ante la Fiscalía a las firmas
Portugal se ha unido a los países donde se han iniciado procesos judiciales contra las agencias de calificación crediticia. Querellas en esta dirección se han presentado ya en España, Alemania y Grecia, después de las denuncias presentadas en algunos estados de EEUU.
Portugal se ha unido a los países donde se han iniciado procesos judiciales contra las agencias de calificación crediticia. Querellas en esta dirección se han presentado ya en España, Alemania y Grecia, después de las denuncias presentadas en algunos estados de EEUU.
Cuatro catedráticos de universidad de Lisboa y de Coimbra José Reis, Manuel Brandão Alves, Manuela Silva y José Manuel Pureza, este último líder del grupo parlamentario del Bloco de Esquerda (BE) suscriben la denuncia, que será formalizada la proxima semana en la Fiscalía General de la República, en la que se acusa a Moody's, Fitch y Standard and Poor's (las tres mayores del sector) de "comportamientos presumiblemente criminales", ya que "divulgan calificaciones evidentemente exageradas y sin bases rigurosas y objetivas, que castigan los intereses portugueses, estimulando una subida constante de los tipos de interés de la deuda soberana". La denuncia de los economistas estima que existe un conflicto de interés en la actividad de estas agencias, en especial cuando bajan las calificaciones de España, Grecia, Irlanda o Portugal, provocando que suba la rentabilidad de sus deudas e "influyendo la evolución de un mercado en que actúan los fondos financieros de los que son propietarios". Los querellantes sostienen que no se puede permitir que las agencias actúen "conduciendo al mercado para situaciones en que ellas mismas o sus clientes tengan intereses y recojan beneficios", comentó José Reis a Jornal de Negocios de Lisboa.
De otro lado, tras la petición del rescate a la UE, la incógnita en Portugal es cuál es el margen de maniobra del próximo Gobierno que salga de las elecciones anticipadas del próximo 5 de junio, pues el vencedor deberá dirigir el país con las reglas negociadas con la Comisión Europea y sancionadas por el FMI. Francisco Assis, uno de los dirigentes del PS más cercanos al dimitido primer ministro José Sócrates, opina que será necesario que en el futuro Ejecutivo prime una "sensibilidad social hacia la gente que ya no está en condiciones de hacer más sacrificios". Pese a que el aparato del PS ha cerrado filas con Sócrates ante el Congreso del partido de este fin de semana, algunas voces críticas le piden coherencia con su postura de hace 15 días cuando afirmó que "no está disponible para gobernar con el FMI".
La crisis ha provocado un hecho inusual, como ha sido una reunión entre los líderes del PC y del BE (una coalición nacida hace diez años de la unión de pequeños grupos de matriz trotskista). Comunistas y ex trotskistas colocaron sus viejas divergencias a un lado, hicieron borrón y cuenta nueva y coincidieron en que "la situación de bancarrota" de la economía les lleva a propugnar "un gobierno patriótico de izquierda".
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