Cerca de un 30 % del Parlamento de Colombia, elegido el pasado día 14, está bajo la lupa de los observadores independientes por su relación con el paramilitarismo y el narcotráfico: 43 de un total de 166 diputados, y 31 senadores (de entre 102).
No sólo se trata de la nueva formación política Partido de Integración Nacional (PIN), cuyos candidatos fueron designados por paramilitares encarcelados con el fin de no perder su influencia, sino que también decenas de parlamentarios de los partidos tradicionales, liberal y conservador o por el de mayor pedrigí uribista, el Partido de la U, que venció los pasados comicios están bajo sospecha.
En esta última formación, de los 27 senadores electos, diez están siendo investigados en relación con asuntos graves de violencia y corrupción.
Financiación de campaña
El ejemplo más sonado es el de la senadora Dilian Francisca Toro, investigada por la Corte Suprema de Justicia desde 2008 y que ha sido la más votada del Partido de la U. Su caso estalló el pasado fin de semana, cuando llegó desde EEUU la declaración jurada ante el Supremo de Nueva York de Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, uno de los capos más peligrosos del narcotráfico, extraditado por Colombia, en la que afirma que ayudó en las campañas de varios políticos del Valle del Cauca, y muy especialmente en la de la senadora Toro. Rasguño aportó cientos de millones de pesos para sus campañas y la influencia de sus hombres en las zonas de votación.
Lo sucedido en esta importante región colombiana, cuya capital es Cali, la tercera ciudad del país, tiene paralizada la publicación de los resultados definitivos de las elecciones, y se ha convertido en un escándalo nacional. Ante las denuncias de observadores independientes, apoyados por instituciones internacionales, la autoridad electoral ha decidido que los votos del Valle sean trasladados a la capital bogotana para su recuento manual, en medio de fuertes medidas de seguridad.
También los partidos conservador y liberal se nutrieron con los candidatos y medios del narcotráfico y la corrupción, que les aportaron 11 y 5 candidatos, respectivamente, según diversos cálculos.
La sombra de la corrupción
El caso más criticado en el Partido Liberal, que lidera el candidato presidencial Rafael Pardo, es el de la senadora Arleth Casado, a quien apodan La baronesa de Córdoba. Antigua reina de belleza, es la esposa del parapolítico preso Juan Manuel López y cuñada de Libardo López, gobernador del Valle que tuvo que abandonar su cargo por corrupción. No sin antes nombrar como ayudante a Manuel Troncoso, cuñado del jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
La contaminación paramilitar de los partidos colombianos afecta en mayor medida a las filas uribistas. Sin embargo, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, no ha tenido una palabra de condena ante el fenómeno.
"[Uribe] no fue capaz de expulsar de su coalición a los dirigentes políticos que se aliaron con los paramilitares y facilitar la aprobación de una reforma que sacara del escenario electoral a los implicados y a sus familiares, y a los grupos y partidos que los cobijaban", dice el analista León Valencia, dirigente de la corporación Nuevo Arco Iris. "Los protegió a toda costa. Se enfrentó a la justicia para defenderlos", afirma Valencia.
http://www.publico.es/internacional/303335/paramilitarismo/instala/parlamento/colombiano
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