La crisis actual está siendo utilizada por las fuerzas liberales para conseguir lo que no pudieron durante todos estos años, es decir, la reducción de los derechos sociales, laborales y políticos de la clase trabajadora y de las clases populares. Informe tras informe (financiados por la banca, cajas de ahorro, compañías de seguros y asociaciones empresariales) aparecen casi a diario, presionando a los gobiernos para que tomen medidas impopulares tales como la reducción de las pensiones y de los salarios de los trabajadores. En esta enorme avalancha liberal, que los medios de información y persuasión de mayor difusión promueven (proveyendo enormes cajas de resonancia), se da gran espacio a la supuesta inviabilidad de las pensiones públicas, como consecuencia de la transición demográfica. Se subraya una y otra vez que el crecimiento de la población anciana hace inviable económicamente tal sistema público de pensiones de jubilación. En varios artículos he criticado este determinismo demográfico, documentando los errores y manipulaciones que aparecen frecuentemente en tal tipo de argumentos (“Los errores del determinismo demográfico: el caso de las pensiones", Sistema digital, 05.02.10).
La frecuencia e intensidad de esta explicación, que atribuye la crisis e insostenibilidad de los sistemas de pensiones al factor demográfico, se está utilizando para ocultar la causa real del problema de sostenibilidad de tales sistemas de protección social que es la enorme polarización de las rentas, causada precisamente por las políticas liberales llevadas a cabo a los dos lados del Atlántico en la mayoría de países de la OCDE. Veamos los datos.
El gran crecimiento de la productividad que se ha dado en la mayoría de países de la OCDE durante los últimos treinta años no se ha correspondido con el crecimiento de los salarios y de la masa salarial. En realidad, esta última, como porcentaje de la renta nacional, ha disminuido como consecuencia de la aplicación de aquellas políticas neoliberales. Este descenso de las rentas del trabajo ha ido acompañado de un aumento muy considerable de las rentas del capital. País tras país, los beneficios empresariales han crecido sustancialmente (ver mi artículo ”Así empezó todo en EEUU”, Le Monde Diplomatique, junio de 2009). Las cotizaciones sociales, sin embargo, derivan primordialmente de las rentas del trabajo más que de las rentas del capital. La evidencia muestra claramente que la cotización empresarial a la Seguridad Social se realiza a costa del salario real de los trabajadores. Una consecuencia de este descenso de la masa salarial ha sido, pues, un descenso de la cantidad aportada a la Seguridad Social por parte de la fuerza laboral. Este hecho, del cual no se habla, queda muy bien documentado en el artículo de Christian E. Weller, “The future of public pensions in the OECD”, publicado en el Cambridge Journal of Economics (2004, 28.4895-504). Es una lástima que en este artículo no incluyera a España (incluye a Francia, Alemania, Italia, Japón, Suecia, Gran Bretaña y EE.UU.). Pero en España también hemos visto un descenso de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional. Desde el año 1980 al 2010 las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional descendió de un 65% a un 57%, y en España, de un 66,8% a un 56,6%.
Una de las conclusiones del estudio del profesor Weller es que una de las medidas importantes para mejorar la viabilidad de los sistemas de pensiones es no sólo aumentar la productividad –lo cual es enormemente importante- sino también los salarios, asegurándose que el incremento de la productividad repercute en un aumento de los salarios y de los ingresos a la Seguridad Social (ver mi artículo “Los salarios en España”, Público, 04.03.10). Como bien dice Weller, el futuro de las pensiones depende, en parte, de la cantidad de buen empleo que exista en un país y de la distribución de las rentas entre el trabajo y el capital. El crecimiento del empleo, el crecimiento de los salarios y la disminución de las desigualdades (con mayor proporción en la renta nacional de la renta procedente del trabajo y menor la proporción procedente del capital) es muy importante para asegurar el futuro de las pensiones.
Y otra dimensión que Weller también señala es la enorme importancia que tiene para el futuro de las pensiones la entrada de la mujer al mercado de trabajo, a fin de aumentar el porcentaje de la población adulta que trabaja. Ahora bien, esta entrada exige una inversión que facilite la integración de la mujer al mundo laboral a base de incrementar lo que en su día llamé el 4º pilar del bienestar (ver mi artículo “El cuarto pilar del Estado del Bienestar”, Público, 15.10.09) que debiera incluir no sólo los servicios de dependencia, sino también las escuelas de infancia (erróneamente llamadas guarderías en España, implicando que son aparcamientos para niños). La entrada de la mujer en el mercado de trabajo crea, a su vez, la demanda de puestos de trabajo, sobre todo en los servicios de atención personal en el hogar, que realizaba antes la mujer en casa. Y, naturalmente, esta integración de la mujer requiere un cambio de valores del hombre, corresponsabilizándole de las responsabilidades familiares. Estas son medidas que no tienen visibilidad en el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones y que, en cambio, son claves para su futuro.
Una última observación. Las propuestas de que se reduzcan los salarios, que está haciendo la patronal e, indirectamente, el PP y la derecha catalana, es suicida. Esta propuesta, junto con la de reducir el gasto público es extraordinariamente negativa, pues la evidencia existente -y constantemente olvidada en los medios de mayor difusión españoles- señala claramente que la mayor causa de la ralentización del estímulo económico es la escasa demanda. De ahí que deba facilitarse el crecimiento de tal demanda, lo cual se consigue primordialmente por un aumento de la cobertura del subsidio de paro (los trabajadores desempleados consumen todo lo que reciben), un aumento de los salarios y un aumento del empleo a base de inversiones en la creación de empleo. Es interesante señalar el debate existente dentro de la Unión Europea, en la que la Ministra de Economía del gobierno Sarkozy, Christina Lagarde, está criticando, con razón, a Alemania por las políticas de austeridad (con apenas crecimiento de los salarios) que no permiten un mayor estímulo económico de Alemania y de la Unión Europea. Aquellas voces que insisten en la austeridad, están reproduciendo la ideología liberal que, precisamente, nos llevó a la crisis actual. Y están dañando ahora la economía española, dificultando su recuperación.
En este aspecto recomiendo el artículo de George Irvin, publicado en The Guardian (14.03.10), en el que señala que el estímulo que se está intentando dar a la economía europea a base de incrementar las exportaciones, tiene el enorme problema de que para exportar alguien tiene que importar, lo cual es difícil que ocurra si la capacidad adquisitiva de la población está siendo reducida en la UE a base de reducir los salarios y el gasto público. En una economía integrada como es la europea, intentar recuperar la economía a base de exportaciones es profundamente erróneo, pues, en ausencia de un incremento del consumo interno y demanda a nivel de toda Europa, no habrá una recuperación fuerte. En realidad, la mayor causa de la escasa recuperación económica en la UE es precisamente la política de austeridad que se está siguiendo. Alemania, el motor de la economía europea, no tirará del resto de la UE a no ser que aumente su propio consumo interno. Esto es lo que está ocurriendo, por cierto, en China, cuya dirección se ha dado cuenta de que la política de reactivación económica basada en las exportaciones no es suficiente, necesitándose un incremento muy notable del consumo popular, para lo cual se requiere una redistribución de recursos (orientada hacia aumentar el consumo de las clases populares) y un aumento del gasto público. Una medida clave para ello es el incremento de los salarios y un aumento de la población ocupada, a través de políticas de pleno empleo, las mismas políticas, por cierto, que se requieren para garantizar el sistema público de pensiones.
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