Hecho: entre el segundo trimestre de 2007 -el anterior a que comenzase la crisis financiera de las hipotecas de alto riesgo- y el segundo semestre de 2009 se han perdido 2,28 millones de puestos de trabajo. Hecho: el paro entre menores de 25 años alcanza el 42,9%, 15 puntos por encima de un año antes. Hecho: el número de hogares con todos sus miembros en desempleo es de 1,13 millones y continúa al alza. Hecho: la mitad de los españoles gana menos de 15.760 euros al año, es decir, es mileurista. Hecho: el 30% de los parados lleva más de un año en esa situación y sólo en el último ejercicio ha crecido en 600.000 personas. Éstos son algunos de los números del principal problema que padece España y provienen de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o la oficina de estadísticas de la Comisión Europea, Eurostat.
Con esa somera descripción de la realidad es difícil no compartir que la destrucción de empleo y sus secuelas terminarán siendo las características seminales de la Gran Recesión, por encima de otras como el calambre financiero o el gigantesco aumento de la deuda, pública y privada. Hace 50 años, en medio de una crisis de pobreza absoluta que asolaba a la España del primer franquismo, el poeta Jaime Gil de Biedma escribió un poema (Noche triste de octubre), que dedicó a Juan Marsé, y que describía los sentimientos de mucha gente: "Definitivamente / parece confirmarse que este invierno / que viene, será duro. / Adelantaron / las lluvias, y el Gobierno, / reunido en consejo de ministros, / no se sabe si estudia a estas horas / el subsidio de paro / o el derecho al despido, / o sencillamente, aislado en un océano, / se limita a esperar que la tormenta pase / y llegue el día, el día en que, por fin, / las cosas dejen de venir mal dadas".
Con todas las diferencias que hay con la coyuntura actual, que son decisivas, la poesía de Gil de Biedma tiene un soniquete muy cercano. Cuando acaba el año 2009 y están a punto de cumplirse los primeros 30 meses de crisis económica, la más larga y profunda desde la Gran Depresión, parece haberse iniciado en el mundo la transición desde una economía en recesión hacia una economía en crecimiento, aunque éste sea anémico e insuficiente para volver a la senda de creación de empleo en cantidades significativas: además de dar trabajo a los que se han quedado sin él en estos 30 meses y a los que antes de la crisis ya no lo tenían, se estima que cada año se incorporan al mercado global planetario alrededor de 45 millones de personas, la mayor parte jóvenes. Por poner un ejemplo, de aquí al año 2015 habrá que crear 300 millones de empleos nada más que para responder al ritmo de crecimiento de la fuerza de trabajo.
Los pronósticos de todos los organismos internacionales, sin excepción, señalan que en el corto plazo no se prevén porcentajes de incrementos del PIB (excepto en países emergentes como China, la India o Brasil) con capacidad para tirar del empleo. Entonces ¿en qué consistirá la economía mundial normal después de la mayor crisis financiera de los últimos 70 años? Probablemente, en la sustitución de la Gran Recesión por una fase prolongada de estancamiento, entendido éste no como la ausencia de crecimiento, sino como una economía que funcionará por debajo de su potencial, con una capacidad productiva ociosa importante, y con desempleo, subempleo y un sector sumergido muy significativos. Una recuperación larga y dolorosa, que aún se sostendrá durante bastantes meses mediante las muletas públicas de la inversión y el gasto, con tasas estructurales de paro que en España serán de dos dígitos. Un estancamiento prolongado más que un crecimiento sostenible. No es el único momento de la economía en que esto ha ocurrido; en el año 1938, todavía en los estertores de la Gran Depresión y cuando Roosevelt aplicaba las medidas del segundo new deal, uno de los más significativos seguidores de Keynes en EE UU, Alvin Hansen, publicó un libro titulado muy expresivamente ¿Recuperación total o estancamiento?, en el que desarrollaba esta hipótesis: el sistema puede estancarse varios años, con un aumento lento del PIB, paro estructural y exceso de capacidad productiva en casi todos los sectores. Además, la historia muestra que entre la recuperación económica y la recuperación del empleo siempre ha habido un desfase considerable.
Los porcentajes de paro en España son los más extremos dentro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y de la Unión Europea. Según Eurostat, que aporta datos desestacionalizados (corregidos de los efectos del calendario), el porcentaje de desempleo en España es el 19,3% de la población activa (frente al 17,93% del Instituto Nacional de Estadística) -4,45 millones de personas-, sólo superado en Europa por Letonia, con el 20,9%. Una tasa de paro insoportable (TPI), en concepto fabricado por el economista Joaquín Almunia antes de ser ministro de Felipe González y comisario de la Unión Europea, cuando en España gobernaba la Unión de Centro Democrático. Pero siendo tan extremos, no son únicos: el paro ha devenido en la principal secuela de la Gran Recesión y dejará huellas para mucho tiempo.
Hace apenas unas semanas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo público su Informe sobre el trabajo en el mundo. Crisis mundial de empleo y perspectivas, cuyo principal autor ha sido Raymond Torres, director del Instituto Internacional de Estudios Laborales, y cuya más relevante conclusión es que, dando signos alentadores de recuperación la economía mundial, "la crisis del empleo mundial no ha sido superada". El informe de la OIT responde a tres preocupaciones instaladas en el discurso público. La primera, cuándo volverá el empleo a los niveles anteriores a la crisis económica (recuérdese que ese nivel era en España de sólo 1,76 millones de personas desocupadas, poco más del 8% de la población activa, lo nunca visto desde el año 1981). La respuesta no es optimista: para los países desarrollados, esa fecha será el año 2013, lo que significa que en materia de empleo la crisis podría durar entre un lustro y un septenio, dependiendo de cuándo se considera su punto de partida; en los países en vías de desarrollo, la situación se reconducirá en 2011. La organización avanza que en todas partes crece la situación de precariedad, toda vez que existen grandes lagunas en los sistemas de protección social: dos tercios de los países de los que se dispone de datos concretos carecen de prestaciones al desempleo, y sólo un tercio de los países en desarrollo proporciona alguna forma de protección social a los trabajadores de la economía sumergida y a los autónomos.
La segunda reflexión de la OIT vincula los planes de estímulo al paro de larga duración: millones de trabajadores de todo el mundo han mantenido sus puestos de trabajo gracias a los estímulos públicos, aunque muchos de ellos se encuentran en situaciones de jornada reducida, desempleo parcial o trabajo involuntario a tiempo parcial. "Aunque la demanda y la producción han caído en picado, las empresas han mantenido empleados a millones de trabajadores, en general gracias a la ayuda gubernamental... Si las empresas dejan de ser viables, los Gobiernos retiran su ayuda o la recuperación económica no es suficientemente fuerte, estas personas también pueden perder su empleo". La crisis del empleo es mucho más de lo que las cifras de desempleo sugieren: casi 43 millones de personas corren peligro de quedar excluidas del mercado de trabajo, pues podían caer en el desempleo de larga duración o abandonar por completo el mercado de trabajo.
Ese riesgo es particularmente grave en el caso de los trabajadores poco cualificados, los inmigrantes y los trabajadores de edad, más las personas que deciden incorporarse al mercado por primera vez; entre ellas, los jóvenes y las mujeres. Ya hay indicios de que el porcentaje de personas inactivas en edad de trabajar ha comenzado a aumentar. En el caso de nuestro país, el boletín económico de noviembre del Banco de España advertía que por primera vez los flujos de salida hacia la inactividad superan a los de entrada, en una especie de efecto desánimo entre los parados, que están dejando de buscar activamente un empleo "dadas las malas condiciones del mercado laboral". Este fenómeno es muy reciente y todavía no muy acusado, pero invierte la tendencia existente en el periodo 2005-2008.
El paro de larga duración es una secuela más de una crisis que no sólo destruye puestos de trabajo a gran velocidad, sino en la que los desocupados se enfrentan a enormes problemas para encontrar una nueva actividad. Está demostrado que cuanto más alarga su inactividad un ciudadano, menos atractivo tiene para las empresas demandantes de empleo y mayor es su grado de descapitalización. Según un estudio norteamericano, después de un periodo de paro de más de medio año, una persona encuentra trabajo con una remuneración al menos un 20% inferior a la de la situación previa.
La tercera cuestión que aborda la OIT desmonta una de las bases de la economía capitalista: aquella que decía que los beneficios empresariales de hoy son las inversiones de mañana y el empleo de pasado mañana, lo que legitimaba a los primeros. Esta coyuntura ha desmontado tal aseveración: una parte del incremento de beneficios ha sido acumulada por el sector financiero, cuyo porcentaje del total de los beneficios empresariales alcanzó el 42% antes de la crisis en comparación con el 25% que representaba a principios de los años ochenta; además, los beneficios de las empresas no financieras se han utilizado más para pagar dividendos que para invertir en la economía real: durante el primer decenio del siglo XXI, el porcentaje de beneficios utilizado en los países desarrollados para invertir en capacidad física era inferior al 40%, lo que supone ocho puntos porcentuales por debajo de la cifra correspondiente a principios del decenio de los ochenta. Por último, la OIT entiende que las presiones crecientes para obtener más y mejores beneficios financieros han afectado de modo negativo a los salarios y a la estabilidad del empleo en la economía real. El descenso mundial del componente salarial del PIB ha sido más pronunciado en los países donde las prácticas financieras de riesgo eran más generalizadas.
El incremento del paro genera nuevas situaciones de pobreza y desigualdad, y, por supuesto, pone aún más en precario los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, que pretendían rebajar a la mitad la pobreza en el mundo en el año 2015 sobre los porcentajes existentes una década antes. La ortodoxia indica que en las fases de crecimiento de la actividad económica y del empleo se reduce la desigualdad y, por el contrario, las coyunturas caracterizadas por recesiones e incertidumbre sobre su intensidad y duración vienen acompañadas de negros augurios sobre las situaciones de desigualdad y de pobreza. El Informe sobre la democracia en España 2009, que edita la Fundación Alternativas, pronostica que el intenso crecimiento del paro, especialmente el de los sustentadores principales, y la gravedad de la situación económica en los mercados van a hacer extraordinariamente difícil que los mecanismos de previsión social establecidos a lo largo de los últimos 30 años puedan por sí mismos aliviar el creciente número de hogares en situación de pobreza y, menos aún, promover una mejora social en términos de igualdad. Lo sucedido en España en esas tres décadas indica lo siguiente: hubo una disminución básica de la desigualdad durante el periodo comprendido entre el primer tercio de los años setenta y el final de la década de los ochenta; desde comienzos de los noventa hasta la primera mitad de la siguiente década, la desigualdad no disminuyó, pese a la intensidad del crecimiento y, sobre todo, del empleo. El cambio de tendencia no significa que la incidencia de la pobreza relativa y la extensión de la desigualdad hayan aumentado en el tiempo, sino más bien que los índices que miden ambos fenómenos dejaron de reducirse. El crecimiento registrado desde mediados de los noventa y la notable creación de empleo no dieron lugar a cambios distributivos de entidad, deteniéndose así el proceso de convergencia con la Unión Europea en lo que a medias de igualdad y pobreza se refiere.
Las crisis comienzan perjudicando a los hogares con menos ingresos y menos nivel formativo, para extender posteriormente sus efectos al resto de los grupos. Según Cáritas, en España hay un 12,2% de hogares "pobres integrados"; esto es, sectores integrados socialmente, pero con ingresos insuficientes y con alto grado de posibilidades de engrosar sus efectos las listas de exclusión. Hay dos encuestas del INE que avalan estas tendencias. La primera, la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada entre abril y julio de 2008 (es decir, antes de que la economía española entrase en el trimestre del infierno, entre enero y marzo de 2009, que fue cuando probablemente tocó fondo). Sus conclusiones son muy notables: el 26,2% de los consultados pensaba que en los próximos 12 meses la situación económica de su hogar empeoraría; casi el 20% de los ciudadanos se encontraba por debajo del umbral relativo de pobreza; uno de cada tres hogares no podía ir de vacaciones fuera de su casa, ni siquiera una semana al año; tres de cada diez hogares consideraba que no tenía capacidad para hacer frente a gastos imprevistos; etcétera. La segunda es la Encuesta de Estructura Salarial (que se elabora cada cuatro años) y que indicaba que el sueldo medio en España en 2006 era de 19.680 euros al año; cuatro años antes, en 2002, era de 19.802 euros. Es decir, que en el periodo de mayor bonanza de la economía española, los sueldos no sólo no crecieron, sino que cayeron, más aún si se tiene en cuenta la inflación.
El empobrecimiento de las clases medias, aquellas que son el principal sustento de las haciendas públicas y garantes del Estado del bienestar, está haciendo más difusas las fronteras que las separaban de la pobreza y de la exclusión, en buena parte como efecto del incremento espectacular del paro, aunque no sólo. Algunos sociólogos estiman que esas clases medias están siendo sustituidas poco a poco por los pujantes mileuristas, que ya no son sólo jóvenes universitarios que tienen que aceptar bajos salarios para trabajar, a pesar de su superior formación, sino que a ellos se han añadidos los parados de larga duración, inmigrantes, prejubilados, expulsados del mercado laboral, etcétera. Se estima que en España pueden alcanzar los 12 millones de personas.
A nuestro país apenas ha llegado el hambre gracias a los sistemas de protección, algunos de los cuales han tenido que ser ampliados en esta coyuntura (por ejemplo, una ayuda adicional a aquellos parados que se han quedado sin ningún tipo de apoyo estatal o de su comunidad autónoma). Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que reunió su asamblea en Roma el pasado mes de noviembre, la combinación de la crisis económica y la alimentaria ha empujado la cifra de víctimas del hambre en el mundo a niveles históricos: 1.000 millones de personas sufren hambre crónica. Jacques Diouf, director general de la FAO, cuantificó en 44.000 millones de dólares anuales lo que costaría erradicar las cifras de la vergüenza, un volumen irrisorio comparado con lo invertido en salvar de la bancarrota a los bancos en dificultades del primer mundo durante la crisis financiera. Como dijo el gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, parafraseando a Churchill, nunca tan pocos debieron tanto dinero a tantos.
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/normalidad/recuperacion/empleo/elpepueco/20091227elpdmgrep_4/Tes
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