Sociologias: Universidad europea: ¿giro social en Lovaina?

10/05/2009

Universidad europea: ¿giro social en Lovaina?

Albert Corominas · Vera Sacristán

¿El EEES está generando problemas en otros países?

- Creo que no.

Entrevista a Felipe Pétriz, Director General de Universidades del gobierno de España, Público, 15/12/2008. http://www.publico.es/espana/180606/empresas/disenando/titulaciones

- En el resto de Europa, ¿cómo está esta historia?

- No protestan. Se ha implantado prácticamente en toda Europa, vamos tarde, vamos tardísimo, y no hay protestas en Europa. De hecho es un proceso…

- En Grecia...

- En Grecia. Hay una punta en Grecia. Pero Europa es muy grande y el proceso se ha implantado, con participación de los estudiantes, y con normalidad.

Bolonya, problema o solució? (Àgora, TV3, 01/12/2008, 01:02:48) http://www.tv3.cat/videos/871629/Bolonya-problema-o-solucio

Con motivo de los debates alrededor de las movilizaciones universitarias que han tenido lugar recientemente en España, no han cesado de repetirse afirmaciones como las que encabezan este texto.

Son conocidas las protestas estudiantiles griegas desde principios de 2006 contra el proyecto de ley universitaria que, entre otras cosas, permitía por vez primera la implantación de universidades privadas; quizás no lo sea tanto que este mes de abril todavía se estaban produciendo ocupaciones, desalojos y nuevas ocupaciones de universidades con motivo de la externalización de servicios [1] y menos aún que en muchos países europeos –y no sólo europeos– se han producido y se siguen produciendo protestas estudiantiles, de profesorado e incluso de autoridades académicas contra diversas reformas que apuntan, de forma generalizada, hacia la mercantilización de la universidad (reducción de la financiación pública, aumento de los precios de matrícula, modificación de los sistemas de gobierno para dar entrada a representantes de intereses privados, etc.).

En junio de 2007 se aprobó en Portugal una disposición que prevé la transformación en fundaciones de derecho privado de las universidades públicas (hecha efectiva, a día de hoy, en tres universidades), las cuales, por otra parte, padecen serias dificultades financieras; todo ello ha originado numerosas protestas de rectores, –incluyendo la declaración conjunta de ex-rectores pidiendo la intervención del presidente de la república y el primer ministro– y encierros de estudiantes [2]. Desde la aprobación, en agosto de 2007, de la denominada ley Pécresse (con muchos puntos de contacto con la LRU española, de 1983, y con el proyecto Campus de Excelencia actualmente impulsado también en España) en Francia han ido en aumento las protestas de estudiantes, rectores y personal docente e investigador [3]. También en Italia el curso universitario actual está resultando muy movido, a causa de los recortes drásticos del presupuesto para la enseñanza aprobados por el parlamento en octubre de 2008 [4]. Ha habido asimismo movimientos de protesta en Finlandia [5], en Dinamarca [6] contra un cambio radical en el sistema de gobierno de las universidades y ante el anuncio de un recorte de las becas, en Irlanda [7] y Reino Unido [8] en torno a precios y becas, y en Croacia [9] para pedir la gratuidad de los estudios universitarios.

Estos movimientos antimercantilizadores y en pro de la universidad pública, se declaren o no explícitamente contrarios al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) surgido a partir de la declaración ministerial de Bolonia de 1999, son seguramente la causa principal de la presencia cada vez mayor de la denominada dimensión social del proceso en las declaraciones ministeriales posteriores a la de Bolonia. Ya en la de Praga (2001) se incluye una referencia a dicha dimensión, reclamada por representantes estudiantiles, cuya participación se reconoce como necesaria. En la de Berlín (2003) se describe la enseñanza superior como un bien público y una responsabilidad pública y se afirma la importancia de reducir las desigualdades sociales y de género, en cada país y a escala europea. Las declaraciones de Bergen (2005) y Londres (2007) insisten en estas ideas y las precisan [10].

Pero ha sido en la declaración de la reunión ministerial de los 46 países que participan del EEES que acaba de tener lugar en Lovaina, en plena crisis financiera y económica y con el discurso neoliberal en desbandada, donde la dimensión social de la enseñanza superior ha cobrado protagonismo.

En efecto, la declaración considera “la inversión pública en enseñanza superior”, que es “una responsabilidad pública”, como “una prioridad por encima de cualquier otra”. Reconoce “plenamente el valor de las diversas misiones de la enseñanza superior, desde la docencia y la investigación hasta el compromiso en la cohesión social y el desarrollo cultural”. La declaración se extiende sobre la equidad en el acceso a y la compleción de los estudios: “El estudiantado […] ha de reflejar la diversidad de las poblaciones europeas”; “el acceso a la enseñanza superior se debe ampliar fomentando el potencial de los grupos infrarepresentados y proporcionando condiciones adecuadas para el desarrollo de sus estudios […] esto incluye la creación de condiciones económicas apropiadas para que las estudiantes y los estudiantes puedan beneficiarse de las oportunidades de estudiar a todos los niveles.” La educación superior “ha de equipar […] con los avanzados conocimientos, habilidades y competencias que necesitan a lo largo de su vida profesional” a las personas que la reciben. Finalmente, ministras y ministros confirman “que la financiación pública sigue siendo la principal prioridad para garantizar el acceso equitativo y aún más el desarrollo sostenible de instituciones autónomas de enseñanza superior”.

No deja de sorprender que suscriban una declaración como ésta representantes de gobiernos que están impulsando políticas de signo totalmente contrario, aunque es cierto que elaborar y suscribir declaraciones no implica un compromiso real ante una opinión pública desgraciadamente muy acostumbrada al divorcio entre las promesas y los hechos. Pero se equivocarían los movimientos estudiantiles y, en general, los movimientos pro universidad pública, si no percibieran y aprovecharan las oportunidades que les brinda esta declaración de Lovaina. No se trata tanto de denunciar la distancia entre las palabras y los hechos como de reclamar que los hechos se ajusten a las palabras.