Al cumplirse una semana de la instalación del nuevo gobierno, la situación en la extensa área del desastre no sólo permanecía casi inalterable, sino que la sensación de vulnerabilidad del país ante contingencias inesperadas se acentuaba con un apagón nacional que en algunos lugares se prolongó por horas.
Cuando se inició el fraudulento proceso de privatización de la electricidad, en 1987, el pretexto invocado por los que finalmente se quedaron con ella fue que el capital privado traería mayor eficiencia e inversión, argumentos que fueron reciclados y potenciados cuando se transnacionalizó la energía eléctrica, a comienzos de los noventa. Pero resulta que ahora, a más de 48 horas de ocurrido el apagón, la nueva Superintendente de Electricidad y Combustibles, Patricia Chotzen, declaró que aún no se lograba determinar si el apagón fue producto de los daños que se produjeron o de una falla en el sistema. Fue el momento en que el país fue empapelado de lugares comunes tales como que “el sistema es frágil”, el Sistema Interconectado Central es “complicado”, y que, menos mal, “se hicieron esfuerzos para detectar dónde se producen vulnerabilidades en el sistema”. Para no ser menos, y conforme a su auto-asignado papel de Gerente de la República, Piñera declaró: "Nos hemos comprometido a que el transformador dañado esté reparado dentro de las próximas 48 horas y que las líneas que pudieron ser afectadas por el apagón estén revisadas y reparadas dentro de los próximos siete días".
Piñera no debe ignorar que la estructura descentralizada de las empresas de distribución, que a su turno dependen de los servicios de empresas subcontratistas, las que a su vez se rigen por estrictos criterios de rentabilidad, imposibilita garantizar ese compromiso. Tan solo a modo de ejemplo, nos consta que en Lebu una empresa subcontratista se negaba a iniciar trabajos de reparación si la municipalidad no le suministraba el combustible.
Estado y organización social
La misma situación de caos se verificaba en la distribución de la ayuda.
En algunos lugares, especialmente los mediáticamente determinados, ésta excedía las necesidades de la población. No faltan aquellos, como Penco, donde la ayuda ha llegado pero permanece almacenada en bodegas por la incapacidad en la distribución. En otros, que sufren el triple abandono de la mano de Dios, la autoridad administrativa y los medios de comunicación, literalmente la gente se muere de hambre, porque, entre otros problemas, a casi tres semanas de ocurrido el sismo en la vasta zona del desastre aún no se normalizan los servicios públicos ni se reanudan los encadenamientos comerciales y productivos, lo que deja expuesta a la gente a los volubles circuitos de la ayuda privatizada. Incluso se dio el caso del alcalde de Arauco, que negó el permiso de instalación de las mediáticas mediaguas de un Techo Para Chile, por el temor de que las soluciones de emergencia se transformen en definitivas.
Y no podía ser de otra forma, porque en esta materia, como en otras concernidas por la tragedia, el Estado ha sido el gran ausente, mucho más que su contraparte natural, el tejido social, que en función de la sobrevivencia ha sido forzado a rearticularse. A modo de ejemplo, la canalización de la ayuda en el caso del Estado ha estado casi exclusivamente radicada en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, dependiente del ministerio de Educación, en forma de raciones alimenticias. El canal conformado por la Oficina Nacional de Emergencia y las Fuerzas Armadas ha funcionado defectuosamente no sólo por los visibles problemas de coordinación, sino por una más soterrada disputa sobre facultades y atribuciones. A pesar de que una ley reciente le asigna a la ONEMI el comando político de las operaciones, la carencia de medios como camiones, embarcaciones, aviones, helicópteros y redes de almacenamiento, hacen que dependa en los hechos de los medios de las FF.AA., con los resultados conocidos.
El resto de los canales de ayuda es privado, sea de carácter religioso, como Cáritas Chile y Un Techo para Chile; empresarial, como Chile Ayuda a Chile, o simplemente librado a la solidaridad particular.
De esta manera, es imposible que la ayuda pueda fluir y satisfacer con eficiencia las acuciantes necesidades de los casi dos millones de personas afectadas por la devastación del terremoto y maremoto del 27 de febrero.
Una notable excepción en este ominoso panorama es la tendencia a la rearticulación de la organización social, que se ha manifestado en la autogestión de la ayuda entre organizaciones afines, la implementación de ollas comunes, la incorporación a tareas solidarias de miles de voluntarios, la oferta de servicios gratuitos de abogados a propietarios de departamentos de edificios colapsados, la recreación de hábitos comunitarios, e incluso la simple reagrupación en torno a fogatas, con componentes de autodefensa.
Mezquina solidaridad
Esa incipiente reconstitución de tejido social contrasta violentamente con la interesada solidaridad de corte empresarial capaz de lucrar con la tragedia, como en aquellas campañas de marketing que plantean la compra de algún producto como condición para que la empresa en cuestión done otro equivalente, o farandulizar incluso la tragedia con espectáculos televisivos que en último término sirven para el lavado de consciencia de las elites responsables del estado de anomia en que se encuentra nuestra sociedad. Y los 30.000 millones de pesos recaudados, ¿acaso no sirven? preguntan bienintencionadamente los más desprevenidos. No, porque los alrededor de 60 millones de dólares recaudados representan apenas el 0,2% del costo de los 30 mil millones de dólares calculado por el gobierno, al precio de desnaturalizar la tragedia y de simular un país solidario durante las horas que dure la maratón televisiva de turno.
La privatización es el problema
Análogamente, la privatización de servicios esenciales y de carácter estratégico, como la energía eléctrica, el agua potable, las redes de comunicación, la educación, la salud y la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, no es ninguna solución, sino el problema, como dejó en evidencia el desastre del 27, al punto de que a casi tres semanas del mismo casi ninguno funciona a plena normalidad. Y en todos los casos, la razón es la misma: el servicio en cuestión se transforma en apenas algo más que un pretexto para la rentabilidad del concesionario privado.
Tanto Sergio Bitar, ministro de Obras Públicas del gobierno anterior, como los dirigentes de los gremios empresariales de la construcción, aseveraron que para la magnitud del terremoto los daños en las edificaciones de altura y la infraestructura vial habían sido muy acotados.
De esas afirmaciones cabe desprender que las constructoras o concesionarias cuyos edificios o autopistas colapsaron por efectos del terremoto no respetaron las normativas y estándares antisísmicos de construcción, lo que en parte se explica por la débil capacidad supervisora del Estado, producto a su vez de tres décadas de modelo neoliberal.
En el caso de obras de infraestructura vial, colapsaron tres puentes y sufrieron serios daños 70 kilómetros de la cubierta de la Ruta 5 Sur, en el tramo Talca-Chillán, a cargo de la concesionaria del presidente de Copsa, la asociación que las agrupa, y tres pasos elevados de la autopista Vespucio Norte, del consorcio hispano-alemán ACS y Hochtief.
Sin embargo, a juzgar por las siguientes declaraciones del ex ministro Bitar, formuladas en su último día en el cargo, no les saldrá ni por curados: “Quiero valorar, al terminar mi mandato como ministro, la importancia de la relación público-privada, la importancia de desarrollar proyectos de concesiones como una forma de expandir con altos estándares de calidad la infraestructura pública. Quiero agradecer a las empresas. Al principio recordarán haberme visto nervioso y presionando a las empresas, porque encontraba que tenían que tener mayor compromiso y reacción. Al día de hoy puedo decir que las empresas están trabajando bien desde el comienzo de los proyectos para resolver los problemas en conjunto con las autoridades y la comunidad”. Parece que la confianza de los inversores es más importante que el respeto a los estándares de construcción.
Sálvese quien pueda
El panorama es similar en el caso de los más de cincuenta grandes y modernos edificios que deberán ser demolidos a causa del terremoto, 23 de ellos en Santiago.
De otro modo no se explica que Piñera haya designado como Intendente Metropolitano a Fernando Echeverría Vial, representante de la Constructora Echeverría e Izquierdo, que construyó el edificio Altos de Huechuraba, declarado inhabitable por el municipio del mismo nombre, y a Rodrigo Galilea Vial como Intendente del Maule, en circunstancias de que se desempeñaba como gerente general de Galilea S.A., empresa de ingeniería y construcción de la zona que levantó la Villa Galilea de Curicó, muchas de cuyas viviendas sufrieron serios daños por el terremoto, y también en Melipilla, donde un casas de un conjunto inmobiliario del mismo nombre deberán ser demolidas.
De acuerdo a la conocida lógica neoliberal, de que las ganancias son privadas y las pérdidas son públicas, las inmobiliarias y los bancos no perdonan un solo dividendo a los compradores de viviendas o departamentos, so pena de expropiación y remate. Pero a la hora de los destrozos causados por una construcción deficiente y fuera de norma con el obvio propósito de elevar sus rentabilidades, desaparecen, silban para el techo o derechamente transfieren sus patrimonios para evadir responsabilidades civiles, como el caso de de la Constructora Socovil y la Inmobiliaria Río Huequén, gestoras del colapsado edificio Alto Río, de Concepción. De acuerdo a la denuncia del abogado Fernando Saenger, representante de los propietarios estafados, Juan Ignacio Ortigosa y Ricardo Baeza Martínez, representantes de ambas empresas, habrían transferido más de 1.200 millones de pesos a tres nuevas personas jurídicas en los últimos días, lo cual fue desmentido por éstos con el argumento de que se encontraban realizando “operaciones planificadas previamente”. Con matices, rasgos parecidos muestran los casos de la inmobiliaria Francisco de Aguirre y la constructora Mujica y González, gestoras de los edificios Don Tristán y Don Luis, de la comuna de Maipú; la Inmobiliaria Viva y constructora Sigro, por los edificios Sol Oriente I y II, en la comuna de Macul, y el edificio Los Cerezos en la comuna de Ñuñoa; la Constructora e inmobiliaria Paz Corp, responsable del Edificio Emerald; y la Inmobiliaria del grupo Penta, responsable del edificio Regina Oriente, ambas en la comuna de Ñuñoa.
La soledad de los afectados
En éstos y otras decenas de casos, no bien se presentó el problema empezó a aflorar la letra chica. En breve, y ante la presión de la prensa, la opinión pública y los centenares de propietarios afectados, la Cámara Chilena de la Construcción se vio obligada a difundir un documento denominado Diez Claves Sobre el Terremoto y la Calidad de las Viviendas, en el que se limita a reiterar que “las edificaciones de las últimas décadas respondieron correctamente al enorme esfuerzo a que fueron sometidas, salvo casos excepcionales que deberán ser investigados por especialistas competentes”; a “solidarizar con las víctimas” y a informar que los propietarios afectados “pueden recurrir al Código Civil y a la Ley General de Urbanismo y Construcciones”, que contempla, entre otros aspectos, plazos diferenciados para reclamar ante la justicia por fallas o defectos de construcción en inmuebles, distinguiendo entre aquéllos cuyos permisos hayan sido solicitados antes o a partir del 25 de agosto de 2005. En otras palabras, está notificando que las empresas no se harán responsables si no es con cargo a largas y costosas acciones judiciales, en las que el afectado no tiene ninguna garantía de que su derecho será respetado. Pero eso no es todo. Por disposiciones municipales, los propietarios de viviendas destruidas por el terremoto deben hacerse cargo del costo de la demolición.
Un autorretrato de este paraíso neoliberal, que ahorra mayores comentarios.
http://www.elsiglo.cl/La-ruta-del-descalabro-en-el-Chile.html
Sem comentários:
Enviar um comentário