Roberto Montoya
La “guerra de las divisas” que vienen librando desde hace semanas principalmente China y Estados Unidos, afectando en distintos niveles al resto de las economías mundiales, no se ha disipado como algunos esperaban en la cumbre del G-20 que tuvo lugar el jueves y viernes pasado en Seúl, la capital de Corea del Sur. La resolución del complejo y espinoso tema de cómo adecuar las monedas nacionales a través de devaluaciones de sus monedas que les permitan exportar más a precios competitivos, sin afectar al mismo tiempo drásticamente a los otros, ha quedado postergada hasta la próxima cumbre del G-20 dentro de un año. Barack Obama no logró que se obligara a China a frenar la devaluación del yuan.
Los jefes de Estado y de Gobierno presentes, entre los que se encontraba la presidenta Cristina Fernández, se comprometieron en términos genéricos a evitar las devaluaciones competitivas y a hacer esfuerzos para poder reducir los desequilibrios comerciales mundiales, pero sin identificar en concreto a los principales responsables de las distorsiones en la economía mundial. Los expertos, los “sherpa”, deberán discutir a partir de ahora las piezas concretas a las que aluden de forma tan abstracta esos acuerdos. "China gasta mucho dinero para mantener su moneda infravalorada", dijo Obama, y debe "de modo gradual, hacer una transición al valor de mercado”. Obama defendió a su vez el estímulo monetario de la Reserva Federal de su país, que propició también una desvalorización del dólar: “Se hizo para que la economía creciera y no para tener un impacto directo en el valor de la moneda”, adujo el presidente, haciendo así frente a las críticas de “proteccionismo” hechas por algunos países europeos.
La presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, advirtió también por su parte que la postura de EEUU de debilitar intencionadamente el dólar “significa que otras economías están cargando con los costos del ajuste estadounidense”.
El presidente estadounidense ha pedido a China y al resto de países emergentes que potencien más su consumo interno para no depender tanto de las exportaciones.
Entre los países más desarrollados predomina la idea de que dado que los países emergentes están sobrellevando mejor la crisis, tienen superiores nivel de crecimiento y superávit comercial, deben de inhibirse de aumentar las exportaciones para no perjudicar a los ricos obligándoles a importar más sus productos.
La presidenta argentina, quien no pudo ocultar su emoción por las cálidas condolencias por la muerte de su esposo, Néstor Kirchner, de parte de todos los líderes presentes, salió al paso de las presiones de los países desarrollados, al decir que “no se puede pedir a las economías emergentes que frenen su desarrollo”, aunque reivindicó que el modelo argentino se basa en el desarrollo industrial con creación de empleo y mejores salarios, con lo que se intenta contribuir decisivamente al aumento del consumo interno.
“Tenemos que mejorar los salarios porque es necesario que la gente consuma, ya que si no hay consumo, no hay posibilidades de romper la inercia en materia de crecimiento económico”, dijo Cristina Fernández, quien no desaprovechó la oportunidad para denunciar la especulación financiera.
La discusión se dio en el marco del G-20, que aglutina al original G-7, el “club” de los países más ricos del mundo –EEUU, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, Canadá, Italia—más Rusia; a la Unión Europea como bloque, y a 11 países emergentes, China, Arabia Saudí, Australia, India, Indonesia, República de Corea, Sudáfrica, Turquía, Argentina, Brasil y México.
El G-20 ha tomado más y más protagonismo desde que estalló la crisis financiera mundial, desplazando en buena medida el rol que cumplía el G-7 más Rusia (o G-8), tras verificarse que los países más desarrollados sufrían en sus economías y su nivel de empleo el terremoto de la crisis con mucho más virulencia que los países emergentes.
Los ricos han necesitado y siguen necesitando de la ayuda y coordinación con estos para salir del pozo, en esta economía cada vez más globalizada, pero, al mismo tiempo, intentan limitar la influencia que las medidas de estos puedan tener en las decisiones claves de la economía mundial. Los países emergentes, que ya hicieron sentir su fuerza en la anterior cumbre de Toronto, Canadá, cuatro meses atrás, temen que los más ricos intenten delegar aún más competencias en el Fondo Monetario Internacional, con tanta responsabilidad en la actual crisis, al que sin embargo explícitamente se le ha encargado ser quien verifique, a través de un examen país por país, de si se ajustan o no al plan de reducir los desequilibrios externos. Los emergentes han conseguido por su parte, para contrarrestar esa tendencia, que en el comunicado final de la cumbre de Seúl quedara explícita la necesidad de una reforma del FMI para que esos países ganen cuota de poder en ese organismo, a costa de que la pierdan los europeos.
Paralelamente a estas discusiones, el G-20 acordó, en términos igualmente muy genéricos, la necesidad de implementar requisitos de supervisión más estrictos para las instituciones financieras, a las que se someterá a un mayor control para evitar nuevas crisis. El acuerdo alcanzado intenta evitar que de nuevo sean los gobiernos quienes acudan al rescate de grandes bancos u otras entidades financieras. A pesar de ello, la gran banca ha logrado ganar tiempo, dado que habrá que esperar seis meses para definir a qué entidades se someterá a esos requisitos y cuáles serán estos. Y también para 2011 ha quedado aplazada una vez más la discusión sobre la propuesta de aplicar una tasa a las transacciones financieras, al igual que el proyecto de dotar de una protección mayor a los consumidores.
Por aplazar, la cumbre de las economías más poderosas del mundo también ha aplazado discutir planes que garanticen alto tan vital como la seguridad alimentaria mundial.
La realización de esta cumbre en Séul coincidió con un momento en que las alarmas sobre el estado de las economías de la Unión Europea acababa de saltar de nuevo, tras la tregua producida después del “rescate” de la UE a Grecia de meses atrás.
Durante la semana pasada, uno de los eslabones más débiles de la cadena económica europea, Irlanda, pareció hacer “click”, cuando la presión de “los mercados” –una vez más- puso a ese país al borde del abismo, subiendo su prima de riesgo en 600 puntos, lo que provocó de inmediato un efecto contagio en Portugal y Grecia. A pesar de que los jefes de Estado de la UE transmitieron desde la cumbre de Seúl un mensaje de tranquilidad y aseguraron que Irlanda, en principio, no tendría que ser “rescatada”, nadie está demasiado convencido de ello. Menos aún cuando las estadísticas oficiales europeas, el Eurostat, muestran que los duros “ajustazos” aplicados en la UE para enfrentar la crisis están frenando precisamente la recuperación de la economía europea.
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