Vicenç Navarro
Este artículo muestra empírica y detalladamente como las políticas de recortes de gasto público social, de protección social, y congelación de pensiones, podían haberse evitado a base de 1) recortar otros gastos públicos menos populares; 2) revertir la bajada de impuestos que ha ocurrido en los últimos quince años; 3) corrigiendo el fraude fiscal; y 4) corrigiendo la regresividad fiscal actual. Tales recortes son, pues, innecesarios y contraproducentes, ya que reducen la demanda y con ello el estímulo económico.
Una frase que está siendo utilizada machaconamente por los defensores de los recortes de gastos públicos sociales es que éstos son inevitables y necesarios. Argumentan que, consecuencia de la presión de los mercados, hay que equilibrar las cuentas del Estado y ello exige los recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social. Esta postura se ha ido reproduciendo en los mayores medios de información, de manera tal que se ha convertido en la sabiduría convencional del país.
Es fácil de mostrar, sin embargo, que tal postura es profundamente errónea. Basta mirar los datos para ver que es insostenible. Analizando el presupuesto presentado por el gobierno español, se puede ver que había otras alternativas a recortar los gastos públicos sociales, que serían mucho más populares que los recortes que el gobierno está realizando y que, sin embargo, no se hicieron.
Así, el gobierno Zapatero ha congelado las pensiones de vejez, a fin de conseguir un ahorro de 1.500 millones de euros, con los cuales poder reducir el déficit público del estado y así equilibrar las cuentas. Si se mira el capítulo de defensa (gastos militares) del presupuesto, puede verse que esta cantidad es aproximadamente igual al capítulo “nuevas inversiones militares” que incluyen, entre otras medidas, la compra de 24 helicópteros de combate llamados Tigres. Estas inversiones podrían anularse y transferir los fondos a mantener las pensiones de vejez (que están, por cierto, entre las más bajas de los países de la Eurozona). No hay duda de que la mayoría de la ciudadanía sería más favorable a recortar gastos militares que gastos sociales. Otro capítulo, dentro del gasto militar, que consume una cantidad de euros semejante al recorte de pensiones, es el gasto de mantener las tropas en Afganistán, Líbano y Somalia, gastos que la población española ya ha indicado, a través de encuestas, que desfavorece.
Otro ejemplo. Uno de los servicios sociales más populares y necesarios, los servicios domiciliarios a personas dependientes con dependencias, ha sido recortado sustancialmente, eliminando de su presupuesto 600 millones de euros, una cifra más que respetable. Pues bien, si se mira el presupuesto, se ve que ésta es la misma cantidad que el Estado supuestamente aconfesional español se gasta en salarios a profesores que dan clases de religión católica en las escuelas públicas y privadas concertadas. Dudo que si se hubiera preguntado a la ciudadanía qué hubiera preferido recortar, hubiera escogido lo segundo –pagar los salarios de los profesores de religión católica- sobre lo primero, es decir sobre los servicios a las personas con dependencia.
Estos son dos ejemplos que muestran que había alternativas a los recortes de gasto público social. El hecho de que no se hicieran es que la Iglesia y el Ejército son más poderosos en España que los pensionistas y las personas con dependencias. En realidad, los recortes han sido más acentuados en las áreas sociales que en las área referidas en el presupuesto del Estado como defensa o educación religiosa. Por cierto, es sorprendente que el Presidente Zapatero niegue que su gobierno esté recortando gasto social y reduciendo derechos sociales. La congelación de las pensiones es una reducción de un derecho social, como también lo es la reducción del gasto en los servicios domiciliarios a las personas con dependencias. Una observación semejante aplica a los gobiernos autonómicos gobernados por el Partido Popular y por CiU, que están haciendo enormes recortes de gasto social, negando a la vez que estén reduciendo tales derechos sociales.
Es fácil de mostrar, sin embargo, que tal postura es profundamente errónea. Basta mirar los datos para ver que es insostenible. Analizando el presupuesto presentado por el gobierno español, se puede ver que había otras alternativas a recortar los gastos públicos sociales, que serían mucho más populares que los recortes que el gobierno está realizando y que, sin embargo, no se hicieron.
Así, el gobierno Zapatero ha congelado las pensiones de vejez, a fin de conseguir un ahorro de 1.500 millones de euros, con los cuales poder reducir el déficit público del estado y así equilibrar las cuentas. Si se mira el capítulo de defensa (gastos militares) del presupuesto, puede verse que esta cantidad es aproximadamente igual al capítulo “nuevas inversiones militares” que incluyen, entre otras medidas, la compra de 24 helicópteros de combate llamados Tigres. Estas inversiones podrían anularse y transferir los fondos a mantener las pensiones de vejez (que están, por cierto, entre las más bajas de los países de la Eurozona). No hay duda de que la mayoría de la ciudadanía sería más favorable a recortar gastos militares que gastos sociales. Otro capítulo, dentro del gasto militar, que consume una cantidad de euros semejante al recorte de pensiones, es el gasto de mantener las tropas en Afganistán, Líbano y Somalia, gastos que la población española ya ha indicado, a través de encuestas, que desfavorece.
Otro ejemplo. Uno de los servicios sociales más populares y necesarios, los servicios domiciliarios a personas dependientes con dependencias, ha sido recortado sustancialmente, eliminando de su presupuesto 600 millones de euros, una cifra más que respetable. Pues bien, si se mira el presupuesto, se ve que ésta es la misma cantidad que el Estado supuestamente aconfesional español se gasta en salarios a profesores que dan clases de religión católica en las escuelas públicas y privadas concertadas. Dudo que si se hubiera preguntado a la ciudadanía qué hubiera preferido recortar, hubiera escogido lo segundo –pagar los salarios de los profesores de religión católica- sobre lo primero, es decir sobre los servicios a las personas con dependencia.
Estos son dos ejemplos que muestran que había alternativas a los recortes de gasto público social. El hecho de que no se hicieran es que la Iglesia y el Ejército son más poderosos en España que los pensionistas y las personas con dependencias. En realidad, los recortes han sido más acentuados en las áreas sociales que en las área referidas en el presupuesto del Estado como defensa o educación religiosa. Por cierto, es sorprendente que el Presidente Zapatero niegue que su gobierno esté recortando gasto social y reduciendo derechos sociales. La congelación de las pensiones es una reducción de un derecho social, como también lo es la reducción del gasto en los servicios domiciliarios a las personas con dependencias. Una observación semejante aplica a los gobiernos autonómicos gobernados por el Partido Popular y por CiU, que están haciendo enormes recortes de gasto social, negando a la vez que estén reduciendo tales derechos sociales.
LA REVERSIÓN DE LA BAJADA DE IMPUESTOS
Pero el hecho es que incluso las alternativas que acabo de citar a los recortes de gasto público social, podrían evitarse si se hiciera lo que debiera haberse hecho y no se ha hecho, es decir, la reversión de la reducción de impuestos que ha estado ocurriendo durante los gobiernos Aznar y Zapatero, y que han favorecido primordialmente a las rentas superiores. Para las personas que ingresan 300.000 euros al año, sus impuestos sobre la renta han disminuido nada menos que un 37% (en el periodo 1993-2008). Para las personas que ingresan 22.300 (la mediana de renta de la clase trabajadora) ha sido sólo un 1,7%. La famosa bajada de impuestos, que supuestamente era de izquierdas, significó sólo una reducción de un 1,7% durante tal periodo para la mayoría de la clase trabajadora. Estos datos, entre muchos otros, señalan que fueron las rentas superiores las que se beneficiaron más de tal reducción de impuestos. En realidad, según una institución nada sospechosa de izquierdismo, el Fondo Monetario Internacional (que es el Vaticano del pensamiento neoliberal), la mitad del déficit estructural del Estado español se debió a la reducción de impuestos que ha ido ocurriendo durante todos estos años.
De estos datos se deduce que si hay que reducir el déficit del Estado español, se debería comenzar revirtiendo estos recortes de impuestos que supondrían cantidades mucho mayores que los recortes de gasto social que están ocurriendo. De nuevo, veamos los datos, y veamos los recortes de impuestos, uno por uno.
- Impuestos de Patrimonio. Esta reducción ha beneficiado primordialmente a los grandes patrimonios. Su recuperación selectiva, gravándose los elevados patrimonios, supondría 2.100 millones de euros.
- Impuesto de Sociedades. Este impuesto es sobre las rentas del capital derivadas de las grandes empresas. Pues bien, si se recuperara el nivel de imposición que tenía este tipo de impuestos para las grandes empresas (que facturan más de 150 millones de euros al año y que representa sólo el 0,12% de todas las empresas de España) antes de que se redujeran por los gobiernos Aznar y Zapatero, se recuperarían 5.300 millones de euros.
- Impuestos sobre las grandes riquezas. Si se recuperara, de nuevo, el nivel de imposición (que tenían antes de las reducciones de los gobiernos Aznar y Zapatero) de las personas que ganan más de 120.000 euros al año, el Estado recuperaría 2.500 millones de euros.
- Impuesto de Sucesiones. Este impuesto, que grava las herencias ha sido casi eliminado. Si se recuperara, el Estado obtendría 2.552 millones de euros.
Puede verse, pues, que sólo revirtiendo las bajadas de impuestos, que el Sr. Zapatero consideraba como característica de ser de izquierdas (lo cual se puede hacer tan rápidamente como se pueden congelar las pensiones o los fondos públicos para las personas con discapacidades), el Estado recogería inmediatamente más de 12.000 millones de euros.
Pero el hecho es que incluso las alternativas que acabo de citar a los recortes de gasto público social, podrían evitarse si se hiciera lo que debiera haberse hecho y no se ha hecho, es decir, la reversión de la reducción de impuestos que ha estado ocurriendo durante los gobiernos Aznar y Zapatero, y que han favorecido primordialmente a las rentas superiores. Para las personas que ingresan 300.000 euros al año, sus impuestos sobre la renta han disminuido nada menos que un 37% (en el periodo 1993-2008). Para las personas que ingresan 22.300 (la mediana de renta de la clase trabajadora) ha sido sólo un 1,7%. La famosa bajada de impuestos, que supuestamente era de izquierdas, significó sólo una reducción de un 1,7% durante tal periodo para la mayoría de la clase trabajadora. Estos datos, entre muchos otros, señalan que fueron las rentas superiores las que se beneficiaron más de tal reducción de impuestos. En realidad, según una institución nada sospechosa de izquierdismo, el Fondo Monetario Internacional (que es el Vaticano del pensamiento neoliberal), la mitad del déficit estructural del Estado español se debió a la reducción de impuestos que ha ido ocurriendo durante todos estos años.
De estos datos se deduce que si hay que reducir el déficit del Estado español, se debería comenzar revirtiendo estos recortes de impuestos que supondrían cantidades mucho mayores que los recortes de gasto social que están ocurriendo. De nuevo, veamos los datos, y veamos los recortes de impuestos, uno por uno.
- Impuestos de Patrimonio. Esta reducción ha beneficiado primordialmente a los grandes patrimonios. Su recuperación selectiva, gravándose los elevados patrimonios, supondría 2.100 millones de euros.
- Impuesto de Sociedades. Este impuesto es sobre las rentas del capital derivadas de las grandes empresas. Pues bien, si se recuperara el nivel de imposición que tenía este tipo de impuestos para las grandes empresas (que facturan más de 150 millones de euros al año y que representa sólo el 0,12% de todas las empresas de España) antes de que se redujeran por los gobiernos Aznar y Zapatero, se recuperarían 5.300 millones de euros.
- Impuestos sobre las grandes riquezas. Si se recuperara, de nuevo, el nivel de imposición (que tenían antes de las reducciones de los gobiernos Aznar y Zapatero) de las personas que ganan más de 120.000 euros al año, el Estado recuperaría 2.500 millones de euros.
- Impuesto de Sucesiones. Este impuesto, que grava las herencias ha sido casi eliminado. Si se recuperara, el Estado obtendría 2.552 millones de euros.
Puede verse, pues, que sólo revirtiendo las bajadas de impuestos, que el Sr. Zapatero consideraba como característica de ser de izquierdas (lo cual se puede hacer tan rápidamente como se pueden congelar las pensiones o los fondos públicos para las personas con discapacidades), el Estado recogería inmediatamente más de 12.000 millones de euros.
CORRIGIENDO EL FRAUDE FISCAL
Pero hay otras dos opciones para que el Estado recogiera fondos y evitara así tener que reducir el ya escasamente financiado estado del bienestar español.
Cuando se habla de fraude fiscal, lo primero que uno piensa es en el pago en metálico que la gente hace cuando el lampista viene a reparar las cañerías y al cirujano en la Sanidad privada que acaba de operar a la madre del que paga la operación. Este fraude fiscal debiera corregirse. Ahora bien, este tipo de fraude, el incurrido por lo que se llama autónomos –como lampistas, abogados en los grandes gabinetes, médicos en la privada y otros- representa una cantidad menor. Sólo el 8% del fraude fiscal, según los inspectores del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, corresponde a este tipo de fraude. Es importante señalar, por cierto, que según tales técnicos, la mayoría de recursos de la Agencia Tributaria se centra en resolver este tipo de fraude.
La mayoría (el 71%) del fraude en España, sin embargo, lo realizan las grandes fortunas, las grandes empresas y la banca. Si se eliminara tal fraude, el Estado recogería 44.000 millones de euros. Para corregir este fraude, el Estado dedica una parte muy pequeña de sus recursos. En realidad, a la vez que el entonces Presidente Aznar subrayaba que ”los ricos no pagan impuestos” reducía el número de inspectores de Hacienda.
Pero hay otras dos opciones para que el Estado recogiera fondos y evitara así tener que reducir el ya escasamente financiado estado del bienestar español.
Cuando se habla de fraude fiscal, lo primero que uno piensa es en el pago en metálico que la gente hace cuando el lampista viene a reparar las cañerías y al cirujano en la Sanidad privada que acaba de operar a la madre del que paga la operación. Este fraude fiscal debiera corregirse. Ahora bien, este tipo de fraude, el incurrido por lo que se llama autónomos –como lampistas, abogados en los grandes gabinetes, médicos en la privada y otros- representa una cantidad menor. Sólo el 8% del fraude fiscal, según los inspectores del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, corresponde a este tipo de fraude. Es importante señalar, por cierto, que según tales técnicos, la mayoría de recursos de la Agencia Tributaria se centra en resolver este tipo de fraude.
La mayoría (el 71%) del fraude en España, sin embargo, lo realizan las grandes fortunas, las grandes empresas y la banca. Si se eliminara tal fraude, el Estado recogería 44.000 millones de euros. Para corregir este fraude, el Estado dedica una parte muy pequeña de sus recursos. En realidad, a la vez que el entonces Presidente Aznar subrayaba que ”los ricos no pagan impuestos” reducía el número de inspectores de Hacienda.
CORRECCIÓN DE LA POLÍTICA REGRESIVA ACTUAL
El Estado español (que incluye el central, el autonómico, y el local) es de los más regresivos y menos redistributivos que existen en la Unión Europea de los Quince. Esta observación es frecuentemente negada por las autoridades gubernamentales responsables de las políticas tributarias del país, comenzando por los Ministros o Ministras de Economía, que son también de Hacienda. Para probar que no es cierto que la política fiscal sea escasamente progresiva (en realidad, es regresiva) citan los niveles de imposición (los tipos) nominales (es decir, los que aparecen en la narrativa de las leyes y normas) que sí que son progresivos, e incluso (algunos de ellos) comparables a la progresividad promedio de los países de la UE-15.
Ahora bien, como señalan, con razón, los inspectores de Hacienda, hay una distancia muy importante entre el nivel nominal y el nivel efectivo, es decir, el nivel real que al final pagan las empresas y los individuos, distancia que aumenta con el nivel de ingresos. A mayor renta, mayor es la distancia entre el nivel nominal y el nivel efectivo. Así, según los técnicos del Ministerio de Hacienda, el nivel nominal (lo que se llama tipo general) de los impuestos de Sociedades (que son los impuestos sobre beneficios empresariales), es 30% para las grandes empresas y 25% para las medianas y pequeñas empresas (lo que se llama las PYMES). Ahora bien, el nivel efectivo, es decir, el real de las grandes empresas es mucho menor, pues sus servicios técnicos especializados les asisten para que puedan beneficiarse de una enorme cantidad de deducciones y ventajes fiscales (que hay una gran cantidad) de manera que el nivel real baja de 30% a un 19,5%. Esta bajada es menor para las medianas empresas – que facturan de 6 a 12 millones al año- (que bajan de 25% a un 21,2%) y pequeñas empresas –que facturan de 6.000 a 60.000 euros- (de 25% a 23,9%).
Las grandes empresas pagan, pues, mucho menos de lo que paga un trabajador en nómina (37% para el salario medio del país -22.802 euros- el más bajo de la UE-15 cuyo promedio es de 33.997 euros) deducciones disponibles a este trabajador es mucho más limitado que el disponible a las grandes empresas.
A ello deberíamos añadir el fraude fiscal que se concentra en las rentas superiores, como he indicado en los párrafos anteriores. Pero, incluso sin incluirlo, es decir, sin salirnos de la legalidad, estos datos (todos ellos procedentes de informe de los técnicos del Ministerio de Hacienda) muestran que el sistema fiscal legal es enormemente regresivo. Y una razón muy importante para que ello sea así es que las rentas del capital tributan mucho menos que las rentas del trabajo. Si una persona o una empresa ingresa dinero por el hecho de ser propietaria de una bien generosa renta (como las acciones de una sociedad limitada) paga menos impuestos que si tal dinero lo recibiera con el sudor de su frente, como coloquialmente se refiere al que trabaja. Mírese como se mire, esta situación es profundamente injusta y responde a un hecho obvio en nuestra sociedad: el mundo del capital (la gente súper rica derivan la mayoría de su dinero de las rentas del capital) es mucho mas poderosa que el mundo del trabajo. Como escribía una de las personas más ricas del mundo, el Sr. Warren Buffet, en un artículo titulado “Stop Coddling the Super-Rich” Los estados deben dejar de mimar a los súper ricos (The New York Times, 14.08.11), es injusto que él pagara en impuestos sólo el 17% de su renta mientras que sus empleados pagaran un 38%. Ninguna declaración en estos mismos términos se ha leído o visto en España. Y ello no es porque no haya súper ricos en nuestro país. España es uno de los países que concentra (proporcionalmente) mayor número de súper ricos (cuya tasación es menor que la de Warren Buffet. En España es sólo un 10%). Pero ello no consta en los informes de Hacienda resultado de la falta de credibilidad de las declaraciones de renta entre los súper ricos (y también, por cierto, de todos aquellos que no están pagados en nómina).
Este trato diferencial se justifica en que hay que mimar el capital (se le llama ahorro y sus instituciones más importantes son los bancos), puesto que es el que al invertirse produce puestos de trabajo. Pero los datos, de nuevo, no avalan tal supuesto. Como bien señala el Sr. Warren Buffet (al que la revista portavoz del capital estadounidense, Wall Street Journal, define correctamente como un “traidor a su clase”) en su artículo, la tasa de creación de empleo, así como el empleo total fue mayor en EEUU, durante el periodo 1950-1980 (periodo keynesiano) que en el periodo 1980-2010 (periodo neoliberal), cuando los impuestos sobre el capital descendieron espectacularmente. En realidad, el desarrollo de las políticas neoliberales que han determinado una enorme concentración de las rentas, con un incremento de las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, han sido muy ineficientes y han causado las crisis económicas y financieras que estamos experimentando.
No hay, pues, justificación para que las rentas del capital graven menos que las del trabajo. De ahí que existan más peticiones de que se elimine este acto discriminatorio a favor de las rentas del capital. De corregirse, podrían incrementarse los ingresos al estado en cantidades considerables.
El Estado español (que incluye el central, el autonómico, y el local) es de los más regresivos y menos redistributivos que existen en la Unión Europea de los Quince. Esta observación es frecuentemente negada por las autoridades gubernamentales responsables de las políticas tributarias del país, comenzando por los Ministros o Ministras de Economía, que son también de Hacienda. Para probar que no es cierto que la política fiscal sea escasamente progresiva (en realidad, es regresiva) citan los niveles de imposición (los tipos) nominales (es decir, los que aparecen en la narrativa de las leyes y normas) que sí que son progresivos, e incluso (algunos de ellos) comparables a la progresividad promedio de los países de la UE-15.
Ahora bien, como señalan, con razón, los inspectores de Hacienda, hay una distancia muy importante entre el nivel nominal y el nivel efectivo, es decir, el nivel real que al final pagan las empresas y los individuos, distancia que aumenta con el nivel de ingresos. A mayor renta, mayor es la distancia entre el nivel nominal y el nivel efectivo. Así, según los técnicos del Ministerio de Hacienda, el nivel nominal (lo que se llama tipo general) de los impuestos de Sociedades (que son los impuestos sobre beneficios empresariales), es 30% para las grandes empresas y 25% para las medianas y pequeñas empresas (lo que se llama las PYMES). Ahora bien, el nivel efectivo, es decir, el real de las grandes empresas es mucho menor, pues sus servicios técnicos especializados les asisten para que puedan beneficiarse de una enorme cantidad de deducciones y ventajes fiscales (que hay una gran cantidad) de manera que el nivel real baja de 30% a un 19,5%. Esta bajada es menor para las medianas empresas – que facturan de 6 a 12 millones al año- (que bajan de 25% a un 21,2%) y pequeñas empresas –que facturan de 6.000 a 60.000 euros- (de 25% a 23,9%).
Las grandes empresas pagan, pues, mucho menos de lo que paga un trabajador en nómina (37% para el salario medio del país -22.802 euros- el más bajo de la UE-15 cuyo promedio es de 33.997 euros) deducciones disponibles a este trabajador es mucho más limitado que el disponible a las grandes empresas.
A ello deberíamos añadir el fraude fiscal que se concentra en las rentas superiores, como he indicado en los párrafos anteriores. Pero, incluso sin incluirlo, es decir, sin salirnos de la legalidad, estos datos (todos ellos procedentes de informe de los técnicos del Ministerio de Hacienda) muestran que el sistema fiscal legal es enormemente regresivo. Y una razón muy importante para que ello sea así es que las rentas del capital tributan mucho menos que las rentas del trabajo. Si una persona o una empresa ingresa dinero por el hecho de ser propietaria de una bien generosa renta (como las acciones de una sociedad limitada) paga menos impuestos que si tal dinero lo recibiera con el sudor de su frente, como coloquialmente se refiere al que trabaja. Mírese como se mire, esta situación es profundamente injusta y responde a un hecho obvio en nuestra sociedad: el mundo del capital (la gente súper rica derivan la mayoría de su dinero de las rentas del capital) es mucho mas poderosa que el mundo del trabajo. Como escribía una de las personas más ricas del mundo, el Sr. Warren Buffet, en un artículo titulado “Stop Coddling the Super-Rich” Los estados deben dejar de mimar a los súper ricos (The New York Times, 14.08.11), es injusto que él pagara en impuestos sólo el 17% de su renta mientras que sus empleados pagaran un 38%. Ninguna declaración en estos mismos términos se ha leído o visto en España. Y ello no es porque no haya súper ricos en nuestro país. España es uno de los países que concentra (proporcionalmente) mayor número de súper ricos (cuya tasación es menor que la de Warren Buffet. En España es sólo un 10%). Pero ello no consta en los informes de Hacienda resultado de la falta de credibilidad de las declaraciones de renta entre los súper ricos (y también, por cierto, de todos aquellos que no están pagados en nómina).
Este trato diferencial se justifica en que hay que mimar el capital (se le llama ahorro y sus instituciones más importantes son los bancos), puesto que es el que al invertirse produce puestos de trabajo. Pero los datos, de nuevo, no avalan tal supuesto. Como bien señala el Sr. Warren Buffet (al que la revista portavoz del capital estadounidense, Wall Street Journal, define correctamente como un “traidor a su clase”) en su artículo, la tasa de creación de empleo, así como el empleo total fue mayor en EEUU, durante el periodo 1950-1980 (periodo keynesiano) que en el periodo 1980-2010 (periodo neoliberal), cuando los impuestos sobre el capital descendieron espectacularmente. En realidad, el desarrollo de las políticas neoliberales que han determinado una enorme concentración de las rentas, con un incremento de las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, han sido muy ineficientes y han causado las crisis económicas y financieras que estamos experimentando.
No hay, pues, justificación para que las rentas del capital graven menos que las del trabajo. De ahí que existan más peticiones de que se elimine este acto discriminatorio a favor de las rentas del capital. De corregirse, podrían incrementarse los ingresos al estado en cantidades considerables.
NUEVOS IMPUESTOS
Existen otros impuestos que, como los anteriores no afectarían a la mayoría de la ciudadanía, y que significarían menos ingresos al Estado. Como ejemplos tenemos:
- Impuestos ecológicos. Se les llama ecológicos porque desincentivan la contaminación de medio ambiente, aunque es poco probable que las cantidades que estoy citado desincentiven mucho tal contaminación, pero para darse cuenta del enorme potencial de reducción, baste ver que si cada pasajero pagara al estado cinco euros por cada vuelo aéreo (la aviación aérea es de los sistemas de transporte más contaminantes) que partiera de un aeropuerto español, el Estado (central, autonómico o local) ingresaría casi 1.000 millones más (985 millones de euros).
- Mejorar la progresividad en las multas, (tales como las de tráfico), dependiendo del nivel de renta del sancionado. Esto se hace en Finlandia y es sumamente popular, puesto que exigir el mismo pago por multa (tanto al rico como al pobre) es enormemente regresivo. La aplicación de tal práctica fiscal permitiría recoger 862 millones de euros más.
- Impuestos sobre el turismo, que se hace en la mayoría de países y ciudades que atraen turistas, aunque no en España. Si usted va a Nueva York, mire su factura hotelera y verá que indica que el 7% de la factura va a la ciudad, más 3 dólares por cada noche. Aquí, ningún municipio ha tenido el coraje político de pedir ni siquiera un euro por noche. Ésta debiera ser una de las mayores fuentes de ingreso de ciudades como Barcelona, altamente turísticas. Las derechas que constantemente exigen un copago a los usuarios de la sanidad pública, mantienen un silencio ensordecedor sobre el copago hotelero. Este impuesto podría recoger 2.300 millones de euros para las autoridades locales.
- Impuestos finalistas para la sanidad, tal como hace la provincia de Ontario, con la recogida, aplicada a España, de 6.900 millones de euros.
Estos son ejemplos de lo que podría hacerse para, no sólo evitar los recortes, sino también reducir el déficit público y el enorme déficit de gasto público social de España.
Existen otros impuestos que, como los anteriores no afectarían a la mayoría de la ciudadanía, y que significarían menos ingresos al Estado. Como ejemplos tenemos:
- Impuestos ecológicos. Se les llama ecológicos porque desincentivan la contaminación de medio ambiente, aunque es poco probable que las cantidades que estoy citado desincentiven mucho tal contaminación, pero para darse cuenta del enorme potencial de reducción, baste ver que si cada pasajero pagara al estado cinco euros por cada vuelo aéreo (la aviación aérea es de los sistemas de transporte más contaminantes) que partiera de un aeropuerto español, el Estado (central, autonómico o local) ingresaría casi 1.000 millones más (985 millones de euros).
- Mejorar la progresividad en las multas, (tales como las de tráfico), dependiendo del nivel de renta del sancionado. Esto se hace en Finlandia y es sumamente popular, puesto que exigir el mismo pago por multa (tanto al rico como al pobre) es enormemente regresivo. La aplicación de tal práctica fiscal permitiría recoger 862 millones de euros más.
- Impuestos sobre el turismo, que se hace en la mayoría de países y ciudades que atraen turistas, aunque no en España. Si usted va a Nueva York, mire su factura hotelera y verá que indica que el 7% de la factura va a la ciudad, más 3 dólares por cada noche. Aquí, ningún municipio ha tenido el coraje político de pedir ni siquiera un euro por noche. Ésta debiera ser una de las mayores fuentes de ingreso de ciudades como Barcelona, altamente turísticas. Las derechas que constantemente exigen un copago a los usuarios de la sanidad pública, mantienen un silencio ensordecedor sobre el copago hotelero. Este impuesto podría recoger 2.300 millones de euros para las autoridades locales.
- Impuestos finalistas para la sanidad, tal como hace la provincia de Ontario, con la recogida, aplicada a España, de 6.900 millones de euros.
Estos son ejemplos de lo que podría hacerse para, no sólo evitar los recortes, sino también reducir el déficit público y el enorme déficit de gasto público social de España.
EL ERROR DE LAS REFORMAS APROBADAS POR LAS CORTES ESPAÑOLAS SOBRE EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO
Estos datos que presento en este artículo muestran una realidad raramente presentada en los mayores medios de información del país. Acabo de escribir estas notas el 3 de septiembre de 2011, días después de la aprobación por la mayoría de las Cortes Españolas de una medida que tendrá un enorme impacto negativo sobre el escasamente financiado Estado del Bienestar español. La incorporación en la Constitución Española de la obligatoriedad del Estado de alcanzar un equilibrio presupuestario, es un instrumento poderosísimo para desmantelar el Estado del Bienestar español.
Voces socialistas niegan esta realidad, argumentando que la ley orgánica permite un déficit del 0,4% del PIB (un déficit que casi ningún país de la Eurozona ha alcanzado durante los últimos veinte años). Tales voces han negado que tal medida prohíba que aumente el gasto público social, pues señalan que los ingresos al Estado podrían incrementarse a base de aumentar los impuestos, y con ello aumentar el gasto público, además de reducir el déficit (tal como ha argumentado Josep Oliver, economista asesor del PSC en su artículo “La Constitución y el futuro del euro” en El Periódico (01.09.11). He contestado este argumento en mi artículo en Público “¿Salvar el Estado del Bienestar?” (01.09.11). Este argumento que, teóricamente, es cierto, ignora que en la práctica, la propia historia fiscal de España muestra que la reducción del déficit se ha hecho históricamente primordialmente a base de reducción del gasto en lugar del aumento de los impuestos o de su progresividad. Y lo que está ocurriendo en Catalunya y en el resto de España es un ejemplo de ello. Tanto el gobierno español, que se define socialista, como el gobierno catalán, que es conservador-liberal, están reduciendo su déficit a costa, primordialmente de reducir el gasto público social.
No es correcto desmerecer esta observación, como hace frecuentemente, con el insulto de considerar las críticas a tales recortes como “demagogia”, epíteto que hasta ahora utilizaba la derecha para evitar tener que contestar a los argumentos y los datos presentados por los que estamos señalando el error de tales políticas.
Pero además de innecesarias, tales políticas son enormemente negativas, no sólo para el Estado del Bienestar, sino también para la economía del país. Está contribuyendo en gran manera al estancamiento de la economía española y crecimiento del desempleo. La evidencia que apoya este argumento es robusta y la realidad, por desgracia, lo está demostrando (véase mi artículo “Existen alternativas a los recortes” Público. 09.12.10).
Estos datos que presento en este artículo muestran una realidad raramente presentada en los mayores medios de información del país. Acabo de escribir estas notas el 3 de septiembre de 2011, días después de la aprobación por la mayoría de las Cortes Españolas de una medida que tendrá un enorme impacto negativo sobre el escasamente financiado Estado del Bienestar español. La incorporación en la Constitución Española de la obligatoriedad del Estado de alcanzar un equilibrio presupuestario, es un instrumento poderosísimo para desmantelar el Estado del Bienestar español.
Voces socialistas niegan esta realidad, argumentando que la ley orgánica permite un déficit del 0,4% del PIB (un déficit que casi ningún país de la Eurozona ha alcanzado durante los últimos veinte años). Tales voces han negado que tal medida prohíba que aumente el gasto público social, pues señalan que los ingresos al Estado podrían incrementarse a base de aumentar los impuestos, y con ello aumentar el gasto público, además de reducir el déficit (tal como ha argumentado Josep Oliver, economista asesor del PSC en su artículo “La Constitución y el futuro del euro” en El Periódico (01.09.11). He contestado este argumento en mi artículo en Público “¿Salvar el Estado del Bienestar?” (01.09.11). Este argumento que, teóricamente, es cierto, ignora que en la práctica, la propia historia fiscal de España muestra que la reducción del déficit se ha hecho históricamente primordialmente a base de reducción del gasto en lugar del aumento de los impuestos o de su progresividad. Y lo que está ocurriendo en Catalunya y en el resto de España es un ejemplo de ello. Tanto el gobierno español, que se define socialista, como el gobierno catalán, que es conservador-liberal, están reduciendo su déficit a costa, primordialmente de reducir el gasto público social.
No es correcto desmerecer esta observación, como hace frecuentemente, con el insulto de considerar las críticas a tales recortes como “demagogia”, epíteto que hasta ahora utilizaba la derecha para evitar tener que contestar a los argumentos y los datos presentados por los que estamos señalando el error de tales políticas.
Pero además de innecesarias, tales políticas son enormemente negativas, no sólo para el Estado del Bienestar, sino también para la economía del país. Está contribuyendo en gran manera al estancamiento de la economía española y crecimiento del desempleo. La evidencia que apoya este argumento es robusta y la realidad, por desgracia, lo está demostrando (véase mi artículo “Existen alternativas a los recortes” Público. 09.12.10).
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