Al desastre ecológico y social provocado por el virus ISA en la industria salmonera, se sumaron los efectos de la crisis económica mundial que, según los sindicatos del sector, ya lleva 17 mil despidos. Ante esta realidad, dirigentes de los trabajadores han sostenido una serie de reuniones en busca de apoyo estatal.
Un grupo de dirigentes sindicales de las regiones décima, undécima y duodécima, junto a representantes del Observatorio Laboral y Ambiental de Chiloé (OLACH) expusieron ante las comisiones de Trabajo y de Pesca de la Cámara de Diputados, para exigir a los parlamentarios medidas concretas ante la crisis detonada por la expansión del virus ISA. Además, se reunieron con el subsecretario del Trabajo, Mauricio Jélvez, y con el coordinador del Grupo de Tareas del Salmón, Felipe Sandoval, para dialogar acerca de la gravedad de la situación que se vive en las comunidades salmoneras del sur de Chile.
El resultado de estas gestiones fue el compromiso de los parlamentarios de solicitar a los ministerios de Economía y Hacienda la implementación de un “Plan de emergencia contra la cesantía de las regiones X y XI”. Lo que a juicio del presidente de la Corporación Nacional de Trabajadores del Salmón (Conatrasal), Javier Ugarte, “dan una solución más concreta” porque “son 17 mil puestos de trabajo los que se han perdido en la industria y el gobierno no ha hecho nada al respecto”.
“Hace dos años que hemos estado solicitando al gobierno que tome medidas concretas. El subsecretario ha dicho que en el transcurso de la próxima semana van a entregar un plan específico sobre lo que realmente están haciendo para paliar la cesantía en la industria salmonera”, apuntó Ugarte.
Los diputados además se comprometieron a trasparentar los montos traspasados desde el gobierno a las empresas salmoneras por concepto del Decreto 889 de bonificación a la mano de obra en zonas extremas, durante los diez últimos años. Una vez que se conozcan los datos solicitados, señalaron que realizarán una visita a terreno y convocarán a una sesión especial de la Cámara para abordar este problema.
La Presidenta Bachelet destinó 450 millones de dólares a la industria salmonera, dinero que según las organizaciones ciudadanas no ha llegado a los trabajadores y simplemente ha mitigado las pérdidas de los empresarios.
Para la directora de Fundación Terram, Flavia Liberona, “es evidente que el gobierno no ha tomado el peso de la situación. La crisis de la industria salmonera empieza a mediados del 2007 con los primeros brotes del virus ISA y los primeros despidos se producen en noviembre de ese año. Sin embargo, el gobierno no ha implementado ninguna medida en el ámbito social y laboral para paliar los efectos de esta crisis”.
Considerando que los problemas de los trabajadores y de la industria del salmón no son recientes, Liberona fue enfática en aclarar que “esta crisis no está asociada a la financiera y no puede ser tratada como tal”.
“Quieren hacer pasar esta crisis como si fuera parte de la crisis financiera mundial, cuando es una crisis que empezó antes y que va a durar quizás hasta después”, puntualizó la directora de Fundación Terram, una de las organizaciones que componen el OLACH.
“Desde el movimiento sindical estamos sumamente preocupados y si no se hacen efectivas soluciones puntuales, no nos dejan otro camino que las movilizaciones”, afirmó Javier Ugarte y fue respaldado por la presidenta de la CUT provincial de Llanquihue, Doris Paredes, quien manifestó que los trabajadores están alertas y organizados para actuar si es que el gobierno no cumple con su compromiso de tomar medidas antes de fin de mes. “No podemos seguir esperando los trabajadores y trabajadoras despedidas, ni menos nuestras familias. Ya ha pasado más de un año desde que comenzó la crisis del virus ISA sin que se den respuestas a nuestras demandas”, declaró.
Por otra parte, los diputados socialistas Fidel Espinoza y Alfonso D´Urresti, condicionaron su voto a la Ley de Pesca a la presentación de un proyecto paralelo que aborde la problemática de la salmonicultura y que se haga cargo de la cesantía de los trabajadores de este sector.
El Clarin - 23.03.09
El resultado de estas gestiones fue el compromiso de los parlamentarios de solicitar a los ministerios de Economía y Hacienda la implementación de un “Plan de emergencia contra la cesantía de las regiones X y XI”. Lo que a juicio del presidente de la Corporación Nacional de Trabajadores del Salmón (Conatrasal), Javier Ugarte, “dan una solución más concreta” porque “son 17 mil puestos de trabajo los que se han perdido en la industria y el gobierno no ha hecho nada al respecto”.
“Hace dos años que hemos estado solicitando al gobierno que tome medidas concretas. El subsecretario ha dicho que en el transcurso de la próxima semana van a entregar un plan específico sobre lo que realmente están haciendo para paliar la cesantía en la industria salmonera”, apuntó Ugarte.
Los diputados además se comprometieron a trasparentar los montos traspasados desde el gobierno a las empresas salmoneras por concepto del Decreto 889 de bonificación a la mano de obra en zonas extremas, durante los diez últimos años. Una vez que se conozcan los datos solicitados, señalaron que realizarán una visita a terreno y convocarán a una sesión especial de la Cámara para abordar este problema.
La Presidenta Bachelet destinó 450 millones de dólares a la industria salmonera, dinero que según las organizaciones ciudadanas no ha llegado a los trabajadores y simplemente ha mitigado las pérdidas de los empresarios.
Para la directora de Fundación Terram, Flavia Liberona, “es evidente que el gobierno no ha tomado el peso de la situación. La crisis de la industria salmonera empieza a mediados del 2007 con los primeros brotes del virus ISA y los primeros despidos se producen en noviembre de ese año. Sin embargo, el gobierno no ha implementado ninguna medida en el ámbito social y laboral para paliar los efectos de esta crisis”.
Considerando que los problemas de los trabajadores y de la industria del salmón no son recientes, Liberona fue enfática en aclarar que “esta crisis no está asociada a la financiera y no puede ser tratada como tal”.
“Quieren hacer pasar esta crisis como si fuera parte de la crisis financiera mundial, cuando es una crisis que empezó antes y que va a durar quizás hasta después”, puntualizó la directora de Fundación Terram, una de las organizaciones que componen el OLACH.
“Desde el movimiento sindical estamos sumamente preocupados y si no se hacen efectivas soluciones puntuales, no nos dejan otro camino que las movilizaciones”, afirmó Javier Ugarte y fue respaldado por la presidenta de la CUT provincial de Llanquihue, Doris Paredes, quien manifestó que los trabajadores están alertas y organizados para actuar si es que el gobierno no cumple con su compromiso de tomar medidas antes de fin de mes. “No podemos seguir esperando los trabajadores y trabajadoras despedidas, ni menos nuestras familias. Ya ha pasado más de un año desde que comenzó la crisis del virus ISA sin que se den respuestas a nuestras demandas”, declaró.
Por otra parte, los diputados socialistas Fidel Espinoza y Alfonso D´Urresti, condicionaron su voto a la Ley de Pesca a la presentación de un proyecto paralelo que aborde la problemática de la salmonicultura y que se haga cargo de la cesantía de los trabajadores de este sector.
El Clarin - 23.03.09
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