Crisis y empleo público

Vicenç Navarro

Existen hoy dos filosofías de cómo salir de la crisis. Una, dominante en los establishments políticos y mediáticos europeos, acentúa la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública. Es la alternativa liberal promovida sobre todo por la banca y por los partidos conservadores y liberales (y algunos socialdemócratas). La otra filosofía considera que el mayor problema existente es el desempleo y que la prioridad en las intervenciones públicas debiera ser la de crear empleo, incluso empleo público, a fin de disminuir el desempleo, una de las causas de la falta de recuperación económica. La Administración de Obama y el Congreso de EEUU han tomado varias medidas en este sentido. Una de ellas es la ley propuesta por la Administración de Obama y aprobada en febrero de 2009 por el Congreso (American Recovery and Reinvestment Act o ARRA), que tiene como objetivo la creación de empleo en aquel país, ley que ha sido complementada con otra –aprobada en diciembre de 2009 por la Cámara Baja de EEUU (Jobs for Main Street)– que expande el gasto público para, además de ampliar la cobertura al seguro de desempleo (a fin de alcanzar a mayor número de trabajadores en paro, hoy el 10% de la población activa), crear el máximo número de puestos de trabajo en construcción de in-
fraestructuras físicas (carreteras y transporte público) y en servicios públicos (tales como educación, servicios sociales y servicios sanitarios). Y ahora la Administración de Obama está preparando otra ley que acentúe todavía más la creación de puestos de trabajo en el sector público. El objetivo de todas estas intervenciones es la creación masiva de empleo público. Existen además otras intervenciones en las que se estimula la creación de empleo en el sector privado, y muy en especial en las industrias verdes de carácter ecológico y ahorradoras de energías.
Todas estas políticas de creación de empleo público por parte del Estado están adquiriendo un gran protagonismo en las políticas de resolución del elevado desempleo en EEUU. El criterio fundamental para guiar este esfuerzo es que se creen el máximo número de puestos de trabajo en el mínimo de tiempo y que la creación de tales empleos beneficie al máximo número de personas posible. Todos los estudios realizados muestran que donde las inversiones alcanzan mejor estas condiciones es en las inversiones en los servicios del Estado del bienestar. Incluso el ministro de Economía y Hacienda (secretary of the Treasure), Timothy Geithner, subraya que “las inversiones en áreas sociales ofrecen mayor ocupación por el mismo dinero”. Comparando la creación de empleo en infraestructuras físicas y en inversiones verdes con las creadas en inversiones sociales –como centros de infancia, servicios domiciliarios a personas dependientes, servicios sanitarios o servicios educativos–, estos últimos son los que crean más empleo y satisfacen a un número mayor de personas. La misma cantidad de dinero público que crea 556.000 puestos de trabajo en infraestructuras físicas crea 1,2 millones en los servicios del Estado de bienestar. Las inversiones que facilitan 11 puestos de trabajo en infraestructuras físicas y 17 en industrias verdes, favorecen 23 puestos de trabajo en sectores sociales. Es importante añadir, además, que las inversiones sociales crean, en general, ocupación entre los grupos más afectados por el desempleo, a la vez que proveen servicios que benefician a un número mayor de personas.
De especial importancia son las inversiones en escuelas de infancia y en los servicios domiciliarios que facilitan la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y aumentan a su vez su productividad (añadiendo 33.000 millones de dólares a la economía). Este tipo de inversión en creación de empleo es también especialmente importante, pues aumenta el porcentaje de la población adulta que trabaja, un elemento clave para la recuperación económica. El Ministerio de Trabajo de EEUU ha indicado que los dos sectores de la economía donde crecerá más el empleo serán precisamente en las escuelas de infancia y en los servicios domiciliarios a las personas con dependencia, siendo estos sectores donde el Gobierno federal está insistiendo más en los programas de creación de empleo público.
Estos datos son especialmente relevantes para España, donde se está siguiendo una política errónea de reducción del empleo público y de gasto público, desaprovechando la oportunidad creada por la crisis de corregir el enorme déficit de empleo público en los servicios del Estado de bienestar. España es el país de la UE-15 con el número más bajo de empleo público (6,5 empleos públicos por 100 habitantes, muy inferior a los 14 de Suecia, 10 de Francia, 17 de Dinamarca y 12 de Finlandia, todos ellos países de gran eficiencia y competencia económica). La creación de empleo público en España reduciría el desempleo y facilitaría la recuperación económica.
Tal creación de empleo público debería financiarse a base de aumentar los impuestos de los grupos que se beneficiaron más en los años de exuberancia de los beneficios bancarios y empresariales y de las rentas superiores, permitiendo además una menor reducción del déficit fiscal. Incluso el Gobierno de la Tercera Vía de Gordon Brown en Reino Unido (que tiene un déficit de 13% del PIB, mayor que el español) está aumentando su gasto público social aumentando el empleo público en su Servicio Nacional de Salud (añadiendo 60.000 nuevos puestos de trabajo por año). Como Brown ha señalado, “los recortes en gasto y empleo públicos son erróneos y peligrosos en estos momentos en los que necesitamos crear empleo”. ¿Hasta cuándo el pensamiento liberal continuará dominando las políticas públicas en la Unión Europea (incluyendo España)?

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