El mismo día que se inauguraba la legislatura con el debate en el Parlamento del programa del Gobierno, el ministro de Finanzas, Fernando Teixeira dos Santos, anunciaba una auditoría a todas las empresas estatales presuntamente implicadas en una red de tráfico de influencias y sobornos. Uno de los principales sospechosos de la trama es Armando Vara, de 55 años, vicepresidente del Millennium BCP, primer banco privado del país (participado en un 4,75% por el Banco Sabadell), ex ministro socialista e íntimo amigo del primer ministro, según ha reconocido el propio Sócrates.
Durante varios meses, agentes de la Unidad de Prevención y Apoyo Tecnológico (UPAT), un cuerpo semisecreto de la Policía Judicial portuguesa, siguieron los pasos de Manuel José Godinho, 55 años, empresario de Aveiro; del mencionado Armando Vara y de otros hombres de negocios. Interceptaron conversaciones telefónicas y correos electrónicos, grabaron reuniones y almuerzos, detectaron entregas de dinero, identificaron cuentas bancarias... Todo ello con ayuda de equipos técnicos de alta sofisticación. La investigación permitió descubrir que Godinho creó un esquema para beneficiarse en las licitaciones de grandes empresas de la órbita del Estado para la recogida y tratamiento de residuos industriales.
El 25 de mayo pasado, los hombres de la UPAT apostados en un vehículo estacionado en la calle captaron todo lo que pasó en el despacho de Armando Vara, en el edificio central del BCP en Lisboa. Aquel día, el empresario Godinho entregó al banquero un sobre con 10.000 euros en billetes. Pero las implicaciones del alto directivo del primer banco privado de Portugal van mucho más allá de este monto. Vara es un peso pesado del PS que ya estuvo implicado en otro escándalo cuando ocupaba la cartera de Deportes. El entonces presidente, Jorge Sampaio, pidió su salida del Ejecutivo.
La investigación siguió su curso con sigilo, hasta que el 28 de octubre la Policía Judicial lanzó en varios puntos del país la operación Face Oculta [cara oculta] para desarticular una red de corrupción que tenía su origen en el grupo empresarial O2, de tratamiento de residuos industriales en el municipio de Ovar, que preside Manuel Godinho. Este empresario, que hizo sus pinitos en el negocio de recogida de chatarra, está imputado de los delitos de corrupción, tráfico de influencias, asociación para delinquir, robo calificado y fraude calificado. Está en prisión provisional desde el 30 de octubre.
Durante la operación policial, los agentes de la PJ registraron una treintena de domicilios y centros de trabajo. Quince directivos del mundo empresarial y financiero están en situación de arguidos, figura jurídica portuguesa a caballo entre sospechoso e imputado. Dos de ellos declararon esta semana ante el juez de instrucción de Aveiro António Costa Gomes. En el primer interrogatorio, Manuel Godinho declaró que obtuvo préstamos del BCP para hacer frente a un agujero en las cuentas de su empresa de 15 millones de euros. Es de suponer que Armando Vara dio la luz verde a los créditos bancarios.
En la lista de imputados hay nombres relevantes de importantes empresas y entidades financieras como el referido Armando Vara, quien, además de banquero, ha ocupado destacados cargos políticos, como el de ministro de Juventud y Deporte y el de secretario de Estado del Interior en el Gobierno socialista de António Guterres. El Banco de Portugal abrió una investigación y exigió una respuesta al presidente del BCP, Carlos Santos Ferreira, que declaró públicamente que las noticias de los vínculos de Armando Vara con el caso Cara Oculta "no son buenas para la imagen del banco". Poco después, Vara anunciaba que renunciaba a sus funciones provisionalmente.
Otros integrantes de la lista de sospechosos son José Penedos, presidente de Red Eléctrica Nacional (REN) y ex secretario de Estado de Defensa y Energía; su hijo Paulo Penedos, abogado de la empresa SCI-Sociedad Comercial e Industrial de Metalomecânica; Domingos Paiva Nunes, administrador de la división inmobiliaria de la compañía eléctrica EDP, que ha pedido la suspensión de funciones de representación de la empresa; António Paulo Costa, director de relaciones institucionales de la petrolera GALP; José Contradanças, administrador de Industria de Desmilitarización y Defensa (IDD) y ex administrador del puerto de Sines, y varios funcionarios de REFER (Red Ferroviaria Nacional).
Con los beneficios de la venta de residuos industriales retirados de empresas públicas, Godinho compró automóviles de lujo e inmuebles que usaba como avales de los préstamos a O2, y que servían también para pagar los favores recibidos. Buena parte de dichos favores consistía en información privilegiada de licitaciones públicas, decisiva a la hora de conseguir contratos en varias empresas estatales o paraestatales.
El País - 08.11.09
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