Emilio Godoy
A causa de la crisis económica, miles de personas han recurrido a agencias de empleo privadas para acceder a un puesto de trabajo en México.
Debido a ello, esta nación norteamericana de 107 millones de habitantes se ha convertido en un paraíso para las compañías que ofrecen esta forma de "outsourcing" o "subcontratación", un tema abordado por el Convenio 181 sobre las agencias de empleo privadas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que México aún no ha ratificado.
"La 'tercerización' es un ejercicio que no sólo se viene practicando en los últimos lustros, sino que incluso ha crecido. Ha sido una mecánica bastante socorrida para inhibir las obligaciones laborales", dijo a IPS Alfonso Bouzas, académico experto en temas laborales de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.
El Convenio 181, adoptado en 1997 y vigente desde 2000, establece que los trabajadores contratados por las agencias de colocación no deben ser privados de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva.
Precisamente por esas dos temáticas, agrupaciones sindicales y de defensa de los derechos laborales han denunciado a México por violar los convenios 87 y 98 de la OIT que versan sobre esos asuntos, respectivamente.
"Hay una falta de regulación. Las medidas más recientes se refieren a la evasión de impuestos, pero no a los derechos laborales", indicó a IPS Matteo Dean, experto del no gubernamental Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).
En julio de 2009 entraron en vigor reformas a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que obligaron a las empresas de "outsourcing" a cumplir con sus obligaciones patronales, como el aporte de las cuotas a ese organismo.
En México operan al menos 295 agencias de empleo autorizadas, según la Secretaría (ministerio) de Trabajo y Previsión Social. Más de dos millones de personas trabajan actualmente bajo ese esquema de triangulación.
Las firmas que integran la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano colocan mensualmente a unos 100.000 trabajadores.
El Reglamento de Agencias de Colocación de Trabajadores, vigente desde 2006, cataloga entre los servicios de estas entidades el reclutamiento, la selección de personal y la difusión de vacantes para ligar laboralmente a un trabajador con un patrón o viceversa.
Esas compañías investigan la trayectoria laboral del candidato, lo entrevistan, lo escogen y lo vinculan a una empresa, sin cobrar dinero al aspirante.
Funcionan basados en convenios en los cuales los aspirantes acceden a laborar en la empresa señalizada por la agencia, la cual define el cargo, el sueldo y las prestaciones para el empleado, según el informe "Elementos de análisis sobre la regulación legislativa de la subcontratación laboral", del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) del Congreso legislativo.
La crisis económica surgida en 2008 en Estados Unidos, y que se propagó rápidamente a todo el planeta, borró en la nación azteca unos 900.000 empleos hasta 2009, según cifras oficiales, mientras el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón presume de la creación de 630.000 puestos este año.
"Son instancias que prácticamente liberan formalmente al beneficiario final de toda responsabilidad laboral, a cambio de una jugosa ganancia relacionada con un porcentaje de la nómina", explicó Bouzas, quien ha estudiado fenómenos como los contratos de protección, mediante los cuales las empresas se protegen ante huelgas o demandas laborales.
El "outsourcing" forma parte de la agenda de la Cuarta Conferencia Sindical Nacional, organizada por CILAS, que arrancó este viernes y concluirá el domingo 5 con la asistencia de más de 900 delegados de un centenar de uniones gremiales de todo el país.
Las jornadas cerrarán con un fuerte pronunciamiento sobre la libertad sindical, el respeto a los derechos laborales y la persecución del gobierno mexicano.
En América Latina, países como Argentina, Chile y Uruguay cuentan con leyes avanzadas sobre la tercerización del trabajo, aunque no exentas de críticas de parte de los trabajadores.
En marzo, el gobierno envió al parlamento una propuesta de reforma laboral que, entre otros aspectos, da carta ancha a las agencias de empleo. Por ejemplo, el interesado en abrir una sólo debe pagar una fianza para operar. El Poder Legislativo discutirá esos cambios durante el segundo semestre de este año.
"La propuesta reconoce el status quo y las regula, aunque con muchos huecos", señaló Dean.
El proyecto gubernamental no define todas las formas de subcontratación, ni las áreas a subcontratar, según el análisis de CILAS. Además, no especifica los derechos laborales como la sindicalización.
El análisis del CESOP, por su parte, advierte que el fenómeno de las agencias de colocación es sólo una arista de la multiplicidad de formas de la subcontratación, por lo que el reglamento vigente tiene sólo una cobertura parcial del tema.
"Puede haber una simulación absoluta de derechos y una ganancia formidable. Además, generan una distorsión muy grande entre los derechos laborales y su cumplimiento", sostuvo Bouzas.
"La subcontratación está evolucionando constantemente, de modo que la regulación siempre está a la zaga", indicó Dean.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=112544
07/09/2010
España - El abaratamiento del coste del despido
José María Zufiaur
Con estas iniciativas, este Gobierno vuelve a la misma filosofía que impulsó la reforma de las prestaciones por desempleo realizada por el Gobierno de Gonzalez en 1992. Una ley aquella que también fue una reacción correctiva frente a la crisis y el aumento del desempleo. Y que redujo las prestaciones por desempleo, dificultó el acceso a las mismas y dio lugar a una huelga general de media jornada, el 28 de mayo de aquel año. Convirtiendo en superavitarias las cuentas del desempleo, pero sin solucionar ninguno de los problemas estructurales del sistema de protección del desempleo. Al mismo tiempo, el Gobierno propuso un proyecto de ley orgánica de huelga totalmente restrictivo. Esas fueron sus respuestas al aumento de las demandas sociales y al fuerte incremento de la conflictividad laboral que se produjo en el primer semestre de aquel año, como consecuencia de la crisis. El posterior acuerdo entre los sindicatos y el grupo parlamentario socialista sobre un nuevo proyecto de ley de huelga, fue finalmente abortado en la fase final de su tramitación legislativa por el desacuerdo del Presidente del Gobierno y de su ministro de economía con el contenido del mismo.
El debate de la reforma laboral, en concreto de las prestaciones por desempleo, en la Cámara baja ha puesto de manifiesto la utilización por parte gubernamental de una lógica típica del reformismo liberal. Utilizando la idea de que es necesario pasar a un “Estado social activo” y de que es imprescindible “activar las prestaciones sociales” asistimos desde hace bastantes años en el mundo, y en Europa, a una extraordinaria presión, que también se podría llamar chantaje, orientada a que los parados acepten cualquier tipo de empleo. Ante un panorama donde el dogma económico imperante es incapaz de generar empleos para todos, se recurre, primero, a la extensión del pseudo-empleo precario. Y, para ello, a condicionar la aceptación de cualquier empleo. El discurso sobre el reparto del trabajo y la reducción de jornada ha dado paso al objetivo de “trabajar más para ganar… menos”. Bajo el auspicio de la OCDE ya no se trata de alcanzar el “pleno empleo” sino la “plena actividad”. Que, evidentemente, son cosas muy diferentes. La calidad del empleo no importa, lo importante es tener un empleo, por poco deseable que éste sea. En ese objetivo, la culpabilización de los parados, el reforzamiento de los controles y de las exigencias sobre los que no tienen empleo no sólo son útiles, sino indispensables. Tales medidas coercitivas son tanto más necesarias cuanto que las actividades-empleos ofertadas son poco atractivas, poco remuneradas, mal protegidas por el derecho del trabajo y la protección social. Un camino que, como dice el sociólogo francés Robert Castel, más que al progreso nos recuerda las luchas laborales propias de comienzos de la época industrial.
A su vez, la manera en que el Gobierno, y sus portavoces, han defendido la reforma laboral en el Senado, es sintomático del nuevo talante “liberal-decisionista” que impregna su actual manera de actuar y manifestarse. Ha pasado de querer basar su singularidad gubernamental en la defensa de políticas sociales a identificarse con la defensa de las medidas de ajuste y de reforma socialmente más duras. Políticas todas ellas – ajuste centrado en los sectores populares, reformas regresivas en el ámbito laboral y del sistema público de pensiones, política fiscal favorable a las empresas y a las rentas del capital – preconizadas por los centros emisores del pensamiento neoliberal, desde el Banco de España hasta el Fondo Monetario Internacional, pasando por la Comisión Europea.
Si, al principio, este Gobierno parecía querer dar a entender que lo hacía porque se lo imponían, luego ha pasado a defenderlas como el acto heroico necesario para asegurar el futuro del país. No sólo como la vía más responsable – nos cueste lo que nos cueste – sino también la más correcta desde los postulados de la izquierda. Al punto de que parece haber llegado al convencimiento de que cuanto más duras son las medidas, también son más de izquierdas. Pese a que los sindicatos y otros partidos de izquierda estén contra la reforma laboral y de las pensiones, aunque el Partido Socialista Europeo preconice lo contrario de las medidas de ajuste aquí adoptadas, a contracorriente de los socialistas franceses que se oponen a la prolongación de la edad de jubilación a los 67 años. Y, según se ha visto este mes de agosto, también de los alemanes del SPD, que han reculado lo que han podido, dada la división interna, sobre lo que habían firmado al respecto durante su participación en el gobierno de coalición con la Sra. Merkel.
De tal manera que si la movilización popular no lo evita, los nuestros nos van a aplicar, como en el pasado, las medidas que temíamos y que esos mismos decían que nos podría imponer la derecha. Que luego, cuando ésta llegaba al Gobierno, tampoco muchas veces podían aplicarlas, entre otras cosas, porque, desde la oposición, los nuestros volvían a parecer de los nuestros y apoyaban la protesta sindical. Ahora, otra vez, los nuestros nos quieren convencer de que son las reformas que más nos convienen y hasta las que siempre ellos han defendido. La solución para el conjunto de la izquierda, a largo y seguramente también a corto plazo, pasa por pararles los píes, en España y en Europa.
Pese a este empeño en equiparar los recortes con las sangrías medievales que salvarán ahora al enfermo y lo fortalecerán en el futuro, en el tema del coste del despido, sin embargo, se reitera una y otra vez que esta reforma no lo abarata en absoluto. Lo que, manifiestamente, no es cierto. Ni siquiera si uno quiere confundir el coste del despido para las empresas con la indemnización que van a cobrar los trabajadores en caso de despido.
Cogiendo de referencia el eje central de la reforma, el Contrato para el Fomento de la Contratación Indefinida (CFCI), de 33 días de indemnización, que la misma generaliza - la indemnización de 45 días quedará como elemento absolutamente residual, para los contratos ordinarios, que progresivamente tenderán a desaparecer – del cuadro que figura en la parte inferior de este artículo se deduce con claridad la reducción del coste del despido producido en los últimos años para las empresas. Las medidas de la actual reforma – generalización del CFCI, extensión de la indemnización reducida (los 33 días) a los despidos objetivos simulados (es decir, declarados improcedentes por el propio empresario), redacción de las causas del despido objetivo mucho más proclive al pronunciamiento judicial favorable, reducción del periodo de preaviso, subvención a las empresas por parte del FOGASA con 8 días de la indemnización a pagar al trabajador en distintos tipos de despido – reducen a su vez de forma espectacular el coste del despido para las empresas.
Y eso es lo realmente relevante, en términos de consecuencias sociales. Si teniendo que pagar 45 días por año, con un tope de 42 mensualidades, nuestras empresas han despedido a centenares de miles de trabajadores por ese procedimiento, ¿se imaginan lo que harán cuando el coste ha pasado a ser de 25 días y un máximo de 18 mensualidades? ¿O qué sucederá cuando, gracias a las nuevas redacciones de las cuatro causas – económicas, técnicas, organizativas y por necesidades de la producción – de los despidos objetivos, les cueste despedir 12 días por año y hasta un límite de 7 mensualidades? Aún suponiendo, que es demasiado suponer, que los jueces vayan a rechazar en igual porcentaje que antes de la reforma los despidos objetivos ¿creen ustedes que los empresarios, si les conviene, no van a seguir declarándolos improcedentes, depositando la indemnización de 25 días, evitando, así, al juez y despidiendo sin mayores cortapisas? ¿Cuántos empresarios no están ya haciendo las cuentas para sustituir trabajadores antiguos, con más salario y cargas sociales y menos formación por otros nuevos, más jóvenes, sin cargas sociales y con una formación de base mucho mayor? Si no lo hacen no será por que económicamente no les salen rentables las cuentas.
Aparte de mantener íntegramente la temporalidad, la desestabilización de los trabajadores estables que esta reforma supone es difícil de imaginar en toda su amplitud. Me gustaría equivocarme, pero creo que será enorme. A lo que habrá que añadir las repercusiones que la misma va a tener sobre la negociación colectiva y el papel de los sindicatos. Y, por lo tanto, sobre el desequilibrio de la relación de fuerzas entre trabajo y capital. También, entre otras cosas, sobre los derechos de pensión de muchos trabajadores que, como consecuencia del proceso de sustitución de trabajadores viejos por jóvenes, pasarán a percibir pensiones más bajas.
Como consecuencia de la nueva regulación del despido objetivo en el Contrato de Fomento de la Contratación Indefinida y de la reducción de los días de preaviso, la percepción indemnizatoria de los trabajadores, contrariamente a lo que se dice, va a sufrir una sensible merma. Con las precedentes reformas, especialmente la de 2002, que la actual consolida pese a que el PSOE se manifestó en contra de ella, y con ésta, la indemnización que cobra el trabajador cae, respecto a la que le correspondía en 1994, entre un 30 y un 54%, según los años de antigüedad.
Pero la indemnización en caso de despido de un trabajador puede reducirse mucho más dependiendo de la otra vía abierta por esta reforma: la modificación de las causas del despido objetivo. Si como consecuencia de ello, los jueces consideran justificados los despidos que, en las mismas circunstancias, antes declaraban improcedentes, las indemnizaciones de los trabajadores perderán entre el 57 y el 72%.
Por último, al subvencionar con 8 días el despido objetivo es muy probable que para las empresas la indemnización por este tipo de despido de los trabajadores fijos y la indemnización por finalización de contrato de los temporales – tras el período transitorio de cinco años que el Real Decreto-ley establece para elevar la indemnización de éstos – sea la misma: 12 días. Que para los ideólogos de esta reforma es su objetivo último. Una peculiar manera de “acabar” con la dualidad de nuestro mercado de trabajo.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=112498
El paso de la reforma laboral por el Senado ha contribuido a empeorarla y, especialmente, a mostrar el gusto que le ha cogido el Gobierno a las medidas laborales coercitivas. Por ejemplo, el endurecimiento de los requisitos para la ayuda a los parados y para la extinción de la prestación por desempleo. Como si el hecho de que los servicios públicos de empleo no coloquen laboralmente a casi nadie (el 2,9% de las colocaciones, según los últimos datos) sea culpa de los parados. Y no de que se lleva mucho tiempo sin creer en los servicios públicos de empleo; de que éstos se hayan orientado más al pago de prestaciones que a la recolocación o al mantenimiento en el empleo de los trabajadores; de que el número de orientadores (en comparación con otros países) es muy bajo en relación con el número de parados; de que no exista coordinación efectiva entre el Servicio Nacional de Empleo y los autonómicos; de que la formación impartida no incorpora valor añadido para la inserción laboral de los parados.
Del mismo tenor punitivo es la ampliación de las condiciones para declarar causa objetiva de despido el absentismo laboral (materia particularmente difícil de definir y, sobre todo, de medir objetivamente), que se ha incorporado por decisión senatorial.Con estas iniciativas, este Gobierno vuelve a la misma filosofía que impulsó la reforma de las prestaciones por desempleo realizada por el Gobierno de Gonzalez en 1992. Una ley aquella que también fue una reacción correctiva frente a la crisis y el aumento del desempleo. Y que redujo las prestaciones por desempleo, dificultó el acceso a las mismas y dio lugar a una huelga general de media jornada, el 28 de mayo de aquel año. Convirtiendo en superavitarias las cuentas del desempleo, pero sin solucionar ninguno de los problemas estructurales del sistema de protección del desempleo. Al mismo tiempo, el Gobierno propuso un proyecto de ley orgánica de huelga totalmente restrictivo. Esas fueron sus respuestas al aumento de las demandas sociales y al fuerte incremento de la conflictividad laboral que se produjo en el primer semestre de aquel año, como consecuencia de la crisis. El posterior acuerdo entre los sindicatos y el grupo parlamentario socialista sobre un nuevo proyecto de ley de huelga, fue finalmente abortado en la fase final de su tramitación legislativa por el desacuerdo del Presidente del Gobierno y de su ministro de economía con el contenido del mismo.
El debate de la reforma laboral, en concreto de las prestaciones por desempleo, en la Cámara baja ha puesto de manifiesto la utilización por parte gubernamental de una lógica típica del reformismo liberal. Utilizando la idea de que es necesario pasar a un “Estado social activo” y de que es imprescindible “activar las prestaciones sociales” asistimos desde hace bastantes años en el mundo, y en Europa, a una extraordinaria presión, que también se podría llamar chantaje, orientada a que los parados acepten cualquier tipo de empleo. Ante un panorama donde el dogma económico imperante es incapaz de generar empleos para todos, se recurre, primero, a la extensión del pseudo-empleo precario. Y, para ello, a condicionar la aceptación de cualquier empleo. El discurso sobre el reparto del trabajo y la reducción de jornada ha dado paso al objetivo de “trabajar más para ganar… menos”. Bajo el auspicio de la OCDE ya no se trata de alcanzar el “pleno empleo” sino la “plena actividad”. Que, evidentemente, son cosas muy diferentes. La calidad del empleo no importa, lo importante es tener un empleo, por poco deseable que éste sea. En ese objetivo, la culpabilización de los parados, el reforzamiento de los controles y de las exigencias sobre los que no tienen empleo no sólo son útiles, sino indispensables. Tales medidas coercitivas son tanto más necesarias cuanto que las actividades-empleos ofertadas son poco atractivas, poco remuneradas, mal protegidas por el derecho del trabajo y la protección social. Un camino que, como dice el sociólogo francés Robert Castel, más que al progreso nos recuerda las luchas laborales propias de comienzos de la época industrial.
A su vez, la manera en que el Gobierno, y sus portavoces, han defendido la reforma laboral en el Senado, es sintomático del nuevo talante “liberal-decisionista” que impregna su actual manera de actuar y manifestarse. Ha pasado de querer basar su singularidad gubernamental en la defensa de políticas sociales a identificarse con la defensa de las medidas de ajuste y de reforma socialmente más duras. Políticas todas ellas – ajuste centrado en los sectores populares, reformas regresivas en el ámbito laboral y del sistema público de pensiones, política fiscal favorable a las empresas y a las rentas del capital – preconizadas por los centros emisores del pensamiento neoliberal, desde el Banco de España hasta el Fondo Monetario Internacional, pasando por la Comisión Europea.
Si, al principio, este Gobierno parecía querer dar a entender que lo hacía porque se lo imponían, luego ha pasado a defenderlas como el acto heroico necesario para asegurar el futuro del país. No sólo como la vía más responsable – nos cueste lo que nos cueste – sino también la más correcta desde los postulados de la izquierda. Al punto de que parece haber llegado al convencimiento de que cuanto más duras son las medidas, también son más de izquierdas. Pese a que los sindicatos y otros partidos de izquierda estén contra la reforma laboral y de las pensiones, aunque el Partido Socialista Europeo preconice lo contrario de las medidas de ajuste aquí adoptadas, a contracorriente de los socialistas franceses que se oponen a la prolongación de la edad de jubilación a los 67 años. Y, según se ha visto este mes de agosto, también de los alemanes del SPD, que han reculado lo que han podido, dada la división interna, sobre lo que habían firmado al respecto durante su participación en el gobierno de coalición con la Sra. Merkel.
De tal manera que si la movilización popular no lo evita, los nuestros nos van a aplicar, como en el pasado, las medidas que temíamos y que esos mismos decían que nos podría imponer la derecha. Que luego, cuando ésta llegaba al Gobierno, tampoco muchas veces podían aplicarlas, entre otras cosas, porque, desde la oposición, los nuestros volvían a parecer de los nuestros y apoyaban la protesta sindical. Ahora, otra vez, los nuestros nos quieren convencer de que son las reformas que más nos convienen y hasta las que siempre ellos han defendido. La solución para el conjunto de la izquierda, a largo y seguramente también a corto plazo, pasa por pararles los píes, en España y en Europa.
Pese a este empeño en equiparar los recortes con las sangrías medievales que salvarán ahora al enfermo y lo fortalecerán en el futuro, en el tema del coste del despido, sin embargo, se reitera una y otra vez que esta reforma no lo abarata en absoluto. Lo que, manifiestamente, no es cierto. Ni siquiera si uno quiere confundir el coste del despido para las empresas con la indemnización que van a cobrar los trabajadores en caso de despido.
Cogiendo de referencia el eje central de la reforma, el Contrato para el Fomento de la Contratación Indefinida (CFCI), de 33 días de indemnización, que la misma generaliza - la indemnización de 45 días quedará como elemento absolutamente residual, para los contratos ordinarios, que progresivamente tenderán a desaparecer – del cuadro que figura en la parte inferior de este artículo se deduce con claridad la reducción del coste del despido producido en los últimos años para las empresas. Las medidas de la actual reforma – generalización del CFCI, extensión de la indemnización reducida (los 33 días) a los despidos objetivos simulados (es decir, declarados improcedentes por el propio empresario), redacción de las causas del despido objetivo mucho más proclive al pronunciamiento judicial favorable, reducción del periodo de preaviso, subvención a las empresas por parte del FOGASA con 8 días de la indemnización a pagar al trabajador en distintos tipos de despido – reducen a su vez de forma espectacular el coste del despido para las empresas.
Y eso es lo realmente relevante, en términos de consecuencias sociales. Si teniendo que pagar 45 días por año, con un tope de 42 mensualidades, nuestras empresas han despedido a centenares de miles de trabajadores por ese procedimiento, ¿se imaginan lo que harán cuando el coste ha pasado a ser de 25 días y un máximo de 18 mensualidades? ¿O qué sucederá cuando, gracias a las nuevas redacciones de las cuatro causas – económicas, técnicas, organizativas y por necesidades de la producción – de los despidos objetivos, les cueste despedir 12 días por año y hasta un límite de 7 mensualidades? Aún suponiendo, que es demasiado suponer, que los jueces vayan a rechazar en igual porcentaje que antes de la reforma los despidos objetivos ¿creen ustedes que los empresarios, si les conviene, no van a seguir declarándolos improcedentes, depositando la indemnización de 25 días, evitando, así, al juez y despidiendo sin mayores cortapisas? ¿Cuántos empresarios no están ya haciendo las cuentas para sustituir trabajadores antiguos, con más salario y cargas sociales y menos formación por otros nuevos, más jóvenes, sin cargas sociales y con una formación de base mucho mayor? Si no lo hacen no será por que económicamente no les salen rentables las cuentas.
Aparte de mantener íntegramente la temporalidad, la desestabilización de los trabajadores estables que esta reforma supone es difícil de imaginar en toda su amplitud. Me gustaría equivocarme, pero creo que será enorme. A lo que habrá que añadir las repercusiones que la misma va a tener sobre la negociación colectiva y el papel de los sindicatos. Y, por lo tanto, sobre el desequilibrio de la relación de fuerzas entre trabajo y capital. También, entre otras cosas, sobre los derechos de pensión de muchos trabajadores que, como consecuencia del proceso de sustitución de trabajadores viejos por jóvenes, pasarán a percibir pensiones más bajas.
Como consecuencia de la nueva regulación del despido objetivo en el Contrato de Fomento de la Contratación Indefinida y de la reducción de los días de preaviso, la percepción indemnizatoria de los trabajadores, contrariamente a lo que se dice, va a sufrir una sensible merma. Con las precedentes reformas, especialmente la de 2002, que la actual consolida pese a que el PSOE se manifestó en contra de ella, y con ésta, la indemnización que cobra el trabajador cae, respecto a la que le correspondía en 1994, entre un 30 y un 54%, según los años de antigüedad.
Pero la indemnización en caso de despido de un trabajador puede reducirse mucho más dependiendo de la otra vía abierta por esta reforma: la modificación de las causas del despido objetivo. Si como consecuencia de ello, los jueces consideran justificados los despidos que, en las mismas circunstancias, antes declaraban improcedentes, las indemnizaciones de los trabajadores perderán entre el 57 y el 72%.
Por último, al subvencionar con 8 días el despido objetivo es muy probable que para las empresas la indemnización por este tipo de despido de los trabajadores fijos y la indemnización por finalización de contrato de los temporales – tras el período transitorio de cinco años que el Real Decreto-ley establece para elevar la indemnización de éstos – sea la misma: 12 días. Que para los ideólogos de esta reforma es su objetivo último. Una peculiar manera de “acabar” con la dualidad de nuestro mercado de trabajo.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=112498
Las inundaciones de agua para Pakistán y las de dinero para Zardari
Tariq Ali
Un desastre de dimensiones bíblicas: las inundaciones causadas por las profusas lluvias monzónicas de hace un mes han afectado a más de 17,2 millones de personas y matado a más de 1.500, de acuerdo con el organismo de gestión encargado del desastre de Pakistán. Agosto es la estación del monzón en Pakistán. Este año una abundante lluvia ha seguido cayendo, razón por la que las aguas no disminuyen. Cerca de 2.000 muertos y más de 20 millones de personas sin hogar. Los desastres por causas humanas (la guerra en Afganistán y su extensión dentro de Pakistán) son muy malos. Ahora el país debe afrontar su peor desastre natural nunca habido. La mayoría de gobiernos encontrarían dificultad para afrontar el desastre, pero el actual régimen está virtualmente paralizado.
Durante los últimos sesenta años, la élite gobernante del país nunca ha sido capaz de construir una infraestructura social para su pueblo. Este es un defecto estructural profundo y que afecta adversamente a la mayoría de la población. Hoy en día los gobernantes del país siguen con avidez los dictados neoliberales del FMI, para mantener el flujo de préstamos. No ayudan en el mejor de los casos y son inútiles cuando el país está sumido en su peor crisis humanitaria de las últimas décadas.
La respuesta de Occidente ha sido menos que generosa, lo que ha causado el pánico en Ismalabad con los periodistas pro EEUU del país suplicando que si la ayuda no viene los terroristas pueden apoderarse del país. Esto no tiene sentido. El ejército pakistaní tiene firmemente el control de las actividades de socorro de la inundación. Los grupos religiosos y otros también están recaudando dinero y ayudando a los que se han quedado sin hogar. Es normal.
Desde el 11-S una islamofobia rampante se ha apoderado de Europa y de zonas de América del Norte. Una reciente encuesta de opinión en el “multicultural Reino Unido” reveló que cuando se preguntó sobre el primer pensamiento que acudía ante la palabra “Islam” más del cincuenta por ciento replicó “terrorista”. Francia y Alemania, Holanda y Dinamarca, no son diferentes.
Esta forma de tratar el Islam como el “otro” permanente no está desligada de las guerras en Iraq y Afganistán, pero la actitud es tan errónea como el antisemitismo que encendió el prejuicio y el genocidio durante la primera mitad del siglo XX. Ha muerto un millón de iraquíes desde la ocupación: ¿a quién le importa? Civiles afganos mueren cada día: es culpa suya. Pakistán está bajo el agua. Indiferencia. Esta es indudablemente una razón de la falta de respuesta.
Zardari se une a Bush en el club de los zapatazos
Otra razón es de cosecha propia. Muchos ciudadanos de origen pakistaní con los que he hablado en las últimas semanas son reacios a enviar dinero porque temen que cabe en los enormes bolsillos de los líderes corruptos que gobiernan el país. A medida que las aguas empezaron a inundar Pakistán, el presidente del país partió para Europa. Tenía que inspeccionar sus propiedades; su hijo había de ser coronado como el líder futuro de Pakistán en un mitin en Birmingham, Inglaterra.
“1.000 muertos, el presidente está de vacaciones”: mientras las imágenes de un país ahogándose estaban siendo mostradas en la televisión europea, el presidente de Pakistán estaba de camino hacia su castillo del siglo XVI en la campiña francesa. La coronación en Birmingham fue pospuesta. Era demasiado grosero incluso para los leales. En su lugar, Zardari pronunció un atroz discurso y un anciano de Cachemira, cabreado por las tonterías que chorreaba, se puso en pie y lanzó uno de sus zapatos al presidente-hombre de negocios llamándolo “corrupto y ladrón”. Zardari abandonó la sala airado. “Zardari se une a Bush en el club de los zapatazos” fue el titular del periódico pakistaní de mayor difusión.
Algunos manifestantes ponían zapatos al lado de las fotografías de Zardari, mientras que otros sostenían pancartas con lemas del tipo “1.000 muertos, el presidente está de vacaciones”, “miles de muertos, millones sin casa” y “¿Están los Zardaris disfrutando de Inglaterra mientras Pakistán se ahoga?” Nada de eso ayudó a recaudar más dinero.
Mientras las imágenes de Pakistán para afrontar la crisis y la miseria del pueblo estaban mostrándose en la televisión europea, un helicóptero de la fuerza aérea francesa estaba transportando al hombre más rico de Pakistán hacia su propiedad europea más extravagante, el castillo del siglo XVI, Manoir de la Reine Blanche (mansión de la reina blanca), con sus cinco acres [un acre equivale a casi 4.047 metros cuadrados. NdT] de parques, lagos y bosques. Originalmente contruida para la viuda del rey Felipe VI ahora es la propiedad del viudo paquistaní. ¿Cómo puede permitírselo? Todo el mundo lo sabe. Con pagos bajo mano de las empresas que invierten en el país.
De vuelta a casa, el grupo Jang, el mayor imperio de medios de comunicación del país, fue advertido por el gobierno a actuar con cuidado y a no mostrar imágenes del incidente del zapatazo en el canal Geo de televisión. Hicieron caso omiso del aviso y en su lugar entrevistaron al lanzador del zapato.
Incapaces de frenar a YouTube, los hombres de Zardari apagaron Geo y otra red, ARY, en Karachi y partes de Sind. Y cientos de jiyalas de Zardari, esto es descerebrados leales del partido, se congregaron fuera de las oficinas de Geo en Karachi, arrojando piedras y zapatos. Todo ello como reacción a la decisión de Geo de informar del incidente del zapatazo.
Periódicos del grupo Jang se quemaron en todo Karachi. Ninguna aparición policial. Como reacción, Geo empezó a reproducir clips de Benazir Bhutto en defensa de la libertad de prensa. Siguen las inundaciones…
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=112470
Portugal abaixo da média da OCDE em gastos com Educação
Portugal gastou com cada aluno cerca de 5.200 euros por ano, em 2008, apurou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Com este nível de investimento, Portugal está abaixo da média dos 31 países da organização no que respeita ao investimento na Educação. A OCDE alerta que, com os cortes orçamentais por causa da crise, é necessário ajustar o sistema de ensino à realidade.
Portugal gastou cerca de 5200 euros com cada aluno no sector público em 2007, ficando no 16.º lugar entre os 31 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), revela o estudo "Education at a glance", hoje divulgado.
O investimento por aluno aumentou mil euros em comparação com o relatório de 2008, elaborado com dados de 2005, mas continua abaixo da média da OCDE, que é de 6400 euros anuais por aluno.
O documento refere que o país aplica 5,5 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) na Educação, também abaixo do 6,2 por cento do Estados-membros daquela organização.
Os Estados Unidos lideram o investimento anual na educação, com 11 100 euros por aluno, embora os dados se refiram ao ensino público e privado. Segue-se a Áustria e a Suíça, que gasta mais de 10 mil euros por aluno apenas no sector público. O México (cerca de 2000 euros anuais por aluno) e a China (cerca de 1090 euros) são os países que menor percentagem do Orçamento dedicam à Educação.
Para ultrapassar as dificuldades orçamentais, a OCDE recomenda a optimização de recursos e a adaptação do sistema de ensino ao mercado de trabalho. Eficácia e eficiência devem ser as respostas do sistema de ensino para responder às exigências de um mercado de trabalho em rápida transformação, defendeu o secretário-geral da OCDE.
Angel Gurría manifestou desagrado com a análise centrada nos custos, anunciando que doravante serão preferidos "resultados indicativos da conclusão de grau académico e o seu impacto sobre o progresso económico e social".
"É inquietante constatar que ao longo da última década, em vários países, o aumento significativo das despesas por aluno/estudante não é acompanhado de melhorias significativas na qualidade dos resultados de aprendizagem", sublinhou Angel Gurría.
Diferença salarial é "forte incentivo" para concluir estudos universitários
Um estudante português com o ensino secundário pode esperar um retorno de 207 mil euros do mercado e trabalho mas se tiver um curso superior esse valor pode atingir mais do dobro, 437 mil euros, durante a sua vida de trabalho.
No entanto, estes valores são mais baixos se for uma mulher, gerando 139 mil euros se optar não ir além dos estudos secundários ou 350 mil euros caso conclua estudos superiores.
Numa comparação entre 20 países, Portugal está entre os três países em que o canudo pode fazer a diferença. Além de Portugal, também Itália e Reino Unido são mencionados no documento "Education at a glance" como os países em que o grau de ensino mais influencia no salário, sendo este "um forte incentivo" para concluir o curso universitário.
Esta poderá ser uma explicação para o já verificado aumento do número de pessoas com o ensino secundário e superior. Contudo, Portugal continuava a integrar o grupo de países com mais baixa formação da população em 2008.
Aumento significativo de habilitações literárias
Ao longo das últimas três décadas, foi operado nos 31 países da OCDE um significativo aumento dos níveis de educação. As pessoas com idades entre os 24 e os 34 anos têm qualificações superiores às que estão a deixar o mercado de trabalho (55-64 anos).
O Japão e a Coreia lideram o crescimento das qualificações, com 60 por cento da população entre os 25 e os 34 anos a aceder ao ensino superior. Portugal está no oitavo lugar a contar do fim da tabela, não chegando aos 30 por cento.
Em Portugal, tal como no México, na Turquia e no Brasil, dois terços da população entre os 25 e os 64 anos não completaram o ensino secundário. Em 25 países da organização, menos de um terço dos adultos (29 por cento) concluiu a escola primária ou o 2.º ciclo do ensino básico, 44 por cento o secundário e 28 por cento obteve qualificação superior.
No que respeita à percentagem da população com educação superior, Portugal surge na fatia destinada a outros países. Apresenta com 0,4 por cento do total, apesar de ter sido um dos países com maior crescimento médio anual da educação superior.
Os Estados Unidos (33,5 por cento), o Japão (14,7 por cento) e a Alemanha (5,8 por cento) são os países com maior número de licenciados. A Coreia é o quarto país analisado no estudo "Education at a glance", com 5 por cento da população com uma licenciatura.
http://tv1.rtp.pt/noticias/index.php?t=Portugal-abaixo-da-media-da-OCDE-em-gastos-com-Educacao.rtp&article=373308&visual=3&layout=10&tm=8
La lutte des classes révélée à l’Insee
La lutte des classes mathématiquement prouvée, alors que l’INSEE s’appliquerait à l’effacer. C’est un directeur de recherches au CNRS qui l’affirme. Démonstration en 5 tableaux.
Préliminaires avec des fourmis
En 1946, un certain Weber publie un article [1] sur le « dimorphisme chez l’ouvrière africaine Oecophylla ».
Très simplement, cet entomologiste mesure 300 fourmis et les répartit selon leur taille.
Il obtient le graphique suivant :
Fig. 1. Distribution des tailles d’ouvrières mesurées par Weber chez sa nouvelle espèce de fourmi.
La première barre indique que Weber a trouvé huit fourmis de 40 mm, la seconde qu’il a trouvé 41 fourmis de 45 mm, la troisième 52 fourmis de 50 mm, etc. Fastoche.
Cette distribution est dite bimodale, ce qui signifie que deux cloches sont discernables dans l’histogramme.
De cette bimodalité Weber conclut qu’il existe chez sa fourmi deux populations distinctes d’ouvrières, les unes mesurant autour de 50 mm, les autres autour de 80 mm. On ne saurait mieux dire.
Un standard
La démarche de Weber est standard. Dans toutes les disciplines scientifiques on effectue des mesures et on examine les distributions, toujours selon le même principe : on regarde le nombre de cas, dans l’absolu ou en pourcentage, aux différents niveaux de la variable considérée.
Mais curieusement, s’agissant de la distribution des richesses chez l’humain, c’est rarement cette méthode toute simple que l’on choisit.
Une seule classe, suggère l’Insee
Des « extrémistes » prétendent encore qu’il y aurait, en France, deux classes opposées : les « financiers gaspilleurs », ou « les bourgeois taquins », ou « l’oligarchie » comme causait Jaurès, contre « la masse des travailleurs » comme disait Mitterrand (celui des années 70). Cette thèse archaïque se traduirait, statistiquement, par une distribution bimodale de la richesse.
Les penseurs modernes affirment, au contraire, que dans nos « sociétés post-industrielles », dominerait une immense « classe moyenne », aux contours flous, allant de l’ouvrier qualifié au médecin libéral. Ce qui donnerait, graphiquement, une courbe unimodale – avec une seule cloche.
Eh bien, l’Insee donne raison aux modernes.
Voici le tableau que l’Insee met à la disposition du public en répartissant les patrimoines par décile (chaque catégorie représente 1/10 de l’échantillon) :
Nous avons donc vingt chiffres qui résument les données recueillies par l’Insee lors de ses deux dernières enquêtes sur le patrimoine.
Représentons-les graphiquement :
Les distributions sont globalement homogènes, et l’œil ne détecte pas de rupture nette, rien en tout cas qui puisse donner à penser qu’il existe deux classes de patrimoines. Hum…
Décillons sur le décilage
Remarquez que l’Insee décrit ses données de manière un peu compliquée. Alors que Weber a illustré sa distribution en indiquant simplement le nombre de cas correspondant à chaque taille, ici on a utilisé la technique du « décilage » : les patrimoines ont été groupés en dix paquets contenant chacun 10% de l’ensemble, ordonnés du plus pauvre au plus riche. Et ce qui apparaît dans le tableau, ce sont les moyennes des paquets.
Dommage, car pour connaître la forme (unimodale, bimodale, ou multimodale) de la distribution des patrimoines français, il nous aurait fallu des chiffres bruts. Mais il y a une solution.
Avec l’Insee même les classes de fourmis disparaîtraient
On y est presque. Pour comprendre ce qu’a fait l’Insee, infligeons aux tailles de fourmis de Weber le traitement que l’institut a infligé à ses patrimoines, et représentons le résultat à sa manière. Le résultat est ci-dessous :
Surprise, il ne reste rien de la bimodalité, pourtant impressionnante, de la figure 1 ! Si Weber avait procédé comme l’Insee, il n’aurait vu qu’un type de fourmis ouvrières—et serait tout simplement passé à côté de sa découverte !
Mais à partir des données banalisées de la figure 3, ne serait-il pas possible retrouver la trace de la bimodalité perdue ?
Oui, avec un peu d’astuce—avec ce qu’on nommera « le clonage des moyennes » : on crée simplement une série de 100 données en répétant dix fois chaque moyenne de la figure 3. Pour les fourmis, le résultat est ci-dessous :
Bien que la forme en double cloche soit moins nette que dans l’original de la figure 1, il en reste une trace. La moulinette de l’Insee (décilage puis moyennage) n’a pas entièrement détruit la bimodalité présente dans les données sur les fourmis de Weber.
Jeu de cloches
Dessin de Zag
La lutte des classes, c’est mathématique !
Résumons avant de conclure : les données de Weber, dont on sait qu’elle sont magistralement bimodales (Figure 1), ne le sont plus à la sortie de la moulinette de l’Insee (Figure 3), mais il n’est pas trop difficile de retrouver une trace—atténuée—de la bimodalité perdue (Figure 4).
Et maintenant, appliquons donc la même méthode aux patrimoines. Les distributions brutes de l’Insee, confidentielles, sont bien sûr inaccessibles, mais on peut procéder au clonage des moyennes et représenter les résultats sous la forme d’une distribution basique.
Voici les résultats, et la révélation :
Oh surprise ! Deux faits importants qui nous avaient entièrement échappés dans la présentation de l’Insee sont visibles à présent.
1. D’abord les distributions ont une allure franchement bimodale, avec un substantiel espace vide entre le groupe supérieur et tous les autres ; il y aurait donc bel et bien deux classes de patrimoines dans notre pays.
2. Ensuite, l’écart semble s’être creusé de 1997 à 2003.
On gardera à l’esprit que la figure 5 sous-estime considérablement la valeur des patrimoines les plus élevés : car peut-on croire que la moyenne du dernier décile, soit 775000 €, soit représentative des plus grosses fortunes ?
YG, Directeur de recherches au CNRS.
En conclusion
Christine Lagarde
Dessin d’Oliv’
Mince alors. Christine Lagarde, notre populaire ministre de l’Economie, nous avait pourtant prévenus – alors qu’elle présentait son « paquet fiscal » : « La lutte des classes est une idée essentielle pour les manuels d’histoire. Elle n’est plus d’aucune utilité pour comprendre notre société. » Mais voilà que les chiffres, les chiffres sortis de Bercy, de son propre ministère, disent autre chose.
Que cette lutte des classes se poursuivrait au présent.
Qu’elle serait statistiquement démontrable.
Et qu’on aperçoit bien les vainqueurs, qui se détachent dans le peloton de tête…
http://www.bakchich.info/La-lutte-des-classes-revelee-a-l,10722.html
Mexique-USA, la stupéfiante guerre antidrogue
La "guerre contre la drogue" est devenue un prétexte pour militariser un filet gigantesque qui cible non seulement les narcotrafiquants mais aussi les sans-papiers et les opposants politiques.
Un charnier contenant 72 cadavres, dont ceux de 14 femmes, a été découvert le 24 août dans l’État mexicain de Tamaulipas, pas loin des États-Unis. Les victimes du massacre, criblées de balles, les yeux bandés et les mains liées derrière le dos, sont les dernières victimes de la stratégie américaine de la militarisation de la « guerre contre la drogue » menée par Washington.
Selon le Los Angeles Times ces migrants, qui venaient d’Amérique Centrale, d’Équateur, et du Brésil et voulaient gagner le Texas, ont été kidnappés et tués par le gang des Zetas. Les Zetas sont des anciens membres de l’élite militaire mexicaine, entraînés par les États-Unis aux tactiques de contre-insurrection et de répression brutale, puis reconvertis en masse dans le narcotrafic. Ils sont associés avec les infâmes Kaibiles du Guatemala, qui ont une histoire similaire. Après avoir servi comme bras armés du fameux Cartel du Golfe de narcotrafiquants, ils se sont séparés et ont formé leur propre cartel. La tentative des Zetas de s’emparer des routes de transport de la drogue vers les États-Unis face à des cartels concurrents qui ont davantage de contacts politiques et d’argent a fait d’eux le plus brutal des gangs mexicains.
La situation économique désespérée dans leur pays d’origine force chaque année quelque 400,000 pauvres à traverser le Mexique pour les États-Unis afin de chercher du travail. Mais Washington concentre son assistance sous forme de matériel militaire et d’entraînement au renseignement et à la sécurité, comme « l’Initiative Merida », le programme de 1,5 milliard de dollars d’aide fournie au Mexique. Et la « guerre contre la drogue » est devenue un prétexte pour militariser un filet gigantesque qui cible non seulement les narcotrafiquants mais aussi les sans-papiers et les opposants politiques des régimes alliés avec Washington (comme en Colombie, où l’entraînement et l’équipement des forces armées sert à tuer des syndicalistes et briser des grèves.)
Au Mexique, la militarisation de cette « guerre » a été un échec total, selon la Commission nationale des Droits de l’Homme mexicaine. Dixit son président Raul Plascencia, « Nous observons qu’il y a aucune amélioration de la situation dans les régions ou il y a eu des opérations militaires anti-drogue » a rapporté récemment le Latin American Herald Tribune. Pourtant, 50,000 militaires mexicains ont été déployés sous « l’Initiative Merida. » Sous le président mexicain Felipe Calderon, qui a mis en œuvre la militarisation de la « guerre contre la drogue » à la demande de Washington voici trois ans, on dénombre à ce jour 17.000 morts liés au trafic de drogue.
Les États-Unis restent le pays qui compte le plus de consommateurs de stupéfiants au monde, mais 57% des Américains qui ont besoin de soins médicaux et de traitements contre la dépendance ne peuvent se les payer. Et dans la stratégie coûteuse de militarisation choisie par George W. Bush et maintenue par Barack Obama, la violence engendre toujours plus de violence, comme en témoignent les cadavres des 72 pauvres migrants découverts le 24 août.
Dessin de Pakman
http://www.bakchich.info/Mexique-USA-la-stupefiante-guerre,11747.html
http://www.bakchich.info/Mexique-USA-la-stupefiante-guerre,11747.html
Obama enchante les faucons néo-cons
Dans son discours sur la fin des missions de combat en Irak, Obama a bel et bien confirmé l’importance du pouvoir impérial armé. Les néo-conservateurs applaudissent.
Un président des États-Unis qui réquisitionne toutes les chaînes de télévision pour s’adresser à la nation, c’est censé être pour une occasion importante : Barack Obama l’a fait le soir du 31 août en prime time, pour la deuxième fois seulement de son mandat.
Mais le discours sur la fin des missions de combat en Irak a fait un flop - sauf chez les faucons néoconservateurs, qui l’ont couvert de louanges.
Selon l’important ténor des néoconservateurs John Podhoretz, chef éditorialiste au New York Post du baron de presse Rupert Murdoch, le discours présidentiel a incarné "un défi nationaliste au monde" quand Obama a dit que l’événement "devait faire passer au monde le message que les États-Unis ont l’intention de maintenir et renforcer [leur] leadership dans ce jeune siècle". Encore "plus frappant", écrivait Podhoretz dans sa chronique titrée Barack le néo-con, "est le fait qu’Obama a présenté l’engagement américain en Irak comme un exemple de ce que l’Amérique peut faire quand elle le veut" car le président a affirmé que "cette étape doit servir à rappeler aux Américains que nous avons à déterminer l’avenir". Pour Podhoretz, Obama "ressemblait à Bush" quand il a semblé bénir la guerre en Irak en déclarant qu’avec elle l’Amérique avait "assumé ses responsabilités".
Même son de cloche chez William Kristol, rédacteur-en-chef de la Bible des néoconservateurs, le Weekly Standard, qui a écrit que le discours d’Obama était "louable", particulièrement quand le président a proclamé sur un ton guerrier que "nos soldats sont l’acier dans le navire de l’État… Ils nous donnent confiance dans la justesse de notre chemin, et qu’au-delà de la nuit qui précède l’aube, des jours meilleurs sont devant nous". Une "déclaration pas mauvaise sur l’importance et la nécessité d’un pouvoir fort", conclut Kristol.
Autrement dit, Obama a bel et bien confirmé l’importance du pouvoir impérial armé. C’est dire si la gauche a été très déçue par le discours présidentiel. Car quand Obama a fait l’éloge "d’une ligne de héros ininterrompue de Khe Sanh à Kandahar", cette référence à la fameuse base militaire américaine au Vietnam Sud a fait froid dans le dos, comme un parallèle avec cette autre guerre interminable voici quatre décennies. Dans son discours depuis le Bureau Ovale, Obama a ainsi proclamé que toute guerre américaine, aussi mensongère ou horrible soit-elle, est digne de vénération.
Et comme l’a si bien écrit le centriste iconoclaste Roger Simon, le chroniqueur vedette du magazine Politico (le must de la classe politique washingtonienne), Obama "a parlé pendant 18 minutes mais a évité de poser, et d’autant moins y répondre, les questions essentielles sur la guerre en Irak : est-ce qu’elle a donné à l’Amérique plus de sécurité ? En valait-elle la peine ?" La réponse est bien sûr "non" à ces deux questions.
Obama n’a pas eu un seul mot pour les civils irakiens, au moins 650.000 et peut-être même plus d’un million morts a cause de la guerre. Il n’a pas eu une pensée pour les plus de quatre millions d’Irakiens chassés de chez eux par la guerre et qui croupissent dans la misère dans des pays voisins, sans papiers, sans pouvoir travailler, et sans pouvoir retourner dans leurs maisons détruites ou par peur des violences sectaires des intégristes. Obama a passé sous silence les souffrances de ces victimes d’une guerre illégale contre un pays qui ne nous a rien fait de mal. Au lieu de quoi, le président a souligné qu’il fallait "tourner la page" sur cette guerre. Parce qu’il n’ose pas regarder ce qui est écrit sur cette page !
Par contre, Obama n’a eu de cesse dans son discours de couvrir nos soldats d’éloges. Mais, comme l’a écrit le chroniqueur centriste du Washington Post Roger Cohen, "L’amour de nos troupes est devenu le trope abrutissant de notre temps. Il écrase la pensée et la raison. Et si nos troupes méritent d’être soutenues, la meilleure manière de les soutenir est sûrement d’assurer qu’elles sont utilisés avec sagesse. Ce n’était pas le cas en Irak, et mardi le président n’a pas convaincu que c’est le cas aujourd’hui en Afghanistan. C’était un mauvais discours, et le mieux qu’on puisse dire c’est qu’il ressemble à la guerre en Irak : il n’aurait pas dû être entrepris". Bien vu.
La magie du verbe évaporée
A noter aussi que les téléspectateurs désertent de plus en plus leur président quand il parle. Ce discours d’Obama sur l’Irak n’a été regardé que par 29,2 millions d’entre eux, selon Nielsen Media Research, l’Audimat américain. Comparez ce chiffre au nombre de téléspectateurs qui ont regardé en juin son discours sur la fuite de pétrole de BP dans le Golfe du Mexique (32,1 millions), son discours sur Afghanistan en décembre dernier (40,8 millions), ou son discours au début de l’année sur le "State of the Union" (48 millions).
Le déclin est constant et le verdict des téléspectateurs est sévère : la magie du verbe d’Obama s’est évaporée, car il ne parle pas de leurs préoccupations honnêtement mais avec un blabla politicien creux. Ils ont voté avec leurs télécommandes. C’est pourquoi les membres de la Chambre des Représentants démocrates, pour la plupart, ne veulent pas être vus à côté de leur président, de plus en plus impopulaire, avant les élections législatives de novembre, où l’on s’attend à une défaite annoncée pour leur parti. Le camouflet pour le président sera énorme.
http://www.bakchich.info/Obama-enchante-les-faucons-neo,11774.html
Les faucons antidrogue appellent Big Brother en renfort
a surveillance sauvage des citoyens américains vient de passer un nouveau cap après un jugement de cour d’appel qui prend effet dans neuf Etats de l’union, dont la Californie. Évoquée par Time récemment, l’affaire se penchait sur un coup tordu de la DEA, la police fédérale antidrogue. Tout est parti d’une enquête des stups en 2007 — le but était de confondre Juan Pineda-Moreno, un cultivateur de marijuana de l’Oregon — qui s’est permis de pénétrer chez le suspect, sans aucun mandat, pour coller un module GPS sur sa Jeep. La cour d’appel a donc validé la violation de domicile pour justifier la surveillance électronique. 
Une affaire exemplaire car elle réunit deux piliers de la doctrine sécuritaire étasunienne: « la guerre contre la terreur» — qui a produit les loirs iniques type Patriot Act qui ont élargi les pouvoirs d’enquêtes sans contrôle du juge — et «la guerre contre la drogue», qui a déjà produit son lot d’atteintes aux droits civiques depuis des décennies.
En France coller un mouchard GPS sur une voiture est un acte de procédure pénale plutôt banal, même si aucun texte ne l’évoque clairement. Nous avions exploré ce cas d’école lors de l’enquête sur le pseudo-groupe de Tarnac, les fameux réseaux « anartoto » chers au ministre de l’Intérieur de l’époque, Alliot-Marie. Malgré les énormes moyens déployés, une enquête à charge dont les travers ont été maintes fois mises en lumière, les prévenus sont toujours dans l’arène et ses partisans ne l’ont pas oublié en se réunissant au coeur de l’été.
Dans l’affaire Pineda-Moreno, la question repose sur la légalité de la mise sous surveillance, pas de la nature de cette surveillance. Dans le Massachusetts, en 2009, la DEA a usé des mêmes méthodes mais avait auparavant pris soin d’avoir l’accord de l’autorité judiciaire.
Dans le cas du cultivateur de l’Oregon, le débat s’est orienté sur la nature du «domicile privé» — et détermine s’il faut ou pas de mandat de perquisition (search warrant en jargon judiciaire étasunien). Sa voiture était garée dans son allée — driveway —, mais pas dans un garage ou une enceinte fermée; les juges ont considéré qu’il n’y avait pas de violation de domicile. Et que le placement sous surveillance n’était donc entachée d’aucune nullité juridique. Le cultivateur avait plaidé coupable pour la possession d’herbe, mais contestait la légalité des moyens de la preuve électronique — en droit français aussi, et heureusement, un élément de preuve récolté de manière illégale doit être immédiatement invalidé [cf commentaires].
Au passage, Time s’amuse à citer l’opinion minoritaire d’un des juges d’appel, Alex Kozinski, réputé plutôt conservateur car nommé sous l’ère du président Reagan. Selon ce brave homme, juger qu’une allée menant à une maison est dans l’espace public sous-entend que seuls les nantis, qui peuvent se payer des murs, des vigiles et des enceintes électroniques, bénéficient d’un droit plus large à leur vie privée. Et de proner une plus grande diversité sociale au sein même du système judiciaire… Ses collègues, accuse-t-il, sont coupables d’«élitisme culturel», rien que ça.
Photo David Walter Banks / Time Magazine (cliquez pour voir le sujet)
Toujours est-il que le jugement de la Cour d’appel du 9ème Circuit est autrement plus terrible pour le droit à la vie privée. Car les juges valident le fait qu’une fois le dispositif GPS installé, et donc les conditions de son installation validées, la DEA peut poursuivre sa surveillance après coup sans aucun mandat de perquisition. Commentaire du journaliste de Time:
Après tout, si les agents du gouvernement peuvent suivre les gens à la trace à tout moment avec des mouchards installés secrètement, sans l’aval d’une autorité judiciaire, nous ne sommes pas oin d’un banal état policier— avec, dans le rôle du KGB ou de la Stasi, la technologie.
L’hebdo souligne toutefois que d’autres cours d’appel n’ont pas eu la même certitude. Un cas presque similaire traité par celle de Washington DC, ce mois-ci, a jugé au contraire qu’une surveillance GPS prolongée sans aucun mandat n’était pas conforme. C’est donc la Cour suprême qui aura finalement le dernier mot, dans ces deux affaires.
En cherchant un peu, on trouve un précédent arrêt de la Cour suprême sur la pertinence d’une technologie intrusive dans le cadre d’une enquête de stupéfiants. La question était là aussi de savoir si l’usage de caméras thermiques pour repérer des plants de marijuana dans une habitation était oui ou non possible sans mandat de perquisition. La Cour s’est finalement rangée du côté du 4ème Amendement (qui protège le citoyen contre toute enquête arbitraire), en citant un cas d’école datant de 1925 :
“The Fourth Amendment is to be construed in the light of what was deemed an unreasonable search and seizure when it was adopted, and in a manner which will conserve public interests as well as the interests and rights of individual citizens.” Carroll v. United States, 267 U.S. 132, 149 (1925).
Where, as here, the Government uses a device that is not in general public use, to explore details of the home that would previously have been unknowable without physical intrusion, the surveillance is a “search” and is presumptively unreasonable without a warrant.
Reference: US Supreme Court, June 11, 2001. DANNY LEE KYLLO v. UNITED STATES
Traduction : « A partir du moment où l’outil employé n’est pas da’usage général, et qu’il permet d’explorer les détails d’une habitation qui n’auraient jamais pu l’être sans une intrusion physique, la surveillance est une perquisition qui ne saurait être justifiée en l’absence de mandat ». Notez bien que ce jugement « suprême » date de juin 2001, soit avant le Patriot Act et ses avatars anticonstitutionnels.
Affiche de l'édition 2001 du Hemp Festival de San Francisco
Car la guerre contre le terrorisme, depuis ses débuts, est devenue un allié pour les faucons de la DEA cherchant à élargir leurs moyens d’investigation. Rappelons que depuis une quinzaine d’années, 14 Etats de l’union ont légalisé la culture et la fourniture de cannabis à des fins médicales. C’est le cas de la Californie et de… l’Oregon. Ont donc été légalisés des dispensaires privés, des « clubs de patients », dans lesquels il est possible d’acheter sa dose le plus simplement du monde — pour peu que l’on dispose d’une prescription médicale. Ces tolérances successives ont été vécues à la DEA comme autant de provocations.
Exemple : après le référendum de 1996 en Californie qui a légalisé la marijuana médicale, le Cannabis Action Network, une association d’activistes de Berkeley, organisait une fois par an à San Francisco, le 20 avril, le Hemp Festival, un rendez-vous militant et récréatif qui avait donc l’accord des forces de police locale. Lors de l’édition d’avril 2002, soit la première de l’ère Patriot Act, le Hemp Festival est victime d’un coup tordu de la DEA. La veille, les agents font une descente dans le lieu où devait se dérouler le festival, y « trouvent » des substances illicites — et ordonnent immédiatement la fermeture de l’établissement. Le Hemp Festival eu finalement lieu dans un endroit inviolable: les locaux de leur cabinet d’avocats de San Francisco.
Les militants pro-cannabis ont appris à subir les effets collatéraux des lois antiterroriste. Dans cet article de 2006, ils citent le cas d’une enquête qui a utilisé une mesure tirée du Patriot Act (« sneack and peak », perquisition furtive où le suspect n’est pas informé de celle-ci) pour surveiller abusivement des personnes suspectées d’un trafic d’herbe entre les Etats-Unis et l’Etat canadien de Colombie britannique, réputé plus friendly dans la répression des drogues douces.
Dans un rapport de 2009 cité ici, écrit par une émanation des autorités judiciaires fédérales, le bilan de cette procédure « sneak and peak » est sans appel:
Sur 763 mandats délivrés en 2008, seulement 3 l’ont été pour des faits clairement antiterroristes. Les deux-tiers ont concerné des affaires de stupéfiants. Certains de ces mandats ont été prolongé, et sur 1.291 mandats délivrés au total, seulement 5 concernaient le terrorisme et 65% impliquaient des personnes suspectées de trafic de drogue, qui reste pourtant un délit de droit commun [même dans la puritaine Amérique]. Sur les 21 catégories de crimes concernées par la procédure, le terrorisme apparaît à la 19ème place, devançant la conspiration et la corruption.
EPILOGUE
En Californie les électeurs risquent de définitivement s’aliéner les agfents des stups du tout le pays. Le 2 novembre aura lieu un référendum — Proposition 19 — sur la légalisation totale et complète du cannabis. Leur arguments: «Control and Tax Cannabis», fini les trafics, contrôle de la qualité et revenus fiscaux. En 1996, c’était uniquement l’usage médical qui fut autorisé. Là, c’est du sérieux. En 1972, la même proposition avait échouée à 66%. Depuis quelques semaines les sondages donnent la victoire du Oui à 49%.
http://numerolambda.wordpress.com/2010/08/29/les-faucons-antidrogue-appellent-big-brother-en-renfort/
Frontex Airlines, la compagnie high-cost qui n’offre que des allers simples
Les étrangers en situation irrégulière vont à nouveau bénéficier du nec plus ultra technologique pour regagner leurs pays d’origine. Déjà une armada de systèmes biométriques et de bases de données les soigne au plus près, qu’ils soient demandeurs d’asile, titulaires d’un visa de séjour ou simples réfugiés en détresse. Ce nouveau fichier sera géré directement par FRONTEX, l’agence européenne des «frontières extérieures». Objectif: organiser des charters groupés et communs entre plusieurs pays de l’Union. En euro-novlangue, ça se nomme «opérations conjointes de retour par voie aérienne», ou JRO pour Joint Return Operations. 
A priori, cet instrument concerne surtout les citoyens de pays tiers (hors UE) et n’est donc pas destiné aux Rroms que l’on expulse en masse de France — des Roumais et Bulgares en majorité, donc des citoyens de l’UE. Mais ça pourrait très vite le devenir, grâce à une Sainte alliance entre la France et l’Italie.
Ces derniers temps, on reparle beaucoup d’OSCAR, le dernier né des fichiers d’étrangers made in France (il doit bientôt intégrer des empreintes digitales — un recours devant le Conseil d’Etat est déposé depuis presque un an). OSCAR concerne les personnes qui « bénéficient » de «l’aide au retour volontaire» (reconduits dans leur pays en échange d’une aide financière). C’est le cas des Rroms d’origine roumaine ou bulgare, malgré la levée de boucliers et les nombreuses entorses au droit communautaire de ces «rafles officielles».
Les populations tsiganes, discriminés dans toute l’Europe (plus de 12 millions d’individus — dont 9 sont citoyens de l’UE!), seront sans doute les premières à bénéficier d’un aller-simple dans un de ces avions cargo. Avec des escales, par exemple, à Frankfort et à Naples, avant de rejoindre Sofia ou Bucarest. Et pour que ces vols groupés aient une apparence légale, il faut que cette base JRO soit opérationnelle.
Brochure de l'UE sur les technologies de contrôle des frontières
Dans un avis du 26 avril 2010 (document.pdf), le Contrôleur européen à la protection des données (CEPD), instance dirigée par le néerlandais Peter Hustinx, lève un coin de voile sur ce projet de fichier JRO. Il vise à connaître «le nombre et l’identité exacte [des expulsés], fournir une liste à la compagnie, identifier les risques liés à chaque personne, savoir si des mineurs sont présents» et, comble d’humanisme, quel est «l’état de santé de chacun»… «pour leur apporter une aide médicale adéquate»:
The purpose of the processing is the preparation and realization of JROs assisted by FRONTEX under the FRONTEX Regulation in order to:
- have exact knowledge of number and identification of returnees taking part in the JRO;
- provide airlines with a passengers list;
- know the risks linked to the returnees and for the security of the JRO;
- know the health state of returnees in order to secure appropriate medical assistance during the JRO;
- know if any minors take part in the JRO.
Les remarques du «contrôleur» sont nombreuses. Les données sur l’état de santé font tiquer le CEPD, même s’il note qu’en aucun cas des dossiers médicaux doivent être enregistrés. «FRONTEX ne sera autorisée à traiter seulement la réponse à la question « ce passager est-il en bonne santé? – oui/non».
Plus loin, on apprend que l’agence a juste oublié de garantir aux personnes fichées leurs droits fondamentaux. «FRONTEX n’a jusqu’ici pas détaillé de procédures spécifiques pour garantir le droit de ces personnes» (droit à l’information, droit d’accès, de rectification et d’opposition), répète le Contrôleur européen dans on avis. Frontex a également oublié de considérer l’extrême fragilité des personnes prises en charge. Le CEPD le rappelle à l’ordre — on tremble:
«Dans la majeure partie des cas, leur langue natale ne sera pas celle d’un des Etats membres et seront de plus en situation de grande détresse. [Il faut donc que] l’information fournie leur soit compréhensible (…). [Pour] les personnes illettrées un agent devra pouvoir les informer par oral. Les notices d’informations devront être rédigées dans un langage clair et simple en évitant des terminologies juridiques (…)».
Une idée made in France qui inspire l’Italie
C’est en juillet 2005 à Evian que les ministres de l’Intérieur du G5 de l’Union européenne (Allemagne, Espagne, Italie, France et GB) ont, pour la première fois, envisagé cette belle idée: des charters groupés qui feraient escale dans plusieurs Etats membres pour raccompagner chez eux des clandestins de même origine. Devinez qui présidait ce mini-sommet européen d’Evian? Gagné. Pour lui, cette solution radicale permet, disait-il, «de mutualiser notre effort financier et politique» (coût d’un retour forcé: 21.000 euros environ — chiffre 2009 tiré d’une commission du Sénat). Le premier charter franco-britannique s’envolera finalement le 26 juillet 2005, après les vaines protestations des ONG européennes (lire un document du Gisti qui résume ces événements).
L’année d’après, un accord similaire interviendra au sein de l’ensemble de l’Union européenne. L’argument économique emporte le morceau:
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil invite à accroître encore le recours à des vols communs pour témoigner de la détermination de l’UE à mener des actions de retour conjointes, ce qui permettra de faire un usage plus rationnel des ressources et d’augmenter ainsi le niveau des retours à partir des États membres.»
A notre connaissance, il faudra attendre quatre ans, entre octobre et décembre 2009, pour que d’autres vols de ce type soit organisés — ce sera avec les mêmes « partenaires », les Britanniques; et avec la même « cargaison », à savoir des réfugiés Afghans interpellés dans la région de Calais et renvoyés chez eux dans un pays en pleine guerre civile. Tout était bon pour arriver à ses fins: la France a même fourni a ces indigents de vrai-faux papiers, comme l’a rapporté le JDD à l’époque.
Maroni (à gauche) et le Président du Conseil
Les charters de Frontex n’ont donc pas encore vocation à «raccompagner» chez eux des Rroms s’ils sont citoyens de l’UE. En Italie, pourtant, on en rêve. «Sarkozy a raison», clame son ministre de l’intérieur, Roberto Maroni (Ligue du Nord), évoquant la chasse anti-roms qui sévit en France. La vérité, c’est que l’Italie milite depuis deux ans pour des «expulsions automatiques», sous forme de double peine, soit infligée aux citoyens de l’UE «qui ne respectent pas certains critères» (surtout économiques), visant directement les tziganes. Maroni compte proposer à ses collègues européens, lors d’un prochain Conseil Justice et Affaires intérieures (en octobre), de légiférer sur la question au niveau intra-communautaire. Hortefeux-Maroni, une équipe qui gagne!
Si l’Italie n’a pas encore pu mettre en musique ces mesures « automatiques », elle s’est tout de même lancée en 2008 dans le fichage biométrique des populations tsiganes, mineurs compris. En France récemment, une opération de recensement «d’enfants du voyage» défrayait la chronique. Pendant ce temps, fin juillet, dans l’indifférence générale, Thomas Hammarberg, commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, donnait une belle leçon de politique migratoire aux Etats européens. «Les Etats qui dépensent actuellement des sommes considérables pour renvoyer les Roms dans leur pays d’origine feraient un meilleur usage de cet argent en finançant des mesures d’insertion sociale de ces personnes.»
http://numerolambda.wordpress.com/2010/09/01/frontex-airlines-la-compagnie-high-cost-qui-ne-vend-que-des-allers-simples/#more-3836
La baisse des pensions est déjà programmée
Même si le gouvernement se refuse officiellement à toucher aux pensions des retraités, les réformes déjà votées au cours des dernières années aboutiront, dans les faits, à réduire grandement ce qu'on appelle le « taux de remplacement » des retraites. Et le projet de loi qui passe au Parlement à partir du 7 octobre risque fort d'aggraver ce phénomène.
Pour équilibrer les finances des régimes de retraite sans augmenter les cotisations malgré la hausse du nombre des retraités, et le fait qu'ils vivent plus longtemps, une des options consiste à réduire le niveau des retraites versées dans le futur. C'est cependant une hypothèse que le président de la République a exclue a priori pour les discussions engagées cette année. Il y a de bonnes raisons à cela. Selon une étude réalisée par la Commission européenne et rendue publique en juillet dernier, la France est en effet déjà, du fait des réformes actées précédemment, un des pays d'Europe qui a prévu de réduire le plus ce qu'on appelle le « taux de remplacement » des retraites, c'est-à-dire le rapport entre la pension nette que touche un retraité et son salaire net au moment où il part en retraite. En fonction des réformes actées en 2006, la Commission a estimé ce taux en 2006 et en 2046 dans les 27 pays de l'Union pour un homme ayant travaillé à temps plein et cotisé quarante ans au moment de son départ en retraite. En France, ce taux devrait ainsi passer de 79 % en 2006 à 63 % en 2046, soit une chute de 16,5 points. La quatrième baisse la plus importante parmi les Vingt-Sept et la seconde au sein de l'ex-Europe des Quinze. Du coup, en 2046, le taux de remplacement français se situerait parmi les plus bas d'Europe. Difficile donc d'aller plus loin dans ce sens : il y aurait même plutôt urgence à revenir en arrière.
Taux de remplacement net, cas de base et écart 2006-2046
* Homme ayant travaillé à temps plein et cotisé quarante ans au moment de son départ en retraite.
http://www.alternatives-economiques.fr/retraites---la-baisse-des-pensions-est-deja-programmee_fr_art_633_48826.html
Une femme à la retraite ne vaut que la moitié d’un homme
Ivan du Roy
http://www.bastamag.net/article1168.html
La réforme des retraites risque bien d’aggraver la situation des femmes. Toutes les inégalités, en matière de salaires, de précarité de l’emploi, de temps consacré aux activités domestiques, vont se cumuler au moment du calcul de l’âge de départ en retraite et du niveau de pension. Plusieurs parlementaires de gauche, soutenus par des associations et des syndicats, viennent de saisir la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde). Explications.
Les femmes vont-elles être victime d’une gigantesque discrimination si l’actuelle réforme des retraites est mise en œuvre ? C’est la question que posent neuf parlementaires de gauche (du PS, du PCF, des Verts, du Parti du gauche et de la Fédération pour une alternative sociale et écologique) [1] en saisissant la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde). Selon les élus, l’allongement de la durée de cotisations et le report de l’âge légal de départ en retraite induiront des discriminations indirectes à l’encontre des femmes. Celles-ci seront, bien plus que les hommes, obligées de partir plus tard en retraite ou de se contenter de pensions très affaiblies.
Qu’est-ce qu’une discrimination indirecte ? Elle est définie « comme la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes par rapport à d’autres, pour des motifs prohibés, comme le sexe ». À moins que la mesure en question « ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires ». Le « but légitime » est ici la sauvegarde du système par répartition. Derrière l’apparente égalité de traitement, quelles seront les conséquences concrètes de la réforme ? Les femmes seront-elles sacrifiées sur l’autel de la diminution des dépenses publiques ? « Nous considérons que, compte tenu de l’état du marché du travail et du niveau de chômage, notamment celui des seniors, tout allongement de la durée de cotisation, comme tout report des âges légaux, ne peut aboutir qu’à une baisse des pensions servies, à l’opposé donc de la sauvegarde de la répartition », estiment les élus dans une lettre envoyée à la Halde le 1er septembre, et inspirée par un collectif composé d’associations et de syndicats (Attac, FSU, Solidaires, Fondation Copernic…).
Pension divisée par deux ?
Qu’en est-il ? Les inégalités entre hommes et femmes en matière de retraite sont déjà criantes. Les retraitées touchent une pension moitié moindre que celle des hommes : 745 euros en moyenne contre 1550 euros (en 2004). Plusieurs mécanismes de compensation, comme les majorations de pensions liées au nombre d’enfants ou les pensions de réversion pour les veuves, permettent de combler partiellement cet écart. Au final, la pension des femmes retraitées équivaut à 62% de celle des hommes, au lieu de seulement 48% avant le versement des droits familiaux ou des pensions de réversion [2]. Quand un homme touche 100 euros de pension, une femme ne perçoit que 62 euros.
Pourquoi un tel écart ? Il concerne les femmes déjà à la retraite, donc nées avant 1950. Des générations, surtout celles d’avant-guerre, davantage confinées aux tâches domestiques et peu présentes sur le marché du travail. Et lorsqu’elles exercent une profession entre deux congés parentaux, les femmes des années 50 et 60 perçoivent des salaires inférieurs de 35% en moyenne à ceux des hommes. Résultat : moins de la moitié de ces femmes partant aujourd’hui en retraite arrivent à valider une carrière complète, contre 86% des hommes.
Condamnée à partir à 67 ans ?
Contraintes à toucher des pensions plus faibles, elles sont souvent obligées de partir plus tard que les hommes pour faire valoir leurs droits. Presque la moitié des anciennes salariées du secteur privée nées en 1938 ont, par exemple, dû attendre au moins 65 ans – l’âge du taux plein – pour bénéficier de la retraite, contre seulement 16% pour les hommes du même âge qui ont pu valider leurs trimestres plus tôt. Illustration de cette précarité sexuée, parmi les 600.000 bénéficiaires du minimum vieillesse en 2004, quasiment deux sur trois sont des femmes [3]. Qu’en sera-t-il quand ce même âge passera de 65 à 67 ans ?
Pour les élus qui saisissent la Halde, la réforme ne fera qu’aggraver ces inégalités. « Toute augmentation de la durée de cotisation signifie donc qu’une proportion beaucoup plus forte de femmes que d’hommes devront, soit prendre leur retraite à un âge plus tardif (avec les difficultés notoires d’emploi des seniors), soit subir une décote plus forte, puisqu’elles seront en moyenne encore plus loin que les hommes de la durée exigée », écrivent-ils. La Halde, elle-même le reconnaît : « Ces disparités résultent des discriminations liées à l’état de grossesse et au sexe dont les femmes sont victimes et qui impliquent qu’elles sont davantage pénalisées par des carrières interrompues, des temps partiels et des salaires moins importants », écrit sa présidente, Jeannette Bougrab, qui a pris l’initiative d’autosaisir la haute autorité sur la question, début juillet.
Dans ses rapports, le Conseil d’orientation des retraites (COR) se veut bien moins alarmiste. Si l’âge moyen de départ en retraite tend à reculer à cause de l’allongement des études et de la durée de cotisations, les conséquences négatives pour les femmes devraient être en partie compensées par leur plus grande participation au marché du travail. « Elles seraient donc moins nombreuses à attendre l’âge de 65 ans pour faire valoir leurs droits et les âges de départ en retraite des hommes et des femmes salariés du secteur privé auraient tendance à converger », positive le COR [4]. L’inégalité des pensions entre hommes et femmes devrait donc se réduire au fil des générations, entre celle qui part en retraite aujourd’hui (née en 1950) et celle qui partira dans une trentaine d’années (née en 1980), les hommes travaillant un peu moins – moins de carrières longues entamées avant 18 ans – et les femmes davantage.
Une inégalité inter-générationnelle ?
Cette vision optimiste oublie que les inégalités salariales et une grande précarité dans l’emploi persistent. En 2010, les femmes gagnent en moyenne 27% de moins que les hommes. À poste équivalent, qu’elles soient ouvrières ou cadres, les femmes touchent 10% de moins. Cette discrimination se répercutera sur le niveau des pensions dans vingt ou trente ans. Elle risque bien d’être amplifiée par la réforme mise en œuvre par le gouvernement.
Car, si les femmes sont bien plus nombreuses à travailler qu’il y a 50 ans, elles le font dans un contexte de grande précarité et d’interruptions répétées de carrière. « L’augmentation de l’activité féminine s’est essentiellement produite via des emplois à temps partiel, parfois très courts comme récemment en Allemagne, où les femmes représentent 64 % des 4,8 millions de salariés occupés à titre principal sous un statut de mini-job, pour lesquels les droits à la retraite sont réduits », observent les économistes Odile Chagny et Paola Monperrus-Veroni [5]. « Pour la France, des simulations récentes montrent que si l’on tient compte du temps partiel, les femmes de la génération 1970 devraient connaître le même déroulement de carrière que les femmes nées dans les générations 1950. » Une précarité à laquelle s’ajoutera le risque du chômage en fin de carrière.
De quoi mettre à mal les rassurantes hypothèses du COR. « L’allongement de la durée de cotisations est à l’œuvre depuis 1993 avec la réforme Fillon et est déjà discriminatoire. On sait parfaitement que les femmes subissent davantage que les hommes le système de décote des pensions. Ce sont des mesures qui pénalisent de manière disproportionnée une catégorie de la population », déplore Christiane Marty, de l’association Attac.
Baisse du niveau de vie
Avant la crise, seule la moitié des femmes âgées de 55 à 59 ans occupait un emploi (51% en France, contre 58% en Allemagne et 77% en Suède). Leur situation ne va pas s’améliorer. Depuis la crise financière, la précarité s’est massivement développée, notamment sous forme de CDD. Au deuxième trimestre 2010, 60% des embauches sont des CDD de moins d’un mois ! Cette précarité « se manifeste aussi, et de plus en plus, par un sous-emploi durable, fait de temps partiel imposé et accepté faute de mieux, d’emplois non qualifiés qui se développent dans les services. Les femmes sont surreprésentées dans ce sous-emploi durable, à temps partiel et non qualifié, donc porteur de bas salaires », s’inquiète l’économiste Françoise Milewski.
En France, comme en Allemagne, en Italie ou en Suède, où sont mises en œuvre le même type de réforme, « c’est aux femmes que les réformes demanderont potentiellement l’effort le plus important en termes d’allongement de durée d’activité, et c’est également sur elles que pèsent les risques les plus élevés en termes de niveau de vie », assènent Odile Chagny et Paola Monperrus-Veroni. À moins de renforcer les dispositifs qui visent à compenser ces inégalités – augmentation du minimum contributif (595 euros aujourd’hui), valorisation du temps consacré à la vie familiale… – les femmes seront, avec les ouvriers, les plus défavorisées par la réforme. Toutes les inégalités qui frappent les femmes par rapport aux hommes – inégalités salariales, précarité de l’emploi, temps consacré aux activités domestiques et familiales... – se cumuleront au moment du calcul de la pension et de l’âge de départ en retraite. À la Halde de dire s’il s’agit d’une discrimination. Si son avis ne sera que consultatif, il pourra servir à contester la nouvelle loi et ses effets devant les tribunaux.
Notes
[1] Marie-Hélène Amiable (PCF), Martine Billard (Parti de gauche), Danielle Bousquet (PS), Patrick Braouezec (Fase), Marie-George Buffet (PCF), Jean Desessard (Verts), Noël Mamère (Verts), Roland Muzeau (PCF), Anny Poursinoff (Verts)
[2] Lettre de l’Observatoire français des conjonctures économiques, mai 2008
[3] Chiffres tirés du sixième rapport du COR : « Retraites : droits familiaux et conjugaux. »
[4] 6ème rapport : « Retraites : droits familiaux et conjugaux. »
[5] Chroniques internationales de l’Ires, janvier 2008.
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