Rubén M. Lo Vuolo
Desde comienzos de 2007 el gobierno argentino tiene intervenido el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Durante todos estos años se viene aplicando una política deliberada y sostenida de manipulación de indicadores esenciales para evaluar la generación de riqueza, su distribución y las condiciones de vida de la población. No se trata sólo de un problema “técnico” sino de fundamental importancia en cuanto caracteriza la calidad de la democracia vigente en el país al mismo tiempo que ilustra acerca de cómo el uso arbitrario del monopolio estatal sobre la producción de información básica para la construcción de indicadores económicos puede utilizarse para distorsionar la percepción ciudadana sobre la realidad social, obstruye la investigación independiente y coarta la libertad de opinión respecto de la gestión pública.
Los indicadores que elabora el Indec no sólo sirven para llenar planillas de estadísticas locales e internacionales sino que son utilizados cotidianamente en la investigación social, la evaluación de las políticas públicas, las sentencias de fallos judiciales, las negociaciones paritarias de salarios, el cálculo de los rendimientos de la deuda pública, etc. Hasta la intervención política, el Indec tenía una ganada legitimidad en la elaboración de estadísticas cuyo uso generalizado era incuestionable. Como ejemplo, vale señalar que, hacia fines de la década del noventa, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que calculaba el Indec se utilizó como referencia para armonizar los índices de los países del Mercosur, en tanto se lo consideraba como el más completo en términos de cobertura-producto y el más elaborado a nivel regional (su mayor problema es que se limita a la región de Capital Federal y al Gran Buenos Aires, mientras los institutos de estadísticas de las Provincias se ocupan de las estimaciones de los índices locales).
La intervención política del Indec revirtió violentamente este prestigio. Técnicos y empleados del organismo que se negaron a ser cómplices de las políticas oficiales de adulteración y manipulación de los indicadores fueron y son sometidos a presiones, amenazas (con denuncias de violencia física) y despidos directos. Este proceso violatorio de los derechos laborales básicos ha sido constantemente denunciado por la organizaciones sindicales como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por organizaciones no gubernamentales y por profesionales-usuarios de la información del sistema estadístico nacional. También debe destacarse que otras organizaciones sindicales, como así también múltiples actores académicos, políticos y sociales han optado por el silencio cómplice e incluso la defensa de este atropello, pese a que suelen autoproclamarse como defensores de los derechos laborales y sociales.
Como forma de disimular el arbitrario manejo del organismo, que depende directamente del Ministerio de Economía, en julio de 2009 el gobierno nacional dispuso la constitución de un Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES), designando unilateralmente cinco universidades nacionales a las que asignó la tarea prioritaria de evaluar la elaboración del cuestionado IPC. El crítico informe elaborado por el CAES y entregado hacia fines de 2010, no fue del agrado del gobierno y por lo tanto hasta la fecha no lo discutió ni lo difundió oficialmente. Pese a ello, parte del contenido trascendió a la prensa y circula de manera informal, quedando claro que para el CAES el IPC dejó de reflejar la evolución de los precios que pagan efectivamente los consumidores y perdió toda credibilidad. La recomendación es la elaboración de un nuevo indicador que asegure “la calidad de los procedimientos de relevamiento y procesamiento de precios”. Al mismo tiempo señala la necesidad de “una urgente y profunda reforma del Instituto”.
Para fundamentar sus conclusiones, entre otras cosas el informe del CAES subraya que el desplazamiento de profesionales y técnicos ha implicado, además del deterioro personal y profesional de los mismos, una notable pérdida en cuanto a experiencia e idoneidad, atributos que constituyen el capital más importante de cualquier organismo de este tipo. En el informe se llama la atención acerca del alto porcentaje de personal contratado en los últimos años, al punto que casi un tercio del total tenía una antigüedad menor de 3 años en la institución. Además, se señala el porcentaje relativamente bajo de personal con estudios terciarios/universitarios y más, a lo que se suma la enorme cantidad de vacantes en puestos de dirección que es resultado del desplazamiento de personal con trayectoria. De las nueve direcciones nacionales del Indec, siete estaban vacantes, al igual que un 39% de los cargos jerárquicos (en tanto que más del 30% de los ocupados tiene nombramiento transitorio). La “baja calidad estadística de los recursos humanos” que producen la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el IPC se atribuye directamente a la intervención del Indec, puesto que, siempre según el informe de referencia, hasta el año 2006 el organismo tenía "los más altos estándares" y "el reconocimiento por la excelencia de sus cuadros técnicos".
Entre varias anormalidades detectadas en el Indec, se señalan problemas en la recolección de datos, la falta de publicidad de los procedimientos para el cálculo de las canastas regionales de consumo y precios, la falta de difusión de los resultados de la última encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares, los cambios desconocidos en la metodología de estimación de coeficientes utilizados para la elaboración de indicadores claves, etc. La poca fiabilidad del IPC se deriva de varios elementos entre los que se destaca que: 1) se redujeron de 90.000 a menos de 30.000 los precios relevados en locales y negocios; 2) aumentó a casi el 30% la proporción de los precios “imputados” directamente por personal del Indec y sin explicitar con qué criterio se realiza tal imputación; 3) se reemplazaron los precios de mercado “por la información brindada por organismos públicos”; 4) se redujeron las variedades de productos y servicios a la mitad por lo que la estructura de ponderaciones del nuevo IPC difiere “significativamente” de la estructura que surge de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares; 5) esta canasta quedó reducida “en más de un 25% debido a problemas en los precios relevados, falta de precios o precios nulos”; 6) "varias de las exclusiones cambian cualitativamente la canasta haciéndola menos representativa de los hogares de ingresos medios y altos"; 7) existen múltiples inconsistencias en los precios incluidos en el índice en relación con otros indicadores, por ejemplo por registrar reducciones en precios de servicios con alta preponderancia de personal, cuando los salarios aumentaron sensiblemente; 8) no es adecuada la nueva fórmula introducida para los productos con canasta estacional.
En síntesis, es evidente que el IPC que hoy elabora el Indec no sólo es inadecuado para medir la evolución de los precios al consumidor sino que tampoco puede utilizarse como deflactor a efectos de estimar variables reales como el PIB, el tipo de cambio, el poder adquisitivo del salario o los niveles de pobreza. A estos problemas se suman otros. Por ejemplo, dejaron de difundirse muchas estadísticas e informes que probablemente nunca se recuperen y dejen un hueco para estudiar la historia económica y social del país. Ya no se presenta el informe sobre la variación de los precios según quintiles de ingreso que permitía evaluar el impacto de la inflación en los distintos estratos sociales. También se suprimió la difusión de los precios promedio de una lista de muchos alimentos y bebidas que servían como referencia de los valores revelados por los encuestadores.
La magnitud de la distorsión estadística es mayúscula. Por ejemplo, según un estudio publicado por el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp), entre enero de 2006 y marzo de 2010 el IPC elaborado por el Indec registró un incremento de 40,6%, mientras que un índice elaborado promediando los registros de las oficinas estadísticas de cuatro Provincias que mantuvieron la metodología de cálculo utilizada antes de la intervención del Indec, daría como resultado 101,6% para el mismo período. No debe extrañar que en las discusiones paritarias sobre salarios los propios sindicatos (incluso los más acérrimos defensores del gobierno nacional) invoquen los índices “alternativos” a los oficiales para sustentar sus reclamos sectoriales.
Pero los problemas no se agotan en la elaboración del IPC. Durante mucho tiempo se dejaron de publicar las bases de usuarios de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y los números desagregados de la misma se van difundiendo con mucho atraso, lo cual impide evaluar el comportamiento más reciente de otras variables, como por ejemplo la calidad del empleo. A esto se suman serias dudas acerca del modo en que se hace hoy el relevamiento y se cargan los datos en esa encuesta de uso imprescindible en la investigación económica y social. En Argentina existen estudios privados sobre la pobreza por ingresos que duplican a las cifras oficiales y es común escuchar en reuniones de especialistas grandes diferencias cuando se discute la evolución del PIB. Las inconsistencias son particularmente llamativas cuando se observan los datos durante la crisis internacional de 2008-09: para el gobierno nacional la actividad económica seguía creciendo aun cuando el nivel de las importaciones (difíciles de adulterar) registraban caídas de hasta el 10%.
Las inconsistencias estadísticas también afectan otros indicadores que siguen periódicamente la actividad económica (como el Indicador Sintético de Servicios Públicos), a lo que se suman atrasos crecientes en la información de otros organismos del Estado. Por ejemplo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que administra los cuantiosos fondos de los seguros sociales y financia los programas de transferencias de ingresos más voluminosos, dejó de publicar información estadística relevante para la evaluación de su desempeño desde 2008.
En el medio de este descalabro institucional, Argentina realizó su último Censo de Población. Las denuncias de especialistas acerca de los problemas en la elaboración del mismo han sido múltiples, empezando por señalar la falta de consulta y coordinación del Indec con organismos del propio gobierno nacional que intervienen y regulan temáticas laborales, económicas y sociales. A eso se suman las críticas a las pruebas piloto, la falta de inclusión de ítems relevantes, los problemas en la elaboración de las muestras y en los censos experimentales en pequeñas localidades, etc. Es muy probable que cuando se difundan los resultados definitivos, se multipliquen las inconsistencias en este instrumento crucial de información sobre la situación del país.
La defensa del gobierno nacional recurre (extraoficialmente) al siguiente argumento: la subestimación del IPC achica los pagos de ciertos cupones de la deuda pública cuyo rendimiento está “atado” a ese indicador. Más allá que este argumento implica reconocer la distorsión intencionada de los indicadores, lo que no se dice es que un 40% o más de ese hipotético ahorro corresponde a títulos atesorados por la ANSES, es decir dinero de los trabajadores y pensionados con destino a las prestaciones de la seguridad social. Tampoco se dice que la subestimación de la inflación se corresponde con la sobreestimación del PIB y que esto repercute en mayores pagos en otros cupones de la deuda que están atados a este indicador (es cierto que por montos mucho menores a los ahorros en los cupones atados al IPC). Además, lo que sucede con el Indec se ha vuelto uno de los impedimentos más importantes para que el país vuelva a los mercados internacionales de crédito.
Justamente, todo indica que este último motivo ha empujado al gobierno nacional a recibir en los últimos días una misión del FMI, con el objetivo de asesorarlo en la reelaboración de los indicadores estadísticos. O sea que el gobierno nacional, por un lado descarta personal técnico y profesional capacitado del Indec, desconoce y no toma en cuenta informes de universidades y especialistas locales en la materia, mientras que por el otro negocia asesoramiento del FMI en temas que no son de su incumbencia específica. En los hechos, la presencia del FMI significa dilatar en el tiempo la resolución de una cuestión para la cual el país no necesita asesoramiento externo.
Por si esto fuera poco, en los últimos días se sumó un nuevo dato a este oprobio. La adulteración de los indicadores del Indec generó un nuevo “mercado”: el de las consultoras privadas que estiman indicadores alternativos ante el descrédito de los oficiales. Estos indicadores alternativos en la práctica son tomados en cuenta como referencia para los contratos y acciones de los agentes económicos y sociales. Esto es así aún cuando se sabe que las estimaciones privadas adolecen de problemas metodológicos y de cobertura, pero dada la falta de confianza en las estadísticas oficiales, se ha abierto un espacio para que incluso los números realizados con el escaso instrumental del que disponen las consultoras privadas sean considerados más “realistas” que los publicitados por el gobierno nacional.
Frente a esta evidencia, y en lugar de terminar con la intervención del Indec y revertir la política oficial en la materia, hace unas semanas la Secretaría de Comercio Interior comenzó a aplicar multas a las consultoras privadas que estimaron la evolución de los precios por presunta “publicidad engañosa”, utilizando para ello la “ley de lealtad comercial”. El artículo alegado penaliza "cualquier clase de presentación, publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de, entre otras cosas, el precio y condiciones de comercialización de bienes muebles, inmuebles o servicios". Para justificar la sanción el gobierno nacional se basó en los dictámenes del propio Indec acerca de la calidad de la información de las consultoras.
En otras palabras, en Argentina se ha vuelto un delito realizar estimaciones privadas de los indicadores oficiales mientras que no es delito desmantelar el Indec, privarlo de sus mejores recursos humanos, amenazar y despedir a técnicos y profesionales con años de trayectoria, adulterar los procesos de elaboración de estadísticas, no publicitar adecuadamente indicadores claves para el análisis económico y social, etc. Para el gobierno argentino, el delito es que a alguien se le ocurra realizar estimaciones propias de estadísticas descriptivas de la realidad social, cuestionando desde allí la imagen creada por las estadísticas oficiales.
Aún no se ha multado a quienes no elaboran pero sí usan cotidianamente esas estadísticas alternativas. Probablemente el gobierno argentino considere que en este caso se trata de pobres víctimas “engañadas” por la publicidad distorsionada de consultores, investigadores y gente de esa calaña. Tal vez el asesoramiento del FMI venga a resolver no el problema del Indec sino el daño que provoca en la población la difusión de indicadores alternativos por parte de los “enemigos del pueblo” que internamente cuestionan la versión oficial sobre la marcha de la economía y la sociedad argentinas. Todo puede ser con un gobierno que continúa dispuesto a enseñarle al mundo como construir un “modelo” propio de progresismo, libertad de opinión, derecho a la información, respeto a las instituciones y ejercicio de la soberanía en democracia.
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