Álvaro Cuadra
No hace mucho todos los devotos del neoliberalismo celebraban la inclusión de Chile en la OCDE. No sin cierta ingenuidad muchos de ellos expresaban su orgullo por esta inclusión en el club de países ricos del orbe. No obstante, los datos dados a conocer en el informe anual 2011 sobre la situación social de los países miembros de este organismo no dejan mucho espacio al optimismo.
Las cifras son elocuentes, el coeficiente de Gini que mide la concentración de la riqueza sitúa a Chile como el país de peor distribución de ingreso de los 34 países que conforman este club. En una escala de O-1 donde el cero es el óptimo, Chile presente un coeficiente de 0.50 frente a un promedio de 0.31. Los índices de pobreza promedio en la OCDE se sitúan en torno al 11.1%, mientras nuestro país exhibe una cifra que oscila en torno al 20%.
Las mismas cifras acusan al Estado neoliberal chileno por su negligencia para superar esta situación escandalosa. El gasto público social promedio de la OCDE es del 19.6% del PIB, con el caso notable de Francia que asigna el 28.3% de su producto interno bruto en gasto social. Chile, por su parte, apenas asigna el 10.6% de su PIB en este ítem. Dos consideraciones: Primero, la actual situación de pobreza en Chile corresponde a decisiones políticas. Segundo, para señalar a los responsables de la actual situación de pobreza que vive casi un quinto de nuestra población no es necesario ir más allá de nuestras fronteras.
La pobreza en nuestro país está legitimada por una legislación laboral infame que deja a los trabajadores indefensos y pauperizados, mientras fortalece a los grandes empresarios con una legislación tributaria que los exime de su responsabilidad social. El Estado chileno no ha sido capaz de crear un marco regulatorio que salvaguarde a los más débiles. Así, los trabajadores, hombres y mujeres, los pensionados y miles de niños se encuentran desamparados en una sociedad clasista y excluyente.
El mezquino gasto público social promovido y avalado por la elite empresarial y política que administra el Estado y cuyo fundamento no es otro que la Carta Constitucional creada por la dictadura ha creado las condiciones ideales para que en Chile se naturalice la pobreza como parte del paisaje. De poco sirven los reclamos éticos si ellos no se traducen, en concreto, en una legislación que expanda el gasto social en nuestro país. No sirve ni la demagogia ni el populismo mediático, se requiere con urgencia poner en el debate público cuestiones tan sensibles como las leyes laborales y la legislación tributaria entre otras materias.
Las cifras son elocuentes, el coeficiente de Gini que mide la concentración de la riqueza sitúa a Chile como el país de peor distribución de ingreso de los 34 países que conforman este club. En una escala de O-1 donde el cero es el óptimo, Chile presente un coeficiente de 0.50 frente a un promedio de 0.31. Los índices de pobreza promedio en la OCDE se sitúan en torno al 11.1%, mientras nuestro país exhibe una cifra que oscila en torno al 20%.
Las mismas cifras acusan al Estado neoliberal chileno por su negligencia para superar esta situación escandalosa. El gasto público social promedio de la OCDE es del 19.6% del PIB, con el caso notable de Francia que asigna el 28.3% de su producto interno bruto en gasto social. Chile, por su parte, apenas asigna el 10.6% de su PIB en este ítem. Dos consideraciones: Primero, la actual situación de pobreza en Chile corresponde a decisiones políticas. Segundo, para señalar a los responsables de la actual situación de pobreza que vive casi un quinto de nuestra población no es necesario ir más allá de nuestras fronteras.
La pobreza en nuestro país está legitimada por una legislación laboral infame que deja a los trabajadores indefensos y pauperizados, mientras fortalece a los grandes empresarios con una legislación tributaria que los exime de su responsabilidad social. El Estado chileno no ha sido capaz de crear un marco regulatorio que salvaguarde a los más débiles. Así, los trabajadores, hombres y mujeres, los pensionados y miles de niños se encuentran desamparados en una sociedad clasista y excluyente.
El mezquino gasto público social promovido y avalado por la elite empresarial y política que administra el Estado y cuyo fundamento no es otro que la Carta Constitucional creada por la dictadura ha creado las condiciones ideales para que en Chile se naturalice la pobreza como parte del paisaje. De poco sirven los reclamos éticos si ellos no se traducen, en concreto, en una legislación que expanda el gasto social en nuestro país. No sirve ni la demagogia ni el populismo mediático, se requiere con urgencia poner en el debate público cuestiones tan sensibles como las leyes laborales y la legislación tributaria entre otras materias.
http://www.argenpress.info/2011/04/pobreza-y-neoliberalismo.html
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