El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió ayer que la desconfianza de los inversionistas en el cumplimiento de los pagarés del gobierno de Washington podría desbaratar todo el sistema financiero y provocar una nueva recesión peor de la que ya tuvimos. La advertencia fue precedida de otra, formulada el sábado por el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, en el sentido de que si el Congreso no autoriza un techo superior de endeudamiento público, Estados Unidos podría incurrir en una moratoria de pagos, lo que sería un acontecimiento sin precedentes en la historia de ese país, lo que se traduciría, a su vez, en un freno al crecimiento, pérdida de empleos, incremento de tasas de interés y expansión del déficit fiscal.
El tono de alarma y hasta de desesperación de los llamados de ambos funcionarios no debe distraer la atención sobre el hecho de fondo, que es la precariedad e incertidumbre de la pregonada recuperación económica estadounidense y mundial tras el descalabro financiero de 2008-2009. En efecto, la pretendida superación de la crisis se limitó a una recomposición de los macroindicadores, pero no tocó la inestabilidad intrínseca del modelo económico en vigor, generador de desigualdad social, concentrador de la riqueza y favorecedor de la especulación en detrimento de las actividades productivas.
A pesar de los memorables arranques verbales del propio Obama y de otros gobernantes, tanto en Estados Unidos como en Europa, los costos astronómicos de la crisis económica fueron transferidos a los causantes, a los consumidores y a los asalariados, en tanto los propietarios de las instituciones financieras y sus operadores –responsables de provocar la recesión por su ambición desmedida– fueron premiados con rescates multimillonarios procedentes de las arcas públicas. En México, donde las autoridades se negaron a adoptar medidas preventivas ante la inminencia del desbarajuste mundial y se limitaron a minimizar los riesgos de éste, la población en general fue abandonada a su suerte: el desempleo se multiplicó y la pobreza extrema experimentó un nuevo ciclo de crecimiento.
Al concentrarse únicamente en los aspectos financieros de una crisis que a pesar de los triunfalismos no ha sido plenamente superada, Obama envía un mensaje inequívoco de desdén a los sectores sociales afectados por la recesión, como los que se manifestaron el pasado viernes alrededor de la zona financiera de Wall Street, Nueva York, en repudio a los despidos masivos, a los ataques contra los derechos laborales y a la eliminación de programas sociales. Si bien esa manifestación tenía como blanco la política del alcalde neoyorquino, Michael Bloomberg, lo cierto es que semejante estrategia anticrisis –centrada en preservar los intereses financieros y empresariales y en transferir los costos a la población en general– es compartida por las autoridades estatales y federales, así como por los gobiernos de la mayor parte del orbe. Otro caso es el de la presidencia española, encabezada por José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha sido llamado con precisión el Robin Hood de los banqueros, por quitarles a los pobres para darles a los ricos. La política económica antipopular de un gobierno que se proclama socialdemócrata, partidario de la distribución de la riqueza y promotor del bienestar social, ha generado un estado de descontento en España que se expresa, entre otras formas, en manifestaciones multitudinarias como las realizadas ayer en diversas ciudades, en repudio al modelo económico vigente y en demanda de que la ciudadanía deje der ser considerada mercancía en manos de políticos y de banqueros.
En el terreno político, la inconsecuencia de Rodríguez Zapatero ha derivado en un severo descrédito del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en vísperas de un proceso electoral en el que se encamina a una derrota histórica.
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