Sociologias: La Unión Europea, sin proyecto

G. Buster

De confirmarse las encuestas (1), las elecciones para el Parlamento europeo de junio de 2009 batirán un nuevo récord de abstención, el 66%, en una caída continua de la participación desde los primeros comicios celebrados en 1979. En las elecciones de 2004, la abstención ya superó la barrera del 50% para situarse en el 54,4%. Y sin embargo, a pesar de esa llamativa falta de crédito democrático de la única institución de la Unión Europea que se elige por sufragio universal, lo cierto es que el Parlamento europeo cumple una función ideológica e institucional esencial para la legitimidad del conjunto del proyecto de construcción europea. Si algo refleja nítidamente las carencias democráticas de la Unión –la inexistencia de un sentimiento de ciudadanía europea—, es precisamente una Asamblea que debería personificar ambos valores republicanos, pero que, muy al contrario, y a semejanza de las Dietas y Cortes convocadas por las monarquías absolutas europeas, confirma con su impotente existencia tanto su propia naturaleza de favor otorgado, como el despotismo pretendidamente ilustrado de las oligarquías europeas, otorgadoras de ese favor y rectoras de la Comisión y del Consejo.

El parecido con los sistemas parlamentarios de los estados miembros es puramente formal, y su funcionamiento lleva a extremos los peores vicios de aquéllos. La capacidad de intervención y debate de los 785 diputados actuales, 736 en el próximo Parlamento europeo, se reduce a algunos minutos en el seno de comisiones, con un reglamento que privilegia la disciplina de los grupos parlamentarios pan-europeos y sus portavoces y el debate virtual sobre el operativo. Sus funciones han aumentado con el tiempo: aprueba el presupuesto de la Comisión, colegisla con el Consejo en cuarenta áreas y controla a la Comisión y su composición (provocó en su día la caída de la Comisión Santer). Pero el registro voluntario de lobistas ante la Unión Europea ha superado ya los 15.000 inscritos, que pululan por los pasillos de esta y otras instituciones europeas como portavoces directos de distintos sectores de intereses económicos y sociales.

Quizá ello explique por qué en el 70% de las votaciones registradas en la legislatura que acaba han coincidido el Partido Popular y el Partido Socialista europeos, las dos grandes formaciones de la cámara. Como se puede ver en el gráfico elaborado por Burson-Marsteller, el Parlamento europeo está dominado por la derecha liberal-conservadora en un 42%, con una fuerte presión adicional de la derecha euroescéptica y la extrema derecha, mientras que la social-democracia y los verdes alcanzan el 38%, con una presión inferior a su izquierda. Las encuestas predicen que esta correlación de fuerzas empeorará tras este 7 de junio, sin cambios sustanciales, reflejando la mayor movilización en toda Europa del electorado de derechas y la difícil situación de los escasos gobiernos socialdemócratas en la EU-27, con crisis abiertas en Reino Unido y Hungría, y erosión de apoyos en España y Portugal.

La campaña, en todos los estados-miembros sin excepción, ha carecido de referencias europeas. Los debates han girado sobre la situación nacional, y las expectativas de voto sobre el mayor o menor castigo que se quiere infligir al Gobierno de turno. En ningún sitio se ha hecho balance de la gestión de la Comisión Barroso o de las decisiones del Consejo, de la política del Banco Central Europeo ante la recesión económica europea, de las intervenciones del Alto Representante de la PESC, Javier Solana, en las crisis de Georgia o Ucrania, o del enviado especial para Oriente Medio, Tony Blair.

No debe extrañar, por lo tanto, que este contexto, en el que está ausente el objeto mismo del debate, provoque tasas de abstención tan elevadas. Y sin embargo, se trata de un debate esencial, porque más del 70% de la legislación que aprueban los parlamentos de los estados-miembros son transposiciones de directivas comunitarias elaboradas en el complejo y opaco engranaje legislativo de la Unión Europea.

La Europa neoliberal paralizada por el NO y la recesión…

El proyecto de construcción europea neoliberal, surgido del consenso y la reacción de las oligarquías europeas ante la caída del Muro de Berlín y la hegemonía neoconservadora de la Administración Bush, sufrió una derrota decisiva con el No al Tratado constitucional europeo en los referenda de Francia y Países Bajos. Su reformulación en el Tratado de Lisboa y el subsiguiente rechazo de ese maquillaje en el referéndum irlandés de junio de 2008 ha empantanado el proceso de construcción europea, sin otra alternativa que ganar tiempo para que se pueda imponer a Irlanda un segundo referéndum que cambie de resultado.

Este vacío de proyecto político ha producido un malestar europeo de dimensiones excepcionales (2), que se ha acentuado aun más con la recesión económica europea desde finales de 2007, la crisis energética en Centroeuropa en el invierno de 2009 como consecuencia del corte de suministro de gas ruso a través de Ucrania, la debilidad de la Comisión Barroso en todos los terrenos y la estupefaciente incapacidad de la presidencia checa del Consejo en el primer semestre del 2009, que ha terminado con la caída del gobierno conservador y euroescéptico de Topolonek antes de fin de mandato.

Este ha sido el escenario de la consolidación de Sarkozy como dirigente europeo en la Presidencia francesa del Consejo en el segundo semestre del 2008. Como si quisiera dar vida de nuevo a los análisis de Marx sobre el bonapartismo en el contexto de la Unión Europea de comienzos del Siglo XXI, Sarkozy ha sido capaz de proyectar continentalmente su elevación momentánea por encima del conflicto de clases en Francia, como explica Christian Picquet en el articulo que hoy publica Sin Permiso, y generar la ilusión del papel internacional de la UE en las reuniones del G-20 y en la crisis ruso-georgiana. Durante seis meses, la UE se ha hecho sarkozyana: una ilusión que ha permitido a Sarkozy orillar su propio empantanamiento neoliberal.

Nada demuestra mejor la capacidad de contagio de esa ilusión que las declaraciones e intervenciones de Barroso y de la propia Comisión ante la crisis económica internacional y la recesión europea. Tras el período de Schadenfreude (3) ante el estallido de la crisis económica en EE UU en 2007, cuando se daba a entender que el sistema financiero europeo escaparía del contagio de los activos tóxicos hipotecarios, la reacción de la Comisión ante la recesión europea ha sido un ejercicio de malabarismo de cifras. El Plan Europeo de Recuperación no fue publicado hasta el 26 de noviembre de 2008, después de la Cumbre europea del 7 de noviembre y de la Cumbre del G-20 en Washington el 15 de ese mismo mes.

De acuerdo con las informaciones y los comunicados oficiales, la Cumbre europea contra la crisis fue una cacofonía de posiciones, que oscilaban desde el intervencionismo financiero de Brown al regulacionismo proteccionista de Sarkozy, pasando por el agónico esfuerzo de Merckel por defender el Pacto de Estabilidad europeo. Sus conclusiones no pasaron de la defensa de un papel más activo del estado a través de paquetes de estímulos económicos y de la decisión de asegurar financiación y créditos a la banca privada europea, el apoyo a la independencia del Banco Central Europeo (es decir, a su política de mantenimiento de tasas de interés superiores a las de EE UU y de aumento de la masa monetaria) y de la amenaza de crear fondos soberanos europeos para proteger a la industria y las finanzas continentales de posibles ataques especulativos. El Plan Europeo de Recuperación intentó construir un discurso coherente y, sobre todo, que subrayase la aportación de la Comisión a lo que no era sino una incongrua suma de políticas de los estados miembros y del BCE. Tras cifrar el volumen de los paquetes de estímulos de los estados miembros en unos 200.000 millones de euros, el equivalente al 1,5% del PIB europeo, y el de los “estabilizadores automáticos” (ayudas y prestaciones ante la crisis ya previstas institucionalmente, como las prestaciones de paro) en otro 1,5% del PIB, Barroso redondeó la contribución europea a la política de recuperación global con una línea de crédito del Banco Europeo de Inversiones por un monto de 30.000 millones de euros, más el Fondo de ajuste a la Globalización, ya existente, unos 500 millones de euros, así como una posible ayuda a la industria automovilística mediante créditos del BEI para la promoción de modelos de automóviles “verdes”. En total, la aportación europea supondría el 3,3% de su PIB.

Estas cuentas de la lechera fueron denunciadas por el presidente del Partido Socialista europeo, Poul Nyrup Rasmussen, quien, ante la jactanciosa pretensión europea de haber contribuido a hacer frente a la crisis internacional de manera más resuelta que la Administración Obama, dejó dicho que “es Europa la que corre el riesgo de ser acusada por el resto del mundo”. La realidad es que la debilidad de la Comisión no ha impedido, como ha subrayado Joschka Fischer, que “en todos los aspectos estratégicos de la gestión de la crisis, Alemania y Francia se bloqueen mutuamente” (FT 18-03-09).

Mientras tanto, y a contrapelo de la política de tipos de interés del BCE, la crisis fundía toda la ortodoxia neoliberal de gestión presupuestaria impuesta desde el Tratado de Maastricht. El Comisario de economía, Almunia, empezó a hacer llamamientos desde octubre de 2008 a “utilizar plenamente la flexibilidad del Pacto de Estabilidad, dadas las circunstancias excepcionales de la crisis” (EP 29-10-08). A finales de 2008, la media de déficit presupuestaria de Alemania, Italia, Francia y España juntas era del 5,8% del PIB, y la proyección para 2009, del 6,4%, frente al 3% fijado en el Pacto de Estabilidad. La deuda pública había alcanzado el 79%, y se proyectaba a un 83% en 2009, frente al límite pactado del 60%. La principal aportación de la Comisión en materia de reformas estructurales anticrisis, el paquete de regulaciones del mercado financiero diseñado por Larosière, no está previsto que entre en funcionamiento hasta mediados del 2010.

La conclusión más evidente es que la Comisión Barroso ha jugado un papel marginal en la definición de la respuesta a la recesión europea y la crisis económica internacional, por mucho que se jacte de lo contrario. Lo confirma una vez más su planteamiento frente a la amenaza de quiebras financieras y presupuestarias de los estados miembros de Europa central, cuyo primer exponente ha sido Letonia, pero que amenaza con ser seguida por Hungría, y que supone una amenaza directa por el volumen de las participaciones de la banca austriaca y alemana (4). Hasta el reciente Consejo de primavera, el 19 y 20 de marzo, la UE no ha sido capaz de comprometer un fondo de ayuda para los estados miembros que no forman parte del euro de 50.000 millones, de los que 3.100 han sido ya entregados a Letonia, sin ningún resultado, y 6.500 a Hungría.

...mientras se mantiene la contestación social

Sería sin embargo un error pensar que la Comisión no juega un papel decisivo en el diseño y coordinación de la plataforma patronal para utilizar la recesión europea con el propósito de recuperar su tasa de beneficios. Desde la formulación de la Agenda de Lisboa, la Comisión ha planteado las reformas de la economía europea en términos de recuperación de su competitividad frente a las transnacionales de EE UU, Japón y China. Los mecanismos centrales de aumento de la productividad se centran en la transferencia de activos desde servicios públicos como la investigación, la privatización de los mismos para la expansión de nuevos mercados, la reforma del mercado laboral a través de la “flexiseguridad” y el acceso de capitales privados a los sistemas de pensiones públicos. El nuevo modelo productivo “verde”, defendido como horizonte de modernización por la OCDE (5), está encontrando en la Comisión un eco inusitado como medio de reformular sus políticas neoliberales.

Si el ciclo de movilizaciones sindicales europeas iniciado en 1995 contra las políticas neoliberales con la huelga del sector público francés se ha extendido hasta más allá del No en los referenda francés y neerlandés, desde el segundo semestre del 2006, la actividad sindical en toda Europa ha tenido uno de sus momentos más bajos. Pero a lo largo de 2008, las reacciones iniciales a las consecuencias de la recesión europea parecen confirmar un nuevo ciclo de luchas. Gracias a ellas, la izquierda social europea ha ocupado en buena parte el espacio de una izquierda política en plena crisis de orientación estratégica por su incapacidad para ofrecer un proyecto político alternativo de construcción europea y de forjar un bloque de alianzas en que sostenerlo.

En Italia, Francia y Grecia, frente a las derechas populistas de Berlusconi, Sarkozy y Karamanlis y con la crisis de la izquierda social-liberal (PD, PS y PASOK) como oposiciones creíbles, se han producido fuertes movimientos de protesta social contra la Ley de Reforma Universitaria y la manifestación de Roma del 25 de octubre del 2008, las jornadas de lucha sindical unitaria en Francia de 29 de enero, 19 de marzo y 26 de mayo, así como las huelgas de diciembre del 2008 y abril del 2009 contra el asesinato de Alexandros Grigoropoulos por la policía y la congelación de los salarios del sector público griego. Es cierto que ninguna de estas luchas ha sido capaz de frenar los planes de ajuste o las reformas neoliberales, pero han mantenido la correlación de fuerzas social que debe permitir, si existe la inteligencia táctica para ello, la articulación de alternativas políticas unitarias de la izquierda.

Además de estos tres países de la Europa meridional, Irlanda ha sido también escenario de una fuerte contestación popular contra los efectos de la recesión. El 21 de febrero de este año, Dublín fue escenario de la mayor manifestación de la ciudad en muchos años. 200.000 personas ocuparon las calles al llamamiento de los sindicatos del ICTU en defensa de los salarios y los fondos de pensiones de los trabajadores públicos. Las elecciones al Parlamento europeo de hoy, 7 de junio, -donde a diferencia del resto de la UE se espera una participación del 70%- pueden tener como consecuencia la caída del gobierno conservador de Fianna Fail, que ha sido el que ha gestionado la negociación en el seno del Consejo europeo para la convocatoria de un segundo referéndum sobre el Tratado de Lisboa, probablemente la última semana de septiembre o la primera de octubre de este año.

Aunque un posible gobierno articulado en torno a los demócrata-cristianos de Fine Gael haría suyo el paquete negociado para la convocatoria del segundo referéndum, que asegura a Irlanda un comisario europeo y protocolos sobre soberanía fiscal, neutralidad militar y su legislación clerical sobre el aborto, no tiene ninguna garantía ante esta oposición social de que ganaría el SI. De hecho, todos los estudios y encuestas realizados para comprender las raíces del NO irlandés al Tratado de Lisboa (6) coinciden en subrayar el carácter de clase de ese voto en términos de polarización social, como ya mostraron las encuestas tras el NO francés y neerlandés. Esa polarización no hace más que crecer en Irlanda como en toda Europa.

Sin proyecto europeo

El diario Público titulaba recientemente un artículo sobre esta situación: “La izquierda europea no saca partido a la crisis” (PB 18-05-09). Como se ha señalado, de los 27 estados miembros de la UE, los partidos laboristas o socialdemócratas solo gobiernan en España, Portugal, Reino Unido y Hungría, aunque en estos dos últimos en plena crisis política, que puede situarlos en la oposición a corto plazo. El panorama del resto de la izquierda social-liberal es desolador en Francia, Italia, Alemania, Dinamarca y Polonia.

Pero a su izquierda tampoco la situación es mejor, y pesa como una losa el fracaso de no haber sabido construir plataformas unitarias políticas que capitalizasen el No en los referenda francés y neerlandés, ni una alternativa de construcción europea de izquierdas y federalista al proyecto constitucional neoliberal. Estas limitaciones son evidentes en el Manifiesto de la Confederación Europea de Sindicatos ante las elecciones europeas (7), cuyo eje es la defensa del “modelo social europeo”. Pero aún más en la dispersión y multiplicación de distintas candidaturas en la izquierda de la izquierda, sin que sean previsibles saltos cualitativos en la construcción de un polo para la acumulación de fuerzas militantes.

La Unión Europea necesita urgentemente reconstruir una legitimidad erosionada por el déficit democrático de sus instituciones, su incapacidad para intervenir contra la recesión más allá de la actividad autónoma del BCE, la desarticulación de su llamado “modelo social europeo” por la creciente polarización social y su falta de peso internacional. Por el momento, no tiene otro plan que forzar el segundo referéndum en Irlanda sobre el Tratado de Lisboa e intentar recobrar, a partir de ahí, el impulso político del proceso de construcción europea empantanado desde el NO francés y neerlandés.

Mientras tanto, nada refleja mejor la situación que las razones por las que Barroso será seguramente reelegido al frente de la Comisión europea. “Barroso es tan débil, que será premiado con otro mandato”, ha explicado Joschka Fischer. Dada la correlación de fuerzas políticas en la UE y en el Parlamento Europeo, solo un conservador puede obtener una mayoría. Pero que sea Barroso precisamente, cuya inepcia es manifiesta, dice mucho de lo que se espera de la Comisión. Prodi señalaba con frecuencia que “las crisis han supuesto empujones fundamentales en la construcción de la Unión Europea”. Pero para Fischer “esta vez será lo contrario, todo se está cocinando entre gobiernos, no hay nuevas ideas europeístas” (EP 18-11-08).

Después del espejismo sarkozyano, del desastre de la presidencia euroescéptica checa y de la previsiblemente débil presidencia sueca, la presidencia española del Consejo tendrá lugar en un momento decisivo, tras conocer finalmente este otoño el destino del Tratado de Lisboa. Para bien o para mal, la UE se encontrará en una encrucijada, tanto por lo que se refiere al proyecto de construcción política, como en lo tocante a la lucha contra la recesión y a la reconstrucción o quiebra definitiva de un “modelo social europeo”. La excepcionalidad española en la UE, con el único gobierno socialdemócrata que cuenta con una base de apoyo amplia, bien que menguante, puede llegar a gravitar en uno u otro sentido sobre todos estos temas.

De los cuales, desgraciadamente, no se ha hablado para nada en esta campaña electoral.

NOTAS: (1) Véase el Eurobarómetro de abril de 2009 sobre las Elecciones Europeas. Asimismo, las páginas abiertas por la agencia Burson-Marsteller en Tweeter, por encargo de la London School of Economics, para el seguimiento de las elecciones europeas y para la predicción de resultados. (2) Hace un año intenté reflejar esa situación en el artículo, publicado en Sin Permiso, “Reflexiones sobre la UE y la próxima presidencia española en 2010”, haciendo un recorrido por los principales puntos de la agenda europea de cara a la Presidencia española del Consejo en el primer semestres del 2009. (3) Schadenfreude: alegrarse del mal ajeno. Para la actitud europea inicial ante la crisis de las “subprime” en EE UU, véase el artículo, publicado en SinPermiso, Crisis financiera: cuando todo lo sólido se desvanece en el aire. (4) Véase el articulo de Catherine Samary, “Towards a Western/Eastern Europe Banking and Social Tsunami” de mayo de este año. (5) No se ha destacado aun la importancia del papel de la OCDE en esta fase de la crisis económica internacional como centro de pensamiento del nuevo paradigma de políticas económicas post-neoliberales para la “refundación del capitalismo”. Dos documentos producidos para su conferencia los próximos 23-25 de junio merecen ser destacados: “Strategies for aligning stimulus measures with long term growth” y el libro editado por Sylvain Giguere y Francesca Froy, Flexible Policy for More and Better Jobs. (6)