El próximo mes de septiembre los presidentes y primeros ministros del mundo se reunirán en Nueva York para evaluar los esfuerzos realizados para combatir la pobreza durante la década pasada y analizar los pasos a seguir en tiempos en que se da una conjunción sin precedentes de crisis mundiales (climática, alimentaria, energética, financiera y económica).
La Organización de las Naciones Unidas se creó hace más de seis decenios en torno a la convicción de que debía existir un mundo “libre de temor y miseria” y con “dignidad para todos” dentro del marco de una “paz justa y duradera”. En 1995, una vez finalizada la Guerra Fría, este sueño se convirtió en el solemne compromiso, por parte de todos los jefes de Estado y de gobierno, de eliminar la pobreza del mundo y alcanzar la equidad de género. En 2000, la Declaración del Milenio fijó el año 2015 para el logro de los más urgentes objetivos de desarrollo social acordados internacionalmente, conocidos como los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” u ODM.
Más de cien presidentes, monarcas y primeros ministros refrendaron el siguiente compromiso: “No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos más de mil millones de seres humanos.” El Objetivo número uno promete reducir a la mitad para 2015 el porcentaje de personas viviendo en situación de pobreza y con hambre.
En septiembre de 2008 ministros de todo el mundo declararon que “sin embargo, 1.400 millones de personas – mujeres y niñas en su mayoría – siguen viviendo en la pobreza extrema…” y en enero de 2010 el Banco Mundial anunció que “se estima que, debido a la crisis, para fines de 2010 es posible que otros 64 millones de personas estén viviendo en la pobreza extrema”. [1]
En vistas de que en 2010 había 1.500 millones de personas viviendo en situación de pobreza extrema (los 1.400 millones de 2008, más 64 millones que se agregaron debido a la crisis en 2009), ¡la promesa de reducir la pobreza parece casi imposible de cumplir!
De hecho, según el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza de USD 1 al día “aumentó en 92 millones en África subsahariana y en 8 millones en Asia Occidental durante el período 1990-2005”. Más aún, “la situación de la pobreza se torna más grave cuando también se toman en cuenta otras dimensiones de pobreza reconocidas en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995, tales como la privación, la exclusión social y la falta de participación”.
El objetivo 8 llamaba a establecer “alianzas mundiales” en torno al comercio, la asistencia, la cancelación de la deuda y la transferencia de tecnología a fin de hacer posible que los países en vías de desarrollo alcancen los otros siete objetivos relativos a salud, educación y saneamiento.
Ha habido algún avance en la cancelación de la deuda externa bilateral y multilateral de algunos de los países más pobres, pero esto dista mucho de ser suficiente. En el área del comercio no se verifican pasos positivos. En septiembre de 2001, en Doha, dio inicio una “ronda de desarrollo” de negociaciones comerciales. Su componente relativo al desarrollo es insignificante, e incluso más, la ronda está todavía lejos de ver su conclusión. La transferencia de tecnología se ha vuelto aún más costosa debido a la estricta aplicación de las normas de propiedad intelectual. La asistencia extranjera no ha aumentado en lo más mínimo. En 1992 ascendía a 0,44 por ciento de los ingresos de los países donantes y en 2008 al 0,43 por ciento. La cuarta parte del total de la asistencia se envía a apenas seis países: Afganistán, Irak, China, India, Indonesia y Vietnam.
El incumplimiento, por parte de los países desarrollados, de los compromisos asumidos en el Objetivo 8 se vincula por cierto a los insuficientes avances en los demás Objetivos. La dispar distribución de recursos internos es otro gran obstáculo. Durante los primeros años del siglo XXI, muchos países en desarrollo experimentaron elevados niveles de crecimiento económico, pero la reducción de la pobreza y la creación de empleo quedaron a la zaga. El “incumplimiento en materia de financiación, servicios, apoyo técnico y alianzas” se vio “agravado por las crisis alimentaria y económica mundiales así como por el fracaso de diversas políticas y programas de desarrollo”. Es así que “la mejora de las condiciones de vida de los pobres ha sido inaceptablemente lenta, y además se están erosionando algunos beneficios que costó mucho obtener”.[2]
El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reconoce abiertamente estos fracasos y afirma en forma explícita que los ODM son “una expresión de los derechos humanos fundamentales: los derechos de todos a gozar de buena salud, educación y amparo”.
Abordar los ODM como derechos humanos fundamentales implica vincular la eliminación de la pobreza con el fortalecimiento de la equidad y la integración social. Según un reciente informe sobre la situación social en el mundo de 2010, “un enfoque integral con respecto a políticas económicas y sociales que beneficien a todos los ciudadanos (…) exige un nivel de activismo y universalismo estatales (en contraposición a la selectividad) que sea progresista y orientado en mayor medida hacia el desarrollo en el abordaje de las políticas sociales”.[3]
En situaciones de emergencia siempre existe la necesidad de implementar políticas sociales focalizadas, pero las observaciones de nuestros miembros durante el último decenio demuestran que tales políticas no son sustituyen la prestación universal de servicios sociales ni los enfoques basados en derechos.
El informe 2009 de Social Watch encontró, además, numerosas indicaciones que demuestran que invertir en los pobres, a través de servicios sociales o incluso por medio de transferencias monetarias directas, constituye un mejor paquete de estímulos para las economías en general que subsidiar a quienes ya son ricos. La razón para esta correspondencia entre los imperativos éticos y la sensatez económica es sencilla; en épocas de crisis las personas acomodadas ahorran cuanto pueden, al tiempo que la aversión al riesgo desalienta a los inversores, mientras que lo único que pueden hacer quienes viven en la pobreza es gastar el apoyo que reciben.
La red Social Watch, con miembros en más de 70 países, participará en forma activa en el proceso que precederá a la próxima Cumbre de septiembre y aportará al mismo las conclusiones y análisis de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo.
“Si los pobres fueran un banco, ya se los habría rescatado”, comentan muchos con ironía ni bien comparan la suma de dinero adicional que se requiere para cumplir con los ODM (unos USD100 mil millones al año) con los billones de dólares que se han desembolsado en los últimos dos años en los países más ricos para rescatar a los bancos en quiebra e intentar revertir los efectos de la crisis financiera.
No obstante, en la práctica, los menos privilegiados tanto en países ricos como en países pobres no sólo sufren las consecuencias directas de la crisis bajo la forma de pérdida de empleos, ahorros e incluso viviendas, sino que también se les exige que paguen los rescates y los paquetes de estímulo por medio de impuestos más elevados y la reducción de salarios y beneficios sociales.
En tal contexto, hacer un llamado para implementar “más de lo mismo” no es la solución. Mayor asistencia monetaria y mejores condiciones comerciales para los países en desarrollo constituyen un imperativo ético, ahora más que nunca. Pero, para confrontar los drásticos impactos sociales y ambientales de las múltiples crisis, es necesario moverse más allá del enfoque de “los mismos negocios de siempre”, y comenzar a trabajar en pos de un programa integral de justicia.
- Justicia climática (reconocer la “deuda climática”, invertir en tecnologías limpias y en la promoción de economías verdes que generen empleos decentes)
- Justicia financiera y fiscal (el sector financiero debe pagar la crisis que generó por medio de un impuesto a las transacciones financieras [FTT, en inglés] o mecanismo similar; se debe reglamentar la especulación y los paraísos fiscales y finalizar o revertir la ‘carrera a la baja’ de las políticas impositivas; se debe permitir que los países en desarrollo impongan controles defensivos de flujos de capital y espacio político)
- Justicia social y de género (cumplir con los ODM, promover la igualdad de género, los servicios sociales básicos universales y la “dignidad para todos”) y…
- Justicia lisa y llana (jueces y tribunales) que exija el cumplimiento de los derechos sociales fundamentales.
En épocas de crisis sin precedentes se requiere que los líderes tengan el coraje de ser audaces e innovadores. Hace diez años la Declaración del Milenio prometía “un mundo más pacífico, más próspero y más justo”. Social Watch ha asumido el compromiso de ayudar a los ciudadanos de todo el mundo a exigir que sus gobiernos rindan cuenta de esta promesa.
Dar-es-Salam, abril de 20
[1] De la "Agenda de Acción de Accra”, adoptada por el Tercer Foro de Alto Nivel sobre Efectividad de la Ayuda, septiembre 4, 2008.
[2] Para cumplir la promesa:un examen orientado al futuro para promover un programa de acción convenido a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015, Asamblea General, documento A/64/665, Naciones Unidas 2010.
[3] Rethinking Poverty: Report on the World Social Situation 2010 [Una reconsideración de la pobreza:informe sobre la situación social en el mundo de 2010] (Naciones Unidas, 2010).
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1 comentário:
Hay demagogias de proporciones tan descomunales que pasan al ámbito del surrealismo, son imposturas al límite de lo diabólico, cinismos que necesitan algún nuevo superlativo.. Este es el caso de la la cruzada internacional a favor del medio ambiente y de la “madre tierra” que intenta presentar como su nueva identidad ideológica el señor Evo Morales, iniciativa que tiene una consistencia ética parecida a una convocatoria de Osama Bin Laden a la Paz mundial.
La producción de hoja de coca, sustento político, económico, y principal fuente de legitimidad presidencial, ha experimentado un crecimiento geométrico desde 2006, incluyendo el cultivo en casi todas las áreas protegidas, y es responsable de la mayor devastación de las tierras fértiles en Bolivia desde que los conquistadores españoles decidieron acabar a plan de incendios el manto vegetal altiplánico. A la esterilización producida por el arbusto, que imposibilita cultivos posteriores durante una década y cuya superficie aumento en nueve veces durante la presidencia de Morales hasta alcanzar hoy 50 000 hectáreas , se deben agregar la inmisericorde y descontrolada vertida de miles de litros de residuos altamente tóxicos de acido sulfúrico, cal viva y otros químicos, derivados de la masiva producción de cocaína que a migrado de sus lugares de producción en el oriente a zonas peri urbanas y rurales del occidente. Morales incluyó a la hoja de coca, sin la cual es obviamente imposible producir cocaína, en la constitución y el canciller Choquehuanca propuso que los niños de Bolivia debieran tomarla en el desayuno en vez de la leche.
Esta devastación es gravísima e ilustra la hipocresía de un gobierno que vocifera sobre el agua como un derecho humano, por ejemplo, pero que permite que la minería transnacional contamine como nunca los acuíferos del altiplano y como en el caso de San Cristóbal en pocos años habrá consumido por si sola tales cantidades que habrá convertido el sur de Bolivia en un desierto hasta debajo de la superficie.
El “sagrado” lago Titicaca se ha convertido en una cloaca producto del derrame de aguas servidas que ha crecido sin que se haya definido una política pública sobre esta problemática que ha confinado la presencia piscícola a las áreas de granja y a las especies que aun toleran esta contaminación. En el carnaval de Oruro, bajo la etiqueta de respeto a las “culturas ancestrales” miles bailaron haciendo sonar instrumentos musicales y exhibiendo vestuarios hechos con especies en extinción sacrificadas expresamente ignorando no solo las leyes sino los ruegos de organizaciones medioambientalistas y ciudadanos.
Ufano de su relativo apoyo electoral, el gobierno seguirá sembrando las canchas de futbol de todo el país de césped sintético para que armonice con alfombra de basura plástica que acompaña al viajero a lo largo de todas las carreteras y que es la cotidianeidad de la mayoría de los pueblos, e incluso de ciudades como Oruro y Cochabamba. En esas condiciones presentarse con una careta medioambientalista es una desfachatez descomunal, una indecencia cínica y grotesca.
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