Australia: dividendos de la detención o el negocio de las cárceles

Jenny Denton

La controvertida empresa británica Serco acaba de asegurarse un nuevo y lucrativo contrato para gestionar los centros de detención de inmigrantes de Australia. Jenny Denton ha examinado la agitada historia de la empresa.

"Me quité la ropa porque nos tratan como a animales", declaró Mercy Guobatia, una detenida del Centro de Traslado de Inmigración de Yarl's Wood, en el que un grupo de mujeres organizó una protesta desnudas a causa de la inadecuada atención sanitaria y la detención de niños.

Yarl's Wood, a 90 minutos al norte de Londres, está regentado por Serco, recientemente designada por el gobierno australiano para gestionar los centros de detención de inmigrantes del país.

El gobierno de Rudd ha llevado a cabo reformas de consideración en la detención de inmigrantes, entre ellas la terminación de la Pacific Solution, abolir las visas de protección temporal, acelerar el proceso de peticiones de asilo y ampliar las formas alternativas de detención. Sin embargo, no ha puesto en práctica la política del Partido Laborista Australiano (PLA), que ya viene de antiguo, de devolver los centros a la gestión pública.

El 29 de junio, el Departmento de Inmigración y Ciudadanía (DIAC) anunció que había firmado un contrato de servicios de detención por cinco años y un valor de 370 millones de dólares... con Serco.

Serco, de origen británico (el nombre es una abreviatura de "compañía de servicios") es un imperio de "outsourcing" (subcontratación a terceros) con 600 contratos, en buena parte del sector gubernamental, en 35 países, y entre ellos se calcula que con unos 2.000 millones de libras (4.100 millones en dólares australianos) en contratos de prisiones y seguridad.

En el Reino Unido, los intereses de seguridad de Serco incluyen la gestión de servicios de escolta a los tribunales y control electrónico de arrestos domiciliarios así como cinco cárceles, dos "centros de formación" juveniles (prisiones), dos centros de detención de inmigrantes y 16 servicios de salud de centros de detención y prisiones.

Con un contrato para construir y gestionar dos prisiones más en el Reino Unido anunciado el mismo día que el acuerdo australiano, la empresa está en camino de convertirse en el mayor gestor penitenciario privado del Reino Unido.

Se trata de un sector —tal como prevé Serco confiadamente en su informe anual de 2008— que continuará proporcionando oportunidades de expansión tanto en el Reino Unido como en Australia.

Serco dirige ya dos cárceles en Australia y aspira a conseguir los contratos penitenciarios de Parklea y Cessnock en Nueva Gales del Sur. Substituirá a Global Solutions Limited (GSL), perseguida por la controversia, a la que el mes pasado consideró responsable un juez de instrucción de Australia Occidental de la muerte de un aborigen bajo su custodia. Aunque Serco presenta un historial impoluto en Australia —donde todavía no ha gestionado ningún centro de detención de inmigrantes —la empresa ha sido objeto de considerable controversia en el Reino Unido.

"Creemos que son responsables de continuadas violaciones de derechos humanos en los centros de detención que aquí gestionan, y hemos hecho públicas las evidencias médicas que lo demuestran", afirma Emma Ginn, coordinadora de Medical Justice, una red de médicos, abogados y defensores que controlan el tratamiento médico y las condiciones de los diez centros de detención de inmigrantes en Inglaterra.

La portavoz de Serco, Emma Needham, se remitió a los comentarios, citados por la prensa australiana en meses pasados de este año, según los cuales el historial de derechos humanos de la empresa es impecable y se ha ratificado en los informes de la Inspección de Prisiones de Su Majestad en Inglaterra.

En el informe de su última vista al centro de detención de Colnbrook, el Inspector jefe de Prisiones, registraba, sin embargo, multitud de inquietudes en torno a la seguridad, el inadecuado suministro de servicios y las infracciones de derechos humanos.

Y en el otro centro de detención de la empresa, Yarl's Wood, 20 detenidos se declararon en huelga de hambre el mes pasado en protesta por las deficientes condiciones y atención sanitaria, así como por la detención de niños. Después de varios días, una sentada organizada por el grupo fue disuelta por funcionarios de Serco. Los detenidos sostienen que se utilizó una excesiva contundencia, hubo gente que resultó herida y familias que quedaron separadas durante la operación. La Agencia de Fronteras del Reino Unido, "cliente" de Serco, que se ocupó de atender los requerimientos de la prensa sobre el incidente, negó que se hubiera registrado violencia alguna.

Un informe del Comisionado para la Infancia de Inglaterra hecho público hace dos meses documentaba su considerable inquietud respecto a la atención sanitaria en Yarl's Wood, asunto que corre a cargo de Serco Health.

También persiguió cierta notoriedad a Serco tras la muerte más joven ocurrida en custodia en época moderna en uno de sus "centros seguros de formación" en 2004. Adam Rickwood, de catorce años, descrito por un juez del Tribunal Supremo como un "niño profundamente vulnerable", se quitó la vida después de que cuatro funcionarios le redujeran y golpearan cuando se negó a ir a su habitación.

De acuerdo con Emma Ginn, de Medical Justice, el historial de Serco no difiere de modo significativo de otros gestores privados de centros de detención en el Reino Unido. En su informe de 2008, Medical Justice recopiló información sobre cerca de 300 presuntos ataques a detenidos por causa de inmigración, sucedidos en su mayoría mientras se desplazaba a los detenidos entre centros o se les deportaba - durante un período de cuatro años y medio. Debido a la falta de información y a su falta de recursos a la hora del seguimiento de los informes, la organización cree que estas cifras representan "la punta del iceberg" y argumenta que esto prueba "los abusos extendidos y aparentemente sistemáticos".

Aunque existan diferencias significativas en volumen, escala y gestión entre los sistemas de detención de inmigrantes en Australia y el Reino Unido, las cuestiones -y las empresas- son las mismas.

"Es un verdadero problema que las empresas penitenciarias se utilicen para gestionar el sistema de detención obligatoria", afirma Charandev Singh, un defensor de los derechos humanos que trabaja en Melbourne, "dado que lo único que se le da bien a las empresas penitenciarias es castigar a la gente".

"Dicho con sencillez, la mayoría de los centros parecen cárceles", concluyó la Comisión de Derechos Humanos de Australia (CDHA) en su Immigration Detention Report. Al tiempo que reconocía mejoras en las instalaciones y servicios en años recientes, la Comisión hizo notar su preocupación por el "ambiente regido por la seguridad" en los centros de detención. Se destacó el nuevo centro de Christmas Island por ser "una imponente instalación de alta seguridad" que no debería utilizarse con la finalidad de la detención administrativa.

Desde que se introdujo en 1992, sucesivos gobiernos australianos se han opuesto al negocio de la detención forzosa. Los acuerdos de gestión con Australasian Correctional Management (ACM) y con el actual gestor GSL fueron objeto de amplias críticas por su coste e incapacidad de garantizar pautas de asistencia.

De acuerdo con DIAC, el nuevo contrato de Serco, "abarca un enfoque más enérgico en los derechos y bienestar de la gente detenida y proporciona un marco integral para una mejora constante de la calidad."

Qué es lo que esto entraña exactamente, no obstante, es poco probable que se conozca públicamente. Un portavoz del departamento, que en principio respondió con evasivas a las preguntas de newmatilda.com pretextando que "las negociaciones seguían su curso" así como "la confidencialidad comercial", proporcionó posteriormente informaciones según las cuales los baremos del nuevo contrato "se basan en evidencias" y "se centran en proveer servicios a quienes se encuentran detenidos, entre ellos programas y actividades, alimentación, transporte, recepción, limpieza, gestión de incidentes y quejas". Confirmó que algunas partes del contrato seguirían sujetas a la confidencialidad comercial.

Pese al cambio cultural en el seno del Departamento de Inmigración, del cual él mismo ha dado cuenta desde los informes de Palmer y Comrie de 2005 — que trataban la detención ilegal de Vivian Alvarez Solon y Cornelia Rau —, la responsabilidad pública sigue siendo un asunto pendiente, dada la intención del Departamento de controlar la gestión de Serco de los centros de detención.

Como Inspector de Servicios de Custodia de Australia Occidental en aquel entonces, Richard Harding hizo la siguiente observación acerca del contrato existente con GSL: "El regulador es el principal encargado, y por tanto tiene intereses creados en que sus delegados den la impresión de estar realizando un trabajo satisfactorio".

El DIAC recalca el papel de vigilancia que proporcionan las agencias externas en el funcionamiento de la detención de inmigrantes — el CDHA, el Defensor del Pueblo de la Commonwealth y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados llevan a cabo visitas e informan sobre las condiciones de los centros, y el Grupo Asesor sobre Detención de Inmigrantes los visita y asesora al ministro, pero tal como apuntó el mismo CDHA, estos organismos no tienen fuerza legal para poner en práctica sus recomendaciones. Lo mismo vale para las conclusiones del Defensor del Pueblo respecto a los casos individuales de detención que ha examinado.

"La Comisión es de la opinión de que no hay actualmente mecanismos efectivos en vigor como para garantizar que se trate a todos los detenidos por inmigración de acuerdo con las obligaciones de Australia en materia de derechos humanos", establece el Immigration Detention Report de 2008, advirtiendo que sobre las "pautas de detención" ni se ha legislado ni hay control supervisor independiente y en ningún caso se proporciona a los detenidos remedios eficaces contra las violaciones de sus derechos humanos.

"Cuando hoy pienso en responsabilidades públicas" afirma Graeme Hodge, director del Centro de Estudios Regulatorios, "no pienso únicamente en el terreno de los instrumentos o mecanismos mediante los cuales queremos que la gente se haga responsable -a saber, comités de control, pautas y demás, todas las formalidades que se aprecian en los contratos de los centros de detención-. Pienso también en cómo vigilamos y controlamos a los gobiernos para que no abusen del poder que se les concede. Hay toda una serie de cuestiones que habría que preguntarse en relación con la transparencia y la eliminación de los muros de la confidencialidad comercial".

A las preocupaciones por la responsabilidad y la transparencia se les concedió mayor importancia cuando en 2005 se filtraron a los medios detalles del contrato de GSL que se había mantenido secreto sobre la base de la confidencialidad comercial. Incluían una multa de 25.000 dólares por la omisión del gestor de informar sobre "un incidente crítico" a los funcionarios de inmigración en el margen de una hora. Además de las muertes durante la detención, las situaciones con rehenes o fugas masivas, se consideraba incidente crítico la presencia de los medios de comunicación.

En la reciente presentación de su informe a una investigación parlamentaria de Nueva Gales del Sur sobre la privatización de las prisiones, el Instituto Serco — el comité de expertos de la empresa — mantuvo que la competencia y contratación en la gestión de prisiones podría suponer ahorros de entre un 20% y un 30% en costes operativos para las administraciones, sobre todo gracias a la reducción de los costes de personal. Los ajustes en el conjunto de la plantilla se conseguirían "mediante un mejor diseño físico, diseño de servicios o uso de tecnología".

La propuesta citaba investigaciones del Reino Unido que encontraban diferencias considerables entre los niveles salariales de empleados de prisiones de gestión pública o privada y sugería que el mayor índice de movimiento de personal en el sector privado constituía una "diferencia estructural" entre los dos sistemas. No resulta, pues, nada raro, que en su recentísima visita al centro de detención de centro de detención de Colnbrook, el Inspector Jefe de Prisiones concluyera que "el movimiento de personal seguía siendo intenso".

De las medidas de "diseño físico" de Serco para llevar a cabo el recorte de costes dio cuenta el año pasado The Guardian cuando un inspector descubrió que las celdas para dos reclusos de la cárcel de Doncaster se habían convertido en celdas para tres colocando literas en el retrete compartido. Dos años antes, se había criticado a la empresa encargada por no suministrar a muchos internos almohadas y asientos para el váter.

El uso de la contratación por parte de los gobiernos, afirma Graeme Hodge, es un instrumento sensato para la prestación de la planificación, supervisión y control de servicios, pero los gobiernos no tienen que contratar necesariamente esos servicios en el sector privado o de las ONG. Cuando no hay disponibles sobre todo contratistas "sensatos", la gestión del sector público -acaso en forma de organismo estatutario al que contrata un departamento- "debería entrar en la discusión". De acuerdo con el ministro, así se hará, en 2012, dos años antes de que expire el contrato con Serco.

Con todo, se están registrando otros cambios. A finales del mes pasado, el ministro de Inmigración, Chris Evans, presentó un proyecto de ley en el Senado para legislar la política del gobierno en sus Nuevas Indicaciones sobre Detención, entre las que se cuenta el principio de mantener a la gente en centros de detención únicamente "como último recurso y durante el mínimo tiempo practicable". Si bien los grupos de defensa de los refugiados han recibido la legislación como un paso positivo, apuntan a que el marco legal de la detención forzosa seguirá en buena medida el vigente -ciertos grupos, incluyendo el de arribos ilegales, todavía han de estar sujetos a detención forzosa- y las decisiones sobre detenciones individuales no se verán sujetas a revisión judicial.

Entretanto, pese a la controversia que rodea a la muerte en Kalgoorlie del señor Ward, propietario histórico de las tierras de Ngaanyatjarra, mientras estaba a su cargo, GSL, actual gestor de centros de detención — ahora conocido por G4S — está a punto de firmar un contrato aparte de cinco años con el DIAC para la gestión de vivienda residencial y alojamiento en tránsito de detención de inmigrantes.
Sin Permiso - 19.07.09