Una delegación de alto nivel integrada por 80 representantes sindicales del mundo entero se reúne esta semana en Washington con el Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, y con el Presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, así como con otros altos ejecutivos y funcionarios de ambas organizaciones, con la intención de reclamar la aplicación de medidas inmediatas para hacer frente a la recesión y que se introduzca una regulación global efectiva con objeto de garantizar la estabilidad económica mundial en el futuro. La delegación, encabezada por la Presidenta de la CSI, Sharan Burrow, y su Secretario General, Guy Ryder, incluye dirigentes sindicales y especialistas en economía de diversas centrales sindicales nacionales, Federaciones Sindicales Mundiales y la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE.
En cabeza de la lista de preocupaciones sindicales figura el espectro de una espiral de desempleo global, dado que cada vez más empleadores se ven obligados a reducir su personal en vista de las restricciones de créditos.
“Resulta esencial que las instituciones financieras internacionales tomen medidas para apoyar el empleo decente, frente a la crisis mundial de empleo prevista, y que establezcan las bases para una recuperación económica. Mientras que el FMI ha venido alentando a los países industrializados a adoptar políticas vigorosas de estímulo fiscal, algo con lo que estamos totalmente de acuerdo, por otro lado ha venido desarrollando un enfoque más tradicional de ‘disciplina fiscal’ en sus recomendaciones a la mayor parte de los países en desarrollo. Las economías en desarrollo y en transición empiezan ahora a sufrir las consecuencias de la crisis económica mundial, y el FMI y el Banco Mundial deberían desprenderse de las políticas fallidas del pasado y concentrar sus esfuerzos en el mantenimiento y la creación de empleo, tanto para hacer frente a la actual crisis como para establecer los cimientos de una recuperación económica”, afirmó el Secretario General de la CSI, Guy Ryder.
Según estimaciones de la OIT, publicadas antes de que se hiciese patente todo el alcance de la crisis, se preveía ya la pérdida de 20 millones de empleos para finales de 2009, y un incremento de 40 millones en el número de personas que subsisten con menos de 1US$ por día. Los sindicatos se temen que al intensificarse la recesión, el impacto final sea considerablemente más importante.
El FMI ha acordado conceder créditos de emergencia a varios países particularmente afectados por la crisis económica. Aunque la condicionalidad asociada a estos créditos no resulta tan compleja y onerosa como la impuesta durante la crisis financiera asiática en 1997-98, las afiliadas de la CSI se muestran preocupadas por algunas de las condiciones o “acciones previas” que contienen muchos de estos créditos, como por ejemplo las subidas de tipos de interés y de los precios en el suministro de servicios públicos, restricciones o incluso disminuciones salariales, particularmente en el sector público, así como reducciones de los pagos de pensiones y otros recortes del gasto público. Todo ello perturbará el nivel de actividad de unas economías ya en recesión y llevará a una reducción en el nivel de vida de los trabajadores, lo que se contradice con las políticas de estímulo fiscal que el FMI recomienda que adopten los países ricos.
A la CSI le preocupan particularmente algunas de las condiciones de un acuerdo crediticio que el FMI acaba de concluir con el autoritario gobierno de Belarús. A cambio de un crédito de emergencia por valor de $2.460 millones, el gobierno de Belarús - que ha sido acusado por la Organización Internacional del Trabajo de violar los derechos fundamentales de los trabajadores - se compromete a aplicar moderaciones salariales en todo el sector público, incrementar los precios de los servicios públicos y llevar a cabo un proceso de privatización. Se recomienda además a Belarús que reforme su red de seguridad social y que concentre la atención hacia “los grupos más vulnerables”, lo que podría derivar en una protección social reducida para numerosos trabajadores dado que no pueden expresarse ni defenderse libremente a causa de la represión ejercida por el régimen Lukashenko contra los sindicatos. “El FMI debe exigir al Gobierno de Belarús que respete los derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluyendo las normas fundamentales del trabajo, antes de autorizar el pago de cualquier crédito a dicho país”, indicó Guy Ryder.
La delegación sindical presenta un práctico y ambicioso paquete de reformas y recuperación, basado en la “Declaración de Washington" que fuera presentada durante la reunión de líderes del G20 celebrada en Washington el año pasado. El paquete subraya que los gobiernos deben estar dispuestos a aplicar más recortes coordinados en los tipos de interés y a concentrar las inversiones en infraestructura, educación y sanidad para contribuir a estimular el crecimiento de la demanda y reforzar los servicios públicos. Esto ha de ir acompañado de medidas fiscales y de gastos para apoyar el poder adquisitivo de la población con ingresos medios y bajos, y de pasos concretos para lanzar inversiones en bienes y servicios verdes, contribuyendo así a combatir el cambio climático.
Teniendo en cuenta que el G20 exhortó al FMI para que asuma un papel importante a la hora de diseñar un nuevo marco regulador para el sistema financiero mundial, la delegación sindical internacional insistirá en ocupar un sitio en la mesa de negociación para tratar sobre un proceso de re-regulación que tenga como prioridad central la economía real, y no los intereses de los especuladores financieros mundiales. “Los trabajadores sufren todo el peso de la actual crisis y sus sindicatos llevan advirtiendo desde hace tiempo sobre los peligros de un sistema financiero mundial sin ningún control regulatorio”, comentó Ryder, añadiendo que “unas normas regulatorias transparentes y eficaces tendrán una importancia crítica para eliminar las incertidumbres y restaurar la confianza de los inversores”.
La delegación sindical insta igualmente al Banco Mundial para que contribuya a evitar una repetición del impacto catastrófico de la reciente crisis de los precios de productos alimenticios sobre la población de los países pobres, yendo más allá de proporcionar créditos de alivio de emergencia y ayudando a los países en desarrollo a aumentar su seguridad alimenticia. De esta manera, ambas IFI revertirían algunas de las políticas que incitaron a adoptar a los países pobres en el pasado, como la reducción de la ayuda estatal a la agricultura mediante la disminución de las subvenciones para semillas y fertilizantes, la supresión de las reservas de cereales, y pasar de producir alimentos a producir biocombustibles. Estas recomendaciones de cambios de política se elaboran en la declaración de la Agrupación Global Unions a las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial el pasado mes de octubre<>.
La delegación pedirá asimismo al Presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, que deje de promover la desregulación del mercado laboral en la publicación de mayor circulación del Banco, Doing Business, que concede la mayor puntuación a países como Belarús donde se ha eliminado la protección básica para los trabajadores/as. “No tiene sentido que el Banco Mundial continúe promoviendo firmemente una desregulación generalizada como respuesta a los males de los países en desarrollo, cuando resulta evidente que ha sido justamente la falta de una regulación adecuada a nivel mundial lo que ha sumido a la economía global en la situación más difícil experimentada desde los años 30”, indicó Guy Ryder.
Las reuniones de esta semana forman parte de una campaña sindical internacional desplegada para hacer frente a la crisis. Las organizaciones sindicales nacionales están ejerciendo presiones sobre sus respectivos gobiernos respecto al programa de recuperación y reforma, y se dará un nuevo impulso global a esta cuestión durante la segunda reunión del G20 sobre la crisis que tendrá lugar en Londres en el mes de abril.
La CSI representa a 168 millones de trabajadores y trabajadoras en 155 países y territorios, y cuenta con 311 afiliadas nacionales.
Sitio web: http://www.ituc-csi.org/ http://www.youtube.com/ITUCCSI
in Rebelion
En cabeza de la lista de preocupaciones sindicales figura el espectro de una espiral de desempleo global, dado que cada vez más empleadores se ven obligados a reducir su personal en vista de las restricciones de créditos.
“Resulta esencial que las instituciones financieras internacionales tomen medidas para apoyar el empleo decente, frente a la crisis mundial de empleo prevista, y que establezcan las bases para una recuperación económica. Mientras que el FMI ha venido alentando a los países industrializados a adoptar políticas vigorosas de estímulo fiscal, algo con lo que estamos totalmente de acuerdo, por otro lado ha venido desarrollando un enfoque más tradicional de ‘disciplina fiscal’ en sus recomendaciones a la mayor parte de los países en desarrollo. Las economías en desarrollo y en transición empiezan ahora a sufrir las consecuencias de la crisis económica mundial, y el FMI y el Banco Mundial deberían desprenderse de las políticas fallidas del pasado y concentrar sus esfuerzos en el mantenimiento y la creación de empleo, tanto para hacer frente a la actual crisis como para establecer los cimientos de una recuperación económica”, afirmó el Secretario General de la CSI, Guy Ryder.
Según estimaciones de la OIT, publicadas antes de que se hiciese patente todo el alcance de la crisis, se preveía ya la pérdida de 20 millones de empleos para finales de 2009, y un incremento de 40 millones en el número de personas que subsisten con menos de 1US$ por día. Los sindicatos se temen que al intensificarse la recesión, el impacto final sea considerablemente más importante.
El FMI ha acordado conceder créditos de emergencia a varios países particularmente afectados por la crisis económica. Aunque la condicionalidad asociada a estos créditos no resulta tan compleja y onerosa como la impuesta durante la crisis financiera asiática en 1997-98, las afiliadas de la CSI se muestran preocupadas por algunas de las condiciones o “acciones previas” que contienen muchos de estos créditos, como por ejemplo las subidas de tipos de interés y de los precios en el suministro de servicios públicos, restricciones o incluso disminuciones salariales, particularmente en el sector público, así como reducciones de los pagos de pensiones y otros recortes del gasto público. Todo ello perturbará el nivel de actividad de unas economías ya en recesión y llevará a una reducción en el nivel de vida de los trabajadores, lo que se contradice con las políticas de estímulo fiscal que el FMI recomienda que adopten los países ricos.
A la CSI le preocupan particularmente algunas de las condiciones de un acuerdo crediticio que el FMI acaba de concluir con el autoritario gobierno de Belarús. A cambio de un crédito de emergencia por valor de $2.460 millones, el gobierno de Belarús - que ha sido acusado por la Organización Internacional del Trabajo de violar los derechos fundamentales de los trabajadores - se compromete a aplicar moderaciones salariales en todo el sector público, incrementar los precios de los servicios públicos y llevar a cabo un proceso de privatización. Se recomienda además a Belarús que reforme su red de seguridad social y que concentre la atención hacia “los grupos más vulnerables”, lo que podría derivar en una protección social reducida para numerosos trabajadores dado que no pueden expresarse ni defenderse libremente a causa de la represión ejercida por el régimen Lukashenko contra los sindicatos. “El FMI debe exigir al Gobierno de Belarús que respete los derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluyendo las normas fundamentales del trabajo, antes de autorizar el pago de cualquier crédito a dicho país”, indicó Guy Ryder.
La delegación sindical presenta un práctico y ambicioso paquete de reformas y recuperación, basado en la “Declaración de Washington" que fuera presentada durante la reunión de líderes del G20 celebrada en Washington el año pasado. El paquete subraya que los gobiernos deben estar dispuestos a aplicar más recortes coordinados en los tipos de interés y a concentrar las inversiones en infraestructura, educación y sanidad para contribuir a estimular el crecimiento de la demanda y reforzar los servicios públicos. Esto ha de ir acompañado de medidas fiscales y de gastos para apoyar el poder adquisitivo de la población con ingresos medios y bajos, y de pasos concretos para lanzar inversiones en bienes y servicios verdes, contribuyendo así a combatir el cambio climático.
Teniendo en cuenta que el G20 exhortó al FMI para que asuma un papel importante a la hora de diseñar un nuevo marco regulador para el sistema financiero mundial, la delegación sindical internacional insistirá en ocupar un sitio en la mesa de negociación para tratar sobre un proceso de re-regulación que tenga como prioridad central la economía real, y no los intereses de los especuladores financieros mundiales. “Los trabajadores sufren todo el peso de la actual crisis y sus sindicatos llevan advirtiendo desde hace tiempo sobre los peligros de un sistema financiero mundial sin ningún control regulatorio”, comentó Ryder, añadiendo que “unas normas regulatorias transparentes y eficaces tendrán una importancia crítica para eliminar las incertidumbres y restaurar la confianza de los inversores”.
La delegación sindical insta igualmente al Banco Mundial para que contribuya a evitar una repetición del impacto catastrófico de la reciente crisis de los precios de productos alimenticios sobre la población de los países pobres, yendo más allá de proporcionar créditos de alivio de emergencia y ayudando a los países en desarrollo a aumentar su seguridad alimenticia. De esta manera, ambas IFI revertirían algunas de las políticas que incitaron a adoptar a los países pobres en el pasado, como la reducción de la ayuda estatal a la agricultura mediante la disminución de las subvenciones para semillas y fertilizantes, la supresión de las reservas de cereales, y pasar de producir alimentos a producir biocombustibles. Estas recomendaciones de cambios de política se elaboran en la declaración de la Agrupación Global Unions a las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial el pasado mes de octubre<
La delegación pedirá asimismo al Presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, que deje de promover la desregulación del mercado laboral en la publicación de mayor circulación del Banco, Doing Business, que concede la mayor puntuación a países como Belarús donde se ha eliminado la protección básica para los trabajadores/as. “No tiene sentido que el Banco Mundial continúe promoviendo firmemente una desregulación generalizada como respuesta a los males de los países en desarrollo, cuando resulta evidente que ha sido justamente la falta de una regulación adecuada a nivel mundial lo que ha sumido a la economía global en la situación más difícil experimentada desde los años 30”, indicó Guy Ryder.
Las reuniones de esta semana forman parte de una campaña sindical internacional desplegada para hacer frente a la crisis. Las organizaciones sindicales nacionales están ejerciendo presiones sobre sus respectivos gobiernos respecto al programa de recuperación y reforma, y se dará un nuevo impulso global a esta cuestión durante la segunda reunión del G20 sobre la crisis que tendrá lugar en Londres en el mes de abril.
La CSI representa a 168 millones de trabajadores y trabajadoras en 155 países y territorios, y cuenta con 311 afiliadas nacionales.
Sitio web: http://www.ituc-csi.org/ http://www.youtube.com/ITUCCSI
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