James Petras
Introducción
La mayor parte de las explicaciones de las revueltas árabes de Egipto, Túnez, Libia, Marruecos, Yemen, Jordania, Bahrein, Iraq y otros lugares se han centrado en las causas más inmediatas: dictaduras políticas, desempleo, represión y manifestantes heridos y muertos. Han prestado la máxima atención a los activistas de «clase media», jóvenes y con formación, a sus comunicaciones a través de internet (Los Angeles Times, 16 de febrero de 2011) y, en el caso de Israel y sus teóricos sionistas de la conspiración, a «la mano escondida» de los extremistas islámicos (Daily Alert, 25 de febrero de 2011).
Lo que se echa en falta es un intento de ofrecer un marco de la revuelta que contemple las estructuras socioeconómicas a gran escala y a medio y largo plazos, además de los «detonantes» inmediatos de la acción política. El alcance y la profundidad de los levantamientos populares, así como las diversas fuerzas políticas y sociales que han entrado en el conflicto, excluyen todas las explicaciones que se centren en una única dimensión de la lucha.
El mejor enfoque es el del «cuello de botella», según el cual, en el extremo más ancho (las estructuras a largo plazo y gran escala) se sitúa la naturaleza del sistema económico, político y de clases; el medio plazo se define por los efectos acumulativos y dinámicos de esas estructuras sobre los cambios de las relaciones políticas, sociales y económicas; las causas a corto plazo, que precipitan las reacciones socio-político-psicológicas, o la conciencia social que desemboca en acción política.
La naturaleza de las economías árabes
Con la excepción de Jordania, la mayoría de las economías árabes en donde se están produciendo las revueltas se basan en las «rentas» del petróleo, el gas, los minerales y el turismo, lo que aporta casi todos los beneficios por exportaciones y la mayor parte de los ingresos del Estado (Financial Times, 22 de febrero de 2011, p. 14). Efectivamente, estos sectores económicos son cotos exportadores que emplean a una proporción minúscula de la mano de obra y definen una economía de alta especialización (Informe anual del Banco Mundial, 2009). Estos sectores exportadores no están vinculados a una economía nacional productiva diversificada: el petróleo se exporta y las manufacturas y los servicios financieros y de alta tecnología son importaciones controladas por multinacionales extranjeras y expatriados vinculados a las clases gobernantes (Economic and Political Weekly, 12 de febrero de 2011, p. 11). El turismo refuerza los ingresos de arriendo o «rentistas» como el propio sector, que suministra «divisa extranjera» e ingresos fiscales a un Estado de clase-clan. Este último descansa en el capital extranjero subvencionado por el Estado y en un sector «inmobiliario» local y con relaciones políticas para importar mano de obra extranjera para la construcción.
Los ingresos por arriendos pueden generar mucha riqueza, sobre todo cuando el precio de la energía se dispara, pero los fondos se acumulan en una clase «rentista» que no tiene la menor vocación o intención de ahondar en un proceso de desarrollo económico e innovación que se generalice. Los rentistas se «especializan» en la especulación financiera, las inversiones en el extranjero a través de empresas de fondos de capital que no cotizan en bolsa, el consumo extravagante de artículos de lujo y el mantenimiento de cuentas privadas opacas de miles de millones de dólares y de euros en bancos del extranjero.
La economía rentista crea pocos puestos de trabajo en la actividad productiva moderna; el sector más lucrativo está controlado por miembros de la familia o el clan ampliado y por las empresas financieras extranjeras a través de expatriados; el empleo técnico y de peor calidad es asumido por mano de obra extranjera contratada, con unos niveles salariales y condiciones laborales que la mano de obra local cualificada está deseando aceptar.
Esa economía rentista acotada se traduce en una clase gobernante centrada en clanes que «confunde» la propiedad pública con la privada: lo que en realidad es el «Estado» son unos monarcas absolutistas y sus familias extensas en la cima y, en el medio, su séquito político cliente, tribal y dirigente y los tecnócratas.
Estas son «clases gobernantes cerradas». El acceso se reduce a miembros selectos del clan o la dinastía familiar y a un número reducido de individuos «emprendedores» que podrían acumular riqueza al servicio de la clase-clan dominante. El «núcleo más próximo» vive de los ingresos por arriendo, recibe pagos de sociedades inmobiliarias a las que no aporta ninguna cualificación más que la de emitir autorizaciones oficiales, concesiones de terrenos, licencias de importación y vacaciones fiscales.
Más allá del saqueo de las arcas públicas, la clase-clan dominante fomenta el «libre comercio», es decir, importar manufacturas baratas y socavar así el despegue de cualquier iniciativa autóctona de los sectores «productivos» manufacturero, agrícola o técnico.
En consecuencia, no hay ningún capitalista o «clase media» nacional emprendedora. Lo que hace las veces de clase media son en buena medida empleados del sector público (maestros, profesionales de la salud, funcionarios, bomberos, policías, militares) que dependen de un salario que, a su vez, depende de la sumisión al poder absolutista. No tienen ninguna posibilidad de ascender a escalones más altos o de crear oportunidades económicas para sus proles con formación.
La concentración de poder económico, social y político en un sistema cerrado y controlado de clase-clan desemboca en una inmensa concentración de riqueza. Dada la distancia social entre gobernantes y gobernados, la riqueza generada por el precio de los artículos de lujo ofrece una imagen tremendamente distorsionada de la «riqueza» per cápita; añadir a los millonarios y multimillonarios a la cima de una masa de jóvenes mal pagados y subempleados arroja una renta media engañosamente alta (Washington Blog, 24 de febrero de 2011).
El gobierno rentista: por las armas y las dádivas
Para compensar estas grandes diferencias sociales y preservar la posición de la clase gobernante rentista y parásita, esta última busca establecer alianzas con empresas de armamento multimillonarias y protección militar de la potencia imperial dominante (EE UU). Los gobernantes se entregan a la «neocolonización con invitación» y ofrecen terrenos para bases militares y aeropuertos, puertos para operaciones navales, connivencia para financiar a mercenarios por poderes contra adversarios antiimperialistas y sumisión a la hegemonía sionista en la región (a pesar de que formulen de vez en cuando alguna crítica intrascendente).
A medio plazo, el gobierno por la fuerza se complementa con dádivas a los pobres de las zonas rurales y los clanes tribales; con subsidios de alimentos para los pobres urbanos; y con empleo sin futuro y deficitario para los desempleados con formación (Financial Times, 25 de febrero de 2011, p. 1). Tanto la carísima adquisición de armas como los subsidios paternalistas reflejan la ausencia de toda capacidad para realizar inversiones productivas. Se gastan miles de millones de dólares en armas en lugar de en diversificar la economía. Se gastan cientos de millones de dólares en obsequios paternalistas de una sola dosis, en lugar de en inversiones a largo plazo que generen empleo productivo.
El «pegamento» que mantiene unido este sistema es la combinación de saqueo moderno de la riqueza pública y los recursos energéticos naturales y la tradicional utilización de reclutas neocoloniales y de clanes y de contratistas mercenarios para controlar y reprimir a la población. El armamento estadounidense moderno está al servicio de una monarquías absolutistas y dictaduras anacrónicas basadas en los principios del gobierno dinástico del siglo XVIII.
La introducción y extensión de sistemas de comunicaciones de vanguardia y de centros comerciales de arquitectura ultramoderna alimentan a un estrato de consumidores de artículos de lujo de élite y dejan ver un contraste muy marcado con la inmensa mayoría de jóvenes con educación y sin empleo, excluidos de la cima y presionados desde abajo por los trabajadores contratados extranjeros mal pagados.
Desestabilización neoliberal
Los clanes-clases rentistas reciben presiones de las instituciones económicas internacionales y los banqueros locales para que «reformen» sus economías: «abrir» el mercado nacional y las empresas públicas a los inversores extranjeros y reducir los déficit derivados de la crisis global introduciendo reformas neoliberales (Economic and Political Weekly, 12 de febrero de 2011, p. 11).
Como consecuencia de las «reformas económicas», se han recortado o suprimido los subsidios alimentarios para los más pobres y se ha reducido el empleo público, lo que cierra una de las pocas puertas existentes para los jóvenes con formación. Los impuestos a los consumidores y trabajadores asalariados aumentan, al tiempo que se aplican exenciones fiscales a los promotores inmobiliarios, los especuladores financieros y los importadores. La desregulación ha exacerbado una corrupción ya galopante, no solo entre la clase-clan gobernante rentista, sino también en su entorno empresarial inmediato.
Los «lazos» paternalistas que unen a la clase media y baja con la clase gobernante han quedado erosionados por las «reformas» neoliberales inducidas desde el exterior, que combinan la explotación exterior «moderna» con las formas «tradicionales» de saqueo privado nacional. Los regímenes de clan-clase ya no pueden confiar en las lealtades de clan, tribales, clericales o clientelistas para aislar a los sindicatos urbanos, los estudiantes, las pequeñas empresas y los movimientos de un sector público mal remunerado.
La Calle contra Palacio
Las «causas inmediatas» de las revueltas árabes giran en torno a las inmensas contradicciones demográficas y de clase de la economía rentista gobernada por el clan-clase. La oligarquía dominante gobierna a una gran masa de desempleados o trabajadores jóvenes subempleados; este último grupo lo forma entre el 50 y el 65 por ciento de la población menor de veinticinco años (Washington Blog, 24 de febrero de 2011). La economía rentista «moderna» y dinámica no incorpora a los jóvenes recién formados al empleo moderno, sino que los relega a la «economía informal», sin protección social y mal pagada de la calle como vendedores, transportistas o autónomos subcontratados y encargados de servicios personales. Los sectores ultramodernos del petróleo, el gas, inmobiliario, de turismo y centros comerciales dependen del apoyo político y militar de dirigentes retrógrados tradicionales, clericales, tribales o de clan, subvencionados pero nunca «incorporados» a la esfera de la producción moderna. La clase trabajadora industrial urbana moderna con pequeños sindicatos independientes está proscrita. Las asociaciones civiles de clase media están, o bien bajo el control del Estado, o bien restringidas a tener que formular solicitudes continuas al Estado absolutista.
El «subdesarrollo» de las organizaciones sociales, relacionado con la dedicación de las clases sociales a la actividad productiva moderna, supone que el eje de la acción social y política sea la calle. En esta sociedad de plazas, quioscos, calles y esquinas, y en los mercados, se ve deambular por, entre y en el entorno de los centros de poder administrativo absolutista a jóvenes desempleados y subempleados a tiempo parcial e implicados en el sector informal. Las masas urbanas no ocupan posiciones estratégicas en el sistema económico, pero están disponibles para unas movilizaciones capaces de paralizar las calles y plazas por las que se transportan los bienes y servicios y en las que se obtienen beneficios. Es igualmente importante que los movimientos de masas desatados por los jóvenes desempleados ofrecen a los profesionales oprimidos, los empleados del sector público, los pequeños empresarios y los autónomos una oportunidad de entregarse a las protestas sin verse sometidos a represalias en sus centros de trabajo... lo que disipa el «factor miedo» de perder el empleo.
La confrontación política y social gira en torno a los polos opuestos: las oligarquías clientelistas y las masas desclasadas (el panarabismo). La primera depende directamente del Estado (el aparato militar/policial) y la última de organizaciones presenciales improvisadas, locales, informales y amorfas. La excepción es la minoría de universitarios que se movilizan a través de internet. Los sindicatos industriales organizados ingresan en la lucha tarde y en buena medida se concentran en demandas económicas sectoriales, con algunas excepciones (sobre todo en las empresas públicas, controladas por amigotes de los oligarcas, donde los trabajadores exigen cambios en la dirección).
Como consecuencia de las particularidades sociales de los Estados rentistas, los levantamientos no adoptan la forma de luchas de clase entre asalariados y capitalistas industriales. Afloran como revueltas políticas masivas contra el Estado oligarca. Los movimientos sociales callejeros manifiestan su capacidad de deslegitimar la autoridad del Estado, paralizar la economía y pueden desembocar en el derrocamiento de los autócratas que gobiernan. Lo propio de los movimientos de masas callejeros es ocupar las calles con relativa facilidad, pero también dispersarse cuando los símbolos de la opresión han sido desalojados. Los movimientos callejeros carecen de la organización y el liderazgo para proyectar, y menos aún imponer, un nuevo orden político o social. Su poder reside en la capacidad de presionar a las élites e instituciones existentes, no de sustituir al Estado y la economía. De ahí la asombrosa facilidad con la que el ejército egipcio respaldado por EE UU, Israel y la UE ha logrado tomar el poder y proteger al Estado rentista en su conjunto y a la estructura económica al tiempo que mantenía sus lazos con sus mentores imperiales.
La convergencia de condiciones y el «efecto demostración»
La propagación de las revueltas árabes por el Norte de África, Oriente Próximo y los Estados del Golfo Pérsico es, en primera instancia, un producto de condiciones históricas y sociales similares: los Estados rentistas gobernados por oligarquías familiares y de clan, dependientes del «arriendo» de exportaciones petroleras y energéticas de capital intensivo, que confinan a la inmensa mayoría de la juventud en actividades económicas «callejeras» informales y marginales.
El «poder del ejemplo» o el «efecto demostración» solo se puede entender reconociendo idénticas condiciones sociopolíticas en cada país. El poder de la calle (los movimientos urbanos de masas) presupone que la calle es el locus económico de los actores principales y que se debe conquistar las plazas por que son el espacio donde ejercer el poder político y proyectar las demandas sociales. No cabe duda de que los éxitos parciales de Egipto y Túnez hicieron detonar los movimientos en otros lugares. Pero solo lo hicieron en países con idéntico legado histórico, con las mismas polaridades sociales entre gobernantes rentistas de clan y trabajadores callejeros marginales y, especialmente, donde los gobernantes estaban profundamente integrados en redes económicas y militares imperiales a las que estaban subordinados.
Conclusión
Los gobernantes rentistas rigen a través de sus lazos con el ejército y las instituciones económicas estadounidenses y de la UE. Modernizan sus prósperos cotos y marginan a los jóvenes recién formados, que quedan confinados en empleos mal remunerados, sobre todo en el endeble sector informal y callejero de las principales ciudades. Las privatizaciones neoliberales, la reducción de los subsidios públicos (de alimentos, de desempleo, de aceite para cocinar, gas, transporte, salud y educación) ha hecho añicos los lazos paternalistas mediante los cuales los gobernantes aplacaban el descontento de los jóvenes y los pobres, así como de las élites clericales y los jefes tribales. La confluencia de clases y masas, modernas y tradicionales, ha sido consecuencia directa de un proceso de neoliberalización impuesto desde arriba y de exclusión, desde abajo. La promesa de los «reformadores» neoliberales de que el «mercado» sustituiría con empleos bien remunerados la pérdida de subsidios estatales paternalistas era falsa. Las políticas neoliberales han reforzado la concentración de riqueza al tiempo que han debilitado el control de las masas por parte del Estado.
La crisis económica capitalista mundial ha llevado a Europa y Estados Unidos a endurecer los controles de inmigración, con lo que han eliminado una de las válvulas de escape de estos regímenes: la fuga masiva de jóvenes sin empleo y con formación que buscaban trabajo en el extranjero. Emigrar al extranjero había dejado de ser una opción; las alternativas se reducían a luchar o sufrir. Los estudios demuestran que quienes emigran suelen ser los más ambiciosos, los mejor formados (de su clase social) y los capaces de asumir mayores riesgos. Ahora, recluidos en sus países de origen, con pocas ilusiones de encontrar oportunidades en el exterior, se ven obligados a luchar por la movilidad individual en su país mediante la acción social y política colectiva.
Entre la juventud política es igualmente importante el hecho de que a EE UU, como garante de los regímenes rentistas, se la considere una potencia imperial en declive: cuestionada económicamente en el conjunto de la economía mundial por China, teniendo que hacer frente a una derrota como potencia colonial ocupante en Iraq y Afganistán, y humillada como criada sumiso y mendaz de una Israel cada vez más desautorizada por la acción de sus agentes sionistas en el régimen de Obama y el Congreso estadounidense. Todos estos elementos de la decadencia y descrédito imperial estadounidenses animan a los movimientos en favor de la democracia a avanzar contra los clientes estadounidenses y reducen su temor a una intervención militar estadounidense que abriera un tercer frente de batalla. Los movimientos de masas ven en sus oligarquías a unos regímenes «en tres niveles»: unos Estados rentistas bajo la hegemonía estadounidense que, a su vez, está sometida a la tutela israelí-sionista. Cuando 130 países de la Asamblea General de Naciones Unidas y la totalidad del Consejo de Seguridad, a excepción de EE UU, condenan la expansión colonial, y cuando Líbano, Egipto, Túnez y los regímenes venideros de Yemen y Bahrein prometen instaurar políticas exteriores democráticas, los movimientos de masas descubren que todo el armamento moderno y los 680.000 soldados de Israel no sirven de nada en medio del aislamiento diplomático absoluto, la pérdida de clientes regionales rentistas y el descrédito manifiesto de unos gobernantes militaristas grandilocuentes y sus agentes sionistas en los cuerpos diplomáticos estadounidenses (Financial Times, 24 de febrero de 2011, p. 7).
Las propias estructuras socioeconómicas y las condiciones políticas que hicieron detonar los movimientos de masas en favor de la democracia, los jóvenes desempleados y subempleados organizados desde «la calle», plantean ahora el reto más relevante: ¿puede la masa amorfa y diversa convertirse en una fuerza social y política organizada capaz de tomar el poder del Estado, democratizar el régimen y, al mismo tiempo, crear una nueva economía productiva que ofrezca el empleo estable y bien pagado del que hasta la fecha carecía la economía rentista? El resultado político hasta el momento es incierto: los demócratas y los socialistas compiten con fuerzas clericales, monárquicas y neoliberales financiadas por Estados Unidos.
Es prematuro celebrar una revolución democrática popular...
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