El 14 de agosto del 2010 en el cementerio de Riohacha, La Guajira, se exhumó el cadáver de Irina del Carmen Villero Díaz, una joven de 15 años que fue violada y asesinada por los paramilitares (AUC) en mayo del 2001.
A raíz de la muerte de su hija, Blanca Díaz, madre de Irina, empezó a sufrir amenazas y hostigamientos, las cuales la forzaron a desplazarse desde La Guajira a Bogota. Nueve años después, fue nuevamente presionada para que sacara los restos de Irina de Riohacha, viéndose obligada a realizar la exhumación del cadáver.
Ella decidió sacar los restos y enterrarlos en territorio de la comunidad Wayuu, de la cuál Irina formaba parte.
Irina del Carmen fue una de los más de 1600 indígenas Wayúu que han sido asesinados por paramilitares en Colombia. El 26 de mayo de 2001, Irina fue torturada y repetidamente violada por paramilitares del Bloque Norte de las AUC, bajo mando del Capo Jorge40. El Bloque Norte del Paramilitarismo cometió miles de violaciones, asesinatos y masacres en toda la región norte de Colombia, financiado por multinacionales y actuando en estrecha coordinación con el ejército colombiano, como lo han venido testimoniando innumerables víctimas sobrevivientes e incluso paramilitares y soldados que han confesado parte de sus crímenes. Actualmente los paramilitares siguen asesinando, intimidando y desplazando poblaciones, aunque con otros nombres.
Luego de ser violada y asesinada, el cuerpo de Irina fue abandonado en un pozo. El caso de Irina es un ejemplo del modo en que los paramilitares siembran el terror en la población para acallar la reivindicación social y desplazar poblaciones enteras, para beneficio de multinacionales. La madre de Irina forma parte del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado en Colombia (MOVICE). El caso de Irina sigue en la impunidad, como miles de casos de crímenes de Estado en Colombia: ni los autores materiales, ni los autores intelectuales han sido enjuiciados, y Jorge40 el mando del grupo que violó y asesinó a Irina, fue extraditado a EEUU por narcotráfico, en lugar de ser enjuiciado por los crímenes de Lesa Humanidad.
Estas extradiciones de capos paramilitares son lo que asociaciones sociales llaman “la extradición de la verdad”, porque al extraditar al los jefes paramilitares, el estado logra silenciarlos y evitar que den en Colombia los nombres de políticos, empresarios, multinacionales, generales, latifundistas implicados en su conformación, financiamiento y armamento. Así el gran capital que ha sido el gran beneficiario de las masacres, recoge los beneficios y queda en la impunidad total por sus crímenes de genocidio. La Herramienta paramilitar del estado colombiano y del gran capital sigue activa, con renovados nombres…
El departamento de la Guajira es donde se encuentra la mina de carbón más grande del mundo a cielo abierto. Más de 69.000 hectáreas de tierras han sido ocupadas para extraer más de 30 millones de toneladas de carbón por año. El terror y ensañamiento contra la comunidad indígena Wayú, y las demás comunidades campesinas habitantes de esas tierras responde a claros intereses económicos. El terror es practicado por la herramienta paramilitar para lograr desplazamientos masivos de poblaciones, para dejar libres de habitantes y reivindicaciones miles de hectáreas de tierra codiciadas por Multinacionales. Global y Chevron están interesadas en explotar otros recursos como gas y petróleo… y para ello deben extraer en los resguardos indígenas… con lo cual la población indígena les estorba en sus planes de extractivistas… La represión y las masacres del terror paramilitar abre el territorio para las multinacionales.
Irina del Carmen fue una de los más de 1600 indígenas Wayúu que han sido asesinados por paramilitares en Colombia. El 26 de mayo de 2001, Irina fue torturada y repetidamente violada por paramilitares del Bloque Norte de las AUC, bajo mando del Capo Jorge40. El Bloque Norte del Paramilitarismo cometió miles de violaciones, asesinatos y masacres en toda la región norte de Colombia, financiado por multinacionales y actuando en estrecha coordinación con el ejército colombiano, como lo han venido testimoniando innumerables víctimas sobrevivientes e incluso paramilitares y soldados que han confesado parte de sus crímenes. Actualmente los paramilitares siguen asesinando, intimidando y desplazando poblaciones, aunque con otros nombres.
Luego de ser violada y asesinada, el cuerpo de Irina fue abandonado en un pozo. El caso de Irina es un ejemplo del modo en que los paramilitares siembran el terror en la población para acallar la reivindicación social y desplazar poblaciones enteras, para beneficio de multinacionales. La madre de Irina forma parte del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado en Colombia (MOVICE). El caso de Irina sigue en la impunidad, como miles de casos de crímenes de Estado en Colombia: ni los autores materiales, ni los autores intelectuales han sido enjuiciados, y Jorge40 el mando del grupo que violó y asesinó a Irina, fue extraditado a EEUU por narcotráfico, en lugar de ser enjuiciado por los crímenes de Lesa Humanidad.
Estas extradiciones de capos paramilitares son lo que asociaciones sociales llaman “la extradición de la verdad”, porque al extraditar al los jefes paramilitares, el estado logra silenciarlos y evitar que den en Colombia los nombres de políticos, empresarios, multinacionales, generales, latifundistas implicados en su conformación, financiamiento y armamento. Así el gran capital que ha sido el gran beneficiario de las masacres, recoge los beneficios y queda en la impunidad total por sus crímenes de genocidio. La Herramienta paramilitar del estado colombiano y del gran capital sigue activa, con renovados nombres…
El departamento de la Guajira es donde se encuentra la mina de carbón más grande del mundo a cielo abierto. Más de 69.000 hectáreas de tierras han sido ocupadas para extraer más de 30 millones de toneladas de carbón por año. El terror y ensañamiento contra la comunidad indígena Wayú, y las demás comunidades campesinas habitantes de esas tierras responde a claros intereses económicos. El terror es practicado por la herramienta paramilitar para lograr desplazamientos masivos de poblaciones, para dejar libres de habitantes y reivindicaciones miles de hectáreas de tierra codiciadas por Multinacionales. Global y Chevron están interesadas en explotar otros recursos como gas y petróleo… y para ello deben extraer en los resguardos indígenas… con lo cual la población indígena les estorba en sus planes de extractivistas… La represión y las masacres del terror paramilitar abre el territorio para las multinacionales.
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