Tras la caída de Lehmann Brothers muchos se apresuraron a decretar la muerte del régimen neoliberal. Este juicio encerraba un error interpretativo de bulto. El neoliberalismo no es, en último análisis, una doctrina económica preocupada por fomentar un determinado modelo de acumulación sino un movimiento político que utiliza medios económicos para concentrar poder y recursos en las capas más altas de la clase capitalista: los propietarios de capital-dinero. En la medida en la que en esta crisis no se ha desarrollado una contestación política a este esquema básico, podemos decir que seguimos instalados en esta peculiar forma de lucha de clases en la que tan sólo los ricos parecen capaces de luchar por la distribución del producto social.
Las turbulencias actuales en torno a la deuda pública son un buen ejemplo de este proceso. Por una convención neoliberal, los gobiernos no pueden incrementar la presión fiscal sobre el capital o sobre los desorbitantes ingresos del 10% más rico de los asalariados, el único sector social en el que han crecido los salarios reales en los últimos años. Aceptado este dogma, buena parte de los países europeos y Estados Unidos se han lanzado a la obtención de crédito en los mercados financieros para pagar sus programas anticrisis. Como consecuencia, se ha abierto un proceso de competencia entre las emisiones de bonos de deuda pública, por un lado, y las de deuda privada de las empresas, por otro. Las relaciones entre los bonos de deuda pública y privada funcionan de forma pendular, en circunstancias de inseguridad crece la demanda de deuda pública –más segura– del mismo modo que en las fases de euforia financiera crece la de bonos privados –más rentables–. Cuando, como es el caso actualmente, se alargan las turbulencias económicas se produce una expulsión de los demandantes privados de deuda del acceso a la financiación y, por lo tanto, una caída de la rentabilidad que perciben los agentes financieros.
Ortodoxia
Las agencias de rating se han convertido en la punta de lanza política de los intereses financieros, en el intento, casi siempre exitoso, de reconducir la mayor cantidad posible de dinero público hacia las finanzas y compensar las caídas de rentabilidad que se producen por la expulsión de las emisiones de deuda privada. Por ejemplo, Standard and Poor’s, en noviembre de 2009, aumentó unilateralmente la prima de riesgo de España, esto es, el coste del endeudamiento, provocando de inmediato un aumento del mismo cercano a 1.500 millones de euros.
Para hacerse una idea de lo que supone esta cantidad hay que tener en cuenta que la ampliación del seguro de desempleo en verano de 2009, a la que se responsabilizó del aumento del déficit público, costó 1.300 millones. Cualquier desviación, real o percibida, de la ortodoxia de los criterios de Maastricht es buena para captar más fondos públicos. La gran mayoría de los expertos y medios de comunicación y la totalidad de la clase política prefieren que esta situación se lea en términos más familiares, responsabilizando o aplaudiendo a los programas de estabilidad de la Unión Europea que marcan los límites del déficit público. Pero lo cierto es que estas prescripciones no han sido efectivas más que cuando el propio sector financiero así lo ha exigido. De hecho, hay buenos motivos para pensar que, hoy por hoy, las políticas de estabilidad de la UE son poco más que un caparazón ideológico en el que se han escondido los mercados financieros para dar legitimidad a sus intereses.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=104020
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